Danny Figueroa Carro

Expediente 1771/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1771/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
08/02/2023

Partes del expediente

  • Danny Figueroa Carro
  • Yasmani García Cordoba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el diecisiete de enero de dos mil veintitrés; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: 1. DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano. 2. TRANSFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el promovente del amparo, haya señalado como acto reclamado la incomunicación que dijo, que estaban sufriendo los directos quejosos, ello, en razón a que, tal como se constata de la razón actuarial de doce de octubre de dos mil veintidós, el actuario de la adscripción hizo constar que los directos quejosos les manifestaron de viva voz que no habían sido golpeado, ni han sido objeto de incomunicación. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en el referido auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, por lo que el presente asunto se resolverá únicamente por la autoridad y los actos reclamados que se señalaron en el escrito inicial de demanda de amparo. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado, informa la situación actual del quejoso ********** y remite copia certificada de diversas constancias del procedimiento migratorio del citado inconforme. Asimismo, mediante proveídos de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós y dos de enero pasado, informó la situación actual de los quejosos **********y remitio copia certificada de diversas constancias de los procedimientos migratorios de los citados inconformes. Ahora de una revisión a dichas constancias se advierte que el veintiuno de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que los aludidos quejosos no se presentaron al control de firmas correspondientes y por ello se dieron por terminados los procedimientos administrativos migratorios. Ahora, no ha lugar acordar respecto del domicilio y autorizados que citada la referida responsable, en razón de que en proveído de nueve de diciembre pasado, se proveyó lo conducente. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por ofrecida como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en copia certificada de los expedientes administrativos a nombre de los quejosos. Documental que goza de pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, al haber sido expedida por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, de contenido literal que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano de control constitucional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos vulnerados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. En la especie, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención y/o retención, que se traduce en la privación de la libertad fuera de procedimiento con fines de deportación, de la que fueron objetos por parte de las autoridades migratorias. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de ?????????????? Figueroa Carro, y que el veintiuno de octubre y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, al no haberse presentado al control de firmas correspondiente, se dio por concluido el procedimiento administrativo migratorio iniciado a cada uno de los quejosos. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (doce de octubre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Ello pues fueron los propios quejosos quien incumplieron con las medidas que les fueron impuestas por la responsable, evadiendo de esta manera el control migratorio, por lo que el procedimiento seguido en su contra quedó concluido. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a los peticionarios de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubiere invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que combatían ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó la salida de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad el dieciséis de octubre de dos mil veintidós, y el veintiuno de octubre y cuatro de noviembre siguiente, fue emitida el acta de hechos de evasión de control migratorio, debido a que los aludidos quejosos no se presentaron al control de firma correspondiente y por ello se dio por terminado el procedimiento administrativo migratorio respectivo. Sin que se inadvierta que en la demanda de amparo se reclamó la incomunicación; sin embargo, los quejosos al momento de estar en presencia del fedatario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, no manifestaron estar incomunicados, además al otorgarse su salida de la estación migratoria, ceso cualquier posibilidad de la existencia de ese acto. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con dieciocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; once de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, remitió diversas constancias relacionadas con los procedimientos migratorios de los quejosos ********** sin embargo, fue omisa en remitir las constancias relativas a la situación actual del diverso quejoso **********, pues únicamente obra en autos la resolución de retorno asistido de siete de octubre pasado, emitido por la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Monterrey; empero, no se advierte si el referido inconforme **********, ya fue trasladado a su país de origen. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de la presente determinación remita copia certificada de las constancias con las que se acredite la situación o condición actual del quejoso ********** particularmente lo relativo a su salida de la estación migratoria y, en su caso, el acta levantada con motivo de la evasión del control migratorio. Bajo el apercibimiento que de no cumplir lo ordenado dentro del término señalado, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional) vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional de mérito y en su lugar se fijan las once horas con dieciocho minutos del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Representante Local Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado, remite diversas constancias relativas al procedimiento migratorio que se inició a la quejosa ***********. En consecuencia, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Pruebas. Por otra parte, conforme al artículo 119 de la ley de la materia en cita, se tiene por anunciada como prueba, la documental que anexa la referida autoridad, consistente en: No. Relación de prueba 1. Copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento migratorio que se inició a la quejosa********** Finalmente, por lo que hace a los delegados y domicilio que indica en su oficio de cuenta, estese a lo acordado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual se proveyó lo conducente. Notifíquese

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