Danny César Servin Velázquez
Expediente 507/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 507/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Danny César Servin Velázquez
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO ESTADO,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA: 7
- Principal
Por recibida la de amparo promovida por Danny César Servin Velázquez, contra actos que reclama del Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 507/2019-7, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, en el caso a estudio, el promovente de amparo afirma encontrarse recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México, y hace consistir el acto reclamado en la orden de traslado a diverso centro penitenciario, así como su ejecución. De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Ahora, toda vez que en el presente juicio el quejoso reclama la posible orden de traslado a diverso centro penitenciario del que actualmente se encuentra recluido, así como su ejecución, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación del hoy quejoso, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad; por lo tanto, deben probar de manera indiciaría que se afecta su esfera jurídica de derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto, en donde el quejoso manifiesta lo siguiente: "Es el caso que en fecha de enero de 2012 fui trasladado al cereso de Sultepec de aquí de Barrientos y en febrero de 2012 nuevamente y sin orden de un juez fui trasladado al cefereso #1 Altiplano y el 4 de diciembre 2014 fui nuevamente trasladado al Cefereso #12 de Guanajuato, por lo que a mediados del año 2017 interpuse una demanda de garantías en contra de dichas autoridades por haberme trasladado de forma ilegal demanda que recayó en el juzgado 4° de León Guanajuato de Distrito con residencia en León Guanajuato, bajo el número y orden 583/2017-III, resolviéndose el fallo a favor, otorgándome el Amparo y protección de la Justicia Federal de la Unión, únicamente para que quedara sin efectos los traslados ya mencionados con anterioridad y así trasladarme a Tlalnepantla.. Lugar en el que actualmente me encuentro recluido, razón por la cual y no deseando que reincidan en violar mis garantías es por eso que acudo a usted su señoría para pedirle que me otorgue el amparo y protección de la Justicia de la Unión y así no alejarme de mi núcleo familiar..." De lo transcrito, se advierte que el quejoso, no atribuye a alguna autoridad el acto que por esta vía pretenden impugnar, lo que a juicio de este juzgador resulta insuficiente para presumir que en realidad se trate de algún acto de autoridad que pueda irrogarle algún perjuicio personal y directo. En efecto, en su narración de antecedentes, ni siquiera hace mención a que de manera verbal se le haya informado que sería trasladado, de donde resulta evidente de que en el caso concreto, lo que el quejoso pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, máxime que de su escrito de demanda, no se advierte que los quejosos manifestaran correr algún peligro. Precisado lo anterior, es válido concluir que no han sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de amparo, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce de sus derechos fundamentales violentados, lo que se colige de la intelección de los artículos 1° y 61 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria, ya que el escrito de demanda no se advierte si quiera de manera probable la ejecución del acto reclamado, ya que no los atribuyen a ninguna autoridad. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza del acto existente frente al acto futuro, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de amparo, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente del juicio amparo, puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y los actos que aquí se pretende combatir, aun no se han materializado. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio, en el entendido que no se le atribuye a alguna autoridad en los antecedentes de la demanda de amparo. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías." Se desecha demanda de amparo. En tales condiciones, al no haber acreditado el promovente del juicio de amparo, que con el acto reclamado se afectó su esfera jurídica, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en lo previsto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Notificación de las partes. Háganse al quejoso las notificaciones de carácter personal en el lugar donde se encuentra actualmente recluido (Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México), con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. ...MESA 7
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