Danny Alberto García García

Expediente 555/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
555/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Danny Alberto García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense los incidentes de suspensión. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Por otro lado, tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención, en virtud de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener una medida cautelar concedida, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    ...Agréguese únicamente para que obre como legalmente corresponda el pedimento número 217/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en razón a que mediante interlocutoria del veintiocho de mayo del año en curso, se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados, sin embargo, como lo solicita, con apoyo en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de este último ordenamiento legal, expídansele las copias que requiere en su pedimento de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ...Agréguense los oficios PGJE/DGJDH/DA/1692/2019 y PGJE/DGJDH/DA/1693/219; signados por "El Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado y El Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis de Morelia", ambos con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, con los cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene a las citadas autoridades, designando como delegados a las personas que indican. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo promovida por Rubén Rodríguez Prado, apoderado jurídico de la persona moral quejosa "UNIÓN DE CRÉDITO MONARCA" S.A. de C.V., carácter que acredita con la copia cotejada del poder notarial que adjunta a su ocurso de cuenta y que este juzgado le reconoce de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán; la cual resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario y con la fracción III del normativo 172, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" [.] "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión". En la especie la parte quejosa, hace consistir el acto reclamado en: ". ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable señalo como acto reclamado el auto de fecha 25 de abril del año 2019, así como el auto de fecha 03 de mayo del año 2019, dentro del juicio referido en el proemio del este escrito de Amparo.". En el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve el juez responsable proveyó: ". Visto el escrito que suscribe el licenciado Rubén Rodríguez Prado, con el carácter que tiene reconocido, téngasele haciendo las manifestaciones que refiere, sin embargo, dígasele que no ha lugar a ordenar el embargo de bienes propiedad del codemandado J. Jesús Ávalos Macías también conocido como Jesús Avalos Macías, pues si bien es cierto que a dicho codemandado se le emplazó a juicio por medio de edictos; también cierto lo es, que con fecha 23 veintitrés de los corrientes se desahogó la prueba confesional de posiciones a su cargo, visible a foja 290 del cuaderno principal, actuación en la que dicho reo civil manifestó que su domicilio se ubica en la calle Pino Suarez sur número 308 trescientos ocho, zona centro de esta ciudad, por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo se deberá de llevar a cabo en ese lugar, precisamente porque ahora ya se conoce su domicilio y por ende no procede autorizarlo en los términos que solicita el ocursante." Luego, en el proveído de tres de mayó de dos mil diecinueve, ante la petición de que se regularizar el procedimiento, en atención al citado acuerdo que le había negado ordenar el embargo de referencia, acordó: "Visto el escrito que suscribe el licenciado Rubén Rodríguez Prado, con el carácter que tiene reconocido, téngasele haciendo las manifestaciones que refiere, sin embargo, dígasele que no ha lugar a ordenar el embargo de bienes propiedad del codemandado J. Jesús Ávalos Macías también conocido como Jesús Ávalos Macías en los términos que solicita, ya que aún y cuando el emplazamiento se realizó por edictos; no es obstáculo para que ahora acuda al domicilio que obra señalado en autos y lleve a cabo el embargo, pues en el supuesto de que se constituya con la actuaria en su domicilio y no atiendan a su llamado, procede en su rebeldía la autorización de los medio de apremio consistente en la fuerza pública y cerrajero. Sin que en este caso para los fines pretendidos por el ocursante tenga aplicación el artículo 1070 del Código de Comercio, pues este numeral se refiere a los supuestos mediante los cuales se puede emplazar a la parte demandada por medio de edictos; y en este caso, no se trata del emplazamiento sino de requerirlo." De la transcripción anterior, se advierte que en el caso concreto, los actos aquí reclamados no se ubican dentro de los casos de excepción a la regla contenida en el numeral descrito en párrafos precedentes, relativo a los actos de imposible reparación que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón a que éstos no afectan de manera directa dichos derechos. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En el caso, la parte quejosa narró en los antecedentes de su demanda, lo siguiente: a) Que el ocho de octubre de dos mil dieciocho ordenó se realizara la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento por medio de edictos, publicaciones que se realizaron los días veintinueve, treinta y treinta y uno de enero del año en curso, en el periódico denominado El Milenio y los días veintiocho, veintinueve y treinta de enero de citado año en el periódico denominado La Voz de Michoacán, por lo cual aduce que fue debidamente emplazado, requerido de pago, así como otorgándole el derecho de señalar bienes para garantizar lo reclamado dentro del presente juicio, apercibiéndolo que en caso de su negativa, tal derecho pasaría a la parte actora. b) De igual manera, de tales antecedentes se advierte, que el veintitrés de abril del presente año, se desahogó la prueba confesional de posiciones a cargo del codemandado en cuya diligencia manifestó que su domicilio se ubica en la calle Pino Suarez sur número 308 trescientos ocho, zona centro de Zamora, Michoacán. c) Que el veinticuatro de abril del año en curso, presentó un escrito en el cual, solicitó que en virtud de que el codemandado J. Jesús Avalos Macías también conocido como Jesús Avalos Macías, fue requerido de pago, emplazado y se le otorgó el derecho para que señalara bienes de su propiedad para garantizar lo reclamado dentro del juicio de origen y se le apercibió que en caso de su negativa, tal derecho pasaría al actor por medio de edictos, y en virtud de que no señaló bienes para su embargo y el derecho pasó a ser de la actora, fue que señaló diversos bienes inmuebles para efecto de que se le embargaran y se tuviera por anexando los certificados de propiedad y por tanto se ordenara a la actuaria para que levantara el acta de dichos embargos. d) Petición a la que recayó el acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve y luego el de tres de mayo del citado año, antes transcritos y que constituyen la materia del reclamo en esta instancia constitucional. Precisado lo cual, este juzgador estima que no son de imposible reparación los actos reclamados consistentes en los autos de veinticinco de abril y tres de mayo del año en curso, en los que el juez responsable negó ordenar el embargo de los bienes inmuebles, en la forma en la cual lo solicitó (haciendo efectivo el apercibimiento realizado en el emplazamiento por edictos) propiedad del codemandado J. Jesús Ávalos Macías también conocido como Jesús Avalos Macías, bajo la consideración de que si bien era cierto que a dicho codemandado se le emplazó a juicio por medio de edictos; también lo es que el veintitrés de abril pasado, al desahogar la prueba confesional de posiciones a su cargo, manifestó que su domicilio se ubica en la calle Pino Suarez sur número 308 trescientos ocho, zona centro de esta ciudad, y que por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo se debería de llevar a cabo en ese lugar, precisamente porque ahora ya se conoce su domicilio y que por tanto, no procedía autorizar el embargo, en los términos que lo solicitó. Ello, porque el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con los citados actos reclamados no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación del Juez responsable, de negar ordenar el embargo de los bienes inmuebles, en la forma en la cual lo solicitó (haciendo efectivo el apercibimiento realizado en el emplazamiento por edictos) propiedad del codemandado J. Jesús Ávalos Macías también conocido como Jesús Avalos Macías, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 603/2018, sólo constituyen meras transgresiones a derechos subjetivos o intraprocesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, porque no se afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa. Esto es, sus consecuencias no tienen tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, toda vez que, aun tratándose de una negativa a practicar el embargo en los términos que pretende el quejoso, lo cierto es que, como se advierte del propio acto reclamado, el propio juez de origen le indicó: ". fecha 23 veintitrés de los corrientes se desahogó la prueba confesional de posiciones a su cargo, visible a foja 290 del cuaderno principal, actuación en la que dicho reo civil manifestó que su domicilio se ubica en la calle Pino Suarez sur número 308 trescientos ocho, zona centro de esta ciudad, por tanto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo se deberá de llevar a cabo en ese lugar, precisamente porque ahora ya se conoce su domicilio y por ende no procede autorizarlo en los términos que solicita el ocursante." Lo cual pone en evidencia que tiene expedito su derecho para solicitar que el requerimiento de pago y/o embargo, se practique en el domicilio del citado codemandado, de lo cual se colige que los actos reclamados no le impiden el ejercicio de su derecho a embargar, únicamente le niegan la forma de practicar esa diligencia, lo que entonces constituye únicamente una trasgresión de carácter adjetivo y no substancial, ya que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta en tanto solicite se practique el embargo en el domicilio del codemandado de referencia, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Además, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto, como también se dijo, puede resolverse en sentido favorable al interesado precisamente cuando solicite nuevamente se practique ese embargo, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, para lo cual proporcionan el nombre de usuario RubenRodriguezPrado, de conformidad con el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo. Sin que en el caso haya lugar a tenerle señalando para tal efecto, el domicilio ubicado en calle Teniente Alemán esquina Boulevard García de León, número 551, interior 7, colonia Chapultepec Oriente, en esta ciudad, toda vez que, en el proemio señalaron que las notificaciones se les practiquen en forma electrónica, además que de proveer de conformidad con el mismo, se duplicarían las notificaciones que a su parte correspondan; sin embargo, se le tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a ARTURO RUIZ ALVAREZ, RAFAEL VEGA HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS PEDRAZA GODÍNEZ, NANCY GABRIELA BARRIGA HERRERA, SERGIO BAUTISTA GARCÍA, RUBÉN RODRÍGUEZ GALVÁN, JUAN SEBASTIAN CHÁVEZ BARAJAS, JOSÉ RAMÓN GARCÍA OLIVÁRES, MARÍA TERESA MONDRAGÓN GÓMEZ, IGNACIO CORNEJO GARCÍA, ALEJANDRO RODRÍGUEZ GALVÁN y JOÉL CHÁVEZ LEÓN, toda vez que únicamente los autorizó para ese efecto. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Norma García Cabrera, Secretaria con quien actúa y da fe.

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