Danniella Rodríguez Baeza

Expediente 422/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
422/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Danniella Rodríguez Baeza
  • Magistrados integrantes del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    II... Agréguese el oficio del Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que mediante oficio 325/2022 de fecha cinco de enero del año en curso, se le acuso de recibo de los cinco discos formato DVD, el cual se remitió vía interconexión, como se aprecia de la constancia que obra en autos, para lo cual remítase copia simple de la misma.

  2. Principal

    II... Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que feneció el plazo para que las partes recurrieran el auto por el cual se tuvo cumplida la sentencia; en tal virtud se tiene por consentido el mismo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. De conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, este expediente se considera susceptible de depuración; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia.

  3. Principal

    II... Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante auto de siete de octubre del año pasado se tuvieron recibidos cinco discos formato DVD, remitidos por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, los cuales le fueron enviados para el dictado de la sentencia en el presente asunto; por lo anterior acúsese el recibo correspondiente.

  4. Principal

    II... Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, este órgano constitucional procede a resolver de oficio en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, si de acuerdo con las constancias que integran este expediente la sentencia definitiva se encuentra o no cumplida.... Establecido lo anterior, este juzgador estima que la autoridad responsable, dio cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, pues mediante oficio registrado con el folio 12895, recibido el veintisiete de octubre de este año, informó que solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México la totalidad de las constancias relativas a la carpeta administrativa 228/2021. Luego, por oficio con número de registro interno 13325, recibido el cuatro de noviembre de este año, remitió la resolución de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la resolución pronunciada en veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 84/2021, respecto a la carpeta administrativa 228/2021 de la estadística del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en contra de la quejosa Daniella..., por el hecho delictuoso de extorsión en agravio de Comercializadora y Servicios de Gas LP Segas, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Juan Francisco... Ahora bien, acorde con la interpretación del artículo 266 del Código Penal en vigor, se desprende que, la ratio legis, fue en el sentido de tutelar la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas, incluso el patrimonio, entonces para la actualización de hecho delictuoso de extorsión, no necesariamente se tiene que conseguir el fin, sino que es suficiente que se demuestre la finalidad de conseguir un lucro o beneficio personal o para un tercero o causar un daño, el sujeto activo obligue a otro con los actos necesarios, a hacer, tolerar o dejar de hacer algo. Por tanto, resultan inadecuados los cuestionamientos del inconforme. Luego, el Juez de ninguna forma violentó los derechos de la imputada. Asimismo, respecto a los argumentos del apelante en el sentido de que en su caso los hechos se vinculan con el delito de cohecho y no con el de extorsión, que incluso inicialmente fue detenida la imputada por el mismo, siendo que posteriormente la Fiscalía cambio de apreciación, resultaron infundados porque al margen de lo que se hubiere detenido a la imputada bajo el supuesto de cohecho, los hechos puestos en conocimiento sí actualizan el ilícito de extorsión y no así el diverso cohecho, porque su naturaleza jurídica es distinta. Respecto el siguiente, que a letra establece: "No se puede exigir a la imputada acredite su inocencia pues la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Sin dejar de soslayar el estándar probatorio minimo para el dictado de un auto de vinculación a proceso en el cual los datos de prueba deber ser idóneos, pertinentes y suficientes para establecer el delito y esto sucederá cuando existan indicios razonables para suponer la existencia del delito, aunque fuera de su núcleo y la probabilidad de que el acusado lo cometió, porque el inculpado debe ser considerado inocente. -"La petición del fiscal afecta los principios de especialidad y exacta aplicación de la ley al no detallar y fundar su petición y se viola el principio de legalidad porque ninguna ley puede ser aplicada por analogía porque los derechos son para respetarse y no para exigirse y la libertad en este sistema es una figuta que se plantea desde una perspectiva de protección y no de restricción que debe ser excepcional. Resultaron infundadas las manifestaciones que realizó respecto de retención y de detención por parte del agente del Ministerio Público, y lo correspondiente a ese rubro por parte del Juzgador, esto es así, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre derechos Humanos, reconocen y protegen la libertad como derecho humano de primer rango, por lo que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y únicamente puede limitarse bajo determinados supuestos se excepcionalidad, de lo contrario se estaría ante una detención o privación de la libertad arbitraría y por tanto, derivaría en la puesta en libertad de la persona. De acuerdo a los numerales 146 y 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales que determinan los supuestos de flagrancia y la detención en auto de configurarse, por lo que fue correcto el actuar del agente de Ministerio Público y el proceder del Juzgador ya que en el caso, de los datos de prueba que allegó el agente de Ministerio Publico y los cuales recabó en la investigación inicial, mismos que sostenían la petición del Fiscal y ratificado en términos de los numerales 1, 14, 16 de la Constitución Federal y los artículos 22, 133, 134, 146 a 149, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que efectivamente de esos datos de prueba se advierte que fue asegurada momentos después de haber cometido de manera probable el hecho delictuosos de extorsión, entonces, se configuró el supuesto de flagrancia contenido en la Fracción II, inciso b) del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penables. ... En consecuencia, por todo lo anterior, resultó por el momento mayormente creíble el dicho de las víctimas, lo que destruyó el principio de presunción de inocencia que operaba a favor de la imputada; asimismo, se estimaron infundados los agravios hechos valer por el entonces Defensor Privado de la imputada, y se confirmó el auto recurrido con las precisiones realizadas. En tal virtud, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se estima que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos establecidos en el fallo protector sin extralimitarse en su cumplimiento, pues como le fue ordenado en el fallo constitucional dejó insubsistente la resolución reclamada y dictó otra en la que estudió la totalidad de los agravios hechos valer por el apelante, por lo que se llega a la convicción de que la sentencia concesoria del amparo quedó cumplida totalmente, y no se incurrió en demasía o defecto en su acatamiento.

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