Danna Sherlyn Belmont Betancourt

Expediente 278/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
278/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Morelos
  • Danna Sherlyn Belmont Betancourt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto diez de mayo del año en curso, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y, tomando en consideración que el término concedido mediante proveído de once de marzo del año en curso, a la parte quejosa por conducto de su representante especial Oliva Ramírez Guzmán (abuela de la menor), para que aclarara el acto combatido en la presente vía e indicara los antecedentes de éste; ha transcurrido sin que ésta haya dado cabal cumplimiento al mismo, no obstante de encontrarse debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos, por tanto, se provee: Atendiendo a la reserva realizada el uno de abril de dos mil veintidós, en lo concerniente al escrito signado por Ángeles Cleopatra Ocampo Ocampo, asesora jurídica designada por este juzgado federal a la menor quejosa, que fue registrado bajo el folio 5844, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada en autos, sin embargo, también manifiesta la imposibilidad para ello, en razón de la falta de comunicación con la directa quejosa y dado que no le constan los hechos del acto reclamado; en consecuencia, atendiendo al sentido de la certificación de cuenta, no ha lugar a tener por subsanada la prevención, por los motivos siguientes: Si bien es cierto que conforme a la aceptación y protesta del cargo conferido a la referida representante especial, está facultada para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de la directa quejosa, no menos cierto es que dicha circunstancia sólo la faculta para realizar actos ajenos a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de acto reclamado, o en el caso en particular los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, por tanto, no es procedente tener por subsanada la prevención, pues se trata de un acto procesal que sólo puede ejercer la directa quejosa por conducto de su representante especial designada (Oliva Ramírez Guzmán), máxime que conforme al artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, que sufre una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, con motivo del acto de autoridad o del particular que despliega actos de autoridad, por ende, atendiendo al sentido de lo determinado en líneas que anteceden, dígase a la promovente que no ha lugar de tener por subsanada la prevención realizada en autos. En esas condiciones, al no haber desahogado el requerimiento de marras se hace efectivo el apercibimiento correspondiente; por tanto, únicamente se tendrá como autoridad responsable en el presente juicio al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, adscrito a la sede de Cuautla (Jesús Valencia Valencia) y, como acto combatido en la presente vía el atribuido a dicha autoridad; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13º.A. J/6, del siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, ya que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado: En esencia lo que se reclama en el presente juicio de amparo es, la resolución emitida por el Juez de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, adscrito a la sede Cuautla, Morelos, dentro de la causa penal JCC/292/2020, por la que determina no abrir la controversia solicitada por el defensor particular de Kenia Yaret Betancourt Ramírez (madre de la menor quejosa), por no encontrarse ajustado al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Determinación judicial que la promovente de amparo refiere le fue notificada al defensor de Kenia Yaret Betancourt Ramírez, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. En el caso, quien resuelve advierte que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2ª./J. 51/2019 (10ª.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Es decir, es necesario que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al ordenamiento jurídico; entonces, aquella persona que no resulta agraviada directamente con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional y por ende, resulta improcedente la demanda que promueva en esas circunstancias. En ese orden de ideas, dado que en el caso en concreto la quejosa se duele de una determinación emitida dentro de un procedimiento judicial en el que no figura como parte, es decir en la causa penal JCC/292/2020, instruida a Kenia Yaret Betancourt Ramírez, por la probable comisión del delito de secuestro, resulta inconcuso que no puede alegar interés legítimo para combatir la resolución judicial reclamada, porque tratándose de los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, conforme con lo establecido en el artículo 107, fracción I, constitucional, se requiere que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo el cual resulte afectado. También resulta evidente que carece de interés jurídico para promover la acción constitucional, porque la determinación judicial reclamada al Juez de Control, no le causa agravio material y directo en su esfera jurídica, pues las consecuencias de dicha determinación jurisdiccional únicamente recaen en la titular del derecho subjetivo, en el caso Kenia Yaret Betancourt Ramírez, por ser quien dentro de un procedimiento judicial instó un medio legal de defensa, cuya resolución no fue favorable, la cual le fue notificada por medio de su defensor particular, por ende es a ella como parte del procedimiento quien de manera personal y directa reciente una agravio en su esfera jurídica, y es quien por sí o por su defensor quienes estarán legitimados para instar los recursos y medios de defensa legales que consideren pertinentes en contra de lo determinado por el Juez de Control, no así la aquí menor quejosa al no ser parte del procedimiento quien no reciente una afectación jurídica directa y por lo tanto, carece de legitimación en el proceso para combatir dicha resolución judicial. Es decir, la legitimación en el proceso es la facultad que tienen las partes para actuar dentro del proceso derivada de su posición respecto del litigio, mas no así para quien indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover en ese juicio es personalísimo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustenta la Tesis: P./J. 23/2014 (10ª.), de rubro "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO". Sustenta también lo anterior la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 232899, de rubro: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO." Precisado lo anterior, dada la naturaleza del acto reclamado así como de la autoridad responsable, se concluye que la promovente de amparo carece de interés jurídico para instar la instancia constitucional contra la determinación judicial emitida en la causa penal JCC/292/2020, instruida a Kenia Yaret Betancourt Ramírez, por la que el Juez responsable resuelve no abrir la controversia solicitada por el defensor particular de ésta, pues ésta no le causa agravio material y directo en su esfera jurídica, en razón que tal determinación únicamente incide en la esfera jurídica de Kenia Yaret Betancourt Ramírez, por tanto, es ella por sí o por su defensor particular, quienes se encuentran legitimados para instar el medio legal pertinente en contra de la determinación judicial aquí combatida. En consecuencia, dado que no se aprecia el perjuicio de la esfera jurídica de quejosa de manera real y actual, y a criterio de quien resuelve, tal circunstancia no se podría acreditar a lo largo del procedimiento, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XII, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la asesora jurídica Ángeles Cleopatra Ocampo Ocampo. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa, mediante el cual solicita se autorice la consulta vía internet del expediente en que se actúa y al efecto proporciona su nombre de usuario; el que se agrega a los autos para que obre como corresponde. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario "********************", la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. Por ende, procede resolver conforme a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Elias Sinai Sánchez Hernández, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su actuario adscrito, para los efectos siguientes: "(.) Ordene y lleve a cabo el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora, al juicio laboral de origen (.)" El cuatro de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento a la referida autoridad. La Presidenta de la junta responsable, por oficio recibido el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector (promoción con folio 2828); para lo cual remitió copia certificada de los razonamientos actuariales de catorce de febrero pasado así como el acuerdo emitido el dieciséis de febrero del año en curso en el expediente 01/630/2020. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2. De la citada documental, se desprende que la autoridad responsable realizó todas las gestiones necesarias para efectuar el emplazamiento de la parte demandada; sin embargo, en virtud de los razonamientos actuariales descritos, por los que se asentó la imposibilidad para emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la actora, entonces, la junta responsable dio vista a esta última para que precisara nuevo domicilio de aquélla para su emplazamiento. En relatadas circunstancias, se estima que no existe materia para el cumplimiento, atento a que se agotó la búsqueda de la parte demandada en el domicilio señalado por la actora en autos del juicio natural, en el cual no pudo realizarse el emplazamiento. Motivo por el cual es dable concluir que no existe materia para el cumplimiento de la ejecutoria conforme a los lineamientos establecidos. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón jurídica, en la jurisprudencia 2a./J. 2/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Enero de dos mil ocho, página cuatrocientos treinta y uno, Novena Época, del rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO.". En mérito de lo anterior y al no haber materia sobre la cual resolver el cumplimiento, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se declara sin materia la ejecutoria de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Finalmente, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

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