Danna Lizeht Zapata

Expediente 1289/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1289/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/08/2021

Partes del expediente

  • Danna Lizeht Zapata
  • Brayan Estiven Rios Moncada

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio remitido por el Vicefiscal especializado en Justicia para Adolescentes, por suplencia del Fiscal General, con sede en esta ciudad, con cuatro anexos que adjunta, los cuales remite a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de veinte de los corrientes Ahora bien, se trae a colación que el acto que los quejosos Danna Lizeht Zapata García y Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto) reclamaron en su demanda de amparo, consistió en la detención fuera de procedimiento y la incomunicación. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional.Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la detención que sufrieron los directos peticionarios de amparo, sin embargo, de las constancias que remitió el Vicefiscal especializado en Justicia para Adolescentes, por suplencia del Fiscal General, con sede en esta ciudad se advierte, que en la carpeta de investigación G8/343/2021, se emitieron dos acuerdos, uno de dieciséis de julio y el otro de diecisiete, ambos del año en curso, en donde la autoridad responsable dejó sin efectos la detención de los quejosos y decretó su inmediata libertad, por lo que respecta a los hechos por los que se abrió la citada carpeta de investigación. Así como el acta de notificación de libertad de los directos quejosos Danna Lizeht Zapata García y Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto) ambos de diecisiete de los corrientes. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad responsable, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo, se dejó sin efectos la detención de los directos quejosos y se decretó la libertad de Danna Lizeht Zapata García y Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto), de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación a los derechos de seguridad jurídica establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, a partir de la detención que sufriera, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de libertad decretado. Sin que represente un obstáculo para arribar a la anterior determinación, que del acuerdo de diecisiete de julio del año en curso, en el que se dejó sin efectos la detención de Danna Lizeht Zapata García, en esa fecha se haya puesto a ésta a disposición del Instituto Nacional de Migración, Delegación Yucatán, con motivo de que su situación migratoria se encuentra irregular, pues el acto que aquí se reclamó fue su detención con motivo de hechos que acontecieron antes de la presentación de la demanda de amparo, que dieron origen a la formación de la carpeta de investigación G8/343/2021, y la puesta a disposición de las autoridades migratorias sucedió con posterioridad, por hechos distintos, pues estos tienen que ver con su situación migratoria, competencia de otras autoridades, por tal motivo, no es un impedimento para sobreseer en este juicio de amparo por los motivos citados. Finalmente por lo que respecta al diverso acto consistente en la incomunicación, de la lectura de la razón actuarial del fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional se desprende, que los agraviados no se encontraban incomunicados, pues el actuario tuvo acceso a ellos, pues incluso ratificaron la demanda de amparo presentada a su favor. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    " Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a estos autos los oficios signados por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General y anexo que acompaña, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública y el informe complementario y justificado del Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, en suplencia del Fiscal General, todos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en los artículos 126 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista con dichos documentos a las partes en este juicio y háganse relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, del contenido del informe complementario y justificado remitido por el Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, en suplencia del Fiscal General, del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad se advierte que manifestó que por acuerdo correspondiente, el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Comunes del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado, dejó en libertad al hoy quejosos Danna Lizeht Zapata García y Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto). Sin embargo, aun cuando señaló dicha autoridad que remitió copia certificada de la carpeta de investigación G8/343/2021, para acreditar lo anterior, no se advierte que hubiera acompañado dichas constancias; por tanto, requiérasele al Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente, en suplencia del Fiscal General, del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, remita las constancias conducentes de las que se advierta que los directos quejosos fueron puestos en libertad, así como el acta de notificación de libertad de los citados quejosos Danna Lizeht Zapata García y Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto), respecto de la carpeta de investigación G8/343/2021; apercibida que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá la multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 257 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan lo presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que de la constancia levantada el dieciséis de los corrientes, realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, mediante el cual informa que se constituyó en las instalaciones que ocupa el área de los separos de la Policía Estatal de Investigación, con residencia en esta ciudad y le notificó a los directos quejosos Danna Lizeht Zapata García y a Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto), el proveído de quince de los corrientes dictado en autos, y en atención a lo que manifestaron los citados quejosos en la constancia actuarial de mérito; con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, téngase por ratificada la demanda de amparo promovida por Jardiel Alejandro Gómez Xool a favor de los directos quejosos Danna Lizeht Zapata García y a Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto), en razón de que al momento de notificarles a estos últimos el acuerdo de quince de julio del año en curso, le manifestaron a la Actuaria de la adscripción su deseo de ratificar la misma. Asimismo, de la lectura de la constancia actuarial de mérito se desprende, que los directos quejosos Danna Lizeht Zapata García y a Brayan Stiven Ríos Moncada (en su nombre correcto), no presentaron lesiones; por tanto, tómese en cuenta lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

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