Daniza Vega Félix

Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
783/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Daniza Vega Félix

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido la sentencia dictada el veintisiete de enero de dos mil veintitrés, que sobreseyó el amparo por ésta pedido; luego, de conformidad con los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente así como en la carátula del expediente y archívese como asunto concluido

  2. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 783/2022, promovido por Daniza Vega Félix contra un acto del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 FEADLE en Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de agosto de dos mil veintidós, en la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en Hermosillo, Sonora, remitido por razón de turno el tres de noviembre siguiente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, Daniza Vega Félix solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra una omisión del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 FEADLE en Ciudad de México, por considerarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 16 a 18 del presente juicio de derechos fundamentales), el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, admitió el asunto a trámite, ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1417/2022; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEGUNDO. Con motivo de los artículos 45 y 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, reformado y adicionado por el diverso publicado en el mismo medio de difusión el catorce de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, consideró que correspondía conocer a la suscrita juzgadora de la acción constitucional ejercida, por haber relación con el diverso expediente constitucional 242/2022-VIII del propio índice, y por tanto, el juicio de amparo 1417/2022 fue remitido a este órgano jurisdiccional mediante oficio 39768/2022 de quince de diciembre del año en curso (foja 1 ídem), dejando insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. TERCERO. Mediante auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el juicio de amparo indirecto 1417/2022, se asumió el returno del asunto, se registró con el diverso 783/2022-V, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, desahogada en sus dos primeras etapas en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. La suscrita juzgadora es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 38 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en la especie se reclama una acto negativo sin ejecución material, habiéndose presentado la demanda ante la oficina de correspondencia común que sirve, entre otros, a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del ato reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hace consistir en lo siguiente: La resolución emitida el once de octubre de dos mil veintidós, por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 FEADLE en Ciudad de México, respecto a la solicitud hecha en relación a la petición al juez de control de la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el imputado********************, dentro del expediente identificado con el número ********************, por el delito de amenazas cometido en perjuicio de la quejosa. Es aplicable al caso concreto, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se trascriben a continuación: "Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 FEADLE en Ciudad de México, al rendir su informe justificado (foja 26 a 37), señaló como cierta la existencia del acto que se le reclama. Además, la certeza del acto del cual la quejosa se duele, se evidencia de la copias remitidas por la responsable de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEADLE-SON/0000400/2020; documentos públicos plenamente probatorios en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable para tal efecto la tesis de datos y rubro siguiente: "Registro digital: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391 Tipo: Aislada ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, resulta procedente el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. A juicio de esta juzgadora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De la lectura integral del artículo transcrito se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley; sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución o si el medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el artículo transcrito, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquella -que en su caso- prevea la ley, puede de facto convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia de naturaleza penal, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Son aplicables, por no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, las jurisprudencias cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." "Época: Novena Época Registro: 193142 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 115/99 Página: 448 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Ahora, como se estableció en el segundo considerando, la aquí quejosa, quien tiene el carácter de víctima en el procedimiento de origen, reclama la resolución emitida el once de octubre de dos mil veintidós, por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 FEADLE en Ciudad de México, respecto a la solicitud hecha en relación a la petición al juez de control de la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el imputado********************, dentro del expediente identificado con el número ********************, por el delito de amenazas cometido en perjuicio de la quejosa. Así pues, contra dicha resolución se actualiza la causa de improcedencia que se estudia, pues la quejosa debió interponer contra tal acto el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado a su vez con el 109, fracción XXI, del citado código, que establecen lo siguiente: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." "Artículo 109. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;.." De la interpretación del primer artículo se desprende que contra las determinaciones del ministerio público sobre: i) la abstención de investigar, ii) el archivo temporal, iii) la aplicación de un criterio de oportunidad y iv) el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a las víctimas, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que les sean notificadas; asimismo, el diverso numeral establece que la víctima tendrá, entre otros aspectos, derecho a impugnar las omisiones o negligencia que cometa el fiscal en el desempeño de sus funciones de investigación; por tanto, es dable concluir que las determinaciones del ministerio público, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial con la finalidad que sea el juez de control quien revise su legalidad. Dicha circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se tratan de actuaciones del fiscal que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, aun cuando la omisión o abstención sea llana y no consecuencia de una determinación que así lo ordene. Además, la finalidad sobre que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Sustentan lo anterior, las jurisprudencias por contradicción de tesis de siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Página: 945 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) Página: 943 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Consecuentemente, en virtud de que la hoy quejosa no agotó el medio de impugnación que le otorga el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe extinguir en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados en estudio. No pasa inadvertido, que a la fecha no se cuenta con el resultado de la comunicación oficial que se remitió a los Juzgados de Distrito de Ciudad Obregón, Sonora, a efecto de notificar al aquí tercero interesado********************, también lo es que estamos ante una causa de sobreseimiento insuperable, dado las jurisprudencias acotadas en párrafos que preceden, razón por la cual tal hecho no le causa perjuicio a los intereses del referido tercero. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto del acto que reclamó al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-1 FEADLE en Ciudad de México, consistente en la resolución emitida el once de octubre de dos mil veintidós, respecto a la solicitud hecha en relación a la petición al juez de control la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el imputado********************, dentro del expediente identificado con el número ********************, por el delito de amenazas cometido en perjuicio de la quejosa. Notifíquese. Así lo resuelve y firma la licenciada Rocío Monter Reyes, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, ante Erik Alexander Cárdenas Iribe, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Téngase por recibido el exhorto 410/2022, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, debidamente diligenciado. De lo allegado se observa que el auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se otorgó a la parte tercera interesada un plazo de tres días a partir de la notificación respectiva, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, fue notificado a José Omar Serna Córdova el tres de enero de dos mil veintitrés y surtió efectos al día siguiente, por lo que el plazo referido transcurrió del cinco al nueve de enero del año en curso, sin que se haya acatado el requerimiento impuesto. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, las subsecuentes notificaciones a la parte tercera interesada, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista en términos de los artículos 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se asume el returno del asunto. se gira despacho con el fin de emplazar al tercero interesado. Se señalan las diez horas con cinco minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés

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