Danitza Sayuri Gonzalez Tovar. (Promovente)

Expediente 709/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
709/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
10/01/2022

Partes del expediente

  • Danitza Sayuri Gonzalez Tovar. (Promovente)
  • Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, representado por la Síndico Municipal Danitza Sayuri González Tovar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA 6.- Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa a su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. 2. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 6.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 249/2021, orden 455/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a Danitza Sayuri González Tovar, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, los proveídos de veintinueve de noviembre y trece de diciembre de dos mil veintiuno. Dese de baja la comunicación oficial enviada y hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, vista la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que la parte quejosa Danitza Sayuri González Tovar, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, ratificó la firma que calza el escrito con registro 14003, por medio del cual desahoga la prevención que le fue formulada en auto de diecinueve de noviembre de este año, asimismo, señala domicilio en esta ciudad. Por lo que, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el escrito mencionado en el párrafo anterior. En atención a lo anterior, se provee; Vista la demanda de amparo promovida por Danitza Sayuri González Tovar, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, contra actos de las autoridades siguientes: Ordenadora: 1. Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Ejecutoras: 2. Delegado de Hacienda dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Delegación de Hacienda, Tapachula, Chiapas. 3. Notificador Ejecutor, adscrito a la Subsecretaría de Ingresos Delegación de Hacienda, Tapachula, Chiapas...En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes...En ese sentido, es pertinente señalar que, en la especie, el acto reclamado en el presente asunto consiste, esencialmente, en la ilegal multa con importe de $27,424.00 (veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro pesos MN 00/100) que fue impuesta en contra del Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, mediante oficio 1294/2ª/SB/2019, de trece de octubre de dos mil veintiuno, derivada del expediente laboral 712/2020 de índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, anteriormente 403/A/2012; así como su ejecución y la ilegal diligencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación. El artículo antes mencionado es del literal siguiente:...Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en este caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen, y; IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente...Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo...Consecuentemente, el procedimiento se rige por las reglas para la tramitación de los juicios derivados por conflictos laborales entre los Titulares de los Municipios del Estado de Chiapas, y sus trabajadores de base o confianza, procedimiento que se basa en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, al cual para los casos no previstos, le es aplicado supletoriamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, y en su defecto por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, ello de conformidad con el artículo 11 de la citada Ley Local. Conforme a lo expuesto, en contra de la multa impuesta mediante oficio 1294/2ª/SB/2019, de trece de octubre de dos mil veintiuno, derivada del expediente laboral 712/2020 de índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, aplicado por motivo de un "supuesto" desacato a un mandato judicial, que dice la quejosa desconocer -lo cual jurídicamente es inadmisible al ser parte del juicio de origen-, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de reclamación, previsto en el artículo 853 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, por disposición expresa de su artículo 11, al no encontrarse previsto disposición alguna en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional...De los citados preceptos se advierte que el recurso de reclamación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de una medida de apremio, la cual resulta una multa, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad de conformidad con el artículo 855 de la Ley Federal del Trabajo, se modificará en lo que procede la medida de apremio. Luego, dicha medida de apremio por desacato a un mandato judicial es impugnable a través del recurso de reclamación establecida en la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, mismo que debió ser agotado por la parte quejosa en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de reclamación prevista en el artículo 853 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente.

  3. Principal

    MESA 6.- (AVISO DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA)Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 249/2021, orden 455/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar a Danitza Sayuri González Tovar, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, los proveídos de veintinueve de noviembre y trece de diciembre de dos mil veintiuno. Dese de baja la comunicación oficial enviada y hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, vista la diligencia de ratificación que antecede, se advierte que la parte quejosa Danitza Sayuri González Tovar, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, ratificó la firma que calza el escrito con registro 14003, por medio del cual desahoga la prevención que le fue formulada en auto de diecinueve de noviembre de este año, asimismo, señala domicilio en esta ciudad. Por lo que, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el escrito mencionado en el párrafo anterior. En atención a lo anterior, se provee; Vista la demanda de amparo promovida por Danitza Sayuri González Tovar, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, contra actos de las autoridades siguientes: Ordenadora: 1. Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. Ejecutoras: 2. Delegado de Hacienda dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Delegación de Hacienda, Tapachula, Chiapas. 3. Notificador Ejecutor, adscrito a la Subsecretaría de Ingresos Delegación de Hacienda, Tapachula, Chiapas...En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes...En ese sentido, es pertinente señalar que, en la especie, el acto reclamado en el presente asunto consiste, esencialmente, en la ilegal multa con importe de $27,424.00 (veintisiete mil cuatrocientos veinticuatro pesos MN 00/100) que fue impuesta en contra del Síndico Municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cacahoatán, Chiapas, mediante oficio 1294/2ª/SB/2019, de trece de octubre de dos mil veintiuno, derivada del expediente laboral 712/2020 de índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, anteriormente 403/A/2012; así como su ejecución y la ilegal diligencia de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación. El artículo antes mencionado es del literal siguiente:...Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa previos que regula la ley del acto reclamado. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con los siguiente tópicos: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en este caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen, y; IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente...Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo...Consecuentemente, el procedimiento se rige por las reglas para la tramitación de los juicios derivados por conflictos laborales entre los Titulares de los Municipios del Estado de Chiapas, y sus trabajadores de base o confianza, procedimiento que se basa en la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, al cual para los casos no previstos, le es aplicado supletoriamente la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, y en su defecto por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, ello de conformidad con el artículo 11 de la citada Ley Local. Conforme a lo expuesto, en contra de la multa impuesta mediante oficio 1294/2ª/SB/2019, de trece de octubre de dos mil veintiuno, derivada del expediente laboral 712/2020 de índice del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, del Poder Judicial en el Estado de Chiapas, aplicado por motivo de un "supuesto" desacato a un mandato judicial, que dice la quejosa desconocer -lo cual jurídicamente es inadmisible al ser parte del juicio de origen-, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de reclamación, previsto en el artículo 853 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, por disposición expresa de su artículo 11, al no encontrarse previsto disposición alguna en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional...De los citados preceptos se advierte que el recurso de reclamación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de una medida de apremio, la cual resulta una multa, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad de conformidad con el artículo 855 de la Ley Federal del Trabajo, se modificará en lo que procede la medida de apremio. Luego, dicha medida de apremio por desacato a un mandato judicial es impugnable a través del recurso de reclamación establecida en la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, mismo que debió ser agotado por la parte quejosa en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de reclamación prevista en el artículo 853 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas, en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente.

  4. Principal

    MESA 6.- Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez; mediante el cual devuelve el oficio 26062/2021, ya que refiere que no está claro a qué expediente va dirigido. Atento a lo anterior, se informa a la autoridad oficiante, que el oficio mencionado con anterioridad va dirigido a la comunicación 103/2021, de su índice, por lo que devuélvase como acuse de recibo, ya que así fue solicitado según oficio 965 de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, de su índice.

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