Danira Abigail Hernández Ángeles
Expediente 1531/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Danira Abigail Hernández Ángeles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con copias simples de la demanda de derechos, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1531/2023-3-B, promovido por Danira Abigail Hernández Ángeles por derecho propio, contra actos del Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, mismo que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo. Audiencia Incidental. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de diciembre de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa reclama el auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, en que se ordena el cumplimiento del convenio ******************** relativo a la situación de guarda y custodia, alimentos, y convivencias del menor de iniciales ******************** Determinación de la suspensión provisional. En principio, cabe señalar que la suspensión en el juicio de amparo pertenece a la categoría de los procedimientos cautelares, de naturaleza provisional y que hacen posible la tutela definitiva; siendo un medio para mantener las situaciones prevalecientes al inicio del juicio y hasta el momento en que se resuelve en definitiva, cuyo objeto es preservar las cosas o situaciones hasta el final del juicio. En ese tenor, suspender el acto reclamado significa interrumpir transitoriamente o detener de manera temporal la aplicación de una orden, acción o sus efectos (hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria), paralizando así algo que está rigiendo o en actividad en forma positiva o impidiendo que inicie su ejecución cuando está en potencia y, excepcionalmente, puede tener efectos de adelanto provisional o restitutorios cuando haya peligro que el juicio quede sin materia. Dicho en otras palabras, donde esté de por medio y en peligro de perderse la materia del juicio y no se afecte el orden público o el interés social, la suspensión sí debe anticipar los beneficios o adelantar la efectividad de la sentencia favorable. Los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". De la intelección de dichos numerales se desprende que, en un juicio de protección de derechos fundamentales, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte, en este último supuesto, siempre que la solicite la parte quejosa y que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, acorde con lo establecido en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, al solicitarlo la parte quejosa y no perjudicarse el interés social ni contravenirse disposiciones de orden público, se considera que se debe conceder la suspensión provisional. Así, para resolver sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad que la parte quejosa formuló en la demanda, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 206395, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO." Así, para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, y una vez comprobada la existencia de los actos reclamados, debe señalarse que en toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a menores, debe resolverse sin desatender un principio básico: el interés superior del niño. Así es, con la reforma al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagró de manera explícita el principio del interés superior del niño, niña o adolescente como marco de actuación de los distintos órganos del estado y niveles de gobierno, de ahí que, en el ámbito jurisdiccional, el interés superior de los menores constituye un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que en un caso concreto pueda afectar los intereses de éstos, por lo cual, con base en este principio se debe considerar la posible afectación en la vida, seguridad y bienestar de los menores de manera integral y en su desarrollo futuro. Ahí radica la importancia de la delimitación interpretativa que han de realizar los órganos jurisdiccionales para establecer en cada caso, de qué manera se establece el interés superior del niño. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en la siguiente jurisprudencia consultable en la Página 167, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe es: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 25/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Página 334, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". También sirve de apoyo lo expuesto la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1397, Tomo II, Febrero de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad." En ese sentido, también resulta indispensable acudir al contenido de los artículos 9°, inciso 3 y 10°, inciso 2, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro País, en los que se prevé que ante la separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico, en los siguientes términos: "Artículo 9. ... inciso 3: Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño." "Artículo 10. ... inciso 2: El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la obligación asumida por los Estados partes en virtud del párrafo 2 del artículo 9°, los Estados partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho a salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente convención." Con base en ello, a fin de salvaguardar el interés superior del infante, lo procedente es conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que no se ejecute el régimen de convivencias establecido en el convenio ********************, siempre y cuando existan datos reales y objetivos que evidencien que, de llevarse a cabo la convivencia, se pondría en riesgo la integridad física y emocional del menor de iniciales ********************, pues de caso contrario, la suspensión no surtirá sus efectos. Pues, atendiendo a su interés superior del menor, todos los menores tienen derecho a convivir con sus padres y a ser cuidados por ellos; el derecho a preservar las relaciones familiares; el derecho a que no sea separado de sus padres excepto cuando tal separación sea necesaria en el interés superior del niño; el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; el derecho contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual; así como el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuada para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, de tal forma que ese derecho se encuentra incluso por encima de la voluntad de la persona a cuyo cargo se encuentre la custodia del infante, por tratarse de un derecho humano principalmente dirigido al menor, aunque también favorezca de manera indirecta a sus ascendientes. Así, del derecho al desarrollo y bienestar integral del menor, el Alto Tribunal desprendió el derecho fundamental a preservar las relaciones familiares; así como el derecho a que el menor no sea separado de sus padres. De este modo, el concepto interés superior del menor, permite delimitar los derechos y obligaciones que corresponden a las personas adultas en relación con los niños, para lo cual se privilegia el deber de atenderlos y cuidarlos, con el objeto permanente de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para ellos, como un imperativo de la sociedad, de manera que su protección se ubica incluso por encima de la que debe darse a los derechos de los adultos, con lo cual se cumple una trascendente función social de orden público e interés social. Notificación a la autoridad responsable. Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a la autoridad señalada por la parte quejosa como responsable, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto es, para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta, la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dicha autoridad quede notificada del presente acuerdo y esté en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que si la autoridad responsable se opone a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, permítase a las partes, así como a sus autorizados, que se impongan del contenido de los acuerdos mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que los mismos serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número telefónico. Finalmente, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un correo electrónico y un número de teléfono móvil para que se entablen comunicaciones no procesales...3
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Resolución del recurso de queja. Agréguese el oficio de cuenta proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 364/2023, donde resolvió: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese recibo. Admisión. Como lo ordena la Superioridad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 10, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veinticuatro para su celebración. Incidente de suspensión. Por duplicado y separado tramítese el incidente de suspensión que solicita. Intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese a la Representación Social de la adscripción la intervención que le compete. Solicitud de informe justificado. Se ordena emplazar a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir sus informe justificado en el plazo de quince días, en el entendido de que deberá precisar de forma clara, la existencia o inexistencia del acto reclamado, indicando si es cierto o no, o bien, limitarse a manifestar de manera genérica "son ciertos" o "no son ciertos", apercibidas que de no hacerlo así, se tendrá por cierto y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de constancias. De conformidad en el artículo 75 de la Ley de Amparo se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días las constancias en copia debidamente certificada del expediente del cual emana el acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de derechos, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le impondrá la medida de apremio señalada en el párrafo que antecede. Información clasificada. Ahora bien, en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos del artículo 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Requerimiento de causas de improcedencia y constancias que la acrediten. Por otra parte, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en caso de que ocurra una causa notoria de improcedencia o sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado, acompañando las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, de la Ley de Amparo. Emplazamiento de la parte tercera interesada. Ahora bien, se proveerá sobre el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable, a fin de identificarla plenamente y tener certeza de los datos para su localización. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Correo electrónico y número de teléfono. Finalmente, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, requiérase a las partes a efecto de que proporcione un correo electrónico y un número de teléfono móvil para que se entablen comunicaciones no procesales. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener...3
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Devuelve comunicación oficial. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; visto su contenido, se tiene al Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, devolviendo sin diligenciar el despacho 761/2023, orden 1280/2023, del índice de este juzgado federal, por medio del cual se ordenó emplazar al tercero interesado ********************. Se ordena dar de baja el comunicado de referencia en el libro de control electrónico respectivo y realizar la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordenan medidas de investigación del domicilio de la parte tercera interesada. En razón de lo anterior, se ordena requerir a las siguientes entidades: Encargada de Servicios y Atención al Cliente de Comisión Federal de Electricidad Suministro de Servicios Básicos; Gerente Comercial de Teléfonos de México; Encargada de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretario de Finanzas Publicas; Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Hidalgo "1" y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, todos en el Estado de Hidalgo; para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación de este proveído informen a este juzgado federal si en sus registros o archivos se encuentra algún domicilio a nombre de ********************. Apercibidos que de no hacerlo así, dentro de la temporalidad concedida para ello, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En el entendido que si de las investigaciones realizadas no se obtienen los datos requeridos, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos, en términos del artículo 27, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo. 8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; once de octubre de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Agréguese a los autos copia del escrito de agravios signado por la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99 y 100, de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, ríndase informe en relación a la materia de la queja interpuesta, teniendo como cierto el acto reclamado y como justificativa de dicho informe remítase el escrito del recurso interpuesto y copia del mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno. Se pone a disposición la consulta electrónica. Asimismo, con fundamento en los artículos 26 y 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita, para que realice las gestiones pertinentes a fin de hacer disponible la consulta del expediente electrónico del presente asunto al órgano colegiado al que corresponda conocer del recurso interpuesto, para los fines pertinentes sobre el trámite y resolución, solicitando la confirmación de la visualización del mismo.III
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