Danilú Alejandra Febles Calderón
Expediente 1302/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Danilú Alejandra Febles Calderón
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del acuerdo de veintitrés de noviembre pasado, mediante el cual se desechó de plano la demanda en el presente asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFOMRIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que precede, agréguese a sus antecedentes el escrito aclaratorio de la quejosa DANILÚ ALEJANDRA FEBLES CALDERÓN, con el que en cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto de doce de los corrientes, proporciona bajo protesta de decir verdad mayores antecedentes del acto reclamado, señalando que ella fue la que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Delito, Agencia 29, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta capital, en contra de Myrna del Socorro Calderón Escalante, cuyo domicilio aporta; en consecuencia, se tiene por cumplida la prevención formulada. Seguidamente se pasa a proveer lo que legalmente corresponda. Vista la demanda de amparo promovida por DANILÚ ALEJANDRA FEBLES CALDERÓN, contra el acto que reclama de la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Delito, Agencia 29, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta capital, consistente en: La omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación radicada con el número 83/2018, que ha solicitado en variadas ocasiones, inobservando con ello su función de investigación; lo que se traduce en una abstención de investigar por parte de la autoridad responsable. A consideración del suscrito, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 109 fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que torne improcedente el juicio, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de la materia. Las anteriores consideraciones, tienen sustento por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual interpreta la fracción XVIII, del Artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente; criterio que dice lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción." (Época: Décima Época, Registro: 2005313, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 175/2013 (10a.), Página: 1344) Al respecto, es necesario precisar que el acto aquí reclamado, traducido en una abstención de investigar por parte del Ministerio Público; se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en su artículo 258, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad que es la facultada para para vencer la omisión que se atribuye a la autoridad ministerial. Aspecto que se robustece si se tiene presente que en su escrito aclaratorio expresó bajo protesta de decir verdad que la denuncia y/o querella de la que derivó la referida carpeta 83/2018, la presentó la aquí quejosa, en contra de su progenitora Myrna del Socorro Calderón Escalante, hace unos meses; y considerando que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio entró en vigor en todo el país el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, es claro que el acto que emana de la carpeta de investigación señalada, se rige bajo el nuevo paradigma constitucional. En ese orden, el numeral 20 apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido pueden impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce ese derecho fundamental en el precepto 109 fracción XXI y del diverso precepto 258 del mismo ordenamiento legal se obtiene que ese tipo de actos podrán ser impugnados ante el Juez de Control, quien en audiencia, previa cita a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su defensor, decidirá en definitiva. De lo anterior se advierte que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control la abstención del Ministerio Público de ejercer su facultad investigadora. Dicha prerrogativa que constitucionalmente se le otorga al pasivo del delito no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, como en el caso, la omisión o negligencia que reclama. Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también, de manera relevante, su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional la abstención de investigar u omisiones que existan en la misma investigación, lo que igualmente, como ya se vio, se encuentra tutelado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contara con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, incluso su abuso. En efecto, robustece la determinación anterior el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el quejoso acudir a las instancias comunes que pueden producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción considerados legalmente. De ahí que en contra de las abstenciones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora es improcedente el juicio de amparo, dado que primeramente debió acudir ante el Juez de Control correspondiente para agotar el recurso innominado o procedimiento establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII. Sirve de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia ante mencionada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por DANILÚ ALEJANDRA FEBLES CALDERÓN, contra el acto que reclama de la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Delito, Agencia 29, de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta capital, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Daniela Judith Araiza Díaz113/2022
- Daniela Judith Araiza Díaz105/2022
- Daniela López Cantón1091/2018
- Daniela Maribel Chan Uc511/2019
- Daniela Santini Domingo2165/2021
- Daniela Sosa Polanco964/2023
- Danna Graciela Canche Canche338/2022
- Dante Antonio Arjona Aguilar1587/2019
- Dariana Beatríz Quintal Narváez1068/2017
- Darinka Noemy Rejon Gongora1530/2022
- Darío Enrique Ayala Ramírez1650/2019
- Darly Jacqueline Solís Echeverría860/2022