Danilo Sánchez Feria
Expediente 293/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Danilo Sánchez Feria
- DANILO SÁNCHEZ FERIA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Puebla, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de veintidós de abril de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER fuera de audiencia, en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa ESTADO; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - Es DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general citado, porque se concedió la suspensión de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto procede conservarse durante un plazo de tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARATULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad.
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios del Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos Adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Puebla, con un anexo, visto su contenido se provee: CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Del contenido de los oficios de mérito, así como de su anexo, se advierte que en el presente caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de garantías. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. Para arribar lo anterior, cabe precisarse que de la lectura integral de la demanda se advierte que en el capítulo respectivo se señala lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas, en primera instancia dentro de la Estación Migratoria en el Estado de Puebla (.) Y POSTERIORMENTE FUERON TRASLADADOS AL DORMITORIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA." 2. "La omisión de emitir en perjuicio de la libertad de los quejosos, la correspondiente orden de salida de la estancia provisional, a pesar de haber transcurrido con exceso el plazo de 36 horas contado a partir de su presentación. siendo que los mismos están incomunicados desde su detención." 3. "Toda orden verbal o escrita que hayan emitido y que no se le haya notificado a los quejosos, con la cual o las cuales se ha determinado incorrectamente e ilegalmente el aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Puebla, por más de 36 horas." 4. "Omisión de emitir en perjuicio de la libertad de los quejosos la correspondiente orden de salida del albergue, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de tres días hábiles que se encuentran alojados en ese recinto contados a partir de su presentación." "5. El regreso asistido o deportación." De lo antes transcrito y del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que los quejosos reclaman: El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas y como consecuencia la omisión de ordenar su libertad y salida del albergue. Incomunicación. Regreso asistido o deportación. Ahora bien, relación al acto reclamado consistente en el aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 horas y como consecuencia la omisión de ordenar su libertad y salida del albergue se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." A fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en mención, es necesario precisar que mediante oficio INM/DAJ/623/2022, acordado el uno de abril de dos mil veintidós, el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos Adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Puebla manifestó que: "informo a Usted que los extranjeros de nombre (.) todos de Nacionalidad CUBANA, y con fundamento en lo establecido por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, esta Autoridad Migratoria se pronunció por su derecho a salir de esta Estación Migratoria bajo la figura de Custodia, con fecha 24 de marzo de dos mil veintidós." Así mismo de las constancias remitidas por la autoridad responsable del expediente administrativo migratorio E.A/ls.9/ORP/EM/0328/2022, se advierte que el veintiséis de marzo de dos mil veintidós, José Alfredo Romero Ávila recibió en custodia a Danilo Sánchez Feria, Yuneisi Moreno García y el niño de identidad reservada D. J. S. M. Por tanto, es dable colegir que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, el acto reclamado se encontraba vigente, no obstante, dejó de estarlo, al haber sido dados en custodia el veintiséis de ese mismo mes y año a José Alfredo Romero Ávila, pues de inicio, el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos Adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación en el Estado de Puebla informó sobre la salida de los quejosos del lugar de detención mediante la figura de custodia. En esas condiciones, resulta incuestionable que en el caso de que se trata, han cesado los efectos del acto reclamado dado que la autoridad migratoria los dejó en libertad bajo la figura de custodia, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós y por esa circunstancia, dejaron de existir los actos reclamados; pues los efectos que causaban a la parte quejosa han quedado destruidos, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional; de ahí que ningún efecto práctico tiene continuar con el trámite de un asunto manifiesta e indudablemente improcedente. Entonces, se actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de dicha Ley, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Cobra aplicación, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LA INCOMUNICACIÓN RECLAMADA Respecto al acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la incomunicación, de igual manera, se surte la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" En la fracción aludida se prevé el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Cabe precisar, que como antecedentes narrados en la demanda de amparo, por MÓNICA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, Asesora Jurídica Federal, quien promovió la demanda de garantías, tenemos los siguientes: "El día 16 de marzo de 2022, derivado de una visita a Estación Migratoria Puebla, se hizo del conocimiento de la suscrita por parte de un ciudadano cubano que se acercó a solicitar el servicio de asesoría jurídica de este Instituto, informando que los migrantes anteriormente mencionados requerían solicitar el amparo y protección de la justicia federal, por encontrarse alojados en el Dormitorio Municipal de Puebla, bajo situaciones precarias de salud, que se trata de una familia integrada por la madre, un menor de diez años de edad y el abuelo de 70 años de edad, mismo que padece diabetes e hipertensión, y que hasta la fecha se encuentran en estado de incomunicación, ausencia de asesoría legal, ausencia de representación consular, entre otros." ".POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS USUARIOS SE ENCUENTRAN INCOMUNICADOS Y SIN POSIBILIDAD DE ACCEDER A UNA REPRESENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA ADECUADA." En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistentes en el expediente administrativo migratorio E.A/ls.9/ORP/EM/0720/2022, se advierte que el diez de marzo de dos mil veintidós, el Subdirector de la Estancia Provisional Migratoria adscrito a la Oficina de Representación en Puebla del Instituto Nacional de Migración, ante la presencia de dos testigos, hizo constar que hizo del conocimiento de sus derechos y obligaciones a Yuneisi Moreno García, quien viaja en compañía de su hijo, el niño de identidad reservada D. J. S. M. Acto continuo, Yuneisi Moreno García, quien viaja en compañía de su hijo, el niño de identidad reservada D. J. S. M. manifestó, entre otras cosas, que: "(.) nos trasladaron a la estación migratoria aquí nos han respetado y nos han brindado alimentos y atención médica (.)". Así mismo, de las propias manifestaciones de la promovente del amparo en el sentido de que: ".derivado de una visita a Estación Migratoria Puebla, se hizo del conocimiento de la suscrita por parte de un ciudadano cubano que se acercó a solicitar el servicio de asesoría jurídica de este Instituto, informando que los migrantes anteriormente mencionados requerían solicitar el amparo y protección de la justicia federal, por encontrarse alojados en el Dormitorio Municipal de Puebla.", se desprende que los quejosos antes mencionados, no se encontraban incomunicados; además de que durante su permanencia en la estancia provisional migratoria llamaron a los teléfonos 33 13 83 44 88 y +14 07 800 45 52. Lo anterior revela que, contrario a lo manifestado por la promovente del amparo en la demanda, los quejosos Danilo Sánchez Feria, Yuneisi Moreno García y el niño de identidad reservada D. J. S. M. no estuvieron incomunicados, pues, una vez que estuvieron a disposición de la Autoridad Migratoria se les permitió realizar una llamada, así como contar con la asistencia jurídica de la defensora publica promovente del amparo. Circunstancias que evidencia la inexistencia de la incomunicación reclamada en el presente sumario, pues como se constató, desde el momento de su detención, la parte quejosa tuvo a su alcance los medios para contactarse con persona de su confianza y hacerle saber su situación, además, por haber realizado diversas llamadas telefónicas. Tampoco es cierto el acto reclamado consistente en la deportación, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir sus informes justificados. En consecuencia de lo anterior, se advierte que es inexistente el acto reclamado consistente en la incomunicación, atribuido a las autoridades responsables, por así haberlo manifestado al rendir sus respectivos informes justificados y haberlo acreditado con las constancias respectivas. Por tanto, al por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, se surte la hipótesis conforme lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con veinticuatro minutos del doce de mayo de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
Puebla, Puebla, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que se encuentra transcurriendo el pazo concedido por auto de doce de abril de dos mil veintidós, al TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN PUEBLA y SUBDIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, para que remitieran oficio debidamente sellado y firmado por el funcionario que lo expide mediante el cual rinde su informe justificado. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las nueve horas con veinticuatro minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo.
- Principal
Puebla, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS ADSCRITO A LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, con un anexo; por el cual pretende rendir su informe justificado, no obstante dicho oficio carece de firma autógrafa del funcionario público que lo expide; por tanto dígasele que no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento que se hizo por oficios 11485/2022 y 11486/2022 de diecinueve de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, en virtud de que el oficio de cuenta carece de firma del funcionario público que lo expide, por lo que únicamente tiene valor de documento privado. Esto es así, en términos de los artículos 129 y del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, que dispone: ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. ARTÍCULO 133.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129. Entonces, si el documento en cuestión, como se dijo, carece de firma del funcionario público que lo expide, dicho documento debe reputarse como privado, por lo que no puede tener los efectos de un documento público. REQUERIMIENTO En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, requiérase a las autoridades responsables TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN PUEBLA y SUBDIRECCIÓN DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, remitan oficio debidamente sellado y firmado por el funcionario público que lo expide, mediante el cual rindan su informe con justificacion. En el entendido de que deberá informar a este juzgado federal, acerca de la incomunicación que aducen los quejosos, adjuntando las constancias necesarias. APERCIBIMIENTO Se apercibe a las responsables, que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el plazo señalado, sin causa justificada, o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.
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