Daniella Soberanes Hernandez
Expediente 40/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2020
Partes del expediente
- Daniella Soberanes Hernandez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a doce de noviembre de dos mil veinte. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución recaída en este juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
CERTIFICACIÓN DE EXPEDIENTE INTEGRADO En Mexicali, Baja California, a veintidós de octubre de dos mil veinte, el suscrito Secretario , adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, certifico que el presente juicio de amparo principal 40/2020, se encuentra debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional y, por ende, para emitir la resolución respectiva; lo anterior, por lo siguiente: Se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Obra en autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable y diversas constancias relativas al acto reclamado; Emplazamiento al presente asunto de la parte tercero interesada; y, Transcurrió para todas las partes el término de 8 días para que se impusieran del contenido del informe justificado, y de las constancias relativas al acto reclamado; Lo que hago constar para los efectos legales correspondientes. Doy Fe. EL SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Juicio de Amparo 40/2020 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mexicali, Baja California, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en este Estado de Baja California, quien actúa en unión del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario que da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con el informe con justificación rendido por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias realizada por el secretario. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de que se trata, las que se tomarán en cuenta al momento de resolver en definitiva, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. Se abre el periodo de alegatos. Se da cuenta al Juez que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: De acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho sobre el particular. Con lo anterior concluye la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente es dictar el fallo respectivo. VISTOS; y, RESULTANDO. PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido al día hábil siguiente en este Juzgado Sexto de Distrito, Daniella Soberanes Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se trascriben: "C). AUTORIDAD RESPONSABLE: H. Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio conocido en Ignacio Comonfort #9351, Zona Río, de la Ciudad de Tijuana, Baja California. Autoridad a la cual le reviste el carácter de Ordenadora y/o Ejecutora. D) NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. De la autoridad señalada como Responsable, reclamo la omisión de no proveer en forma alguna para la continuación del procedimiento de autos del juicio natural, a pesar de los requerimientos efectuados por la suscrita, manteniendo ilegalmente de manera inactiva el señalado procedimiento. Violentándome con tal conducta procesal el principio de administración de justicia que informa el proceso del trabajo; y, consecuentemente, los términos del artículo 17 constitucional en cuanto al derecho que tiene toda persona para que se le administre de manera pronta y expedita justicia. Conducta procesal de la Responsable derivado del hecho de no haber tomado en cuenta a la luz del principio pro-persona, como de la diversa cláusula de interpretación conforme, prevenido y prevenida por el artículo 1° constitucional; que el derecho a una administración pronta y expedita de justicia deviene de un derecho humano protegido constitucionalmente, al que tiene derecho toda persona por el simple hecho de serlo; cuya observancia y aplicación deviene en una obligación fundamental de toda autoridad jurisdiccional, como en el caso así lo es la Junta Responsable. Trayendo ello como consecuencia inmediata que el procedimiento del que deriva el acto que reclamo sea un procedimiento injusto en el que no se ha cumplido ni respetado el debido proceso. Violentando por efecto de ello mismo, no sólo los derechos humanos laborales fundamentales de la suscrita, que como justiciable, persona y ser humano me asisten, sino además mi derecho a un procedimiento jurisdiccional justo y debido proceso en el que se me administre debidamente justicia. Infringiéndome por vía de consecuencia, una afectación de manera personal y directa a mis derechos subjetivos públicos de los cuales soy titular; afectándoseme y violentándoseme a su vez, mi esfera jurídica, como los derechos reconocidos a mi favor por la Constitución General de la República, al haberse apartado de los lineamientos que regulan el debido proceso en las vertientes que anoto." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló los derechos humanos que, en su concepto se violaron, siendo los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 123 Apartado A y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros diversos de índole convencional. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte, se registró con el número 40/2020 y, se ordenó la formación del expediente relativo, admitiéndose en sus términos, motivo por el cual se solicitó el informe justificado correspondiente, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se ordenó también emplazar a la parte tercera interesada, lo que así aconteció y, por último, se dio la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido que fue el juicio por sus fases procesales, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia constitucional y legal. Este Juzgado Sexto de Distrito en Mexicali, Baja California, es constitucional y legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que el acto reclamado en este juicio incumbe a la vía indirecta, carece de ejecución por ser de carácter omisivo, y la demanda de amparo fue presentada dentro la circunscripción territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, cuyo rubro dice así: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa expuso sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía, podemos concluir que en el caso se reclama: i. La omisión por parte de la autoridad señalada como responsable de continuar con la secuela procesal dentro del juicio laboral de origen 120/2005. Así las cosas, al haberse fijado el acto reclamado, procede ahora verificar la existencia del mismo, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, puesto que si bien es verdad que al rendir su respectivo informe justificado, manifestó que no era cierto el acto que a ella se le reclama, sin embargo, no menos verdad resulta que, del contenido de ese informe se advierten manifestación que evidencian lo contrario, es decir, que sí existe el acto reclamado, manifestaciones tales como que, fue hasta el siete de febrero de dos mil veinte, cuando la susodicha autoridad pronunció auto en el que ordenó diversas diligencias a efecto de llevar a cabo el desahogo de una prueba testimonial, proveído que, evidentemente está dictado en forma posterior a la data en que se interpuso la demanda de amparo génesis de este juicio; por lo que, ante ese panorama es inconcuso que, su negativa queda desvirtuada y en ese tenor es que se tiene por cierto el acto que de ella se reclama para todos los efectos legales consiguientes. Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado, en los términos antes precisados; por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Por imperativo del artículo 62, de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo anterior dado que, la autoridad responsable dictó en siete de febrero de dos mil veinte, acuerdo mediante el cual da impulso al juicio laboral de origen cuya omisión de hacer lo anterior fue el motivo de reclamo en este sumario, máxime porque de tal auto se advierte que la responsable ordenó diversas diligencias a fin de poder llevar a cabo el desahogo de una prueba testimonial ofertada dentro del juicio de origen, sin menoscabo de precisar que una vez que se contó en este juicio con el informe justificado, en atención a su contenido, se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que dentro del término de ley, manifestara si era su deseo ampliar su demanda en contra del aludido auto de siete de febrero de dos mil veinte, lo cual no sucedió no obstante que estuvo debida y legalmente notificada de ello; razón por la cual, en auto datado el veintidós de septiembre de la anualidad en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en diverso auto de cuatro de marzo de dos mil veinte y el juicio se continuó sólo respecto del acto reclamado originariamente. Dicho precepto antes invocado, dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera, la esfera jurídica del quejoso queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto considerado violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas generadas en la esfera jurídica del quejoso por ese acto, entonces, a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad o no de tal acto si éste ya no incide en la esfera jurídica del quejoso es, decir, sería infructuoso determinar sobre la constitucionalidad o no de ese acto. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse que no sólo la desaparición definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza ante la posterior insubsistencia del acto reclamado, es decir, después de haberse presentado la demanda de amparo contra aquel acto, o bien cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la posible violación constitucional aducida por la parte quejosa, lo anterior se asemeja o compara como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, esa cesación de efectos tiene la misma consecuencia como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, por su cesación, no deje ninguna huella en la esfera jurídica del quejoso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, debe tenerse presente que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión dar continuación al juicio laboral de origen, es decir, de no acordar lo conducente para la continuación del juicio; sin embargo, de la constancia remitida por la responsable de trato, en alcance al informe justificado, se desprende que en siete de febrero de dos mil veinte, dictó acuerdo en ese juicio, auto en el cual ordenó diversas diligencias a efecto de poder llevar a cabo el desahogo de una prueba testimonial ofertada en el mismo, lo que desde luego, denota que dicha autoridad sí actúa en consecuencia, como advierte la constancia en cita, la cual por tratarse de documento público, merece, al tenor de lo dispuesto por los artículos 199 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo prevé el ordinal 2° de la misma. Consecuentemente, si la parte quejosa reclamó, en lo esencial, la omisión por parte de la autoridad responsable de dar continuidad al juicio laboral de origen y eso ya aconteció es decir, la autoridad en comentario ha procedido a acordar lo conducente en dicho juicio, entonces, es evidente que se le restituyó en su derecho dado que, las cosas volvieron al estado en el que se encontraban antes de la violación combatida; de ahí que, se insiste, fue restituida dicha parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con la omisión de la responsable, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. De ahí que al haberse restituido al quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera habérsele violado, se traduce en la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo; lo cual, desde luego, impone sobreseer en el presente asunto en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. QUINTO. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en la inteligencia que deberá especificarse que en la presente sentencia se decretó el sobreseimiento. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; en los términos apuntados en el último apartado de este fallo. Notifíquese Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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