Daniela Yareth Hernández Perdomo

Expediente 917/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
917/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, con sede en esta ciudad
  • Daniela Yareth Hernández Perdomo

Actuaciones

  1. Principal

    ...Del estado de autos, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido...

  2. Principal

    ...Personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Del estado que guardan los presentes autos y toda vez que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; además, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, esta potestad federal procede a su análisis. Se advierte de las constancias que integran este juicio, que por sentencia terminada de engrosar el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se sobreseyó en parte y concedió en otra el amparo y protección federal a Gisela Ortiz Cardeña. Resolución que causó ejecutoria en auto de diecisiete de abril de la presente anualidad, en el cual se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, para que justificara el cumplimiento de la sentencia amparadora; la cual se otorgó para los efectos siguientes: a) Establezca de inmediato las medidas necesarias para que haga efectivo un régimen de convivencia entre la quejosa y su menor hija en el lugar de residencia de esta última, señalando fecha y hora para su desahogo, implementando en caso de que se requieran, las medidas de apremio necesarias para que dicho régimen se acate de manera efectiva. b) Para el caso de que ya no existan mayores pruebas que aportar a la incidencia de origen, señale de inmediato fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que corresponda, la cual deberá ser dentro del plazo de ocho días, para luego, con o sin alegatos de las partes, se dicte la interlocutoria que en derecho corresponda, en la que deberá atender las cuestiones planteadas en la incidencia de mérito. c) Dicte las medidas pertinentes encaminadas al pronto desahogo de los estudios psicológicos y socioeconómicos que se encuentran aún pendientes de desahogarse, a cargo de Valentín Peña García, Catalina Cardeña Hernández y la menor de identidad reservada, y aplique en caso de ser necesario las medidas de apremio necesarias para su efectividad. d) Asimismo, una vez desahogados tales estudios, previo cercioramiento de que no exista prueba alguna pendiente de desahogarse, ponga en estudio de resolución el asunto y emita la que en derecho corresponda en el juicio ordinario civil 868/2015 de su índice. Así, mediante oficios de veintisiete de abril, veintinueve de mayo, ocho de junio, seis de julio, siete y diecisiete de agosto, y cinco de septiembre, la citada responsable remitió copias certificadas de las constancias relativas al cumplimiento del fallo protector. Por acuerdo de diez de septiembre de dos mil dieciocho, quedaron los autos a la vista de la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, quien desahogó la vista mediante el escrito de cuenta. Establecido lo anterior y al hacer un estudio de las constancias remitidas por la citada responsable, se observa que la misma realizó lo siguiente: 1) Mediante resolución de veintiséis de abril del año en curso, toda vez que ya se encontraba decretada el régimen de convivencia provisional entre la quejosa y su menor hija, ordenó la certificación por parte del personal de ese juzgado en cuanto a la correcta y cabal realización de dicha convivencia, señaló fecha y hora para su desahogo en el domicilio de Catalina Cardeña Hernández, e implementó las medidas de apremio en caso de que la depositaria no permitiera la convivencia. b) Toda vez que, a su criterio, ya no existían mayores pruebas que aportar a la incidencia de origen, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el veintiocho de mayo de la presente anualidad. c) En resolución de veintiséis de abril del año en curso, ordenó la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos a Valentín Peña García, Catalina Cardeña Hernández y la menor de identidad reservada, y los apercibió con la imposición de una multa en caso de no comparecer al desahogo de los referidos estudios. d) El veintinueve de mayo pasado, Valentín Peña García acudió junto con su menor hija de iniciales K.N.P.O. a las instalaciones del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) de Tlapacoyan, Veracruz, para la realización de los estudios psicológicos y socioeconómicos correspondientes. e) El veintidós de junio del año en curso, al considerar que no había más pruebas que desahogar, declaró cerrado el periodo probatorio y abrió el de alegatos por el término de tres días para que las partes formularan los mismos, y toda vez que no presentaron sus correspondientes alegatos dentro del término de ley, el seis de agosto pasado dictó la sentencia correspondiente en el juicio ordinario civil 868/2015/VI. Mediante proveídos de nueve y veintidós de agosto de la presente anualidad, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera los estudios psicológicos y socioeconómicos relativos a Catalina Cardeña Hernández, y en caso de no haber practicado dichos estudios, se le ordenó fueran practicados y emitiera la resolución correspondiente una vez desahogados; lo anterior, toda vez que en autos únicamente se contaba con los realizados a Valentín Peña García y la menor de identidad reservada. No obstante, de las constancias remitidas en respuesta a dicho requerimiento, se advierte que no obran los estudios en comento. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que la sentencia no ha sido cumplida en todos sus efectos, lo anterior es considerado de esa manera, porque si bien es cierto que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, llevó a cabo las medidas necesarias para que se realizara la convivencia establecida, emitió la resolución interlocutoria correspondiente y, la sentencia en el juicio ordinario civil 868/2015/VI el seis de agosto pasado, tras realizar los estudios psicológicos y socioeconómicos a Valentín Peña García y la menor de identidad reservada; no efectuó dichos estudios a Catalina Cardeña Hernández, para que fueran valorados antes de la emisión de la citada sentencia. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por la misma autoridad responsable, en las cuales obran únicamente los estudios psicológicos y socioeconómicos de Valentín Peña García y la menor de identidad reservada, así como de la resolución de seis de agosto pasado, de la cual se advierte que en la misma no fueron valorados los estudios psicológicos y socioeconómicos de Catalina Cardeña Hernández, toda vez que no se advierte los haya llevado a cabo, pese a estar ordenado en los efectos de la concesión del amparo de la sentencia emitida en el presente asunto. En esas condiciones, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, para que en el improrrogable término de quince días, contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, acate en sus términos la sentencia amparadora; es decir: a) Deje insubsistente la sentencia de seis de agosto del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil 868/2015/VI. b) De inmediato dicte las medidas encaminadas al pronto desahogo de los estudios psicológicos y socioeconómicos que se encuentran aún pendientes de desahogarse, a cargo de Catalina Cardeña Hernández, y aplique ,en caso de ser necesario, las medidas de apremio para su efectividad. c) Una vez desahogados tales estudios, previo cercioramiento de que no exista prueba alguna pendiente de desahogarse, ponga en estado de resolución el asunto y emita la que en derecho corresponda en el juicio ordinario civil 868/2015 de su índice. Asimismo, deberá informar las medidas que decrete para tales efectos y comunicar a este Juzgado de todos los acuerdos u oficios que emita o reciba tendentes al cumplimiento del fallo; apercibida que de no hacerlo y abstenerse de justificar tal circunstancia se le impondrá con apoyo en lo dispuesto por el artículo 258 en relación con el párrafo segundo, del diverso 192 de la Ley de Amparo, una multa consistente en CIEN Unidades de Medida y Actualización, misma que equivale a $8,060.00 (Ocho mil sesenta pesos, cero centavos, moneda nacional), según el valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la Unidad de Medida, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ahora, atento a la solicitud y las manifestaciones efectuadas en autos por la parte quejosa, téngasele promoviendo incidente de inejecución de sentencia, respecto del incumplimiento de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, a la sentencia de amparo emitida en el presente juicio constitucional; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, 196 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en Turno, a través de la Oficina de Correspondencia adscrita a dichos Tribunales, con sede en esta ciudad, para los efectos de la substanciación del incidente de inejecución y fórmese el respectivo cuadernillo con las constancias necesarias. Notifíquese... a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.

  4. EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUXalapa-Enríquez, Veracruz, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Del estado que guardan los autos del juicio de amparo 917/2018/IV-A, promovido por Daniela Yareth Hernández Perdomo, por propio derecho, contra actos del Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 Constitucionales, y el escrito de cuenta, del que se advierte que la parte quejosa da cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. En términos de lo anterior, se precisa que el acto reclamado por la quejosa en su demanda de garantías, consiste en: a) La orden girada en su contra con el objeto de que sea sometida a hostigamiento psicológico y físico, sin mediar procedimiento legal alguno para fundar y motivar tal mandamiento y, por tanto, arguye la violación a los artículos 1°, 14, 16 y 22 constitucionales en su perjuicio. Acto que atribuye al Delegado, y Jefa o Titular del Área Financiera, ambos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y al Delegado de la Policía Ministerial, con sede en esta ciudad. Ahora, a fin de proveer lo conducente, conforme lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgador se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo siempre y cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese sentido, conviene precisar que el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente la tesis de mérito interpreta que, para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en relación con el acto reclamado precisado con el inciso a) se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII , en relación con los diversos 1 primer párrafo y 5 fracción II , de la ley de la materia, este último interpretado a contrario sensu, y de cuya interpretación se deduce que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional será improcedente. De ahí que resulte pertinente señalar que, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non, para tener el carácter de autoridad responsable. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que sea dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, en consecuencia, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, por ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y los señalados como autoridades actúen en un plano superior. En ese contexto, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. (..)En ese contexto, es dable afirmar que si la aquí quejosa se duele en sede constitucional de la agresión y hostigamiento que sufrió por parte de una persona en la calle que dice ser Jefe o Titular del Área Financiera de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por órdenes del Delegado de dicha Secretaría; el proceder de las entidades públicas a las que atribuye dicha afectación, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que el acto reclamado no deriva del ejercicio propio de las funciones legalmente atribuidas a las autoridades señaladas como responsables, sino de una situación de derecho derivada de actos de violencia en contra de su persona. Se sostiene ello, ya que de la lectura de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa pretende se determine que el hostigamiento que sufrió fue derivado de una orden por parte del Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). No obstante tal pretensión, en el caso, es dable afirmar que no es el juicio de amparo la vía idónea para decidir sobre los actos que reclama, sino que se trata de un aspecto que debe ventilarse en la vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la vía civil, si demanda una indemnización por daños sufridos por esa conducta, o en su caso, la penal si considera que se trata de un ilícito; dado que no actúa como autoridad quien la sometió a actos de hostigamiento y no se encuentra en un plano de supra a subordinación. (...) (...)No obstante lo anterior, se dejan expeditos los derechos de la parte quejosa para hacerlos valer en la vía jurisdiccional correspondiente, esto es, a través de una denuncia penal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en su escrito inicial de demanda y como autorizados de su parte conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Antonio Mendoza Montes, Hiram Baruch Osorio Mendoza y Víctor Aurelio Solano Herrera; y, con las restricciones que impone dicho numeral a Ana Gabriela Maldonado Caiceros, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Bernardo Arbea Pérez, Secretario de Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado para actuar como encargado de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica otorgada a la licenciada Karina Juárez Benavides, titular de este Juzgado, por el periodo que comprende del veintiséis a veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, comunicada mediante oficio número CCJ/ST/4623/2018 de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe. E EN LO CONDUCENTE DICE: ...

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