Daniela Torres Cuevas
Expediente 1033/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1033/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniela Torres Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
COSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, por este medio se notifica a las quejosas ------- y -------, la resolución dictada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en atención a que no comparecieron los días treinta o treinta y uno de enero de la presente anualidad, la cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito promovido vía electrónica por *****, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que acompañó al escrito de demanda; en atención a su petición, dígasele que se deja a su disposición dicha documentación. Prevéngase a la quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este recinto jurisdiccional a recoger la documental de referencia, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, como se previene en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el cinco de enero de dos mil diecisiete, que desechó la demanda de garantías promovida por ******, en representación de la menor ******* no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de seis de enero de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución dictada el cinco de enero de dos mil diecisiete, en atención a que no compareció los días nueve o diez la presente anualidad, para tal efecto, la cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito que signa la quejosa ******, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se le tiene formulando demanda de garantías únicamente en representación de su menor hija ********. Ahora bien, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cierto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Del análisis integro de la demanda de garantías y escrito aclaratorio, se advierte que la peticionaria de amparo, en esencia, hace consistir el acto reclamado en: La resolución de veintitrés de noviembre del dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil ****** y su acumulado ******, por el Juez Cuarto Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, dentro del recurso de revocación interpuesto por la ahora quejosa, la cual confirmó el auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, en el que se determinó que ****** seguiría siendo atendida en sus terapias psicológicas por la psicóloga ******. Ahora bien, se estima que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En efecto, es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo; es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que la interposición de diversos amparos obstaculizaran su ejecución; y por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejosa. Causal de improcedencia que tiene íntima relación con la figura de cosa juzgada, pues al respecto, el máximo tribunal estimó que con el juicio de garantías no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable (supuesto en el cual se encuentra el presente asunto), pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En efecto, sobre dicho particular, si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Excepción antes referida que en el caso no se actualiza, para que sea procedente el juicio biinstancial, pues el acto impugnado deriva de lo determinado en la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen. Para evidenciar lo anterior, resulta indispensable citar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, mismos que la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, a saber: 1. La quejosa***** por sí y en representación de su menor hija *******, demandó a ******, el divorcio necesario, alimentos provisionales y definitivos, caídos y pérdida de la patria potestad sobre la citada menor, dentro del expediente****** al que se le acumuló el diverso ******, esto dentro del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato. 2. Seguido en todas sus instancias el juicio primigenio y su acumulado, en veintinueve de mayo de dos mil catorce, se emitió la sentencia definitiva, la que resultó favorable a ****** en la que se condenó a *****, a la perdida de la patria potestad respecto a su menor hija, así como al pago de una pensión alimenticia definitiva, asimismo, se determinó que la infante y los padres de ella debían tomar terapia psicológica como preparación para la convivencia entre la niña ***** con *****; resolución confirmada en segunda instancia. 3. En cumplimiento a dicho fallo, se dio inicio a las terapias psicológicas, mismas que el juez de origen ordenó se materializaran ante el Dif municipal de Salamanca, Guanajuato, quedando a cargo de la profesionista *****. 4. Refiere la representante de la ahora quejosa, que la aludida psicóloga se ha conducido con falsedad ante la autoridad responsable, en torno a las citas programadas y asistencias a las mismas; por lo que en auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis el juez de origen ordenó al Dif municipal la programación de nuevas citas con diversa psicóloga; designando tal institución, para ese efecto, a ******. 5. En oficio********, el Dif municipal de Salamanca, Guanajuato, programa nuevas citas para *******y su contraparte, quien cedió su cita en favor de la menor referida, estableciéndose que las mismas serian precedidas por la primera de las psicólogas en comento; respecto a lo cual, previos ocursos presentados de su parte ante el juez responsable, éste, en auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, desaprobó la terapia para ***** con la referida profesionista, pero no para la menor ahora quejosa. 6. Inconforme con tal proveído, interpuso recurso de revocación, el cual fue resuelto mediante determinación de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, confirmando el auto combatido (resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional). En ese sentido, de la narrativa de los antecedentes se advierte que la resolución que ahora se reclama, no es ajena a la cosa juzgada, pues, contrario a ello, dentro del juicio natural únicamente se está dando cumplimiento a una de las obligaciones establecidas en la sentencia que puso fin al mismo. Así es, pues la resolución reclamada, no se trata de un acto desvinculado o autónomo a la sentencia definitiva que sea susceptible de impugnarse de manera inmediata mediante el juicio de amparo biinstancial, por el contrario, constituye un solo cumplimiento de la sentencia; de ahí que no pueda analizarse en los términos pretendidos por la quejosa mediante la promoción del juicio de amparo. En virtud de que, las resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, son aquellas que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; circunstancia que no acontece en el presente asunto, pues, opuesto a ello, con el actuar del juez responsable, únicamente está dando cumplimiento e impulso a lo ya resuelto de manera definitiva en el juicio primigenio. Por tanto, es dable concluir que la accionante del amparo debe sujetarse a las reglas que regulan el procedimiento, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, para la promoción del amparo indirecto, pues se insiste, en el caso, la ejecución del acto reclamado, resulta estrechamente ligado a la cosa juzgada, donde a la quejosa, le resulta el carácter de parte actora. En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, ya que se trata de un de acto emitido en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada. En consecuencia de lo anterior, debe estimarse actualizada la causal de improcedencia que deriva de la interpretación conjunta de los artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente; y, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente. Por otra parte, como lo solicita la ocursante, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, la copia certificada que insta, previa razón de recibo que se deje en autos. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de la ocursante, que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.
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