Daniela Rosalía Rangel Romero

Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
985/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Daniela Rosalía Rangel Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Requerimiento a la parte quejosa. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. Valoración de destino y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que la presente pieza de actuaciones es destruible, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Requerimiento a la parte quejosa. Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente.

  3. Principal

    Parte quejosa ratifica firma. Desechamiento. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del escrito de demanda, documentales anexas y escrito aclaratorio, se advierte que la solicitante de amparo reclama lo siguiente: i. Del jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, con sede en ********************, ********************: a. La orden de visita de verificación sanitaria ********************, de uno de septiembre de dos mil veintitrés. ii. Del verificador sanitario adscrito a la Jurisdicción Sanitaria VII, con sede en esta localidad: b. La ejecución de la orden de visita señalada en el inciso a, que derivó en la suspensión del negocio denominado "********************", localizado en calle ********************, número ******************** (********************), Colonia ********************, de esta ciudad de ********************, ********************. Precisado lo anterior, esta Juzgadora, estima que, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito Judicial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El citado precepto legal dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, imponiendo como requisito para la actualización de la referida causa de improcedencia, que la suspensión deberá de tener los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, no tener mayores requisitos que los que se prevén para la concesión de la suspensión definitiva y no ser decretada en un plazo mayor que el que se establece en la referida ley para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto sea susceptible de suspensión. Lo anterior, significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, y por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse éste de un medio extraordinario de defensa, los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legalmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto, la citada disposición legal dispone que en caso de que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, o bien, si en el informe justificado que al efecto rinda la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del mismo, la parte agraviada con el mismo no tiene obligación de agotar el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria. De igual forma, hay excepción al principio de definitividad cuando en los conceptos de violación sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese orden de ideas, de la transcripción del referido precepto legal y para que se actualice tal causa de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que tales actos deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; c) Que dichos actos, sean susceptibles de ser suspendidos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal; d) Que la citada suspensión se otorgue sin exigir mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independiente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley; y, e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Empero, en el caso que nos ocupa, la quejosa no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción arriba indicados (como se explicará en líneas subsecuentes), por lo que los actos reclamados en esta instancia son susceptibles de impugnarse en la vía ordinaria, tal como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ********************, en términos de los artículos 226 y 227 los cuales establecen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." Como se advierte, los citados preceptos establecen la procedencia del recurso de inconformidad o la impugnación ante la autoridad jurisdiccional de las resoluciones o actos administrativos, el cual no únicamente procede contra la sancionada, sino contra los interesados afectados. Por tanto, en contra de los actos consistentes en a) la orden de visita de verificación sanitaria ********************, de uno de septiembre de dos mil veintitrés, y b) la ejecución de la orden de visita señalada en el inciso a, que derivó en la suspensión del negocio denominado "********************", localizado en calle ********************, número ******************** (********************), Colonia ********************, de esta ciudad de ********************, ********************, procede indistintamente el recurso de inconformidad o impugnación directa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de ********************. Es así, porque los artículos 234 a 237 y 268 al 278 del referido código, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo; tal como se advierte a continuación: Inconformidad: "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: Lo solicite expresamente el recurrente; Se admita el recurso; No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa. Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad. Artículo 236. Los recurrentes a quienes se otorgue la suspensión del acto o la resolución administrativa, deberán garantizar, a satisfacción de la autoridad administrativa, cuando no se trate de créditos fiscales, los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros, en alguna de las formas siguientes: Billete de depósito expedido por institución autorizada; Fianza expedida por institución respectiva; Prenda; o Hipoteca. Artículo 237. La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución al recurso. Podrá revocarse por la autoridad administrativa, si se modificaran las condiciones bajo las cuales se otorgó." Juicio de Nulidad: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida. Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo. Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias. Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero. Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano. Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible. Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano. Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. Por su parte, los artículos del 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos reclamados, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento." En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] " "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.] " "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De ahí que sean menores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ******************** para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Conforme lo anterior explicado, resulta ser de observancia obligatoria en términos del artículo 217, de la Ley de amparo, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Tomo II, Abril de 2015, registro 2008891, Décima Época, de rubro: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ********************, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la quejosa debió interponer en tiempo y forma el recurso de inconformidad o impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta entidad federativa (según su elección) y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de, posteriormente, acudir al juicio de amparo. Además, como se adelantó, en el caso particular no se surte el supuesto de excepción previsto en el segundo párrafo del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Al efecto, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad; la falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa; en cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, sin embargo éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, en el primer acto tildado de inconstitucional (inciso a) la autoridad ordenadora invocó lo siguiente (foja 18): Por su parte, en el segundo acto reclamado (inciso b) la autoridad responsable ejecutora invocó la orden de visita tildada de inconstitucional -que contiene la fundamentación que se inserta en supralíneas-, además citó diversos artículos de la Ley General de Salud, como lo son los numerales 397, 404, fracciones VII, VIII, IX y X, 412, 414, y 414 (fojas 22 a 30); asimismo, precisó que el objeto de la visita era el de verificar el cumplimiento de la legislación y normatividad sanitaria vigente, así como las condiciones físicas y sanitarias del inmueble, verificar la documentación legal y técnica del establecimiento, anexar copias y, en caso de encontrar anomalías que pongan en riesgo a la salud de la población o el producto o el establecimiento incumpla con la legislación o normatividad sanitaria vigente se procedería a la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en la Ley General de Salud, así como realizar acciones de fomento sanitario para la prevención de enfermedades transmitidas por vector. Como se observa, los actos reclamados no se encuentran desprovistos de fundamentación y motivación, de ahí que no se esté en ese supuesto de excepción al principio de definitividad. Aunado a ello, tampoco se materializa el diverso supuesto de excepción en el sentido de que los recursos ordinarios o medios de defensa legales, se encontraran previstos en un reglamento; pues como se vio, se trata de una ley formal donde se establece su existencia, es decir, el medio de impugnación aludido no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley en sentido formal y material, como lo es el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ********************. A lo anterior se suma que en el particular no se alegan violaciones directas a la constitución, sino que los conceptos de violación se encuentran encaminados esencialmente a combatir cuestiones de legalidad. De ahí que la quejosa debió agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En razón de lo anterior, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se analiza. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Se ordena generación de versión pública de proveído. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 05/10/2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Parte quejosa ratifica firma. Desechamiento. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es pertinente precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del escrito de demanda, documentales anexas y escrito aclaratorio, se advierte que la solicitante de amparo reclama lo siguiente: i. Del jefe de la Jurisdicción Sanitaria VII, con sede en ********************, ********************: a. La orden de visita de verificación sanitaria ********************, de uno de septiembre de dos mil veintitrés. ii. Del verificador sanitario adscrito a la Jurisdicción Sanitaria VII, con sede en esta localidad: b. La ejecución de la orden de visita señalada en el inciso a, que derivó en la suspensión del negocio denominado "********************", localizado en calle ********************, número ******************** (********************), Colonia ********************, de esta ciudad de ********************, ********************. Precisado lo anterior, esta Juzgadora, estima que, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito Judicial, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El citado precepto legal dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rigen, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, imponiendo como requisito para la actualización de la referida causa de improcedencia, que la suspensión deberá de tener los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, no tener mayores requisitos que los que se prevén para la concesión de la suspensión definitiva y no ser decretada en un plazo mayor que el que se establece en la referida ley para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto sea susceptible de suspensión. Lo anterior, significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, y por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo, el quejoso deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse éste de un medio extraordinario de defensa, los quejosos deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legalmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Al respecto, la citada disposición legal dispone que en caso de que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, o bien, si en el informe justificado que al efecto rinda la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del mismo, la parte agraviada con el mismo no tiene obligación de agotar el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria. De igual forma, hay excepción al principio de definitividad cuando en los conceptos de violación sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese orden de ideas, de la transcripción del referido precepto legal y para que se actualice tal causa de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que tales actos deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; c) Que dichos actos, sean susceptibles de ser suspendidos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal; d) Que la citada suspensión se otorgue sin exigir mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, independiente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley; y, e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Empero, en el caso que nos ocupa, la quejosa no se encuentra en ninguno de los supuestos de excepción arriba indicados (como se explicará en líneas subsecuentes), por lo que los actos reclamados en esta instancia son susceptibles de impugnarse en la vía ordinaria, tal como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ********************, en términos de los artículos 226 y 227 los cuales establecen: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." Como se advierte, los citados preceptos establecen la procedencia del recurso de inconformidad o la impugnación ante la autoridad jurisdiccional de las resoluciones o actos administrativos, el cual no únicamente procede contra la sancionada, sino contra los interesados afectados. Por tanto, en contra de los actos consistentes en a) la orden de visita de verificación sanitaria ********************, de uno de septiembre de dos mil veintitrés, y b) la ejecución de la orden de visita señalada en el inciso a, que derivó en la suspensión del negocio denominado "********************", localizado en calle ********************, número ******************** (********************), Colonia ********************, de esta ciudad de ********************, ********************, procede indistintamente el recurso de inconformidad o impugnación directa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de ********************. Es así, porque los artículos 234 a 237 y 268 al 278 del referido código, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo; tal como se advierte a continuación: Inconformidad: "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: Lo solicite expresamente el recurrente; Se admita el recurso; No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa. Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad. Artículo 236. Los recurrentes a quienes se otorgue la suspensión del acto o la resolución administrativa, deberán garantizar, a satisfacción de la autoridad administrativa, cuando no se trate de créditos fiscales, los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros, en alguna de las formas siguientes: Billete de depósito expedido por institución autorizada; Fianza expedida por institución respectiva; Prenda; o Hipoteca. Artículo 237. La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución al recurso. Podrá revocarse por la autoridad administrativa, si se modificaran las condiciones bajo las cuales se otorgó." Juicio de Nulidad: "Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto no haya causado ejecutoria la sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. Artículo 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. Artículo 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida. Artículo 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo. Artículo 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias. Artículo 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero. Artículo 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano. Artículo 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible. Artículo 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano. Artículo 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." De lo transcrito se advierte que la regulación de la suspensión del acto impugnado contempla: a) El actor puede solicitar la suspensión desde su demanda o en cualquier momento del proceso, hasta antes de que se declare ejecutoriada la sentencia. b) Exige otorgar garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se causen al tercero con la suspensión del acto, si no se obtiene sentencia favorable. c) La suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si el actor no otorga la garantía señalada dentro de los cinco días siguientes (disposición similar a la contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo). d) No es procedente la medida cautelar cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público (disposición similar a la contenida en el artículo 128, fracción II de la ley de la materia). e) En asuntos de carácter administrativo, se concederá la suspensión con el requisito de garantizar el interés fiscal en cualquiera de las formas legales, dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, mientras que el artículo 135 la Ley de Amparo (respecto de cobro de contribuciones y aprovechamientos) supedita los efectos de la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes. Por su parte, los artículos del 128, 130, 131, 132, 135, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo, en lo atinente a la suspensión de los actos reclamados, establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento." En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. [.] " "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. [.] " "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 137. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios estarán exentos de otorgar las garantías que esta Ley exige." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente: Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De ahí que sean menores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ******************** para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Conforme lo anterior explicado, resulta ser de observancia obligatoria en términos del artículo 217, de la Ley de amparo, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Tomo II, Abril de 2015, registro 2008891, Décima Época, de rubro: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ********************, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la quejosa debió interponer en tiempo y forma el recurso de inconformidad o impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta entidad federativa (según su elección) y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de, posteriormente, acudir al juicio de amparo. Además, como se adelantó, en el caso particular no se surte el supuesto de excepción previsto en el segundo párrafo del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Al efecto, debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad; la falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa; en cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, sin embargo éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, en el primer acto tildado de inconstitucional (inciso a) la autoridad ordenadora invocó lo siguiente (foja 18): Por su parte, en el segundo acto reclamado (inciso b) la autoridad responsable ejecutora invocó la orden de visita tildada de inconstitucional -que contiene la fundamentación que se inserta en supralíneas-, además citó diversos artículos de la Ley General de Salud, como lo son los numerales 397, 404, fracciones VII, VIII, IX y X, 412, 414, y 414 (fojas 22 a 30); asimismo, precisó que el objeto de la visita era el de verificar el cumplimiento de la legislación y normatividad sanitaria vigente, así como las condiciones físicas y sanitarias del inmueble, verificar la documentación legal y técnica del establecimiento, anexar copias y, en caso de encontrar anomalías que pongan en riesgo a la salud de la población o el producto o el establecimiento incumpla con la legislación o normatividad sanitaria vigente se procedería a la aplicación de las medidas de seguridad establecidas en la Ley General de Salud, así como realizar acciones de fomento sanitario para la prevención de enfermedades transmitidas por vector. Como se observa, los actos reclamados no se encuentran desprovistos de fundamentación y motivación, de ahí que no se esté en ese supuesto de excepción al principio de definitividad. Aunado a ello, tampoco se materializa el diverso supuesto de excepción en el sentido de que los recursos ordinarios o medios de defensa legales, se encontraran previstos en un reglamento; pues como se vio, se trata de una ley formal donde se establece su existencia, es decir, el medio de impugnación aludido no se encuentra previsto en un reglamento, sino en una ley en sentido formal y material, como lo es el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de ********************. A lo anterior se suma que en el particular no se alegan violaciones directas a la constitución, sino que los conceptos de violación se encuentran encaminados esencialmente a combatir cuestiones de legalidad. De ahí que la quejosa debió agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En razón de lo anterior, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se analiza. Apoya lo anterior, por sus argumentos, la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de voz y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Se ordena generación de versión pública de proveído. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.".

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