Daniela Ríos Bastidas

Expediente 605/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
605/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/10/2018

Partes del expediente

  • Daniela Ríos Bastidas

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Acepta competencia. Téngase por recibido el oficio 14611/2018, enviado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que mediante proveído de diez de los corrientes, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, mismo que quedó registrado bajo el juicio de amparo 861/2018, de su índice. Orden de archivo. En razón de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en virtud de que no existe diligencia pendiente por desahogar remítase el presente cuadernillo al archivo definitivo. III. Destrucción del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente cuadernillo es susceptible de destrucción, en virtud de haberse declinado la competencia en el juicio de amparo 605/2018. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, tres de octubre de dos mil dieciocho. Relación del estado procesal de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte promovente no recurrió en queja el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. En ese tenor, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Se remite incompetencia. Ahora bien, toda vez que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, este juzgador consideró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Daniela Ríos Bastidas, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 300/2018, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, al constituir una sentencia definitiva que debe ser impugnada mediante el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. En atención a lo anterior remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, así como las copias relativas y del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, para los efectos del párrafo segundo del artículo 47 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Radicación. Ténganse por recibida la demanda de amparo promovida por Daniela Ríos Bastidas, por derecho propio. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 605/2018. Precisión de los actos reclamados. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la quejosa hace consistir los actos reclamados en: Notificación por lista de la resolución emitida el cuatro de junio de dos mil dieciocho, en el toca 300/2018, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa. La citada resolución de cuatro de junio del año en curso, por la cual se confirmó la sentencia definitiva apelada, dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio sumario civil hipotecario 230/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en la que se le condenó al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas. Desechamiento de demanda respecto del acto reclamado relativo a la notificación por lista de la resolución de segunda instancia. Con relación al acto reclamado consistente en la notificación por lista de la resolución emitida el cuatro de junio de dos mil dieciocho, en el toca 300/2018, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, que confirma la sentencia apelada de primer grado, este juzgador estima que se actualiza la causa notoria y manifiesta de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Se sostiene lo anterior, toda vez que la quejosa se duele de la notificación por lista de la resolución emitida el cuatro de junio de dos mil dieciocho, en el toca 300/2018, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en Culiacán, Sinaloa, que confirma la sentencia apelada de primer grado; acto respecto del cual la quejosa debió tramitar el medio de defensa legal que establece la ley ordinaria, previamente a la promoción del juicio de amparo. En efecto, la solicitante de amparo debió promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa; ello, en la medida que es la demandada en el juicio de origen 230/2017, parte activa en el mismo. Los preceptos legales antes invocados, disponen: "Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha." "Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento." "Artículo 78. El incidente de nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la parte contraria por tres días y resolución del juez dentro del mismo plazo. En caso de que las partes hubieren ofrecido prueba se proveerá lo conducente a su recepción, fijando fecha para el desahogo en una audiencia incidental, en todo caso sin suspensión del procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie será apelable en efecto devolutivo." De lo anterior, se desprende que si la quejosa es parte demandada en el juicio natural y mediante esta vía constitucional reclama la notificación por lista que le fue efectuada de la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, que tilda de ilegal, debió hacer valer el medio de defensa que establece la ley secundaria en contra de dicho acto, a través del incidente de nulidad de notificaciones, en términos de los artículos antes relacionados; medio de impugnación por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el referido acto, que debe agotar previamente antes de acudir al juicio constitucional, como premisa fundamental del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues jurídicamente a través de dicho medio ordinario de defensa, está en aptitud de combatirlo el acto que reclama, y al no hacerlo así, es claro que el juicio biinstancial resulta improcedente. Además, en el caso, concurren las condiciones que establece el citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, para la improcedencia del juicio constitucional, a saber: Se trata de un acto emitido por una autoridad judicial. Procede un recurso contra dicha actuación, por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada. El acto reclamado no afectan a personas extrañas a juicio. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, ni resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, no se trata de resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan y en sentido contrario, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA. Del contenido del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se sigue que el sistema de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, establece un distingo entre 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución. Con relación a los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento). Con relación a la segunda clase de actos, esto es, aquellos que son dictados después de concluido el juicio pero no vinculados con la fase ejecutiva, no se establece la prevención de postergar la procedencia del amparo y, por lo mismo, debe estimarse que el amparo indirecto es procedente de manera inmediata. Ahora bien, para determinar qué actos dictados después de concluido el juicio pertenecen a una u otra categoría, ha de establecerse cuándo inicia la ejecución de una sentencia. Ante la sentencia, la parte que ha sido vencida en juicio puede asumir una de dos actitudes: cumplirla o no cumplirla. En ambos casos es necesario que el Juez dicte, a instancia de parte, las medidas necesarias para lograr el contenido de la sentencia, aun en contra de la voluntad del vencido. En este orden, la interlocutoria que desestima el incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva si bien pertenece al ámbito de los actos dictados después de concluido el juicio, no pertenece a los dictados dentro de la fase propia de ejecución de sentencia, porque se refiere a un estadio independiente del en que la parte interesada excita al Juez de la causa a que inicie el procedimiento de ejecución. La finalidad del incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva, es nulificar el acto de comunicación procesal, que se estima viciado, a efecto de remediarlo. Como se puede apreciar, dicha resolución no pertenece a la esfera de la ejecución de sentencia, pues, primero, es independiente de la petición del interesado de que se cumpla con una sentencia; segundo, se dicta al margen de dicho procedimiento y, tercero, su efecto no es impedir propiamente la ejecución, sino nulificar un acto viciado. Así las cosas, debe concluirse que la sentencia interlocutoria que decide el incidente de nulidad de notificación de la sentencia definitiva no tiene la naturaleza de una resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia y, por ello, puede ser reclamada vía amparo indirecto de manera inmediata, previo agotamiento del principio de definitividad." (Novena Época. Registro 173621, Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, enero de 2007, materia común, tesis 1a./J. 77/2006, página 111). Así como la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguientes: "SENTENCIAS DEFINITIVAS. CONTRA SU FALTA DE NOTIFICACION, DEBE INTERPONERSE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, PREVIAMENTE A LA PROMOCION DEL JUICIO DE AMPARO. En cumplimiento a la jurisprudencia número 195, visible a foja 588 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO", el quejoso previamente a la promoción del juicio de garantías debe hacer valer contra la falta de notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, el incidente de nulidad de actuaciones. En caso de no hacerlo, el juicio de amparo debe declararse improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo." (Novena Época. Registro 201620. Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, agosto de 1996, materia civil, tesis VI.3o. J/9, página 592). Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, procede desechar la demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia, únicamente respecto al citado acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Incompetencia. En diverso orden, en cuanto al acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de junio del año en curso, dictada en el toca 300/2018, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por la cual se confirmó la sentencia definitiva apelada dictada el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio sumario civil hipotecario 230/2017, este juzgador considera que carece de competencia legal para conocer de tal acto, por lo siguiente: El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, establece en lo conducente, que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Por su parte, el numeral 34, primer párrafo, de la ley de la materia, establece que los tribunales colegiados de circuito son los competentes para conocer del juicio de amparo directo. Puntualizado lo anterior, como se dijo, el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca 300/2018, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, que confirma la sentencia condenatoria apelada, dictada en el juicio de origen. En ese sentido, al constituir el acto reclamado una sentencia definitiva dictada por un tribunal judicial, se estima que en el presente caso se surte la hipótesis que se establece en los artículos invocados, en tanto corresponde a los tribunales colegiados conocer de los amparos promovidos contra sentencias definitivas. Por ello, con apego al artículo 47 de la ley de la materia, este juez de Distrito declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Daniela Ríos Bastidas, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, emitida en el toca de apelación 300/2018, por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, al constituir una sentencia definitiva que debe ser impugnada mediante el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. En consecuencia, una vez que quede firme la presente determinación, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada de la papeleta de turno y demanda de amparo, así como las copias relativas, para los efectos del párrafo segundo del mencionado artículo 47. Fórmese el cuaderno correspondiente. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 6/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." (Décima Época. Registro 2008791. Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, abril de 2015, Tomo I, materia común, tesis P./J. 6/2015 (10a.), página 95). VI. Domicilio y autorizados. Téngase como su domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda, y como su autorizado en los términos amplios a que refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Javier Orozco Lozano, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se autoriza en los términos restringidos del citado numeral a Pedro Esquer Beltrán, esto es, sólo para oír notificación e imponerse de los autos, en virtud de no encontrarse registrado en el sistema referido. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 tercer párrafo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. VIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

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