Daniela Ramirez Moreno

Expediente 4608/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4608/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Daniela Ramirez Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual solicita una prorroga a efecto de estar en condiciones de dar cumplimiento a lo ordenado en autos; atento a lo solicitado, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, en relación con el diverso numeral 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, este juzgador le concede una prórroga de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a que surta sus efectos la notificación del presente proveído, asimismo, se le hace de su conocimiento que le subsiste el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, agréguese el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual manifiesta que para estar en condiciones de emitir la suficiencia presupuestal y título de crédito, necesita la planilla de liquidación para el ejercicio fiscal 2022; en atención a su contenido, y de una revisión de autos se advierte que en proveído de quince de junio del presente año, se tuvo por recibido el oficio de dos del citado mes y año, signado por la Directora de Operación y Control de Pago de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual exhibió la planilla de liquidación actualizada a favor del quejoso; en esas condiciones, a efecto de que la autoridad en comento esté en condiciones de dar cumplimento a la sentencia de amparo, remítase la misma. En consecuencia a lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación de este proveído, en su carácter de autoridad vinculada, remita la suficiencia presupuestal por el ejercicio fiscal 2022 y el título de crédito, a efecto de que se pueda continuar con los trámites tendientes al pago a favor del quejoso. Apercibida que, de no llevar a cabo tales actos, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo. No obstante, hágase del conocimiento de la autoridad requerida, que aun cuando deje su respectivo puesto, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL, durante el tiempo que duró su encargo y que por esa razón, también podrá ser consignada en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional y 193 de la citada legislación. Finalmente, téngase por recibida la minuta que remite el Director de Relaciones Laborales y Prestaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual comunica las gestiones que realiza a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De lo que este Juzgado Auxiliar, queda debidamente enterado. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, como esta ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal, y en estricto acatamiento a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el amparo de revisión 896/2020 de su índice, atendiendo a lo resuelto por el referido Tribunal de Alzada, se tuvo por ampliada la demanda respecto de las autoridades y actos que en seguida se precisan: -Oficio 312 A-00260 signado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -Dictamen regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741 emitido por la Directora de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y Financiero, adscrita a la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de ampliación de demanda, se requiere a las autoridades responsables se requiere únicamente a las nuevas autoridades responsables, a saber, Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Directora de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y Financiero, adscrita a la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que rindan su informe previo, el cual deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado. Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, así como ofrecer pruebas documentales y de inspección judicial, y excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. Así, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: " SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión provisional en relación con los actos por los que se tuvo por ampliada la demanda en acatamiento a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de revisión 896/2020 de su índice. En consecuencia, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados, esto es, la emisión, efectos y consecuencias de: -El Oficio 312 A-00260 signado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -El Dictamen regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741 emitido por la Directora de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y Financiero, adscrita a la Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Por lo que, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto del acto referido. Entonces, con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión, se analizarán en orden los siguientes aspectos: I. La certeza de los actos reclamados II. Si su naturaleza permite su paralización III. Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo IV. Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. De ahí que, respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar, lo procedente es negar la suspensión provisional. Lo anterior es así, ya que de otorgar la medida cautelar se le otorgarían irremediablemente efectos restitutorios que solo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección constitucional. Cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del Juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en el presente caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que la parte quejosa llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por tanto, se niega la suspensión porque el acto motivo de estudio tiene efectos exclusivos de la sentencia de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 315, del tomo XXX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." En efecto, de otorgarse la suspensión provisional se estarían abordando aspectos que forman parte del estudio del fondo del asunto (teniendo efectos restitutorios a la suspensión), de ahí que resulte improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CII, página 74, que dice: "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados." Consecuentemente, debe negarse la suspensión de los actos reclamados respecto de los que se tuvo por ampliada la demanda que dio origen al juicio del que deriva esta incidencia. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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