Daniela Patricia Valenzuela Rangel

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 29 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
29
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Daniela Patricia Valenzuela Rangel
  • DANIELA PATRICIA VALENZUELA RANGEL y Otros.
  • Guadalupe Alonso Valenzuela
  • PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio conocido en palacio Nacional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se observa que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por tanto, de conformidad con el inciso c) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término decretado en proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa se manifestara en relación a la vista contenida en dicho acuerdo, relativa al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de garantías; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Atento lo anterior y el estado que guardan los autos, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable Directora Juridica y de Normatividad del Organismo Público denominado Servicios de Salud de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa. El quejoso, en esta vía constitucional, reclamó: "La omisión de incorporar en los programas de vacunación a los menores y de implementar una estrategia de inmunización del grupo etano de 12 hasta antes de los 18 años edad, y eh consecuencia la negativa paria que puedan ser vacunados contra el virus SARS-CdV2 o COVID-19, no obstante ser de gravedad y extrema urgencia, cuando se ha tornado la decisión de las responsables de dar apertura a las clases grupales presenciales de los menores, sin un programa de prevención o vacunación y riesgo que sería incrementado con dicha decisión del ejecutivo, cuando se ha venido detectando en esas edades casos' de contagio del virus SARS-COV2 o COVID-119, poniendo en riesgo la salud y la 'vida de la menor quejosa quien, merece y debe ser protegida.". La protección constitucional se le concedió al impetrante para el efecto de que: "El amparo solicitado por la aquí menor quejosa con iniciales D. P. V. R., es el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, las autoridades responsables Presidente de la República (por conducto de la Secretaría de Salud) y Secretario de Salud; en el ámbito de sus atribuciones: 1. Incluyan a la quejosa, de acuerdo con su edad acreditada, en el grupo etario correlativo de la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", con independencia de que cuente con comorbilidades o no. 2. Realicen las gestiones necesarias para que se le aplique el esquema completo de la vacuna contra la COVID-19, del laboratorio -Pfizer-BioNTech- o, de ser el caso, de cualquier otro biológico, dependiendo de la disponibilidad, siempre y cuando cuente en ese momento con autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para su aplicación al grupo etario al que pertenece la solicitante del amparo. Asimismo, con relación a la ejecución de los efectos de la presente sentencia, se vincula a la Secretaria de Salud en el Estado de Sinaloa y a la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Sinaloa, ambos con sede en Culiacán, para su estricto cumplimiento, en el entendido de que, el papel de estas autoridades dentro de la denominada "Brigada Correcaminos" (creada para la ejecución de la Política Nacional de Vacunación) son los encargados de coordinarse en el Estado de Sinaloa, para el apoyo en la logística de aplicación de la vacuna para la prevención y mitigación del virus Sars-CoV2. Para lo anterior, la responsable debería realizar las siguientes acciones: Ahora, la autoridad responsable Directora Juridica y de Normatividad del Organismo Público denominado Servicios de Salud de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, en su oficio DJN/1223/2022, presentado ante este juzgado el dos de junio del año en curso, en el que informó que, en diversos medios de comunicación o redes sociales, se advierte que el delegado para el Desarrollo del Estado de Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendivil, manifestó que, a partir del tres de mayo pasado, comenzó la jornada de vacunación contra el COVID-19 en adolescentes de 12, 13 y 14 años en Sinaloa, informando que los interesados en recibir la inoculación en el municipio de Culiacán, pueden asistir a las instalaciones del Parque Constitución y la novena zona militar, a partir de las nueve de la mañana de la citada fecha. Entonces, como se vio, la responsable realizó las acciones tendentes al cumplimiento del fallo protector, lo que se aprecia de las constancias remitidas por el delegado de la misma y de las cuales la parte quejosa fue notificada vía electrónica el seis de junio de dos mil veintidós, por lo que ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE DEBE DE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, con el que informa no ha recibido el oficio en el que le fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio; agréguese sin mayor proveído, ello en razón a que ya obra en autos el acuse de recibo respecto a esa autoridad.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por la Directora Jurídica y de Normatividad del Organismo Público denominado Servicios de Salud de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, con el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria; por tanto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con ese oficio, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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