Daniela Ortega Uribe

Expediente 967/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
967/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
22/04/2022

Partes del expediente

  • Daniela Ortega Uribe
  • Juez Cuadragésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal y por otro se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 967/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 967/2021, promovido por ******, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que se violaron en su perjuicio los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Previa aclaración, la demanda se admitió por auto de veinticinco de noviembre siguiente. En ese acuerdo se dio intervención a la representación social de la adscripción; se requirió informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó llamar a la parte tercera interesada; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se aprecia que las responsables rindieron su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no tuvo intervención, la parte tercera interesada fue emplazada, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V y VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso *****, seguido ante un ****** con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción SEGUNDO. Precisión. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: La quejosa se ostenta tercera extraña al juicio ***** del índice del Juzgado Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México, es decir, se duele de no haber sido oída y vencida ese proceso. En esos términos reclama la orden de desalojo del inmueble materia de la controversia, identificado como *****; y La orden de embargo emitida en el proceso, la cual, conforme a las constancias del proceso, se advierte que se dictó en el auto admisorio de once de octubre de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado el Juez responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama, específicamente por lo que hace al reconocimiento de la tramitación del juicio de origen y la emisión del auto admisorio que contiene una orden de embargo contra la demandada, aquí quejosa en caso de no estar al corriente en el pago de rentas. No obstante lo anterior, atento al estado procesal del asunto de origen, se advierte que no hay sentencia condenatoria o mandamiento de evicción o desposesión; por lo que la existencia de los reclamos, solo está acreditada parcialmente, pues hay ausencia de una orden de lanzamiento del inmueble litigioso. Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas que remitió en apoyo a su informe, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Por su parte, el actuario adscrito al ***** responsable se adhirió al rendido por el titular de su adscripción. CUARTO. Inexistencia de la orden de lanzamiento o desposesión contra la quejosa. Como se advierte del contenido del informe justificado del juez, particularmente de sus constancias anexas, y conforme a las razones expuestas en el considerando anterior, aun cuando el juicio de arrendamiento existe y se emitió una orden de embargo en caso de que la quejosa no esté al corriente en el pago de las rentas; lo cierto es que en dicho proceso, no se ha dictado sentencia definitiva ni mandamiento que imponga aún la desposesión del bien materia de la controversia. De ahí que por lo que hace a ese mandato en específico, pueda deba declararse la inexistencia del reclamo y sobreseer el asunto en este punto en particular. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias remitidas por la autoridad, conforme a las cuales, se aprecia que cuando la autoridad admitió a trámite el asunto, éste aun no se resuelve y no tiene una orden de lanzamiento; lo que evidencia que este aspecto particular del reclamo es inexistente. Además, la parte quejosa fue omisa en desvirtuar tales señalamientos del informe mediante el ofrecimiento de elementos de convicción idóneos y oportunos; y por ello, se debe considerar inexistente el acto reclamado consistente en la orden de desposesión del bien litigioso, dado que del juicio de origen, no se advierte dicho mandamiento. Al caso es aplicable la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988 bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". También la Jurisprudencia VI.20 J/308, visible en la página 77, del tomo XIII, Agosto de 1994, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ante la inexistencia de dicho acto, atribuido al juez responsable, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la Materia, procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, de la Octava Época, en Materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, visible en la página 627, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Antecedentes. Previo a abordar el análisis correspondiente, es pertinente narrar los orígenes del acto reclamado, derivados de las actuaciones de origen. I. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la actora y aquí tercera interesada promovió juicio ***** contra la quejosa, demandando la terminación del contrato, la desocupación del inmueble; y el pago de rentas vencidas, adeudos por servicios, intereses, daños y perjuicios y costas. II. La Jueza Cuadragésimo de lo Civil de esta ciudad, quien conoció del juicio controversia de arrendamiento *****, dictó el auto que admitió la demanda el once de octubre de dos mil veintiuno, que en la parte que nos interesa, señala: ". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles, REQUIÉRASE Y EMPLÁCESE AL(LOS) DEMANDADO(S) en el domicilio que para tal efecto indica la parte actora en el escrito que se provee, para efectos de embargo en el capítulo de arrendamiento correspondiente, para que en el momento de la diligencia acredite(n) con los recibos de renta correspondientes estar al corriente con el pago de las rentas reclamadas y no haciéndolo EMBÁRGUESELE(S) BIENES de su propiedad suficientes a garantizar las rentas adeudadas, bienes que serán puestos en depósito de la persona que bajo la responsabilidad de la parte actora designe en el momento de la diligencia. Precisando que el requerimiento de pago de rentas respectivo deberá llevarse a cabo en el domicilio materia del arrendamiento en términos de lo ordenado en los preceptos legales invocados en líneas que anteceden. ." Este auto constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. La parte tercera interesada, mediante ocursos con registro 166698 y 17313, manifestó que el presente asunto debe sobreseerse y al efecto indicó que por el estado procesal del asunto, es decir, trámite sin sentencia, a la quejosa no se le agravia o afecta aún -no tiene efectos contra la demandada-; y además, puede hacer valer el recurso de apelación contra la orden de embargo. Lo anterior es suficiente a criterio del suscrito para tener por invocadas de su parte, las causales previstas en las fracciones XII y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.). Sin embargo, dichas causales deben desestimarse, pues por lo que hace al agravio, se considera que más allá del carácter de tercera extraña que detenta -y que será ****** individualmente- la existencia del mandamiento de embargo en caso de no acreditar estar al corriente en el pago de rentas, es un acto inminente y que sí hace posible su análisis en la sede constitucional aun cuando no se haya ejecutado. Al respecto, se invoca la tesis con registro digital: 237796 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "ACTOS INMINENTES, AMPARO PROCEDENTE CONTRA LOS. Es procedente el juicio de amparo en contra de los actos que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos." En esta tesitura, no es de acogerse el planteamiento de improcedencia sobre el efecto y agravio que pueda causar dicho mandamiento, pues ameritaría un análisis más profundo del asunto en cuanto a los alcances de la orden inminente, lo que disocia de la actualización de causales de improcedencia. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Por otro lado, respecto de la necesidad de agotar el recurso de apelación contra el mandamiento de embargo, tampoco es de dar razón a la tercera interesada en este punto, ya que no es un recurso idóneo porque por su configuración legal, ese medio de defensa es de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, lo que coartaría las posibilidades de defensa efectiva de la quejosa, al permitir primero su consumación y luego su revisión. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/6 K (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2866, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PUEDE PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTARLO, SI UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ES IDÓNEO PARA REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO, PERO NO RESULTA EFICAZ PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL QUEJOSO. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto porque estimó que la quejosa no agotó el principio de definitividad, motivo por el cual interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo y que ratifican su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios. Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no para los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos: I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa; y, ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo." Y por su contenido, también se invoca el criterio I.14o.C.27 C (10a.) con registro digital: 2017904. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2377, que establece: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. NO ES RECURSO IDÓNEO PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN O NULIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO PRACTICADA EN UN JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). De la interpretación armónica de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierten como requisitos para la idoneidad y eficacia de los recursos, los siguientes, en relación con el primero, que: i) esté previsto y regulado por la ley ordinaria; ii) se tramite y resuelva dentro del procedimiento, esto es, antes de que concluya con sentencia definitiva; y, iii) sea aplicable en la circunstancia específica; en relación con el segundo: i) tener la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido; ii) ser capaz de producir una decisión dentro de un plazo razonable; y, iii) que se desahogue con la debida diligencia; de tal manera que si la ley ordinaria no establece el recurso o éste no es adecuado y eficaz, o no se le permitió al justiciable agotar el recurso, o bien, promoviéndolo las autoridades no lo han tramitado con la debida diligencia y no han producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso, o la propia norma le permite renunciar a ellos, es acertado que opere una excepción a la observancia del principio de definitividad. Por su parte, el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé que cuando se demande el pago de dos o más rentas atrasadas, la actora podrá solicitar al Juez que requiera a la demandada para que acredite el pago con los recibos correspondientes o escritos de consignación sellados y, de no hacerlo, embargar bienes suficientes para cubrirlas: en tanto que el artículo 964 del mismo código, establece que los incidentes en las controversias de arrendamiento no suspenden el procedimiento y se tramitan conforme al diverso artículo 88, pero que la resolución se pronuncia en la audiencia del juicio conjuntamente con la sentencia definitiva. Conforme a lo anterior, se estima que si el numeral 962 referido, concede al actor la posibilidad de trabar embargo, dicho acto puede impugnarse inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, dado que el incidente de nulidad no es idóneo ni eficaz para revocar, modificar o nulificar el embargo trabado para cubrir rentas adeudadas, ya que la tramitación y sustanciación de esa incidencia resulta ineficaz, pues se resolverá hasta la sentencia definitiva; de ahí que se actualice una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo." De ahí que las causales de improcedencia invocadas por la parte tercera interesada, no prosperen en este asunto. No obstante lo anterior, ya que el análisis de dicha cuestión es procedente de manera oficiosa. Debe decirse que este órgano advierte que por lo que hace al carácter de tercera extraña al proceso de origen, alegándose una falta de llamamiento al proceso, la presente acción sí es improcedente; en términos de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107 fracción VI aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque del informe rendido por el juez responsable, se aprecia que la quejosa aún no ha sido emplazada al controvertido natural y aún no se ha dictado sentencia definitiva; de modo que conforme al estado de trámite o substanciación que guarda el procedimiento de origen, la quejosa puede desplegar su defensa ante el juez de origen, es decir, no está en un estado de indefensión, que es lo que caracteriza al tercero extraño. En efecto, considerando que aún no se ha dictado sentencia ni se ha emplazado a la impetrante, de acuerdo a las constancias remitidas en justificación de su actos por el juez de la causa, a la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña, con lo cual se actualiza la improcedencia a que se ha hecho referencia. Para tal fin debe considerarse que el tercero extraño es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es quien no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora bien, conforme al criterio del Máximo Tribunal del País, cuando la quejosa está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, la impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, cuyo rubro y texto es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En la especie, de las constancias remitidas por el juez responsable se aprecia que la quejosa aún no ha sido emplazada al controvertido natural, por tanto la relación procesal no se ha integrado y por ello no se ha dictado sentencia definitiva que resuelva el juicio primigenio, de modo que es dable afirmar que el juicio de origen se encuentra en trámite, lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas (de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo) y por tanto, la quejosa está en plenas condiciones de incorporarse a la contienda y hacer valer los medios de defensa que correspondan, contra las decisiones que dicte o haya dictado el juez de origen. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." En concordancia con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente por lo que hace a la falta de llamamiento con el carácter de tercera extraña al proceso natural, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107 fracción VI aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y consecuentemente, se debe sobreseer el juicio respecto del acto señalado con el inciso a) precisado en esta sentencia, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Al no haberse invocado más causales, y toda vez que el suscrito considera, en un ejercicio oficioso, que no se actualiza alguna otra en el presente asunto, entonces se procede realizar el estudio de fondo. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación, por lo que hace al reclamo consistente en la orden de embargo decretada el once de octubre de dos mil veintiuno. La parte quejosa sostiene que la autoridad violentó sus derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, así como el derecho a una vivienda, por lo siguiente: De acuerdo al artículo 14 de la Constitución Federal, todo acto privativo debe estar precedido de un proceso donde se sigan diversas formalidades que permitan una auténtica defensa. Por otro lado, conforme al artículo 16 de la Ley Fundamental todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Lo anterior se ve transgredido por las autoridades quienes pretenden ejecutar contra la quejosa mediante embargo y desposesión, cuando ella siempre ha cumplido con sus deberes contractuales y ahora no se le da oportunidad de defensa ni audiencia. Para apoyar su postura cita diversos precedentes que versan sobre el debido proceso y sus formalidades esenciales; y el principio de legalidad. Decisión: Los conceptos de violación son inoperantes, pues no atacan los argumentos torales del acto reclamado. Cabe precisar que eta calificación obedece a que la quejosa no está en estado de indefensión, de acuerdo a lo que en este fallo se ha explicado. En efecto, al estar la quejosa en condiciones de incorporarse al juicio y no tener el carácter de tercera extraña, no queda en estado de indefensión y por ende no es procedente suplir la deficiencia de la queja. Al respecto se cita la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." En el caso, los señalamientos en que la quejosa sostiene que se violenta su derecho a la vivienda y al debido proceso, son inatendibles dado que son cuestiones que fundamentalmente se han superado por lo expuesto en este fallo, en el sentido de que la orden de lanzamiento o desahucio no existe; y por el estado procesal del asunto, está en plenas condiciones de hacer valer su defensa ante la autoridad, como se explica en la citada jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, es claro que los asertos que se hacen en torno a la violación de dichos derechos son inoperantes por partir de cuestiones previamente desestimadas. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Por otro lado, los restantes señalamientos en torno a una violación al principio de legalidad, también son inoperantes por carecer de un desarrollo específico que frontalmente ataque los argumentos, fundamentos y razones dadas por la autoridad en el auto de once de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." Así, los argumentos no debían versar únicamente en la inobservancia al principio de audiencia, alegando una violación al principio de legalidad; sino que se debió cuestionar o combatir frontalmente aquello que el Juez sostuvo para emitir su auto, como fue la determinación de su competencia y la vía considerando como referencia el documento base y el tipo de acción planteada; y que el requerimiento formulado para que la demandada acreditara estar al corriente de los pagos de renta, se hizo con apoyo en los artículos 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, lo cual debía llevarse en una diligencia a practicar en el domicilio materia de la renta. Por lo tanto, la viabilidad de tales cuestiones de hecho y derecho, y que motivaron la emisión del acto reclamado son lo que debió atacar la demandante; y no limitarse a señalar de manera genérica una violación a los principios de audiencia y legalidad, pues al haberse hecho así, la consecuencia es declarar inoperantes tales manifestaciones. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama." No pasa inadvertido que la parte quejosa invocó diversos criterios en su demanda, empero, al declararse inoperantes sus conceptos de violación, no hay mayor razón para abordar los aspectos inherentes sobre su aplicabilidad al caso. Orienta lo anterior, el criterio jurisprudencial VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, en Materia(s): Común, Página: 3552, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo." Así, se concluye que los conceptos de violación hechos valer son inoperantes, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal al demandante. Máxime que en el presente asunto la quejosa no estuvo en estado de indefensión por las razones expuestas; y tratándose de un caso de arrendamiento, no opera la suplencia total (incluyendo temas omitidos), en términos del último párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo,como sí ocurre, por ejemplo, en materia penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, respecto de menores e incapaces; asuntos agrarios; o en situaciones de pobreza o marginación. Por analogía, se invoca la tesis jurisprudencial P./J. 5/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materias(s): Común, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica." Negativa que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ****, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la orden de desposesión del bien litigioso; y la falta de llamamiento, ostentando el carácter de tercera extraña, atento a las razones precisadas en los considerandos cuarto y sexto. Segundo. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra el acto atribuido al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, donde se previó un embargo contra la quejosa en su carácter de demandada, por las razones precisadas en el considerando séptimo. NOTIFÍQUESE LEGALMENTO COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, hasta hoy dieciséis de marzo de dos mil veintidós, día en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL AVISO QUE SE DEJÓ EL 18 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN TERMINADA DE ENGROSAR EL 16 DE MARZO DE 2022, QUE EN SÍNTESIS DICE: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 967/2021, promovido por .., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por estimar que se violaron en su perjuicio los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y substanciación del proceso. Previa aclaración, la demanda se admitió por auto de veinticinco de noviembre siguiente. En ese acuerdo se dio intervención a la representación social de la adscripción; se requirió informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó llamar a la parte tercera interesada; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se aprecia que las responsables rindieron su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no tuvo intervención, la parte tercera interesada fue emplazada, y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción V y VI de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso ., seguido ante un .. con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción SEGUNDO. Precisión. Conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en los siguientes términos: La quejosa se ostenta tercera extraña al juicio . del índice del Juzgado Cuadragésimo Civil de la Ciudad de México, es decir, se duele de no haber sido oída y vencida ese proceso. En esos términos reclama la orden de desalojo del inmueble materia de la controversia, identificado como ..; y La orden de embargo emitida en el proceso, la cual, conforme a las constancias del proceso, se advierte que se dictó en el auto admisorio de once de octubre de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia. Al rendir su informe justificado el Juez responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama, específicamente por lo que hace al reconocimiento de la tramitación del juicio de origen y la emisión del auto admisorio que contiene una orden de embargo contra la demandada, aquí quejosa en caso de no estar al corriente en el pago de rentas. No obstante lo anterior, atento al estado procesal del asunto de origen, se advierte que no hay sentencia condenatoria o mandamiento de evicción o desposesión; por lo que la existencia de los reclamos, solo está acreditada parcialmente, pues hay ausencia de una orden de lanzamiento del inmueble litigioso. Lo anterior se corrobora con las constancias certificadas que remitió en apoyo a su informe, documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Por su parte, el actuario adscrito al .. responsable se adhirió al rendido por el titular de su adscripción. CUARTO. Inexistencia de la orden de lanzamiento o desposesión contra la quejosa. Como se advierte del contenido del informe justificado del juez, particularmente de sus constancias anexas, y conforme a las razones expuestas en el considerando anterior, aun cuando el juicio de arrendamiento existe y se emitió una orden de embargo en caso de que la quejosa no esté al corriente en el pago de las rentas; lo cierto es que en dicho proceso, no se ha dictado sentencia definitiva ni mandamiento que imponga aún la desposesión del bien materia de la controversia. De ahí que por lo que hace a ese mandato en específico, pueda deba declararse la inexistencia del reclamo y sobreseer el asunto en este punto en particular. Lo anterior se corrobora con el contenido de las constancias remitidas por la autoridad, conforme a las cuales, se aprecia que cuando la autoridad admitió a trámite el asunto, éste aún no se resuelve y no tiene una orden de lanzamiento; lo que evidencia que este aspecto particular del reclamo es inexistente. Además, la parte quejosa fue omisa en desvirtuar tales señalamientos del informe mediante el ofrecimiento de elementos de convicción idóneos y oportunos; y por ello, se debe considerar inexistente el acto reclamado consistente en la orden de desposesión del bien litigioso, dado que del juicio de origen, no se advierte dicho mandamiento. Al caso es aplicable la Jurisprudencia número 1002, visible a fojas 1621 de la Segunda Parte, Volumen IV, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1988 bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. Negativa de los actos atribuidos a las autoridades. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". También la Jurisprudencia VI.20 J/308, visible en la página 77, del tomo XIII, Agosto de 1994, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ante la inexistencia de dicho acto, atribuido al juez responsable, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de la Materia, procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, de la Octava Época, en Materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, visible en la página 627, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." QUINTO. Antecedentes. Previo a abordar el análisis correspondiente, es pertinente narrar los orígenes del acto reclamado, derivados de las actuaciones de origen. I. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintiuno, la actora y aquí tercera interesada promovió juicio .. contra la quejosa, demandando la terminación del contrato, la desocupación del inmueble; y el pago de rentas vencidas, adeudos por servicios, intereses, daños y perjuicios y costas. II. La Jueza Cuadragésimo de lo Civil de esta ciudad, quien conoció del juicio controversia de arrendamiento .., dictó el auto que admitió la demanda el once de octubre de dos mil veintiuno, que en la parte que nos interesa, señala: ". Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles, REQUIÉRASE Y EMPLÁCESE AL(LOS) DEMANDADO(S) en el domicilio que para tal efecto indica la parte actora en el escrito que se provee, para efectos de embargo en el capítulo de arrendamiento correspondiente, para que en el momento de la diligencia acredite(n) con los recibos de renta correspondientes estar al corriente con el pago de las rentas reclamadas y no haciéndolo EMBÁRGUESELE(S) BIENES de su propiedad suficientes a garantizar las rentas adeudadas, bienes que serán puestos en depósito de la persona que bajo la responsabilidad de la parte actora designe en el momento de la diligencia. Precisando que el requerimiento de pago de rentas respectivo deberá llevarse a cabo en el domicilio materia del arrendamiento en términos de lo ordenado en los preceptos legales invocados en líneas que anteceden. ." Este auto constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo se debe estudiar de oficio por el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. La parte tercera interesada, mediante ocursos con registro 166698 y 17313, manifestó que el presente asunto debe sobreseerse y al efecto indicó que por el estado procesal del asunto, es decir, trámite sin sentencia, a la quejosa no se le agravia o afecta aún -no tiene efectos contra la demandada-; y además, puede hacer valer el recurso de apelación contra la orden de embargo. Lo anterior es suficiente a criterio del suscrito para tener por invocadas de su parte, las causales previstas en las fracciones XII y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.). Sin embargo, dichas causales deben desestimarse, pues por lo que hace al agravio, se considera que más allá del carácter de tercera extraña que detenta -y que será ****** individualmente- la existencia del mandamiento de embargo en caso de no acreditar estar al corriente en el pago de rentas, es un acto inminente y que sí hace posible su análisis en la sede constitucional aun cuando no se haya ejecutado. Al respecto, se invoca la tesis con registro digital: 237796 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, en Materias(s): Común, que dispone: "ACTOS INMINENTES, AMPARO PROCEDENTE CONTRA LOS. Es procedente el juicio de amparo en contra de los actos que, aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos." En esta tesitura, no es de acogerse el planteamiento de improcedencia sobre el efecto y agravio que pueda causar dicho mandamiento, pues ameritaría un análisis más profundo del asunto en cuanto a los alcances de la orden inminente, lo que disocia de la actualización de causales de improcedencia. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 187973. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Materia(s): Común, página: 5, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Por otro lado, respecto de la necesidad de agotar el recurso de apelación contra el mandamiento de embargo, tampoco es de dar razón a la tercera interesada en este punto, ya que no es un recurso idóneo porque por su configuración legal, ese medio de defensa es de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, lo que coartaría las posibilidades de defensa efectiva de la quejosa, al permitir primero su consumación y luego su revisión. Al respecto se invoca la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/6 K (11a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 2866, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PUEDE PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTARLO, SI UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ES IDÓNEO PARA REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO, PERO NO RESULTA EFICAZ PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL QUEJOSO. Hechos: El Juez de Distrito desechó la demanda de amparo indirecto porque estimó que la quejosa no agotó el principio de definitividad, motivo por el cual interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando un recurso o medio ordinario de defensa, aunque sea idóneo para revocar, modificar o nulificar el acto reclamado no resulte eficaz para salvaguardar los derechos del quejoso, por su propia naturaleza, por la forma en que se regule su sustanciación o por las circunstancias especiales que se presenten en determinado caso concreto, el particular podrá promover de inmediato el juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar el principio de definitividad. Justificación: Lo anterior, porque el principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo y que ratifican su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios. Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo; hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no para los actos propiamente administrativos, pues respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto. Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previamente a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos: I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; y, II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe: i. Permitir al particular el despliegue pleno de su derecho de defensa; y, ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad. Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo." Y por su contenido, también se invoca el criterio I.14o.C.27 C (10a.) con registro digital: 2017904. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, página 2377, que establece: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. NO ES RECURSO IDÓNEO PARA OBTENER LA MODIFICACIÓN, REVOCACIÓN O NULIFICACIÓN DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO PRACTICADA EN UN JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). De la interpretación armónica de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierten como requisitos para la idoneidad y eficacia de los recursos, los siguientes, en relación con el primero, que: i) esté previsto y regulado por la ley ordinaria; ii) se tramite y resuelva dentro del procedimiento, esto es, antes de que concluya con sentencia definitiva; y, iii) sea aplicable en la circunstancia específica; en relación con el segundo: i) tener la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido; ii) ser capaz de producir una decisión dentro de un plazo razonable; y, iii) que se desahogue con la debida diligencia; de tal manera que si la ley ordinaria no establece el recurso o éste no es adecuado y eficaz, o no se le permitió al justiciable agotar el recurso, o bien, promoviéndolo las autoridades no lo han tramitado con la debida diligencia y no han producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso, o la propia norma le permite renunciar a ellos, es acertado que opere una excepción a la observancia del principio de definitividad. Por su parte, el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, prevé que cuando se demande el pago de dos o más rentas atrasadas, la actora podrá solicitar al Juez que requiera a la demandada para que acredite el pago con los recibos correspondientes o escritos de consignación sellados y, de no hacerlo, embargar bienes suficientes para cubrirlas: en tanto que el artículo 964 del mismo código, establece que los incidentes en las controversias de arrendamiento no suspenden el procedimiento y se tramitan conforme al diverso artículo 88, pero que la resolución se pronuncia en la audiencia del juicio conjuntamente con la sentencia definitiva. Conforme a lo anterior, se estima que si el numeral 962 referido, concede al actor la posibilidad de trabar embargo, dicho acto puede impugnarse inmediatamente en el juicio de amparo indirecto, dado que el incidente de nulidad no es idóneo ni eficaz para revocar, modificar o nulificar el embargo trabado para cubrir rentas adeudadas, ya que la tramitación y sustanciación de esa incidencia resulta ineficaz, pues se resolverá hasta la sentencia definitiva; de ahí que se actualice una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo." De ahí que las causales de improcedencia invocadas por la parte tercera interesada, no prosperen en este asunto. No obstante lo anterior, ya que el análisis de dicha cuestión es procedente de manera oficiosa. Debe decirse que este órgano advierte que por lo que hace al carácter de tercera extraña al proceso de origen, alegándose una falta de llamamiento al proceso, la presente acción sí es improcedente; en términos de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107 fracción VI aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque del informe rendido por el juez responsable, se aprecia que la quejosa aún no ha sido emplazada al controvertido natural y aún no se ha dictado sentencia definitiva; de modo que conforme al estado de trámite o substanciación que guarda el procedimiento de origen, la quejosa puede desplegar su defensa ante el juez de origen, es decir, no está en un estado de indefensión, que es lo que caracteriza al tercero extraño. En efecto, considerando que aún no se ha dictado sentencia ni se ha emplazado a la impetrante, de acuerdo a las constancias remitidas en justificación de su actos por el juez de la causa, a la quejosa no le asiste el carácter de tercera extraña, con lo cual se actualiza la improcedencia a que se ha hecho referencia. Para tal fin debe considerarse que el tercero extraño es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, es quien no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, a quien siendo parte, alega desconocer el procedimiento incoado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora bien, conforme al criterio del Máximo Tribunal del País, cuando la quejosa está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de sustanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, la impetrante pierde el carácter de tercero extraño a juicio, y siendo así, queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley reguladora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Décima Época, registro: 2000293. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, en Materia(s): Común, Página: 1627, que dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También tiene aplicación la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, cuyo rubro y texto es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En la especie, de las constancias remitidas por el juez responsable se aprecia que la quejosa aún no ha sido emplazada al controvertido natural, por tanto la relación procesal no se ha integrado y por ello no se ha dictado sentencia definitiva que resuelva el juicio primigenio, de modo que es dable afirmar que el juicio de origen se encuentra en trámite, lo que se corrobora con las copias certificadas remitidas (de valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo) y por tanto, la quejosa está en plenas condiciones de incorporarse a la contienda y hacer valer los medios de defensa que correspondan, contra las decisiones que dicte o haya dictado el juez de origen. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, de agosto de 2013, tomo 1, página 729, en materia común, décima época, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92)." En concordancia con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente por lo que hace a la falta de llamamiento con el carácter de tercera extraña al proceso natural, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107 fracción VI aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y consecuentemente, se debe sobreseer el juicio respecto del acto señalado con el inciso a) precisado en esta sentencia, de conformidad con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Al no haberse invocado más causales, y toda vez que el suscrito considera, en un ejercicio oficioso, que no se actualiza alguna otra en el presente asunto, entonces se procede realizar el estudio de fondo. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación, por lo que hace al reclamo consistente en la orden de embargo decretada el once de octubre de dos mil veintiuno. La parte quejosa sostiene que la autoridad violentó sus derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, así como el derecho a una vivienda, por lo siguiente: De acuerdo al artículo 14 de la Constitución Federal, todo acto privativo debe estar precedido de un proceso donde se sigan diversas formalidades que permitan una auténtica defensa. Por otro lado, conforme al artículo 16 de la Ley Fundamental todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Lo anterior se ve transgredido por las autoridades quienes pretenden ejecutar contra la quejosa mediante embargo y desposesión, cuando ella siempre ha cumplido con sus deberes contractuales y ahora no se le da oportunidad de defensa ni audiencia. Para apoyar su postura cita diversos precedentes que versan sobre el debido proceso y sus formalidades esenciales; y el principio de legalidad. Decisión: Los conceptos de violación son inoperantes, pues no atacan los argumentos torales del acto reclamado. Cabe precisar que eta calificación obedece a que la quejosa no está en estado de indefensión, de acuerdo a lo que en este fallo se ha explicado. En efecto, al estar la quejosa en condiciones de incorporarse al juicio y no tener el carácter de tercera extraña, no queda en estado de indefensión y por ende no es procedente suplir la deficiencia de la queja. Al respecto se cita la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común, Civil, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." En el caso, los señalamientos en que la quejosa sostiene que se violenta su derecho a la vivienda y al debido proceso, son inatendibles dado que son cuestiones que fundamentalmente se han superado por lo expuesto en este fallo, en el sentido de que la orden de lanzamiento o desahucio no existe; y por el estado procesal del asunto, está en plenas condiciones de hacer valer su defensa ante la autoridad, como se explica en la citada jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, es claro que los asertos que se hacen en torno a la violación de dichos derechos son inoperantes por partir de cuestiones previamente desestimadas. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, de la novena época, registro: 178784, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1154, en materia común, cuyo rubro y texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos. Por otro lado, los restantes señalamientos en torno a una violación al principio de legalidad, también son inoperantes por carecer de un desarrollo específico que frontalmente ataque los argumentos, fundamentos y razones dadas por la autoridad en el auto de once de octubre de dos mil veintiuno. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 159947. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 731, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial número 13/90, se sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los conceptos de violación esgrimidos en la demanda, sino que lo amplía en relación a los problemas debatidos, tal actuación no causa ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa debidamente al buscar una mejor y más profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está obligado a impugnar todas y cada una de las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito de demanda de amparo." En los mismos términos se invoca la tesis 2a. LXV/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164181. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Común, Página: 447, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." Así, los argumentos no debían versar únicamente en la inobservancia al principio de audiencia, alegando una violación al principio de legalidad; sino que se debió cuestionar o combatir frontalmente aquello que el Juez sostuvo para emitir su auto, como fue la determinación de su competencia y la vía considerando como referencia el documento base y el tipo de acción planteada; y que el requerimiento formulado para que la demandada acreditara estar al corriente de los pagos de renta, se hizo con apoyo en los artículos 962 y 963 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, lo cual debía llevarse en una diligencia a practicar en el domicilio materia de la renta. Por lo tanto, la viabilidad de tales cuestiones de hecho y derecho, y que motivaron la emisión del acto reclamado son lo que debió atacar la demandante; y no limitarse a señalar de manera genérica una violación a los principios de audiencia y legalidad, pues al haberse hecho así, la consecuencia es declarar inoperantes tales manifestaciones. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia XX. J/54 de la Octava Época, con registro: 213355. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 74, Febrero de 1994, en Materia(s): Común, Página: 80, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación en la medida de que el quejoso no combate a través de un razonamiento jurídico concreto, las consideraciones en que se sustentó el fallo impugnado, supuesto que no basta indicar los preceptos legales que se consideren infringidos, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama." No pasa inadvertido que la parte quejosa invocó diversos criterios en su demanda, empero, al declararse inoperantes sus conceptos de violación, no hay mayor razón para abordar los aspectos inherentes sobre su aplicabilidad al caso. Orienta lo anterior, el criterio jurisprudencial VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), de la Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, en Materia(s): Común, Página: 3552, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo." Así, se concluye que los conceptos de violación hechos valer son inoperantes, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal al demandante. Máxime que en el presente asunto la quejosa no estuvo en estado de indefensión por las razones expuestas; y tratándose de un caso de arrendamiento, no opera la suplencia total (incluyendo temas omitidos), en términos del último párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, como sí ocurre, por ejemplo, en materia penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, respecto de menores e incapaces; asuntos agrarios; o en situaciones de pobreza o marginación. Por analogía, se invoca la tesis jurisprudencial P./J. 5/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materias(s): Común, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculpado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica." Negativa que se hace extensiva a la autoridad señalada como ejecutora, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la orden de desposesión del bien litigioso; y la falta de llamamiento, ostentando el carácter de tercera extraña, atento a las razones precisadas en los considerandos cuarto y sexto. Segundo. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ., contra el acto atribuido al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, donde se previó un embargo contra la quejosa en su carácter de demandada, por las razones precisadas en el considerando séptimo. NOTIFÍQUESE LEGALMENTO COMO CORRESPONDA.

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