Daniela Oloarte Medina
Expediente 748/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniela Oloarte Medina
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. ... resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintitrés. EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL. Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto. De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional. Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por Daniela Oloarte Medina contra actos reclamados a Magistrados de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Control Electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 748/2023-I-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo a las personas juzgadoras procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en: La sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés dictada por los Magistrados que Integran la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dentro del toca penal número 279/2019-AJ.O., así como su cumplimiento y ejecución. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del acto reclamado, la suscrita considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer supuesto de los mencionados se actualiza, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada dentro de un juicio de amparo, con independencia de que se trate de amparo radicado en un Juzgado de Distrito, colegiados de apelación o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un juez o magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de amparo, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. Ahora bien, la segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo en la que no se hubiere otorgado plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de amparo del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable-. Ilustra respecto al motivo de improcedencia materia de análisis, la tesis I.4o.A.44 K, perteneciente a la octava época, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Septiembre de 1992, página 285; que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA FRACCION II, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE LA MATERIA. Las resoluciones dictadas por los órganos de control constitucional, juzgados de Distrito y tribunales colegiados, pueden ser de nueva cuenta revisados en los casos en que la ley lo permite y de acuerdo con los recursos en ella previstos, pero ni la decisión de fondo o cualquier otro tipo de proveído contenido en la sentencia de amparo, puede ser impugnado a través de un nuevo juicio constitucional. Tal principio descansa en la ley y en la lógica; la fracción II, del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace improcedente el juicio constitucional "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". El precepto transcrito no distingue, entre la decisión que respecto al fondo se pronuncie y que resuelve el planteamiento constitucional y los diversos proveídos que pueden estar contenidos en una ejecutoria; contra de estas resoluciones como en las primeras, no es dable promover demanda de amparo, ya que no compete a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro órgano de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. La improcedencia prevista por la fracción II, del artículo antes citado, también se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstas, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería inevitable." Asimismo, conviene invocar la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." Expuesto lo anterior, resulta conducente realizar un breve resumen de los antecedentes origen del presente asunto, de los que se advierte el diverso juicio de amparo que ante este juzgado se tramita, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la existencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del juicio de amparo 560/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Daniela Oloarte Medina, en el que reclamó de los Magistrados de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y otras autoridades, los actos consistentes en: La sentencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, emitida dentro de los autos del toca penal 279/2019, del índice de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en la que se ordena reponer parcialmente el procedimiento dentro del proceso penal J-04/2018-III, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Jalacingo Asimismo, se precisa que dicho juicio se resolvió con lo dictado de la sentencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, donde se otorgó la protección federal a la ahí quejosa para el efecto siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del toca 279/2019 J.O., de su índice; y, 2. Reponga el procedimiento en el referido toca a partir del auto de radicación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente respecto a la quejosa Daniela Oloarte Medina y devuelva los autos remitidos por la Juez a dicha Sala responsable, ordenándole que le remita debidamente integrados los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que la Sala responsable reciba las constancias, verifique minuciosamente que las mismas se encuentren completas, hecho lo anterior, dé trámite al recurso de apelación interpuesto por Daniela Oloarte Medina y una vez integrado, señale fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva el recurso, o bien, en caso de no existir constancia en video del desahogo de las testimoniales de Antonio de Jesús Badillo López y José Jiménez Duran, ordene la reposición del procedimiento en la causa penal 04/2018-J, respecto a la referida Oloarte Medina, para efecto de que sean desahogadas y se realice el registro correspondiente (audio y video). Lo anterior, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del IX Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia del acto de la autoridad ordenadora." Lo anterior, constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos, por los mismos razonamientos, de la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, registro 2017123, de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Asentado lo anterior, es evidente que los actos que aquí combate la quejosa, lo constituye sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés dictada por los Magistrados que Integran la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, dentro del toca penal número 279/2019-AJ.O., emitida en cumplimiento a la sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 560/2022, del índice de este juzgado de distrito y cuyas consecuencias constituyen el acto aquí reclamado, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones tomadas en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de amparo incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, o bien, deducir las acciones que la legislación ordinaria estipule en su favor, tal y como en la especie aconteció. Interesa resaltar el segundo caso de improcedencia previsto por la invocada fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, misma que se refiere a actos encaminados a dar cumplimiento a una resolución que derive de un juicio de amparo, en el caso concreto, en tratándose de un fallo protector de derechos fundamentales. En este tema, debe decirse que en el caso de que la resolución materia de cumplimiento sea concesoria, es condición indispensable para actualizar la causa de improcedencia, que en el antecedente juicio de amparo, la autoridad jurisdiccional federal haya definido el fondo del litigio planteado, sin otorgar libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, de suerte que, no exista la posibilidad de que la responsable inserte nuevos razonamientos que escapen al precedente estudio ya sometido a la potestad del poder judicial federal vía amparo. En efecto, la causa que se viene comentando, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Entonces, como ya se dijo, esta causa de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal. En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Jurisprudencia 2a./J. 140/2007, perteneciente a la novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 539; de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR, O EN EJECUCIÓN DE ÉSTE. NO SE ACTUALIZA CUANDO EN LA SENTENCIA DE GARANTÍAS NO HUBO COSA JUZGADA EN RELACIÓN CON EL TEMA DE FONDO Y SE DEJÓ PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo al establecer que el juicio de garantías es improcedente "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas" se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sin embargo, esta causal de improcedencia no se actualiza cuando el fallo concesorio deja plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, porque ello significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la nueva resolución que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos del órgano federal y, en consecuencia, en este supuesto procede el nuevo juicio de garantías." Pues bien, en el caso analizado se estima actualizada la hipótesis de improcedencia explicada con antelación, ya que de acuerdo a los hechos histórico-procesales que bajo protesta de decir verdad en vía de antecedentes vertió la solicitante del amparo en su libelo inicial de demanda, así como de las constancias que se toman como hecho notorio, se destaca lo siguiente: Por sentencia de quince de febrero de dos mil veintitrés, este juzgado federal concedió el amparo y protección de la justicia federal a Daniela Oloarte Medina, para los efectos que ya fueron precisados en párrafos precedentes. Asimismo, que mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, dicha sentencia causó ejecutoria, requiriendo el cumplimiento a los Magistrados que Integran la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, por lo que en consecuencia, para dar cumplimiento a dicha determinación, la autoridad, dictó la sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés; que es de donde deriva precisamente el auto reclamado materia del presente juicio que se intenta. El contenido de las anteriores determinaciones, revela que en lo que concierne a la decisión materia del presente amparo, esto es, la declaratoria de improcedencia de la sentencia de seis de julio de dos mil veintitrés, encuentra su apoyo en un mandato de autoridad judicial federal, que en ese rubro específico, no dota de libertad jurisdiccional al juez de origen, ya que el fondo del litigio sometido a la potestad del órgano resolutor, era precisamente lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del toca 279/2019 J.O., de su índice; y, 2. Reponga el procedimiento en el referido toca a partir del auto de radicación de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, únicamente respecto a la quejosa Daniela Oloarte Medina y devuelva los autos remitidos por la Juez a dicha Sala responsable, ordenándole que le remita debidamente integrados los mismos, conforme a lo previsto en el artículo 474 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez que la Sala responsable reciba las constancias, verifique minuciosamente que las mismas se encuentren completas, hecho lo anterior, dé trámite al recurso de apelación interpuesto por Daniela Oloarte Medina y una vez integrado, señale fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva el recurso, o bien, en caso de no existir constancia en video del desahogo de las testimoniales de Antonio de Jesús Badillo López y José Jiménez Duran, ordene la reposición del procedimiento en la causa penal 04/2018-J, respecto a la referida Oloarte Medina, para efecto de que sean desahogadas y se realice el registro correspondiente (audio y video). Lo anterior, con el fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora Juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del IX Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz, al no haberse combatido por vicios propios, sino como consecuencia del acto de la autoridad ordenadora" Asimismo, por ende, como ya se destacó en la crónica de antecedentes, no se confirió libertad de jurisdicción a la autoridad judicial responsable, ya que estaba constreñido a acatar la ejecutoria de amparo en los términos ya apuntados. Entonces, con la narrativa de antecedentes procesales del acto reclamado, se clarifica que en el presente juicio de amparo, fue dictado por los Magistrados que Integran la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de diez de marzo de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente 560/2022, de este índice estadístico, promovido por Daniela Oloarte Medina, de cuyo contenido se tiene que no se otorgó a la responsable libertad de jurisdicción para cumplimentar la ejecutoria, dado que este órgano federal estudió el fondo del litigio planteado en amparo indirecto y si la ahora quejosa no está de acuerdo con dicho cumplimiento, la ley de amparo prevé los medios de impugnación para tal efecto, a través de los cuales estuvo en aptitud de combatir dicha determinación y postular los argumentos que a su interés estimara convenientes respecto al litigio planteado, de conformidad con el artículo 202, segundo párrafo de la Ley de Amparo, circunstancias que no pueden retomarse por esta juzgadora federal sin menoscabar la verdad legal prevaleciente en dicho expediente antecedente de amparo mencionado. Cabe reiterar que con la anterior decisión no se deja en estado de indefensión a la hoy quejosa, ya que la propia Ley de Amparo establece una serie de cauces procesales para inconformarse con el cumplimiento dado a un fallo protector de derechos fundamentales, incluso por vicios propios en la ejecución, de suerte que, tales vías pueden instarse siempre que se esté en la hipótesis de procedencia correspondiente. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a. CCLXXVI/2015, perteneciente a la décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Septiembre de 2015, página 307, con número de registro 2010008; que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 en relación con el diverso 61, fracción IX, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Poblano Marín, puesto que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuenta con registro de cédula profesional, y con las restricciones que impone el último párrafo del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Saúl Villa Guerrero, Hugo Flores Mata, Karen del Roció Cortés García, Ángel García Reyes, Yannine Hernández Cadena y Alejandra García Reyes, por así haberlo solicitado. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, con registro 2021840, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." CONSULTA Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA En atención a la solicitud de la promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico y la realización de las notificaciones personales, vía electrónica, atendiendo a que se proporciona como usuario para tales efectos el identificado como "SergioPoblano", por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido, con el fin de que la promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico y ser notificada por esa vía; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la quejosa esté en condiciones de notificarse de los autos que deban ser personales, electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2° de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, signifíquese a las partes que la expedición de copias será únicamente respecto a un tanto de las constancias solicitadas; sin embargo, en caso de que se solicite más de un juego, deberán exponer las razones que justifiquen tal solicitud. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a./J. 20/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 308, Tomo I, Mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2014287, de rubro siguiente: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO". Además, indíquese a las partes que pueden obtener copia de las constancias que obren en el expediente electrónico, en términos del artículo 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece: "Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente" HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona a las personas secretarias, así como a las y los oficiales judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a las personas actuarias judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el punto Cuarto, artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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