Daniela Moreno Sanabria

Expediente 1465/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1465/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Daniela Moreno Sanabria

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de treinta y uno de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    VI. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Visto el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el auto de veintinueve de octubre del presente año, dictado en el juicio de amparo directo 540/2019 por el que la Superioridad determinó carecer de competencia para conocer respecto de la demanda promovida por Daniela Moreno Sanabria, por lo que remite el citado juicio de amparo directo y un anexo; con fundamento en los artículos 37 y 45 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto, por tanto, se ordena acusar recibo y formar el expediente electrónico e impreso, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1465/2019-VI; se comisiona al Secretario la revisión de la integración del expediente. ANEXO Se ordena formar un tomo de prueba con la constancia remitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, con residencia en Toluca, Estado de México, el cual no será digitalizado, quedando vinculado al auto y a disposición de las partes para su consulta. DESECHAMIENTO Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la peticionaria del amparo se ostenta como tercera extraña a juicio, ya que reclama la omisión del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México de emplazarla al juicio agrario 104/2004, relativo al juicio sucesorio promovido por José Moreno González, correspondiente al reconocimiento como sucesor respecto de los derechos parcelarios de Alfredo Moreno Sánchez, ya que aduce ser hija legítima del extinto ejidatario, así como Alejandra Moreno Sanabria, por lo que debieron ser llamadas a juicio a defender sus derechos. En el caso, de oficio, se considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento, por considerar que la quejosa presentó su demanda extemporáneamente. La causa de improcedencia contenida en el precepto primeramente invocado, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos de éste se consideran consentidos tácitamente; es decir, porque al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, opera lo que el legislador estableció como una presunción de que el gobernado ha consentido en forma tácita la emisión o ejecución de los actos reclamados. Sobre tal base, es importante mencionar que la interpretación literal del segundo de los artículos transcritos, revela que por regla general el término para promover la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda; a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Se expone tal aserto, ya que de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1736/2018-VII, del índice de este órgano jurisdiccional; Daniela Moreno Sanabria, reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, la falta de llamamiento al expediente 104/2014, relativo a las diligencias en la vía de jurisdicción voluntaria, en las que se reconoció a José Moreno González, como sucesor de Alfredo Moreno Sánchez, respecto de los derechos sobre la parcela 802, amparada con el certificado parcelario 202204. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, porque si bien Daniela Moreno Sanabria en el presente juicio se ostenta como tercera extraña a juicio, en el que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, no haber sido llamada al juicio agrario 104/2004, relativo al juicio sucesorio promovido por José Moreno González, correspondiente al reconocimiento como sucesor respecto de los derechos parcelarios de Alfredo Moreno Sánchez, toda vez que aduce ser hija legítima del extinto ejidatario, así como Alejandra Moreno Sanabria. Sin embargo, se evidencia que la peticionaria del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, data en que presentó la diversa demanda de amparo 1736/2018-VII, ya que tenía conocimiento del juicio agrario 104/2004 y de la autoridad responsable ante el cual se había radicado; sin que pase desapercibido que en dicho juicio haya referido que se trataba de una jurisdicción voluntaria, toda vez que adujó que a José Moreno González, se le reconoció como sucesor de Alfredo Moreno Sánchez, respecto de los derechos sobre la parcela 802, amparada con el certificado parcelario 202204. En ese sentido, se actualiza el tercer supuesto previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de quince días establecido en el diverso numeral 17 del propio ordenamiento, debe computarse a partir del día siguiente a esa fecha, es decir, a partir del veintiocho de noviembre al dieciocho de diciembre de ese año, sin contar los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de diciembre del año pasado, al haber sido inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, el término para promover la demanda de amparo en su contra debe ajustarse a la regla genérica de quince días prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, los cuales se computarán en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 18 del propio ordenamiento. En ese contexto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; es claro que a esa fecha había transcurrido en exceso el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales. Además de que la parte quejosa no se encuentra dentro de algún caso de excepción al término de quince días a que se refieren las fracciones I, II, III, y IV del artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para la presentación de su demanda, en tanto que el acto que reclama no se ubica en alguna de esas hipótesis. En las condiciones anotadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 113 del citado ordenamiento, y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo. Por otro lado, agréguese copia certificada de la demanda de amparo relativa al juicio 1736/2018-III, para los efectos legales conducentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que la impetrante de amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados. Resulta aplicable a lo que precede, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, tomo VIII, diciembre de 1998, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a *********. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS En ese sentido, hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información. Notifíquese.

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