Daniela Morante Villanueva
Expediente 910/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 910/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 28/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Daniela Morante Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, (foja 106), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos del amparo. En las condiciones relatadas en el apartado que antecede, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, se concede la protección constitucional para el único efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 314/2015 de su índice; y, 2. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva debidamente fundada y motivada, subsanando las deficiencias formales que fueron estudiadas y destacadas en el presente fallo. Asimismo, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede dictar la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de forma que lo afecta." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio 182 (foja 95), exhibió copia certificada de la interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 98 a 109), con la cual se ordenó correr traslado y dar vista a la quejosa; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, de la cual se desprende que dejó sin efectos la diversa resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción, declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa y modificó el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para lo cual señaló los preceptos que estimó aplicables y expresó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, es decir, subsanó la omisión de fundar y motivar su determinación. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la diversa de ocho de mayo de dos mil dieciocho, y el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, emitió una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción pero siguiendo los lineamentos establecidos en la ejecutoria de amparo; por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el efecto del amparo concedido a la ahora quejosa fue para efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 314/2015 de su índice, y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva debidamente fundada y motivada, subsanando las deficiencias formales que fueron estudiadas en dicho fallo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dejó sin efectos la audiencia de ocho de mayo de dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, y modificó el proveído recurrido de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, fundando y motivando su determinación; tal y como fue ordenado en la sentencia de amparo, sin que este juzgado federal pueda entrar al estudio de los dispositivos legales citados o de las razones de la autoridad para estimar que el caso puede subsumirse en las hipótesis previstas en las normas jurídicas invocadas, pues se insiste que los efectos del amparo únicamente fueron para que la autoridad responsable expresara la fundamentación y motivación antes ausente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Pag. 1964, Novena Época, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada Jorge Alberto Rodríguez Noriega, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, (foja 106), para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio, ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos del amparo. En las condiciones relatadas en el apartado que antecede, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, se concede la protección constitucional para el único efecto de que la autoridad responsable Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 314/2015 de su índice; y, 2. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva debidamente fundada y motivada, subsanando las deficiencias formales que fueron estudiadas y destacadas en el presente fallo. Asimismo, debe precisarse que el sentido de esta sentencia no prejuzga sobre el fondo del asunto, toda vez que, lo único sobre lo que versa la presente concesión del amparo, encuentra su razón de ser en la obligación de la responsable de fundar y motivar debidamente su determinación, por lo que la autoridad responsable puede dictar la resolución en cualquier sentido que legalmente corresponda, pero purgando el vicio de forma que lo afecta." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio 182 (foja 95), exhibió copia certificada de la interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil diecinueve (fojas 98 a 109), con la cual se ordenó correr traslado y dar vista a la quejosa; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, de la cual se desprende que dejó sin efectos la diversa resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción, declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa y modificó el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para lo cual señaló los preceptos que estimó aplicables y expresó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto, es decir, subsanó la omisión de fundar y motivar su determinación. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, toda vez que dejó insubsistente la diversa de ocho de mayo de dos mil dieciocho, y el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, emitió una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción pero siguiendo los lineamentos establecidos en la ejecutoria de amparo; por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el efecto del amparo concedido a la ahora quejosa fue para efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de ocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 314/2015 de su índice, y con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva debidamente fundada y motivada, subsanando las deficiencias formales que fueron estudiadas en dicho fallo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que dejó sin efectos la audiencia de ocho de mayo de dos mil dieciocho, y con plenitud de jurisdicción emitió una nueva resolución en la que declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la hoy quejosa, y modificó el proveído recurrido de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, fundando y motivando su determinación; tal y como fue ordenado en la sentencia de amparo, sin que este juzgado federal pueda entrar al estudio de los dispositivos legales citados o de las razones de la autoridad para estimar que el caso puede subsumirse en las hipótesis previstas en las normas jurídicas invocadas, pues se insiste que los efectos del amparo únicamente fueron para que la autoridad responsable expresara la fundamentación y motivación antes ausente. ... La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesada Jorge Alberto Rodríguez Noriega, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el doce de febrero de dos mil diecinueve, la cual señala: Cuernavaca, Morelos, a doce de febrero de dos mil diecinueve. Vistos los autos del presente juicio, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que se notifique personalmente a las partes, el acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordenó correrle traslado al quejoso y dar vista a las partes del oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de las determinaciones emitidas el treinta de enero de dos mil diecinueve y : "Cuernavaca, Morelos, a treinta de enero de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese Personalmente." " Cuernavaca, Morelos, a doce de febrero de dos mil diecinueve. Vistos los autos del presente juicio, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional a efecto de que se notifique personalmente a las partes, el acuerdo de treinta de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordenó correrle traslado al quejoso y dar vista a las partes del oficio signado por el Juez Octavo de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, por el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese Personalmente."
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