Daniela Ivonne Díaz Contreras

Expediente 1314/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1314/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
11/12/2017

Partes del expediente

  • Daniela Ivonne Díaz Contreras
  • DANIELA IVONNE DÍAZ CONTRERAS y Otros.
  • Oscar Díaz Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se concedió a los quejosos Ivonne, Norma Sofía y Oscar, de apellidos Díaz Contreras, la protección constitucional solicitada, contra actos de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para el efecto de que realizara lo siguiente: Que la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, deje insubsistente la resolución reclamada del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de inconformidad 45/2016. En su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que motivaron revocar los actos administrativos impugnados, pero sin ordenar -como obligación o deber- que se practique nuevamente una inspección y supervisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, sino en su caso, deje expedita su facultad de verificación para ejercerla, de estimarlo conducente. En cumplimiento a lo anterior, la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, mediante el oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada de la resolución que emitió el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la que dejó insubsistente la diversa dictada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en el recurso de inconformidad 45/2016, procediendo a dictar una nueva en la que ordenó retirar los sellos de clausura impuestos en el inmueble propiedad de los aquí quejosos y derivado de los actos; asimismo dejó a salvo las facultades de verificación de la autoridad responsable, para que de estimarlo conducente las ejerza en términos de ley. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicita en forma provisional y definitiva. En ese tenor de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto de Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo.) NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de amparo, de los que se aprecia que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se concedió a los quejosos Ivonne, Norma Sofía y Oscar, de apellidos Díaz Contreras, la protección constitucional solicitada, contra actos de la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para el efecto de que realizara lo siguiente: Que la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, deje insubsistente la resolución reclamada del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de inconformidad 45/2016. En su lugar, emita otra en la que reitere las consideraciones que motivaron revocar los actos administrativos impugnados, pero sin ordenar -como obligación o deber- que se practique nuevamente una inspección y supervisión por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, sino en su caso, deje expedita su facultad de verificación para ejercerla, de estimarlo conducente. En cumplimiento a lo anterior, la Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, mediante el oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, remitió copia certificada de la resolución que emitió el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en la que dejó insubsistente la diversa dictada el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, en el recurso de inconformidad 45/2016, procediendo a dictar una nueva en la que ordenó retirar los sellos de clausura impuestos en el inmueble propiedad de los aquí quejosos y derivado de los actos; asimismo dejó a salvo las facultades de verificación de la autoridad responsable, para que de estimarlo conducente las ejerza en términos de ley. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable, DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV de Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General relativo, y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN pues se concedió la medida cautelar solicita en forma provisional y definitiva. En ese tenor de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto de Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo Primero, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo.) NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en el número 64 de la sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en esta ciudad, el veinte de octubre de dos mil diecisiete, misma que le fue notificada el veinticinco de octubre del presente año a través del oficio 22596/2017; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, en términos de lo establecido en el tercer párrafo del propio artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Ayuntamiento Municipal de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable a quien se le solicita el cumplimiento, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído acredite que ordenó a su subalterno dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto de Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete; además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad obligada a dicho cumplimiento. Finalmente, devuélvase al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla, las copias certificadas que remitió para justificar su informe, con las que se formó el anexo I. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al que adjunta el testimonio de ejecutoria pronunciada el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, dentro del toca 208/2017, relativo a la revisión interpuesta contra la sentencia dictada en el juicio de amparo número 1112/2016, mismo que también devuelve, así como el anexo I. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Para los efectos precisados por el Juez Tercero de distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, la Justicia de la Unión ampara y protege a IRENE PÉREZ JIMENEZ, en contra de los actos que reclama del Juez de lo civil del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, Diligenciario de su adscripción y de la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio del citado Distrito Judicial, los cuales han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva, hecha valer por IRENE PÉREZ JIMÉNEZ, a través de su autorizado". Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que en el plazo de tres días siguiente a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia emitida por este órgano judicial, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, misma que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el amparo en revisión R-208/2017, y que le fue notificada el uno de marzo del año en curso a través del oficio 97-1 S; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado de lo Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Por su parte, el Diligenciario Non adscrito al Juzgado de lo Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla y el Registrador Público de la Propiedad de la circunscripción territorial de Izúcar de Matamoros, Puebla, deberán actuar conforme a lo que le ordene el juez responsable. Finalmente, devuélvase al Juez de lo civil de Izúcar de Matamoros, Puebla la copia certificada del expediente 1009/2007 de su estadística, con el que se formó el ANEXO I del juicio en que se actúa.

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