Daniela Iveth Mora Correa y Otros.
Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Daniela Iveth Mora Correa y Otros.
- Daniela Iveth Mora Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Madero, Tamaulipas, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obren los acuses de recibo del oficio 4177/2021, con el que le fue notificada la sentencia dictada en el presente juicio a la autoridad responsable Gobernador del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues la parte a quien le podría afectar la sentencia sería al quejoso, quien no interpuso recurso de revisión en su contra. Sustenta lo anterior por identidad de razones la jurisprudencia número 2a./J. 6/2017 (10a.), que dice: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal1. Asimismo, la tesis sin número emitida por la mencionada Segunda Sala de la Máxima Tribuna del País, de título y contenido siguientes: REVISION INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO. Si resulta improcedente la acción de un quejoso en cuanto a los actos de las autoridades responsables, asimismo resultará improcedente, por consecuencia, el recurso de revisión interpuesto por las propias autoridades de acuerdo con lo que previene el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que las autoridades responsables sólo pueden interponer el mencionado recurso en contra de las sentencias que afectan directamente al acto que de cada una de ellas se hubiese reclamado, y sobreseido el juicio respecto de los actos de las autoridades recurrentes, es indudable que el fallo del juez de Distrito, así reformado, no las afecta2. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por los quejosos Daniela Iveth Mora Correa y Carlos Enrique Avilés Grande contra los actos reclamados a la[s] autoridad[es] responsable[s] Gobernador del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; en los términos precisados en el considerando segundo de la presente resolución.
- Principal
"...Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal.", dado a conocer mediante la circular CAP/3/2020 por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura; se advierte que se reanudaron los plazos y términos procesales y se restableció el trabajo presencial dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, toda vez que se reanudaron las labores, se señalan las nueve horas con treinta y siete minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la presente determinación se adopta así, con fundamento en la ampliación de plazos procesales a que se refiere el artículo 2°, fracciones III, IV, V y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19..."
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia de ley, misma que no es posible llevar a cabo en razón de que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la parte quejosa cumpla con el requerimiento de cuenta; por ello y a efecto de que se encuentre debidamente integrado el expediente, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y tres minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte.
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