Daniela Isabel Ramírez Osorio
Expediente 997/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 997/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Daniela Isabel Ramírez Osorio
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios signados electrónicamente por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco con sede en Villahermosa, de cuyo contenido se advierte que transcribe el acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, emitido en el biinstancial 2489/2023-VII de su índice, formado con motivo del juicio de amparo en que se actúa, a través del cual dicho juzgado no compartió el criterio de este órgano jurisdiccional y determinó no aceptar la competencia declinada a su favor para conocer de la demanda de amparo promovida por **** en representación de ******, debido a que considera que es aplicable al caso el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al disponer que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Por lo que, en congruencia con la segunda regla establecida en el artículo 37, de la Ley de Amparo, y atento a la naturaleza jurídica de los actos señalados como reclamados, si la privación de la libertad que reclama la parte quejosa inició en el Estado de Chihuahua, para continuar surtiendo sus efectos en Villahermosa, Tabasco, corresponde conocer del juicio constitucional a este juzgador federal, por ser quien previno de la demanda de amparo. Atento a que la homologa resolutora que se consideraba competente no aceptó la competencia planteada para conocer del asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 37 y 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, reasume la competencia para conocer del presente juicio de amparo y se avoca su conocimiento; comuníquese lo anterior al juzgado oficiante. Envíese el acuse de recibo correspondiente, y háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En mérito de lo expuesto, de autos se advierte que el nueve de los actuales, se tuvo al Juez Menor Mixto en Ascensión, Chihuahua del Distrito Judicial de Galeana, devolviendo parcialmente diligenciado el cuadernillo de despacho AP-***, de su índice formado con motivo del similar *** (número de ***origen ***/2023), deducido del juicio de amparo en que se actúa, promovido por **** a favor de *****, enviado a fin de que en auxilio de este tribunal, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ordenara a quien correspondiera se constituyera en la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, a fin de notificar a la directa quejosa la suspensión de plano decretada a su favor el veinte de octubre del año en curso y, en su caso, ratificara la demanda promovida a su favor; e hiciera entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable. Ahora bien, del contenido de las constancias del medio de comunicación referido en el párrafo que precede, se advierte, en lo que interesa, la razón actuarial de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, signada por la secretaria proyectista en funciones de Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrita al Juzgado Menor Mixto en Ascensión, Chihuahua del Distrito Judicial de Galeana, de cuyo contenido se impone que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Janos, Chihuahua, se entrevistó con la Subdirectora de dicha instalación, quien le comunicó que la agraviada Daniela Isabel Ramírez Osorio fue ingresada en esas instalaciones el veinte de los mismos, y egresó de dicho centro en la misma fecha, ya que fue trasladada y puesta a disposición de la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. En consecuencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 15 de la Ley de Amparo, en concordancia con el contenido del artículo 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere al promovente de la demanda ***, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifieste bajo protesta de decir verdad si Daniela Isela Ramírez Osorio, extranjera migrante de nacionalidad cubana, aún permanece detenida (como lo dijo en su escrito de demanda) aunque en estancia provisional diversa a disposición de alguna autoridad, en cuyo caso deberá indicar el lugar exacto en que se encuentra, o bien, diga si éste ya goza de su libertad ambulatoria. Apercibido que de no dar contestación al presente requerimiento dentro del lapso concedido, o manifestar las causas que se lo impidan, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al promovente del amparo y cúmplase.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Juez Menor Mixto en Ascensión, Chihuahua del Distrito Judicial de Galeana, con sede en Ascensión, Chihuahua, con el que remite parcialmente diligenciado el cuadernillo de despacho AP-131/2023, de su índice formado con motivo del similar 166/2023-III (número de origen 46/2023), deducido del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Jorge Vázquez Campbell a favor de Daniela Isabel Ramírez Osorio, enviado a fin de que en auxilio de este tribunal, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ordenara a quien correspondiera se constituyera en la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, a fin de notificar a la directa quejosa la suspensión de plano decretada a su favor el veinte de octubre del año en curso y, en su caso, ratificara la demanda promovida a su favor; e hiciera entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable. Ahora bien, del contenido de las constancias del medio de comunicación referido en el párrafo que precede, se advierte, en lo que interesa, la razón actuarial de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, signada por la secretaria proyectista en funciones de Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrita al Juzgado Menor Mixto en Ascensión, Chihuahua del Distrito Judicial de Galeana, de cuyo contenido se impone que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Janos, Chihuahua, se entrevistó con la Subdirectora de dicha instalación, quien le comunicó que la agraviada Daniela Isabel Ramírez Osorio fue ingresada en esas instalaciones el veinte de los mismos, y egresó de dicho centro en la misma fecha, ya que fue trasladada y puesta a disposición de la Estación Migratoria de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. Envíese el acuse de recibo correspondiente y háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Información que se corrobora con el contenido del oficio signado por la Subdirectora de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con el cual rinde informe respecto al cumplimiento dado a la suspensión de plano de los actos prohibidos por el precepto 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretada a favor de la directa quejosa Daniela Isabel Ramírez Osorio. Respecto de cuyo contenido se reserva acordar lo conducente, dado el sentido del presente proveído. Ahora bien, expuesto lo anterior, es menester analizar si este juzgado resulta competente para conocer de la demanda de amparo, ello en virtud de ser la competencia una cuestión de orden público, no sólo por el presupuesto procesal que constituye, sino además porque encuentra su origen en el contenido de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte relativa establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" En adición al precepto transcrito, es necesario atender lo que dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Para una mejor comprensión, conviene decir que del contenido del artículo 37 antes transcrito, se consignan tres reglas para determinar la competencia por territorio de los jueces de Distrito, respecto del conocimiento de los juicios de amparo; a saber: a) Conforme al párrafo primero, será competente el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En esta hipótesis carece de relevancia alguna el lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado; presupone además que después de su emisión, el acto reclamado requiere de ejecución material por parte de autoridad diversa de la ordenadora. b) El segundo párrafo, más que una regla, contiene una variante de la anterior, pues establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y se siga ejecutando en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda. c) En el último párrafo, se establece que cuando la resolución reclamada no requiere de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En este supuesto el presupuesto fundamental radica en que el acto reclamado no requiera de ejecución material. En el caso particular, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse los actos reclamados mencionados y en el que actualmente se están ejecutando aquellos y de que se dice es objeto la directa quejosa. De lo reseñado, se advierte que en la especie se actualiza la regla prevista en el primer párrafo del precitado artículo 37, tomando en consideración que la directa agraviada fue trasladada y puesta a disposición de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, por tanto quien debe conocer de la presente demanda es un Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Tabasco, con residencia e dicha localidad. Aunado a lo anterior, no debe pasar desapercibido que el artículo 17 de la Constitución Federal, dispone que la impartición de justicia deberá ser pronta y expedita, lo que puede definirse como el derecho fundamental que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Además, se debe tomar en cuenta el propósito del legislador al establecer el primer párrafo del artículo 37 anteriormente referido, al otorgar al gobernado las condiciones necesarias para tener fácil acceso a la justicia federal. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013, adicionado por los diversos 3/2015, 12/2016 y 3/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina competencia a favor del Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Tabasco, con residencia en la Ciudad de Villahermosa, para que conozca de la demanda promovida por Jorge Vázquez Campbell a favor de la directa agraviada Daniela Isabel Ramírez Osorio, extranjera migrante procedente de Cuba. Por lo anterior, por conducto del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco con residencia en Villahermosa, hágase lo anterior del conocimiento del Juez de Distrito que por razón de turno corresponda de su conocimiento, a efecto de que determine si se avoca o no al conocimiento de la misma, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Para los efectos señaladas en párrafos precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que permita el acceso al expediente electrónico del juicio en que se actúa, a fin de que pueda ser vinculado por el órgano jurisdiccional que por razón de turno corresponda conocer del presente negocio.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la demanda de amparo promovida por Jorge Vázquez Campbell, a favor de Daniela Isabel Ramírez Osorio, de nacionalidad cubana, contra actos que atribuye a la autoridad responsable Subdirectora de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Janos, Chihuahua, en razón de que el agraviado se encuentra imposibilitado para ello. Sin que obste para lo anterior, que el escrito de cuenta, se haya presentado sin la firma electrónica del promovente, dado que los actos que se reclaman en él, son de aquéllos contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y, por consiguiente, en términos de la última parte del numeral 3° de la citada ley, no se precisa del citado requisito. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127, de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, regístrese en el en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con el número 997/2023-IIII y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Ahora bien, vista la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: "IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: A las precitadas autoridades señaladas como responsables reclamo en representación del directamente agraviado: La inconstitucional privación de la libertad del quejoso, en calidad de alojado, asegurado, detenido o retenido, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. La ilegal e inconstitucional condición en que tienen al quejoso, esto es, incomunicado, lo que se traduce en una evidente privación de su libertad personal, en franca violación a la libertad de tránsito por territorio nacional mexicano. El acta de rechazo emitida por autoridades del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual decretan la inadmisibilidad del quejoso al territorio nacional mexicano. La violación a las Leyes de Migración y Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al negarle al quejos su petición de que se le conceda visa humanitaria o su solicitud de registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dado que a pesar de que dicha persona busca regularizar su estancia en territorio mexicano, las responsables le impiden iniciar a trámite legal que le permitiría ser considerado como refugiado dentro de territorio mexicano, no obstante que huyó de su país de origen porque miembros del crimen organizado lo amenazaron de muerte al negarse a integrarse a grupos delictivos. El estado de hacinamiento insalubre en que tienen al quejoso, dado que en la estación migratoria en que se encuentra ilegalmente detenido y alojado no existen las condiciones mínimas que le permitan sobrevivir dignamente, razón por la cual se encuentra en riesgo su salud física y emocional, habida cuenta que aún no ha sido erradicado el virus conocido como COVID-19, que actualmente azora a toda la humanidad y que, por eso, ha sido calificado como pandémico por la Organización Mundial de Salud, por lo es muy peligroso que el quejoso y otro gran número de migrantes detenidos convivan en los mismos espacios físicos, ya que en esas circunstancias insalubres siempre está latente la posibilidad de que eventualmente se contagie en caso de que alguna de las restantes personas con las que convive porte el virus, pues las condiciones de hacinamiento en que todos se encuentran no permiten atender puntualmente las disposiciones oficiales expedidas con el propósito de fomentar el distanciamiento social con el fin de evitar la propagación del virus citado. De Manera que las dimensiones reducidas del lugar donde se encuentra alojados el quejoso y diversos migrantes, la inadecuada ventilación e iluminación del sitio, la escasa higiene del establecimiento y la suciedad de los recipientes en los que les suministran alimentos, se traducen en actos de tortura que menoscaban su integridad personal, ya que le provocan degradación, envilecimiento y cosificación, y atentan contra su dignidad humana. El impedir al quejoso tener comunicación, a través de cualquier medio, con un representante legal y la negativa de reconocer a la suscrita como su representante legal, lo que me impide actuar en su representación en el expediente administrativo que se inició con su ilegal detención y alojamiento en una estación migratoria, por lo que el quejoso desconoce la situación legal en que se encuentra en nuestro país, de manera que en su agravio se viola el contenido de los artículos 70, 107, fracción VIII y 102 de la Ley de Migración, pues se impide nombrar un representante legal y eventualmente recobrar su libertad colmando las condiciones que establece el último precepto invocado. La orden de deportación del quejoso, emitida de forma verbal o escrita, así como su ejecución, pues al estar incomunicado y privado de su libertad personal, en calidad de alojado, asegurado, detenido, o retenido injustificadamente y en contra de su voluntad, es inminente su expulsión del país, pues de otra manera no se explica que se le niegue concederle visa humanitaria, se le impida registrarse en calidad de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se le niegue su petición de ser liberado pese a que no ha cometido delito alguno y se prepare su inmediato traslado a una estación migratoria ubicada en la frontera sur de nuestro país." Ahora, según se obtiene de la demanda de amparo, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, que Daniela Isabel Ramírez Osorio, de nacionalidad cubana, fue asegurada por personal del Instituto Nacional de Migración al arribar al Estado de Chihuahua, y posterior a ello, se encuentra privado de su libertad en la Estación Migratoria de Janos. Corolario de lo anterior, no se tiene noticia de que el agraviado haya cometido delito alguno; hasta este momento no existe algún medio de convicción que demuestre, al menos de manera indiciaria que de concederse la medida suspensional, el impetrante pueda evadirse de la acción de la justicia o causar un perjuicio a la sociedad o al orden público. Por el contrario, pone de manifiesto que en su condición de migrante, su detención derivaría de algún procedimiento administrativo previsto por la Ley de Migración para llevar a cabo su retorno asistido o, en su caso, la deportación por su estadía irregular en territorio nacional, procedimiento el cual cuenta con diversas etapas a seguir. En consecuencia, respecto de los actos reclamados de que se dice está siendo objeto la quejosa por parte de la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que no se lleve a cabo la deportación, expulsión o devolución del agraviado a su país de origen; para que se ponga en libertad siempre y cuando cumpla ante la autoridad responsable con las condiciones que más adelante se precisan; de igual forma, para que cese la incomunicación y cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, toda vez que la parte que promueve en su representación manifiesta que se encuentra detenida dada su calidad de migrante. Sin que lo anterior impida que pueda permanecer en la propia Estación Migratoria o Estancia Provisional en que se encuentre para efecto de realizar trámites migratorios, si es que su estancia en el país obedece a que esté buscando regularizar su situación migratoria. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia PC.X. J/15 K (10a.), del Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época, registro digital 2022090, Instancia: Plenos de Circuito, pagina 879, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." En la inteligencia de que la medida cautelar que se otorga, deberá sujetarse en lo conducente a las condiciones a que se contrae la figura jurídica de la "custodia provisional", prevista en el numeral 102 de la Ley de Migración, que señala: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley". La interpretación del precepto transcrito, permite concluir que el inmigrante indocumentado podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio respectivo. Asimismo, la autoridad migratoria del conocimiento tiene obligación de hacer saber al extranjero, cuya situación migratoria es irregular en este país y que se encuentre sometido a un procedimiento administrativo con la finalidad de regularizar su estancia dentro del mismo, que tiene derecho a que se le proporcione información acerca de sus garantías de acuerdo a la legislación aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, entre ellos, el relativo a que hasta en tanto se dicte la resolución definitiva que conforme a derecho corresponda en el procedimiento administrativo instaurado en su contra, pueden otorgar garantía a fin de permanecer en domicilio diverso a la estación migratoria, así como dar aviso a su embajada para la obtención de asistencia y representación consular. Esos derechos, se traducen en la posibilidad de enfrentar el procedimiento administrativo de la forma más efectiva y en apego a sus garantías constitucionales, así como también, el de obtener su libertad bajo las reservas que establece la citada Ley de Migración, en concordancia con lo dispuesto por la propia Constitución Federal, la Ley de Amparo y los Tratados Internacionales de los que México forma parte; como lo es, que ninguna detención prolongada podrá realizarse por autoridades administrativas. Adicional a lo anterior, surtirá efectos la medida suspensional concedida, siempre y cuando se cumpla ante la responsable, los lineamientos y medidas de seguridad siguientes: 1.- Establecer domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán. 2.- No podrá ausentarse sin previa autorización del Juzgado Federal, del domicilio que para tal efecto señale para su resguardo. 3.- En términos del numeral 166 de la Ley de Amparo, deberán comparecer ante la autoridad migratoria las veces que sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. 4.- Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Apercibido que de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión otorgada, y será bajo el cuidado de la autoridad responsable que continúe el procedimiento respectivo para su debido cumplimiento. Ahora, ya que el promovente no refiere el estatus que guarda el agraviado dentro del país, se requiere a la responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir del que sea notificada de este acuerdo, informe la situación migratoria en la que el directo quejoso se encuentra. De igual forma, se le solicita de acceso a la quejosa para el inicio de los trámites migratorios, ya sea de visa humanitaria o reconocimiento de condición de refugiada o de algún otro que proceda y para que en el caso de que aquél haya realizado alguna solicitud relativa a la obtención de algún permiso o trámite para regularizar su estancia en el país, deberá resolverse sobre dicha petición dentro del plazo que establece la ley que rige dicho acto. Para efecto de lo anterior, se requiere a la responsable, para que en un término de setenta y dos horas contado a partir de que quede notificada de esta determinación, que se resuelva, en su caso de ser procedente y de que así lo haya solicitado, sea reconocido legalmente como refugiado, de ser así, se le expida la constancia de trámite respecto de reconocimiento de la condición de refugiado y remita la misma a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la que en el plazo de cinco días, a partir de que la resuelva, atendiendo a las características especiales del quejoso, sobre la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado en que se encuentra Daniela Isabel Ramírez Osorio, velará porque se cumplan en todo momento las garantías del debido proceso consistentes en: 1.- Que sea notificada de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el marco del proceso migratorio. 2.- El proceso migratorio sea llevado por un funcionario o juez especializado. 3.- En caso de ser necesario se le proporcione un traductor y/o intérprete. 4.- Se garantice el acceso efectivo del quejoso a la comunicación y asistencia consular. 5.- Se garantice el acceso a la asistencia de un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante. 6.- Se informe a la quejosa la posibilidad de recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos. 7.- El proceso migratorio se efectúe dentro del plazo razonable. Con independencia de lo anterior, al margen de los lineamientos establecidos, la autoridad responsable deberá implementar los mecanismos pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que el quejoso cumpla a cabalidad con la determinación así asumida. Ello, en razón de que las medidas de aseguramiento correspondientes, tienen como objeto principal garantizar la continuidad del procedimiento administrativo migratorio y devolver a la quejosa a la autoridad responsable. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.99 P, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época, Materia(s): Penal, registro digital 169268, página 1745, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL. De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio - Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos". No obstante lo anterior, si la detención de la quejosa fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese tal detención poniéndolo en libertad, o bien a disposición del representante social, lo anterior con apoyo en los artículos 164, primer párrafo y 165 de la Ley de Amparo. Asimismo, la autoridad responsable deberá realizar las diligencias necesarias para que la agraviada tenga comunicación y asesoría del Consulado de su país de origen. Resulta aplicable al respecto, la tesis I.20o.A.20 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016410, página 3550, del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada". Así como la diversa tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, Materia(s): Común, Administrativa, registro digital 2016412, página 3551, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas informe el cumplimiento dado a la suspensión de plano; además, para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda; apercibida que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la ley en la materia; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dicha autoridad, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad, al correo electrónico oficial de este Juzgado 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx siendo posible su confirmación en el número 656 227-26-00, extensión 1238, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 117 de la ley de la materia. Por otra parte, como lo manifestó el promovente bajo protesta de decir verdad, la directa quejosa fue privado de su libertad para después trasladarlo a la Estación Migratoria ubicada en Janos, Chihuahua; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Menor Mixto de Ascensión, Chihuahua, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, ordenen a quien corresponda se constituya en la Estación Migratorias de Janos, Chihuahua, a fin de localizar a Daniela Isabel Ramírez Osorio, y en caso de encontrarlo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo que a su favor promueve Jorge Vázquez Campbell, apercibiéndola que de no hacer manifestación al respecto se tendrá por no presentada la misma. Asimismo, se solicita haga entrega a la autoridad señalada como responsable, el oficio que para tal efecto se anexa. Se faculta a tal juzgador para que esa diligencia, de ser necesario se practique en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, y en su caso, agote las medidas legales a su alcance, para el logro de la encomienda. Tal como lo solicita el promovente, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones respectivas a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario "vazquezcampbell". De igual manera, se tiene como forma de contacto el correo electrónico que indica. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad el justiciable lo ratifique, en el entendido que el quejoso al momento de ratificar o no la demanda promovida en su favor, podrá señalar diversa vía o domicilio para oír y recibir notificaciones o bien diversos autorizados si fuese su deseo. Con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por la circular DGGJ/0007/2020, de dieciséis de junio de dos mil veinte, emitida por la titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con copia de la demanda por comparecencia, hágase lo anterior del conocimiento del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta localidad fronteriza, a fin de que esté en aptitud de realizar la compensación en el turno de asuntos que se remiten a cada uno de los órganos jurisdiccionales, y para tal efecto se le hace de su conocimiento lo siguiente: ( La fecha de recepción de la presente demanda lo fue el veinte de octubre de dos mil veintitrés, a las veintitrés horas con quince minutos. ( El registro estuvo a cargo de la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, licenciada Myrna Magdalena Barboza Cadena. ( Demanda que fue presentada por Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en la sección de "Demandas Electrónicas", promovida por Jorge Vázquez Campbell en representación de la directa quejosa Daniela Isabel Ramírez Osorio. Por el momento no existe tercero interesado, autorizados, ni expediente de origen.
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