Daniela Guadalupe Cerecedo Lechuga
Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniela Guadalupe Cerecedo Lechuga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Finalmente, toda vez que en el sumario obran documentos en copia certificada exhibidos por la promovente del amparo; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlos; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, serán destruidos con el expediente.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo remitido por la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele remitiendo el disco versátil digital que contiene la audiencia de sobreseimiento por cuanto hace al delito de ultrajes a la autoridad, en el proceso penal 291/2021de su índice, solicitada por la defensa de la aquí quejosa; asimismo, regístrese el disco en la libreta de discos versátiles y guárdese en la secretaría de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA En efecto, si en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado la negativa a otorgar revisión de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y con posterioridad, el Juez responsable resolvió dictar auto de sobreseimiento en el proceso penal 291/2021 de su índice; es evidente que se actualiza la causal de improcedencia del juicio por CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, de conformidad con la regla general que establece la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la negativa de otorgar revisión de medida cautela, fue sustituida jurídica y procesalmente por el citado auto de sobreseimiento. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVII y 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio, por las consideraciones que enseguida se especifican. En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En la especie, como ya se indicó, se actualiza la hipótesis contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que se refiere a la improcedencia del juicio de garantías contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Es por lo anterior, que no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, consistente en la negativa a otorgar la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, sin afectar el referido auto de sobreseimiento, en razón de que en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de éste, afectaría al citado auto, atendiendo a la circunstancia de que la concesión del amparo sería para dejar sin efectos dicha negativa, soslayando que la situación jurídica de la parte quejosa al día de hoy obecede al auto de sobreseimiento. De acuerdo al numeral en comento el sobreseimiento del juicio de amparo cuando apareciere claramente que hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo cual, debe entenderse no sólo la circunstancia de que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, del oficio y anexo de cuenta que remite la autoridad responsable, se advierte que con fecha cuatro de mayo de la presente anualidad, se llevó a cabo la audiencia de sobreseimiento solicitada por la defensa de la aquí quejosa, en donde concluido el debate entre las partes, el Juez responsable resolvió dictar sobreseimiento por cuánto hace al delito de ultrajes a la autoridad, en el proceso penal 291/2021de su índice. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme con lo establecido en el precepto 2° de la Ley de Amparo; advirtiéndose así, una posible causa de improcedencia, y toda vez que éstas son de estudio preferente y de orden público, se atiende de la siguiente manera: En consecuencia, al haberse dictado a la aquí parte quejosa en la causa penal 291/2021 auto de sobreseimiento, resulta evidente que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica respecto del acto combatido, con lo que se concluye que el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse de manera patente la causal prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que la orden de aprehensión se sustituyó jurídica y procesalmente por el indicado auto; en consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia Cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto en el artículo 86, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo vigente, el cual revela que el sobreseimiento del juicio de garantías, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, no hay necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 180706 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Época: Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.7o.P. J/3 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XX, Septiembre de 2004 Página: 1600 Tipo: Jurisprudencia CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." En ese sentido, si de las constancias se observa que en el juicio se señaló como acto reclamado la negativa de revisión de medida cautelar, y por otro lado, el juez responsable emitió auto de sobreseimiento, es evidente la imposibilidad para examinar la constitucionalidad de la aludida negativa, sin afectar la nueva situación jurídica de la parte quejosa, derivada del auto de sobreseimiento, de ahí que resulte notoria, manifiesta e indudable la improcedencia del juicio. Sin que al efecto, se otorgue oportunidad al peticionario de garantías para que ofrezca pruebas, pues en nada cambiaría el sentido de la presente resolución puesto que, considerar lo contrario, vulneraría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 Constitucional. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS. PARTE TERCERA INTERESADA Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de abril del año en curso, se le reconoció el carácter de terceros interesados a Yailene Gaspar Hernández; Juan Santiago Pino Valentín; y Cendi Guadalupe Villeda Martínez (elementos de la Policía Estatal), ordenándose su emplazamiento en las instalaciones de la Coordinación de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla con residencia en esta ciudad. Así, por auto de veintisiete de abril de los actuales, se tuvo al fedatario adscrito manifestando su imposibilidad para emplazar a los citados terceros interesados, por las razones expuestas en el auto en comento, motivo por el cual se requirió al Director de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, (como superior jerárquico) a fin de que informara a este Juzgado Federal el lugar de adscripción de Yailene Gaspar Hernández y Cendi Guadalupe Villeda Martínez -elementos de la Policía Estatal-, esto a fin de emplazarlos al presente juicio, y respecto del tercero interesado Juan Santiago Pino Valentín, se comisionó de nueva cuenta al fedatario adscrito a realizar el emplazamiento de mérito. Sin embargo, no ha lugar continuar con dicho requerimiento efectuado al Director de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, (como superior jerárquico), a fin de lograr el emplazamiento de los citados terceros interesados, esto atendiendo a que con esta fecha se está sobreseyendo el presente asunto fuera de audiencia, por lo tanto, el sobreseimiento aquí decretado lejos de causarles una afectación, les beneficia, por lo que una eventual reposición del procedimiento, no les produciría algún beneficio, sino que les causaría un perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, para lograr su emplazamiento, llegando incluso a obligar a la parte quejosa a erogar gastos frente a un eventual emplazamiento por edictos, en un caso en el que el juicio de amparo es improcedente, al haberse actualizado una causa de improcedencia que obliga a sobreseer en el mismo. En efecto, ante todo debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno ha determinado en su jurisprudencia P./J. 44/96 que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su realización irregular; y que, tratándose del juicio de amparo, nada justifica que se soslaye su intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizársele que pueda ejercer todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes, en los siguientes términos: "Registro digital: 200086 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 44/96 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Julio de 1996, página 85 Tipo: Jurisprudencia TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SI NO FUE EMPLAZADO DEBE ORDENARSE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, SIN QUE OBSTEN LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES Y MODALIDADES QUE SE IMPONGAN EN LA SENTENCIA QUE CONCEDA EL AMPARO. Tomando en consideración que la falta de emplazamiento o la práctica irregular de dicha formalidad a las partes, en un juicio, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, si el tercero perjudicado es parte en el juicio de amparo conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, es inconcuso, que en términos de los artículos 30, 147 y 167 de la propia ley, debe ser legalmente emplazado, y que la omisión a ese respecto, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, tiene como efecto que el tribunal que conoce del amparo directo o de la revisión, mande reponer el procedimiento o, en su caso, revoque la sentencia dictada en el juicio constitucional y ordene la reposición del procedimiento para que se subsane la referida violación procesal. Ello obedece, en primer lugar, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, cuya observancia ha de exigirse con mayor rigor a los tribunales que constituyen órganos de control constitucional, que también han de respetar la secuencia lógico jurídica que impone todo procedimiento y, además, a la necesidad de que el tercero perjudicado, como parte en el juicio de garantías, esté en posibilidad de ejercer sus derechos procesales. Esto, no solamente como una eficaz defensa de los respectivos intereses de las partes, tanto en el juicio principal como en el incidente de suspensión, en su caso, sino también como una oportunidad para proponer las cuestiones de orden público que pudieran advertirse durante la tramitación correspondiente, cuya legal acreditación determinaría obligadamente el sentido del fallo definitivo que al efecto se pronuncie; para interponer asimismo, los medios de impugnación que contra éste u otras resoluciones procedieran y, de una manera fundamental, para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por el cumplimiento de una sentencia ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo, cuya ejecución es indefectible. Por tanto, la determinación del tribunal de considerar innecesario o intrascendente, llamar a juicio al tercero perjudicado cuyo emplazamiento oportuno fue omitido, porque en la sentencia que resuelve el fondo del asunto, se concede el amparo, bien sea por falta de fundamentación y motivación o por cualquiera otra circunstancia, siempre que el fallo sea protector, viola los principios fundamentales del juicio de amparo." Posteriormente, el propio Pleno ha reconocido que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento, o su defectuosa realización en el juicio de amparo, no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no le reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, sea porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución que le sea adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio, se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación, tal como se explica en la tesis P.V/98, cuyo texto es el siguiente: "Registro digital: 196912 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P. V/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 45 Tipo: Aislada TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Criterios que retomó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis: "Registro digital: 2003574 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. XLIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, página 982 Tipo: Aislada FALTA DE EMPLAZAMIENTO. SÓLO EN LOS CASOS EN LOS QUE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR A UNA DE LAS PARTES, LEJOS DE IMPLICARLE UN BENEFICIO LE REPRESENTE UNA VINCULACIÓN OCIOSA AL PROCESO, DEBE OPTARSE POR RESOLVER EN FORMA INMEDIATA SOBRE LAS PRETENSIONES FORMULADAS EN SU CONTRA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en las tesis P./J. 44/96 y P. V/98 (*), en el sentido de que la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave es la falta de emplazamiento o su práctica irregular y que tratándose del juicio de amparo nada justifica que se soslaye la intervención en el procedimiento, en tanto que debe garantizarse que puedan ejercerse todas las prerrogativas procesales a las que legalmente tengan derecho las partes; y que existen supuestos en los que la falta de emplazamiento o su defectuosa realización en el juicio de amparo no necesariamente obligan al órgano jurisdiccional que conozca del juicio a ordenar la reposición del procedimiento, pues en los casos en los que esta decisión no reporte algún beneficio concreto a la parte que no fue oída, bien porque la acción sea improcedente, o por cualquier otro motivo legal que impida el dictado de una resolución adversa, resultará ocioso repetir el procedimiento para darle intervención desde su inicio, porque en lugar de proporcionarle una solución inmediata en el litigio se le obligaría a recorrerlo sabiendo de antemano que a ningún fin práctico conduciría su participación. En consecuencia, sólo en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos." Incluso la propia Segunda Sala en su anterior integración había venido sosteniendo ese criterio, como se desprende de la siguiente jurisprudencia: "Época: Séptima Época Registro: 394487 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 531 Página: 349 TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada". Por tanto, en los casos en los que la reposición del procedimiento para escuchar a una de las partes, lejos de implicarle un beneficio le represente una vinculación ociosa al proceso, debe optarse por resolver en forma inmediata sobre las pretensiones formuladas en su contra, a condición de que la sentencia que se dicte favorezca a sus intereses, pues en caso contrario el órgano jurisdiccional que conozca del juicio debe vigilar que se cumpla con la formalidad esencial del emplazamiento, a fin de que pueda comparecer a defender sus derechos, como acontece en el caso en que deba concederse el amparo. De ahí que, si en el caso, la acción constitucional resultó improcedente, lo que necesariamente obliga a sobreseer en el juicio, resulta ocioso emplazar a la parte tercera interesada Yailene Gaspar Hernández y Cendi Guadalupe Villeda Martínez, porque es evidente que dicha resolución lejos de perjudicarles, les beneficia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa; a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por oficio a las autoridades responsables y a la Fiscalía tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
(CITATORIO) EMPLAZAMIENTO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO JUAN SANTIAGO PINO VALENTÍN.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por DANIELA GUADALUPE CERECEDO LECHUGA contra actos del Juez adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 132/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia fotostática simple del escrito de demanda, con fundamento en el artículo 128 de la ley de la materia, por duplicado y separado tramítese el incidente de suspensión. PRECISIÓN RESPECTO DE LA SUSPESIÓN DE PLANO En el apartado relativo a la suspensión, la parte quejosa menciona en una parte que solicita se le conceda "la suspensión de plano" del acto reclamado; sin embargo, tanto de sus planteamientos como de los preceptos legales citados, se advierte que lo que en realidad se está solicitando en la suspensión provisional y, en su momento, definitiva de dicho acto. Además, en el caso, no se actualiza alguno de los supuestos para la concesión de plano de la suspensión de los actos reclamados, previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada no se trata de un acto de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, pues el acto consiste en el auto de uno de marzo de dos mil veintidós, emitido en el proceso penal 291/2021 del índice del Juzgado responsable, en el cual se desechó de plano la solicitud de revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa; lo que hace evidente que se trata de un acto emitido dentro de un procedimiento. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 179731 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 Materia(s): Común Tesis: VI.1o.A.19 K Página: 1458 SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." MANIFESTACIONES DE TORTURA De la lectura a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su escrito inicial de demanda señala que fue objeto de actos de tortura por parte de la policía estatal, al momento de la detención (dos de noviembre de dos mil veintiuno). En ese sentido, si bien se advierte claramente que la quejosa, en el caso, no se encuentra reclamando su detención en la que manifiesta se cometieron actos de tortura en su contra, sino la resolución en la que se desechó su solicitud de modificación de medida cautelar, lo cierto es que, esa sola manifestación impone la obligación de dar vista a la Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, encuentra apoyo en el siguiente criterio aislado: "Registro digital: 2006483 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561 Tipo: Aislada TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." ACLARACIÓN DE AUTORIDAD RESPONSABLE Cabe señalar que la quejosa designa como autoridad responsable al Juez de Control y Procedimiento Penal y Oral con domicilio en esta ciudad; sin embargo, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para este Juzgado Federal que en esta plaza únicamente funge el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en esta ciudad; en tal virtud, se tiene como autoridad responsable a la precisada en último término. Por lo que se comisiona a la Analista Jurídico SISE, que capture a la referida autoridad responsable con la denominación correcta que les corresponde, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo que no debe entenderse como el mejoramiento de la demanda de amparo, ya que en el caso se trata de un juicio de amparo en materia penal, donde las consideraciones establecidas atienden a la protección de los derechos fundamentales, además, ha sido voluntad expresa de la parte quejosa señalar como responsable a la autoridad cuya denominación correcta ahora se suple, ya que la imprecisión en la denominación apuntada, devendría en retardar la integración del expediente a efecto de dictar sentencia, en detrimento al artículo 17 Constitucional, siendo que el proceso de amparo es de carácter sumario. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia y se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la audiencia constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6°, 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, se comunica a las partes, que en caso de que deseen comparecer a la celebración de la audiencia constitucional, ya sea de manera física o por videoconferencia, deberán informarlo ante este órgano jurisdiccional, con diez días de anticipación a la fecha señalada para su celebración, para estar en condiciones de proveer lo conducente sobre su comparecencia, en caso de no realizar ninguna manifestación al respecto, se entenderá que no desean comparecer a la audiencia. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Prevéngase al juez responsable para que suspenda el procedimiento penal hasta que sea notificada de la resolución definitiva que recaiga en el presente juicio de amparo, pues en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, de llegarse a dictar sentencia, se consumarían de manera irreparable las violaciones resultantes del acto inicialmente reclamado. TERCERO INTERESADO Con fundamento en el artículo 5° de la Ley de Amparo, téngase como tercera interesada a la Fiscal Cuarta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, quien deberá ser emplazada a juicio mediante atento oficio que al efecto se le gire, en términos de los artículos 26, fracción II, inciso b) y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo; a quien se le correrá traslado con copia simple de la demanda que para tal efecto se acompaña, haciéndole saber la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que pueda comparecer al procedimiento constitucional si a su interés conviene; en la inteligencia que al no tener calidad de responsables no tiene que rendir ningún tipo de informe. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2002386 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 87/2012 (10a.) Página: 464 REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción IV, 155, último párrafo y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la omisión de notificar al Ministerio Público que actúe en el proceso penal sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que pueda formular alegatos por escrito, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, motivo por el cual ante esa circunstancia procede que la autoridad revisora ordene la reposición del procedimiento. Lo anterior, porque el Ministerio Público de referencia fue incorporado a la sustanciación del juicio de garantías, con la finalidad de garantizar su intervención, en vista de que dicha institución es la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación con los juicios en que interviene, es decir, se integró sólo en la fase de tramitación de la audiencia constitucional, con derecho a ser oída en el juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, que capture a la mencionada fiscalía como tercero interesado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN TORNO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Se estima que por lo que respecta a la parte tercera interesada que pudiera surgir en este juicio, con tal carácter, conforme a lo que dispone el artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, para el caso de que el acto reclamado sea cierto, requiérase al juez responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, indique lo siguiente: * La Fiscalía a la que se encuentra adscrito el Agente del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual deriva el acto aquí reclamado; y * El nombre y domicilio completo del ofendido o víctima en el proceso penal seguido en contra del peticionario del amparo. Lo anterior, a fin de que este Juzgado Federal esté en aptitud de decretar las medidas pertinentes para proveer sobre su carácter de tercero interesado y estar en posibilidad de emplazarlo a la presente instancia judicial. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 244, de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que anexa a su escrito de demanda; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a German Eligio Moreno Pastrana y Filiberto Sánchez Azuara, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Se tiene por señalados el correo electrónico proporcionados por la impetrante, y agréguese como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFICACIONES DE LOS POSIBLES DIFERIMIENTOS Por otro lado, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes en el presente asunto, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulte suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. De ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la realizada en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I de la Ley de Amparo; por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para notificarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por tanto, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho acuerdo, se realizará únicamente a través de lista; lo anterior con independencia de que si dicho proveído contuviera algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y por oficio a la fiscalía tercera interesada y autoridades responsables. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe...Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez de Control y de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia autentificada del proceso penal 291/2021 de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Finalmente, respecto al número telefónico y correo electrónico que proporciona, agréguese como información de contacto, de conformidad con los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se reservó a proveer sobre el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta que estuviera en el sumario el informe justificado de la autoridad responsable, de donde se pueda advertir a quienes les asiste tal carácter; lo que como se advierte de las constancias que integran el sumario, ya aconteció. En ese tenor, se procede a proveer respecto en torno a dicho tópico de la manera siguiente. Toda vez que de las constancias remitidas por el Juez de Control y de Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en esta ciudad, se advierte que el delito que se le imputa a la aquí quejosa es el de ultrajes a la autoridad cometido contra elementos de la Policía Estatal Yailene Gaspar Hernandez; Juan Santiago Pino Valentín; y Cendi Gudalupe Villeda Martínez. Recapitulando lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión que les resulta el carácter de terceros interesados Yailene Gaspar Hernandez; Juan Santiago Pino Valentín; y Cendi Gudalupe Villeda Martínez, ello porque fueron las personas en quienes recayó el hecho considerado como delito, por el que se le impuso a la parte quejosa la medida cautelar dentro del proceso penal 291/2021, del índice de la responsable. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, para que emplacen al presente juicio a los citados terceros interesados, en las instalaciones de la Coordinación de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla con residencia en esta ciudad, a quienes les deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, así como del auto admisorio y les hará saber la hora y fecha de la audiencia constitucional, esto es NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, a fin de que comparezcan si a su interés legal conviene. De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. Notifíquese; y emplácese a los terceros interesados por conducto de los actuarios adscritos. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe...Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para emplazar a los terceros interesados Yailene Gaspar Hernández, Juan Santiago Pino Valentín, y Cendi Guadalupe Villeda Martínez; debido a que al constituirse en las instalaciones de la Coordinación de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla con residencia en esta ciudad la persona con quien atiende la diligencia le informa que respecto de Yailene Gaspar Hernández y Cendi Guadalupe Villeda Martínez ya no se encuentran adscritos a dicha coordinación y desconoce donde se encuentren adscritos en la actualidad. Y, respecto del diverso tercero Juan Santiago Pino Valentín se encuentra en periodo vacacional, reincorporándose el vienes próximo (veintinueve de abril de los actuales); agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que se desconoce el lugar en el que se encuentran adscritos Yailene Gaspar Hernández y Cendi Guadalupe Villeda Martínez -elementos de la Policía Estatal-, requiérase al Director de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, (como superior jerárquico) a fin de que informe a este Juzgado Federal dentro del término de tres días contado a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, el lugar donde se encuentran adscritos los citados elementos de la policía estatal, esto a fin de emplazarlos al presente juicio. Bajo el apercibimiento que de hacer caso omiso, se impondrá una multa por el equivalente de cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo vigente. Se precisa al Director de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, que este Juzgado Federal no cuenta con mayor dato de dichos elementos estatales, solo su nombre y que sus adscripciones han sido en la Policía Municipal de Poza Rica, Veracruz. Finalmente, respecto del tercero interesado Juan Santiago Pino Valentín se comisiona de nueva cuenta a cualquiera de los fedatarios adscritos a fin de que realice la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de veinte de abril de los actuales, en los términos precisados en dicho auto.
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Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad del actuario judicial adscrito para emplazar a los terceros interesados Yailene Gaspar Hernández, Juan Santiago Pino Valentín, y Cendi Guadalupe Villeda Martínez; debido a que al constituirse en las instalaciones de la Coordinación de la Policía Intermunicipal Poza Rica- Tihuatlán- Coatzintla con residencia en esta ciudad la persona con quien atiende la diligencia le informa que respecto de Yailene Gaspar Hernández y Cendi Guadalupe Villeda Martínez ya no se encuentran adscritos a dicha coordinación y desconoce donde se encuentren adscritos en la actualidad. Y, respecto del diverso tercero Juan Santiago Pino Valentín se encuentra en periodo vacacional, reincorporándose el vienes próximo (veintinueve de abril de los actuales); agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que se desconoce el lugar en el que se encuentran adscritos Yailene Gaspar Hernández y Cendi Guadalupe Villeda Martínez -elementos de la Policía Estatal-, requiérase al Director de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, (como superior jerárquico) a fin de que informe a este Juzgado Federal dentro del término de tres días contado a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, el lugar donde se encuentran adscritos los citados elementos de la policía estatal, esto a fin de emplazarlos al presente juicio. Bajo el apercibimiento que de hacer caso omiso, se impondrá una multa por el equivalente de cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo vigente. Se precisa al Director de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado con residencia en Xalapa, Veracruz, que este Juzgado Federal no cuenta con mayor dato de dichos elementos estatales, solo su nombre y que sus adscripciones han sido en la Policía Municipal de Poza Rica, Veracruz. Finalmente, respecto del tercero interesado Juan Santiago Pino Valentín se comisiona de nueva cuenta a cualquiera de los fedatarios adscritos a fin de que realice la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de veinte de abril de los actuales, en los términos precisados en dicho auto.
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