Daniela Elizabeth Ruiz Vidal y Otros.

Expediente 1658/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1658/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Daniela Elizabeth Ruiz Vidal y Otros.
  • Daniela Elizabeth Ruiz Vidal
  • Radame Vera Salinas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto; el oficio con firma electrónica de la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso con el que se declinó competencia, el presente juicio de amparo promovido por Daniel Elizabeth Ruiz Vidal y otro. Asimismo, informa que aceptó la competencia planteada, registrando el expediente con el número de amparo directo 30/2023, de su estadística. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación, y atento a su contenido este juzgado toma conocimiento de la aceptación de la competencia planteada; por ende, procede lo siguiente: ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro Electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción j), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se declinó competencia legal de la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se deja de proveer lo relativo, toda vez que no se ordenó aperturar. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No existe documentos para devolver, toda vez que no fueron exhibidos por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante escrito depositado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad y Juzgados de Procesos Penales Federales y Juicios de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Daniela Elizabeth Ruiz Vidal y Radame Vera Salinas, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas. ACTO RECLAMADO: La resolución dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en el toca civil 390-2C01/2018, tercera apelación subsecuente, que confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la tercería excluyente de preferencia promovida por la hoy parte solicitante del amparo relativo al juicio especial hipotecario 924/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en contra de María Alejandrina Cancino Nigenda, por ser notoriamente improcedente el recurso de apelación hecho valer en contra del referido auto. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. [.]. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley". De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Por su parte, los numerales 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En el caso concreto, como quedó expuesto, la parte quejosa reclama resolución dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en el toca civil 390-2C01/2018, tercera apelación subsecuente, que confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual desechó la tercería excluyente de preferencia que intentó la hoy parte quejosa relativo al juicio especial hipotecario 924/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en contra de María Alejandrina Cancino Nigenda. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, aplicable en el caso en específico, en su título segundo, establece la figura jurídica de las tercerías, las que si bien, tienen relación directa con el juicio principal, son juicios autónomos e independientes, las cuales se substanciarán en forma independiente y en la vía que corresponde al juicio en el que se promueven. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal; es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, pues en el caso, las excluyentes de dominio se basan en el derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o bienes que se pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que se hace valer la tercería; mientras que las de preferencia, se fundan en el mejor derecho que aduzca el tercero para ser pagado del crédito reclamado; lo cual, materialmente le da la calidad de ser juicios con sustantividad propia. De esta forma, el tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, razón por la cual esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, lo cual evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. Apoyan a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 59/2004 y 126/2005, sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE.". "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En las relatadas condiciones, el acto reclamado en el presente juicio no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, como ha quedado precisado, la resolución reclamada confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la tercería excluyente de preferencia que intentó la hoy parte quejosa relativo al juicio especial hipotecario 924/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en contra de María Alejandrina Cancino Nigenda; es una resolución que sin decidir el fondo de dicha tercería, la da por concluida. Por tanto, la resolución reclamada es de las que se encuentran previstas en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo directo. En este contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por Daniela Elizabeth Ruiz Vidal y Radame Vera Salinas. En consecuencia, con las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, residente en esta ciudad, para lo que en derecho corresponda determinar, respecto de la cuestión competencial que se hace de su conocimiento; se solicita a la superioridad tenga a bien acusar recibo correspondiente y de no existir inconveniente legal alguno, informe la determinación que emita al respecto. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase a la superioridad el presente juicio de amparo con los anexos respectivos, para los efectos legales a que haya lugar. Realícense las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito a lo anterior, se DEJA SIN EFECTOS la audiencia constitucional fijada para DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, de los que se advierte que mediante escrito depositado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de la Oficina de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad y Juzgados de Procesos Penales Federales y Juicios de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Daniela Elizabeth Ruiz Vidal y Radame Vera Salinas, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chiapa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en Chiapa de Corzo, Chiapas. ACTO RECLAMADO: La resolución dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en el toca civil 390-2C01/2018, tercera apelación subsecuente, que confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, que desechó la tercería excluyente de preferencia promovida por la hoy parte solicitante del amparo relativo al juicio especial hipotecario 924/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en contra de María Alejandrina Cancino Nigenda, por ser notoriamente improcedente el recurso de apelación hecho valer en contra del referido auto. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Este órgano de control constitucional estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto. Los artículos 34, 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. [.]." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. [.]. Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley". De conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes transcritas, procede el amparo directo, del cual conocerá el Tribunal Colegiado que corresponda, contra sentencias definitivas o laudos y contra las resoluciones que sin decidir el fondo del juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, entendiéndose por las primeras, aquellas que decidan el juicio en lo principal y, por las segundas, las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido. Por su parte, los numerales 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, los cuales serán del conocimiento del Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En el caso concreto, como quedó expuesto, la parte quejosa reclama resolución dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, en el toca civil 390-2C01/2018, tercera apelación subsecuente, que confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual desechó la tercería excluyente de preferencia que intentó la hoy parte quejosa relativo al juicio especial hipotecario 924/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en contra de María Alejandrina Cancino Nigenda. Ahora, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, aplicable en el caso en específico, en su título segundo, establece la figura jurídica de las tercerías, las que si bien, tienen relación directa con el juicio principal, son juicios autónomos e independientes, las cuales se substanciarán en forma independiente y en la vía que corresponde al juicio en el que se promueven. En efecto, en la tercería excluyente se ventila una acción distinta a la que se debate en el juicio principal; es decir, la materia de la controversia en la tercería es distinta a la del juicio preexistente, pues en el caso, las excluyentes de dominio se basan en el derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o bienes que se pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que se hace valer la tercería; mientras que las de preferencia, se fundan en el mejor derecho que aduzca el tercero para ser pagado del crédito reclamado; lo cual, materialmente le da la calidad de ser juicios con sustantividad propia. De esta forma, el tercero es ajeno a la controversia principal y, al ejercer la nueva acción debe acreditar tener un interés propio y distinto al de quienes son parte en el juicio principal, razón por la cual esta nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento propio en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes y no suspende el curso del juicio preexistente, lo cual evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios. Apoyan a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 59/2004 y 126/2005, sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "TERCERÍAS EXCLUYENTES TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE.". "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO." En las relatadas condiciones, el acto reclamado en el presente juicio no encuadra en ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, como ha quedado precisado, la resolución reclamada confirmó el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la tercería excluyente de preferencia que intentó la hoy parte quejosa relativo al juicio especial hipotecario 924/2015, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, en contra de María Alejandrina Cancino Nigenda; es una resolución que sin decidir el fondo de dicha tercería, la da por concluida. Por tanto, la resolución reclamada es de las que se encuentran previstas en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo directo. En este contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 47 y 170, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo promovida por Daniela Elizabeth Ruiz Vidal y Radame Vera Salinas. En consecuencia, con las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, residente en esta ciudad, para lo que en derecho corresponda determinar, respecto de la cuestión competencial que se hace de su conocimiento; se solicita a la superioridad tenga a bien acusar recibo correspondiente y de no existir inconveniente legal alguno, informe la determinación que emita al respecto. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase a la superioridad el presente juicio de amparo con los anexos respectivos, para los efectos legales a que haya lugar. Realícense las anotaciones correspondientes en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En mérito a lo anterior, se DEJA SIN EFECTOS la audiencia constitucional fijada para DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes en proveído de catorce de diciembre del año en curso, para imponerse del informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, que la audiencia constitucional está fijada para esta data. Al efecto, se acuerda: En ese tenor, para dar margen a lo anterior y no dejar en estado de indefensión a las partes, pues si se llevara a cabo la audiencia constitucional señalada para este día se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento al no estar debidamente integrado el presente expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sin que haya lugar a notificar a través de oficio el presente acuerdo a las autoridades responsables, toda vez que el diferimiento de la audiencia constitucional, constituye un acuerdo de trascendencia menor que, por exclusión, puede notificarse por lista a las partes, ya que ello no les impide conocer el desarrollo del procedimiento en que se actúa, ni se afecta la correcta integración de este expediente; por tanto, se ordena notificarlas por el medio antes indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." 1 NOTIFÍQUESE POR LISTA.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano