Daniela de Lourdes Blanco Ríos
Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daniela de Lourdes Blanco Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO QUE INTERESA DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Daniela de Lourdes Blanco Ríos, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y glósese a los presentes autos únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), que dicen: ABEL MEJÍA CAMPOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.9c 26/06/22 09:45:00 CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: . II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el duplicado es susceptible de destrucción, y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la demanda y resoluciones en las que se concedió la ABEL MEJÍA CAMPOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.9c 26/06/22 09:45:00 suspensión, por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material correspondiente. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado Acuerdo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, ya que no son necesarias las constancias remitidas por el Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, consistentes en copias certificadas del exhorto 140/2021 (un tomo), y las diversas que envió el Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, México, consistentes en copia certificada del expediente 1361/2020 (un tomo). En consecuencia, devuélvanse y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que, dentro del término de tres días computados legalmente, acusen recibo de las constancias en cita. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les aplicará a cada una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo institucional german.jaen.leon@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el ABEL MEJÍA CAMPOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.9c 26/06/22 09:45:00 presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, a saber 5553870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En otro orden de ideas, con fundamento en el citado artículo 21, del Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa, los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, tendrán el mismo destino del sumario en que se actúa. Para lo anterior, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4, del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para ello, deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II, del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la quejosa, y a las demás partes por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó el juicio de amparo promovido por Daniela de Lourdes Blanco Ríos, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y glósese a los presentes autos únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión correspondiente. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a), que dicen: ABEL MEJÍA CAMPOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.9c 26/06/22 09:45:00 CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: . II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el duplicado es susceptible de destrucción, y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la demanda y resoluciones en las que se concedió la ABEL MEJÍA CAMPOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.9c 26/06/22 09:45:00 suspensión, por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material correspondiente. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado Acuerdo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otro lado, ya que no son necesarias las constancias remitidas por el Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, consistentes en copias certificadas del exhorto 140/2021 (un tomo), y las diversas que envió el Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, México, consistentes en copia certificada del expediente 1361/2020 (un tomo). En consecuencia, devuélvanse y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que, dentro del término de tres días computados legalmente, acusen recibo de las constancias en cita. Se apercibe a las autoridades requeridas, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les aplicará a cada una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se pone a disposición de las autoridades responsables, el correo institucional german.jaen.leon@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el ABEL MEJÍA CAMPOS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c6.9c 26/06/22 09:45:00 presente asunto, siempre y cuando tengan firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, a saber 5553870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En otro orden de ideas, con fundamento en el citado artículo 21, del Acuerdo General, se deja a disposición de la parte quejosa, los documentos que exhibió durante la tramitación del presente juicio de amparo, en el entendido que, cuando se presente a su recolección deberá dejarse en autos copia de los mismos; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no solicitarlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, tendrán el mismo destino del sumario en que se actúa. Para lo anterior, se precisa que para poder acudir la parte quejosa a recoger las documentales, conforme a los artículos 3 y 4, del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para ello, deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II, del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la quejosa, y a las demás partes por lista en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia los autos del juicio de amparo 571/2021-V promovido por ------------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este juzgado de distrito, el quince siguiente, ------------, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal por las autoridades y actos que a continuación se precisan: "(.) A) .- ORDENADORAS: C. JUEZ CUARTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLANEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C. JUEZ QUINTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLANEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C. JUEZ SEXTO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLANEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. B) .- EJECUTORAS: CENTRAL DE EJECUTORES Y NOTIFICADORES DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, DEL PODER JUDICIAL DE DICHA ENTIDAD. IV.- ACTOS RECLAMADOS B) .- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: La ORDEN DE EJECUCIÓN que se ha decretado en contra del inmueble en el cual tengo celebrado Contrato de Arrendamiento con el Señor ------------, en el cual, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, desconozco las causas que lo originan, toda vez que fueron en busca de la Persona Jurídica denominada LE GRAN PARA LA TERCERA EDAD, A.C. y en el caso en concreto, la suscrita tengo celebrado Contrato de Arrendamiento por un plazo de tres años contados a partir del día veintidós del mes de febrero del año 2020 y concluirá precisamente el día veintiuno del mes de febrero del año 2023; asimismo, le manifiesto a Su señoría, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que desconozco el motivo por el cual se ordenó inconstitucionalmente la ejecución del Acto señalado como Reclamado, lo cual quedará demostrado ante Su ilustre en el Capítulo de hechos de la presente Demanda de Garantías." Y en su escrito de ampliación de demanda presentado el siete de julio de dos mil veintiuno, señaló como autoridades responsables a las siguientes: "Que por medio del presente ocurso, estando en tiempo para ello, vengo a ampliar mi Demanda de Amparo, por lo que respecta al C. Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, Estado de México, en el Expediente Número 1361/2020, que se tramita un Juicio Ejecutivo Mercantil, en el cual, como podrá apreciar Su Señoría, no soy parte en dicho Proceso Judicial." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, previo desahogo de prevención, se admitió a trámite la demanda, misma que se registró con el número 571/2021-V, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Por auto de ocho de julio del presente año, se admitió a trámite la ampliación de demanda, respecto a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, Estado de México, por el acto reclamado consistente en orden de embargo que emitió en el juicio ejecutivo mercantil 1361/2020. . CUARTO. Inexistencia de autoridad. Acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por el que se dejó de tener con el carácter de responsable para efectos del presente juicio a la autoridad responsable que señaló en su escrito inicial de demanda como "Juez Sexto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia de Naucalpan de Juárez, Estado de México". Así, previo diferimiento, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estado Unidos; 33 fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Apartado Cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que los actos reclamados tienen ejecución material dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda y escrito de ampliación de la misma, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, Estado de México; Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan; Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México; Juez Quinto Mercantil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México; y Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan: La orden de embargo, respecto del inmueble ubicado en Calle --------------, Naucalpan de Juárez, Estado de México. Del Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, y Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México: La ejecución de la orden de embargo, en relación al inmueble ubicado en ----------------, Naucalpan de Juárez, Estado de México. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado las siguientes autoridades negaron la existencia de los actos reclamados, precisados en el considerando segundo: 1. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan. 2. Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan. 3. Juez Quinto Mercantil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. 4. Juez Quinto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, México. En mérito de lo anterior, si las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, era preciso que la parte quejosa probara lo contrario dentro de la secuela del procedimiento o en la propia audiencia constitucional, sin que lo haya hecho, no obstante que oportunamente se le dio vista con los informes justificados, a efecto de que estuviera en aptitud de aportar los medios de prueba que considerara pertinentes para desvirtuar la negativa vertida por las autoridades responsables, sin que se aportara prueba idónea para desvirtuar esa negativa. En consecuencia, si en la especie los actos reclamados son un hecho positivo, era obligación de los peticionarios probarlo, no así la negativa de hechos realizada por las responsables, porque evidentemente no existe materia qué comprobar. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito de demanda, exhibió las siguientes documentales: 1.-Original del citatorio emitido por la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, de catorce de junio del presente año, el cual fue entregado en el inmueble ubicado en Calle-----------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Código Postal 53100, Estado de México. 2.-Original del contrato de arrendamiento celebrado el veintidós de febrero de dos mil veinte, entre la aquí quejosa como arrendataria y ------------ como arrendador, respecto del inmueble ubicado en Calle -------------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo, al ser valoradas por este juzgado de distrito, se consideran insuficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados a las autoridades, pues únicamente dan certeza respecto de los actos contenidos en ellos, esto es, por lo que hace a la documental mencionada en el primer numeral, únicamente acredita que se presentó un Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el once de junio del presente año en el domicilio de referencia, dejando dicho citatorio, y respecto al segundo documento, solo demuestra de manera presuncional que la quejosa es arrendataria del inmueble en que aduce se pretende ejecutar una orden de embargo, sin que esto implique que las autoridades responsables ordenadoras de referencia, sean quienes emitieron la orden con motivo de la cual acudió dicho ejecutor, dado que no se aprecia denominación alguna de los citados órganos jurisdiccionales. Por tanto, es claro que en el caso concreto se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional, lo que obliga a sobreseer en este juicio respecto del acto precisado en párrafos precedentes. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades responsables: Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, Estado de México. Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México. Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. En su informe justificado aceptaron el acto reclamado consistente en la orden de embargo y su ejecución, en el domicilio ubicado en Calle ------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Código Postal 53100, Estado de México, y su ejecución; ya que el Juez Primero Mercantil de Nezahualcóyotl, Estado de México, refirió que en auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, admitió a tramite la demanda instaurada por----------, en su carácter de endosatario en procuración, en contra de Le Gran para la Tercera Edad, Asociación Civil, la cual registro como juicio ejecutivo mercantil 1361/2020, emitiendo en esa data un auto de emplazamiento, requerimiento de pago y embargo, y toda vez que el domicilio de la deudora se encontraba en Naucalpan de Juárez Estado de México ordenó girar exhorto al Juez Competente a efecto de cumplir con la referida diligencia. Por su parte, el Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, aceptó tener en trámite el exhorto 140/2021, el cual deriva del juicio ejecutivo mercantil de referencia, para dar cumplimiento al embargo de mérito, en tanto que, el Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, aceptó haber recibido la orden de ejecutar el acto reclamado. Ello se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1361/2020 y el exhorto 140/2021, remitidos por las autoridades responsables, constancias que este juzgado les otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, conforme a su numeral 2 de dicho ordenamiento legal. QUINTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la controversia constitucional que nos ocupa, se deben analizar las causales de improcedencia, sea que lo hagan valer las partes o de oficio se adviertan, por ser cuestión de orden público y estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este juzgador federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, del ordenamiento legal en cita2. Conforme a dichos numerales, la exigibilidad del interés jurídico subsiste cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como acontece en el presente juicio, ya que éste consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma general, que se ve afectado por un acto de autoridad y le ocasiona un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Así, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente para demandar el cese de ésta; en otras palabras, el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. En relación a este último punto, el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a lo dispuesto por este precepto constitucional procede el juicio de amparo para proteger cualquier derecho que resulte afectado sin los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, para que prospere la acción de amparo, esa afectación debe demostrarse fehacientemente, sin que pueda inferirse tan sólo por presunciones. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/91, cuya finalidad de esa resolución es evitar que exista incertidumbre sobre qué posesión debe protegerse en el juicio de amparo indirecto en que el quejoso se ostenta como persona o tercero extraño a un juicio del orden civil y, en ese tipo de juicio constitucional, qué debe demostrar el promovente del amparo para acreditar su interés jurídico; 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa [.]". asimismo, concluyó que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pero no de una simple posesión material de un bien. Sobre esa base, arrojó luz para que los operadores jurídicos estén sabidos que, para que la posesión de un quejoso, que se ostenta extraño a un juicio sea susceptible de protección constitucional, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y, para no dejar lugar a dudas, la propia Corte especificó qué debe entenderse por título la causa generadora de esa posesión, lo cual de entrada prueba que quien acude al juicio de amparo tiene un interés jurídico para ello, pues sólo de ese modo no se estará analizando la posible afectación a una posesión simple que, a su vez, conllevara a un estudio absurdo e injusto de esta última; tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia P./J. 1/2002, de rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS". De suerte tal que la parte quejosa que se ostente como tercera extraña al juicio natural está obligada a demostrar que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad o posesión del inmueble que defiende. En el presente caso, la parte quejosa refiere en su demanda de amparo que ejerce la posesión del inmueble ubicado en Calle ------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Código Postal 53100, Estado de México, derivada de un contrato de arrendamiento. Luego, para que la parte quejosa acredite su interés jurídico para reclamar la orden de embargo que se pretende ejecutar en el inmueble referido, deberá demostrar que efectivamente tiene algún derecho respecto de dicho bien. Ahora bien, la peticionaria del amparo exhibió para acreditar dicha situación la siguiente documental: Documento privado consistente en original del contrato de arrendamiento celebrado el veintidós de febrero de dos mil veinte, entre la aquí quejosa como arrendataria y ------------ como arrendador, respecto del inmueble ubicado en Calle ------------, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo, dicho medio de prueba resulta ineficaz para acreditar que el acto reclamado afecta su interés jurídico, ya que se trata de un contrato privado de arrendamiento el cual no cuenta con certeza en cuanto a la fecha de su elaboración. El concepto de fecha cierta tratándose de documentos privados resulta útil en el ámbito de la acreditación del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo se consigue como objetivo, que en el juicio de amparo se demuestre no solamente la existencia de un derecho (en su caso, un derecho real como la propiedad), derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se demuestre que ese derecho existió con anterioridad al acto reclamado. En torno de los referidos documentos de fecha cierta, el Alto Tribunal básicamente ha establecido, que éstos son aquellos que han sido incorporados o inscritos en un registro público, los que se han presentado ante algún funcionario público, por razón de su oficio y que también se consideran de fecha cierta los documentos a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Es ilustrativa la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo LXXXVIII, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS." Luego, cuando los documentos carezcan de fecha cierta, ello imposibilita determinar si el reclamo que se hace a la autoridad responsable se deriva de actos anteriores o posteriores a la adquisición del derecho o crédito litigioso, de manera que no son aptos para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, por lo que con la figura de la fecha cierta se garantiza la legalidad y certeza jurídica a las que se deben sujetar las operaciones jurídicas como la cesión de créditos y, por analogía, los actos jurídicos traslativos de dominio. En el caso, el contrato de arrendamiento no fue presentado en un registro público o ante funcionario con fe pública en razón de sus funciones, ni se advierte que haya muerto alguno de los signantes, a efecto de dotar al documento de certeza en cuanto a la fecha de su existencia, por lo que, tal documento no es de fecha cierta, lo que genera incertidumbre respecto a la fecha de su emisión, ya que no se tiene la seguridad si el mismo fue emitido previo a la orden de embargo que se reclama, por lo cual, no es dable, considerar que le asista interés jurídico a la quejosa ------------, en relación al inmueble de mérito. En ese orden, el interés jurídico sólo es susceptible de demostrarse mediante elementos de convicción directos y conducentes; en virtud de que para la procedencia del juicio de amparo se requiere acreditar, ese interés en forma indubitable, por lo que no puede ser inferido a base de presunciones, siendo insuficiente la protesta de decir verdad, como la presunción de certeza que se pueda configurar en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 72, noviembre de dos mil diecinueve, tomo I, página trescientos veintinueve, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." De todo lo anterior, se llega a la conclusión, que respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 en relación con el diverso precepto 5, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento, se sobresee este juicio. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ------------, por propio derecho, respecto a los actos reclamados precisados en el segundo considerando, por los motivos y fundamentos expresados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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