Daniela Bernal Pedraza
Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Daniela Bernal Pedraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia firmada el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.(...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción I, inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno y por resolución de nueve de abril del mismo año, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que deberá conservarse únicamente las determinaciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA IV. Mérida, Yucatán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial que antecede de la que se advierte que al fedatario judicial adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia dictada en este juicio, por los motivos que se expone; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 Ley de Amparo aplicable, notifíquese a la parte quejosa la sentencia en comento y los subsecuentes acuerdos, incluso los de carácter personal, por medio de lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto proporcione un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Resulta aplicable al caso por identidad la jurisprudencia número 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobada en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, al resolver la contradicción de tesis 107/2007-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, Cuyo rubro y texto es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(...)
- Principal
MESA IV. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo número 505/2021-IV promovido por Daniela Bernal Pedraza, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y Jefe Encargado del Depósito Vehicular Número Dos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, recibido al día siguiente en la Oficialía de Partes de este juzgado, Daniela Bernal Pedraza solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y Jefe Encargado del Depósito Vehicular Número Dos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitaron sus correspondientes informes justificados a las autoridades responsables, los cuales rindieron en su oportunidad, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgados de Distrito; lo anterior porque en el presente caso se reclama un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: La orden de decomiso, secuestro, desposeimiento, resguardo y privación ilegal de la posesión del vehículo marca Jeep, tipo Jeep Compass Limited 4X2, modelo 2018, número de serie 3C4NJCCB5JT287356, con placas de circulación DNC-198-A, del Estado de Chiapas. Del Jefe Encargado del Depósito Vehicular Número Dos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: La negativa de entregar y devolver el vehículo marca Jeep, tipo Jeep Compass Limited 4X2, modelo 2018, número de serie 3C4NJCCB5JT287356, con placas de circulación DNC-198-A, del Estado de Chiapas. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, y Jefe Encargado del Depósito Vehicular Número Dos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, manifestó que son ciertos los actos reclamados; en consecuencia, se tienen por ciertos los actos reclamados. Cuarto. Causal de improcedencia advertida de manera oficiosa. Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza una causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Precepto legal que guarda relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime se transgredió por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia particularmente ilustrativa, con número 1a./J. 168/2007, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, facultad que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros. En consecuencia, el interés afectado que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, es aquel que es reconocido por el derecho. Por ello, no existe derecho subjetivo, ni por tanto interés jurídico, cuando se tiene sólo una facultad o potestad, reconocida por la norma, sin que tal facultad pueda imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, es indispensable que el ordenamiento jurídico, otorgue la potestad para obtener coercitivamente su respeto. De manera que para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo que se infringe con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir, aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello acarreará el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico del quejoso, debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado del quejoso. En el presente caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que Daniela Bernal Pedraza, ostentándose propietaria del vehículo relacionado con el presente juicio de amparo, acudió a este medio de control constitucional en reclamo de la desposesión y negativa de entrega del siguiente vehículo: Marca Jeep, tipo Jeep Compass Limited 4X2, modelo 2018, número de serie 3C4NJCCB5JT287356, con placas de circulación DNC-198-A, del Estado de Chiapas. Pues bien, siendo la quejosa una persona que se ostenta propietaria del mencionado vehículo, es necesario que acredite la titularidad de los derechos que exige sean respetados mediante el presente juicio de amparo; esto es, debe demostrar fehacientemente que cuenta con un título legalmente sustentado que genera a su favor el derecho de propiedad sobre el bien mueble que defiende. Por ello, si la quejosa, ostentándose propietaria del citado vehículo, acude a solicitar la protección constitucional contra la desposesión y negativa de entregárselo, entonces debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para impugnar dichos actos; lo cual no aconteció en el presente caso. En efecto, para demostrar el derecho que le asiste en relación con el bien mueble retenido, la quejosa exhibió los siguientes documentos: 1). Copia certificada de su credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral. 2). Copia Certificada de la carta factura expedida por Pastrana de Pedrero S.A. de C.V. a nombre de Guadalupe Cruz Hernández, relativa al vehículo marca Jeep, tipo Jeep Compass Limited 4X2, modelo 2018, número de serie 3C4NJCCB5JT287356, con placas de circulación DNC-198-A, del Estado de Chiapas. 3). Contrato privado de compraventa del citado vehículo, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve, realizado entre la aquí quejosa y Pedro Julio Jauregui Ortiz, como parte compradora, y Guadalupe Cruz Hernández, como parte vendedora del vehículo. 4). Copia certificada de la tarjeta de circulación del mencionado vehículo expedida por el Gobierno del Estado de Chiapas, a nombre de Guadalupe Cruz Hernández. Haciéndose la precisión que todos los documentos anteriormente relacionados fueron certificados el día veintidós de marzo de dos mil veintiuno, por el Notario Público Número Cuarenta y Cuatro de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Sin embargo, dichos documentos no resultan idóneos para acreditar el derecho de propiedad que la parte quejosa dijo tener respecto del vehículo ahí descrito. Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que en dichas constancias obra copia certificada de la carta factura expedida por Pastrana de Pedrero S.A. de C.V. relativa al vehículo marca Jeep, tipo Jeep Compass Limited 4X2, modelo 2018, número de serie 3C4NJCCB5JT287356, con placas de circulación DNC-198-A, del Estado de Chiapas, así como copia certificada de la tarjeta de circulación del mencionado vehículo expedida por el Gobierno del Estado de Chiapas, éstas se encuentran a nombre de Guadalupe Cruz Hernández, esto es, una persona diversa a la quejosa, de ahí que con dichos documentos no es factible acreditar su interés jurídico. Aunado a que la carta factura establece que dicha constancia no es transferible, ni negociable, por lo que no es materia de ninguna clase de enajenación. Asimismo, tampoco sería idóneo para acreditar su interés jurídico respecto del citado vehículo la copia certificada del contrato de compraventa del citado vehículo, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve, realizado entre la aquí quejosa y Pedro Julio Jauregui Ortiz, como parte compradora, y Guadalupe Cruz Hernández, como parte vendedora del vehículo, toda vez que carece de fecha cierta. En efecto, conforme al criterio general que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la fecha cierta de los documentos traslativos de dominio, un documento privado adquiere fecha cierta a partir de tres momentos, a saber: a) Cuando se registra o inscribe ante el Registro Público de la Propiedad; b) Cuando se presenta ante un fedatario o funcionario público por razón de su oficio; y, c) A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Tales supuestos posibilitan al órgano federal determinar si todo reclamo que realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones. En efecto, dicho criterio lo informa la jurisprudencia 220 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, registro 913162, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, visible en la página 180, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes". En aplicación de esta tesis, en todos los casos como el presente debe analizarse si la ratificación de un contrato privado de compraventa se presentó ante un registro público o bien ante notario para efectos de su ratificación, a fin de constatar si se observó el supuesto que daría certeza a la fecha de celebración del acto jurídico de trato, consistente en el sumario, que el documento en cuestión se presentó "ante un funcionario en razón de su oficio" y por ende que es cierta la fecha que aparece de la certificación del notario, quien para ello debe observar las disposiciones de la ley que regula su actuación. En el caso, es conveniente reproducir la certificación en comento, que es del tenor literal siguiente: "LICENCIADO EN DERECHO JUAN PABLO MONFORTE MENDEZ, Notario Público del Estado, en ejercicio, con residencia en esta Ciudad de Mérida, Yucatán, Titular de la Notaria Pública Número Cuarenta y cuatro. --- HAGO CONSTAR: Que con esta fecha llevé a cabo el cotejo del documento que antecede, constante de TRES hojas útiles con el original del cual provienen y los encontré idénticos. --- Hago constar que el cotejo anotado con esta fecha bajo el número quinientos setenta y cinco a fojas noventa y seis del Libro 2 de Registro de Cotejos y Certificaciones de Firmas que se lleva en esta notaría a mi cargo. A petición de la parte interesada, expido la presente certificación en Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veintidós días del mes de marzo de dos mil veintiuno. Con lo ya expuesto, se advierte claramente que la certificación del contrato de compraventa en el presente caso se consideraría de fecha cierta a partir de la fecha en que fue presentado ante el Fedatario Público, esto es, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, data que es posterior al momento en que ocurrieron los hechos, siendo estos el tres de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con dicho contrato no sería dable acreditar su interés jurídico la parte quejosa, pues si bien está fechado el veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve, lo cierto es que no se tiene un dato que revele que en dicha fecha se celebró dicho contrato, pues se insiste que dicho contrato adquiere su fecha cierta hasta que fue presentado ante el fedatario público, siendo esta fecha posterior a los hechos relacionados en la demanda de amparo, de ahí su ineficiencia. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 96/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional". También es de exacta aplicación al caso, la jurisprudencia 44/2005, emitida por la propia Sala, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". (Énfasis añadido) No pasa inadvertido para quien esto resuelve que la quejosa, en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó ser la propietaria del vehículo en disputa; sin embargo, esa manifestación en modo alguno trae como consecuencia que se tenga por acreditado su interés jurídico, porque para considerarlo así era necesario que hubiese aportado medio de prueba de fecha cierta que fehacientemente demostrara dicha titularidad previa a la desposesión del vehículo, lo cual se insiste, no aconteció. Resulta aplicable a lo anterior el criterio sustentando por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 324, consultable en la página 218, Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés". Además de que tampoco pasa inadvertido que haya exhibido copia certificada de su credencial para votar la directa quejosa, sin embargo, con dicho documento no se puede acreditar la titularidad del vehículo, sino únicamente la identidad de la promovente, de ahí que tampoco sea suficiente para acreditar su interés jurídico. En estas condiciones, si con las pruebas aportadas en este juicio, no logró demostrar con documento de fecha cierta que previo a la desposesión del vehículo que por esta vía reclama, ya era propietaria del vehículo en cita, entonces es válido concluir que no acreditó el derecho subjetivo o el interés jurídico para acudir al amparo, actualizándose por ende la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, respecto de los actos reclamados a todas las autoridades señaladas como responsables. Quinto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniela Bernal Pedraza, respecto de la totalidad de los actos reclamados y por todas las autoridades responsables señaladas en el considerado tercero de este fallo. Segundo. La presente sentencia será publicada en términos de lo establecido en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. (...)
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