Daniela Arguello Romero

Expediente 784/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
784/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Daniela Arguello Romero
  • Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, por el cual remite los autos originales del presente juicio de amparo, así como cuadernillo relativo al incidente de suspensión que a este juicio corresponde; ello en razón de no aceptar la competencia por razón de territorio que le fue declinada por este Juzgado para conocer de este asunto. Ahora bien, esta Juzgadora insiste en declinar dicha competencia, al considerar que no es legalmente competente por cuestión de materia que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. --- Por tanto, conforme a lo previsto por el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para los efectos a que alude el penúltimo párrafo de ese precepto. Lo que deberá hacerse del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, para que exponga lo que estime conveniente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo se aprecia que este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora con residencia en Hermosillo, es legalmente incompetente por razón de la materia para resolver el mismo; pues se estima que dicha competencia recae en un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México y con jurisdicción territorial en toda la República. (...) Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 2012188, de rubro y texto siguientes: TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Asimismo, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), del Pleno de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2008591, que prevé: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando el ejercicio de algún derecho se encuentre relacionado con aspectos de competencia económica, no obstante que el acto reclamado encuadre dentro de la categoría del derecho administrativo genérico, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo es el especializado en aquella materia. Es ilustrativa por identidad de razón la jurisprudencia 119/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2010928, cuyo contenido es el siguiente: ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. Entonces, si la parte quejosa, señala como actos reclamados: (...) Es evidente que con el Decreto reclamado se realizó una trascendente reforma minera que implicó modificar, adicionar y derogar diversas disposiciones, en el caso específico de la Ley de Minería reclamada, algunos de los cambios más relevantes para determinar la competencia en el presente asunto, son los siguientes: 1. Se elimina el carácter preferente de las actividades mineras, sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos y por lo tanto, se prohíbe el otorgamiento de concesiones en áreas naturales protegidas o donde se ponga en riesgo la población, así como en zonas sin disponibilidad de agua, de conformidad con la prioridad de los usos establecida en la Ley de Aguas Nacionales y demás normatividad aplicable (artículo 6). 2. Se limita la explotación de minerales o sustancias, a que se refiere el artículo 4, así como de las salinas formadas directamente por las aguas marinas provenientes de mares actuales, superficial o subterráneamente, de modo natural o artificial, y de las sales y subproductos de éstas, las que podrán realizarse mediante concesiones mineras otorgadas por la Secretaría a ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a que se refiere el artículo 2o. constitucional reconocidos como tales por las constituciones y leyes de las Entidades Federativas, así como a las personas de nacionalidad mexicana que acrediten tenerla capacidad técnica, jurídica, económica y administrativa señaladas en la Ley y en la normativa aplicable (artículo 10, primer párrafo). 3. La exploración del territorio para la búsqueda de minerales, será exclusiva de la Secretaría de Economía, a través del Servicio Geológico Mexicano (artículo 10, segundo párrafo). 4. Por causas de utilidad pública o para la satisfacción de necesidades futuras del país se pueden declarar zonas de reservas mineras, mediante decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (artículo 10, penúltimo párrafo). 5. Se elimina el terreno libre que se encuentre rodeado por terrenos amparados por concesiones o asignaciones mineras, con una superficie máxima de 10 hectáreas y que constituía un lote minero denominado hueco, cuya concesión podía ser solicitada (artículo 12 BIS derogado). 6. Se instituye la licitación pública, para el otorgamiento de concesiones mineras (artículo 13). 7. Se incorpora la posibilidad de declarar zonas de reservas mineras aquéllas determinadas por el Servicio Geológico Mexicano, cuando se justifique con base en el potencial minero de la zona, mediante obras y trabajos de exploración a semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se trate de minerales o sustancias considerados dentro de las áreas estratégicas a cargo del Estado (artículo 13). 8. Se prohíbe concesionar áreas de terreno comprendido, ubicado o amparado en Zonas declaradas reservas mineras (artículo 14, fracción II). 9. La duración de las concesiones para la explotación de minas disminuye a 30 años, y sólo se pueden prorrogar, por una sola ocasión, por 25 años (artículo 15). 10. Quedan prohibidas las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la zona económica exclusiva, en la zona federal marítimo terrestre y en los terrenos ganados al mar (artículo 20). 11. La transmisión de títulos de concesiones mineras, se condiciona a la autorización de la Secretaría de Economía, al pago de derechos y al cumplimiento de los requisitos solicitados para la concesión original (artículo 23). 12. Se desechan sin mayor trámite, las solicitudes en gestión de nueva concesión de exploración y explotación (Quinto transitorio). Ahora bien, como se observa de la muestra anterior, el legislador limita la explotación de minerales y sustancias, así como las áreas para la realización de la minería; elimina el terreno libre; instituye la licitación pública, como procedimiento para obtener los derechos para la explotación de minerales; se posibilita la declaración de zonas de reservas mineras, para su explotación exclusiva a cargo del Estado; se desechan las solicitudes de concesiones o asignaciones en trámite y se restringe la temporalidad de las concesiones ya otorgadas, por ejemplo. Lo anterior resulta de singular relevancia, puesto que si bien es cierto que algunas cuestiones se relacionan con requisitos y procedimientos para obtener y expedir concesiones mineras, que corresponde prima facie al derecho administrativo; también es verídico que están estrechamente vinculadas con aspectos de competencia económica en ese sector minero, específicamente con los agentes de mercado y con el modo en que venían desarrollando las actividades relativas a explorar y explotar los minerales y otras sustancias, particularmente, en las reservas exclusivas con que se privilegia al Estado, en la protección de los intereses y participación de comunidades indígenas y afromexicanas, y las posibles restricciones de otros agentes del mercado en esas actividades. Todo lo cual, se reitera, comprende aspectos vinculados con la libre competencia y, actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, lo que involucra el análisis de prácticas indebidas en los mercados tanto nacionales como internacionales. En efecto, lo destacado con anterioridad lleva a considerar que el decreto reclamado incide en el campo de la libre competencia económica del sector minero, con lo cual se actualiza la competencia de los órganos de amparo especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, pues claramente, el análisis de las disposiciones jurídicas tildadas de inconstitucionales, requerirá de conocimientos técnicos especializados en aspectos de competencia económica, libre concurrencia y de prácticas monopólicas en el sector. Entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios; por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad; y por la tercera, los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas (artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica). Máxime si se tiene presente que la encargada de aplicar los preceptos reclamados en el caso de la Ley de Minería, es la Secretaría de Economía (artículo 1o.), quien a su vez, a través de la Comisión Federal de Competencia, tiene a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las concentraciones (artículo 23 de la Ley Federal de Competencia Económica); figuras que servirán de parámetro para el análisis de las normas reclamadas, que palmariamente requieren de conocimientos técnicos. Lo que evidencia la competencia de un órgano especializado en la materia con base en criterios de competencia económica, por lo que el conocimiento del asunto se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, en turno. ... Previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el presente medio de control de la constitucionalidad al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, en turno; así como el cuadernillo formado del incidente de suspensión, en virtud de que éste se encuentra en revisión. Déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    ...se transfiere la audiencia descrita con anterioridad y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso firmado por la autoridad responsable Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales de la Secretaria de Economía, en representación del Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, téngase por recibido el oficio que remite la autoridad responsable, mediante el cual rinde su informe justificado, dese vista a las partes ...téngase como delegados de la autoridad oficiante, así como domicilio para oír y recibir notificaciones los que señalan en el informe que se atiende. ..téngase por autorizado el correo electrónico oficial señalado en el oficio que se atiende.

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