Daniela Aracely Domínguez Ibarra
Expediente 55/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Daniela Aracely Domínguez Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Coahuila de Zaragoza "3", con sede en esta ciudad, a través del cual solicita información para hacer efectivo el cobro de la multa judicial ordenada en este juicio de amparo. 1.1 Acuerdo. Ante ello, hágase del conocimiento a dicha autoridad que mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se ordenó dejar sin efectos la multa impuesta al Delegado de la Región Norte 1, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, lo cual se ordenó notificar a través del oficio 6861/2021-CM, de esa misma fecha; por lo que, a su vez, se anexa copia de dicho comunicado, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal convenga sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede el análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia consistió en: La orden de detención ejecutada a la quejosa Diana Aracely Domínguez Ibarra, la audiencia de control de detención de veintisiete de enero de dos mil veinte, y el auto de vinculación a proceso que le fue decretado el treinta de enero siguiente. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Conforme lo establecido por los artículos 74, fracción V y 77, ambos de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer con precisión los efectos del amparo concedido, por lo que, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, deberá realizar lo siguiente: i) Deberá verificar que quienes asistieron a la imputada en la audiencia inicial de control de detención y de vinculación a proceso, contaban en ese momento con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable, mediante el original o copia certificada de la cédula profesional. ii) Si del ejercicio de verificación resulta que los defensores no eran licenciados en derecho, deberá reponer las audiencias de control de detención y vinculación de veintisiete y treinta de enero de dos mil veinte, respectivamente, en la causa penal 149/2020, únicamente respecto a la quejosa Diana Aracely Domínguez Ibarra, siguiendo los lineamientos argumentativos de esta sentencia, otorgándole plenitud de jurisdicción en su decisión cuando resuelva la situación jurídica de la citada impetrante. iii) Si por el contrario, del ejercicio de verificación resulta que las personas a cargo de la defensa o asistencia jurídica sí eran licenciados en derecho, deberá asentar el resultado de la verificación en aquella determinación que por su naturaleza y efecto estime conveniente. El proceso de verificación debe ser inmediato a que cause ejecutoria esta resolución constitucional. iv) Para lo anterior, deberá cumplir con el requisito formal de que el funcionario ante quien se verifique la audiencia de imputación, sea el mismo que presida la continuación de la audiencia de vinculación a proceso. v) En caso de que exista imposibilidad para ello, deberá justificarse de manera fehaciente las razones por las cuales el mismo juzgador no puede presidir ambas audiencias. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, remitió constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Con ello, mediante proveído de nueve de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Primer efecto. De las constancias remitidas se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el seis de marzo del año en curso, la juzgadora de primera instancia responsable señaló las diez horas del ocho de marzo del presente año para la celebración de la audiencia privada, a fin de verificar que quienes asistieron a la quejosa en la audiencia inicial de control de detención, contaban con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable para su defensa. 3.2 Segundo y tercer efecto. Asimismo, en dicha audiencia privada, así como de las documentales anexadas, se advierte que quienes asistieron a Diana Aracely Domínguez Ibarra, contaban con dicha acreditación, toda vez que exhibieron su cédula profesional de licenciado en derecho y número de registro ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y el oficio remitido por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, se concluye que la responsable atendió total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 9. Devolución de constancias. Hágase devolución de los discos en versión digital que el Juez del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad, acompaño en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita el acuse de recibo del oficio 81-N, a través del cual remitió el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja penal 54/2020, de su índice. 1.1 Acuerdo. Atento a lo anterior y toda vez que el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el mencionado oficio en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, acúsese el recibo correspondiente.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio 16093/2020JMOR, de uno de diciembre de dos mil veinte, se informó a la Administración Desconcentrada de Recaudación "3", dependiente del Servicio de Administración Tributaria, que debería comunicar a este Juzgado de Distrito el trámite relativo el cobro de la multa ordenada en proveído de diecinueve de noviembre de ese mismo año, al Delegado de la Región Norte 1, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como acompañar las constancias que acrediten su trámite; sin embargo, a la fecha la autoridad hacendaria no se ha pronunciado al respecto. 1.1 Acuerdo. Ante ello, con el fin de dar por concluido dicho trámite pendiente en este juicio de amparo, se ordena dejar sin efectos la multa impuesta al Delegado de la Región Norte 1, de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, ordenada a través del diverso 14628/2020-JMOR, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior, hágase del conocimiento a la Administración Desconcentrada de Recaudación "3", dependiente del Servicio de Administración Tributaria, para lo efectos legales a los que haya lugar.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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