Daniela Alvarado Loera
Expediente 356/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/04/2023
Partes del expediente
- Daniela Alvarado Loera
- Remigio Martínez Gallardo, Apoderado de Daniela Alvarado Loera
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del veintinueve de marzo dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del asunto. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al la Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y las constancias recibidas en auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se provee lo siguiente: Litis constitucional. Quejosa. *** Terceros interesados. No existe. Autoridades responsables: Actuario y/o notificador adscrito al Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla. Actos reclamados: La dilación procesal consistente en la omisión de realizar los emplazamientos de los demandados en el expediente laboral ********************/2022, que se ordenaron el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo esa óptica jurídica, se precisa que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de realizar los emplazamientos de los demandados en el expediente laboral ********************/2022, que se ordenaron el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, del índice de la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que el Notificador del Primer Tribunal Laboral del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, remitió copias certificadas de las cédulas de emplazamiento de nueve de marzo de dos mil veintitrés, fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de febrero del año en curso-, que realizó a los demandados dentro del juicio laboral ********************/2022, de su índice -omisión reclamada-, por lo que se estima que cesó en sus efectos la omisión reclamada. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión reclamada, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla -por conducto de quienes lo integran-, a través del que informa que la resolución de liquidación en el expediente laboral *** que pronunció el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, se emitió en cumplimiento a lo requerido en el presente juicio de amparo, tomando en consideración los convenios de revisión salarial firmados entre el Gobierno del Estado de Puebla y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, que tuvo a la vista al momento de resolver; y procede a explicar la cuantificación que realizó por los periodos que denomina "CORTES", para finalmente argumentar que de la resolución antes citada se puede inferir que las fechas y los periodos que se tomaron en cuenta para cada corte, corresponden al tiempo de duración de los convenios de revisión salarial. Cabe precisar que del recurso de inconformidad *** resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se advierte que se consideró fundado el medio de impugnación bajo el argumento principal de que lo relativo a los salarios caídos comprenden del uno de abril de dos mil quince al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el aguinaldo y la prima vacacional deben cuantificarse en esa medida, es decir, la parte proporcional de dos mil quince, más los cinco años completos que van de dos mil dieciséis al dos mil veinte, y la parte proporcional de dos mil veintiuno; precisando que el pago del aguinaldo se incrementa cada año conforme a los aumentos salariales que se actualicen, y la prima vacacional se incrementa con relación a los aumentos salariales que se dieron durante el periodo laborado antes de su disfrute. Lo anterior, porque como argumentó el Tribunal de alzada, en la interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, no se explicó por qué los periodos de tiempo debían calcularse en cinco cuantificaciones, tal y como se puede observar de la siguiente imagen: *** Por lo tanto, al no sustentarse la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós en referencias objetivas para realizar el estudio por los "CORTES" en los que se dividió la cuantificación, el Tribunal Colegiado resolvió que el Tribunal de Arbitraje debía cuantificar el aguinaldo de manera anual, y la prima vacacional de manera semestral, cada uno con base en los incrementos salariales que hubieren habido en el periodo inmediato anterior que corresponde a cada rubro. Así, se observa que la autoridad responsable necesariamente debe emitir un nuevo pronunciamiento siguiendo los lineamientos establecidos en el recurso de inconformidad *** -para lo cual se le envía copia de la citada resolución-, en el que deberá plasmar de manera explícita, por qué toma como referencia los periodos de tiempo que utilice para el cálculo. Se requiere cumplimiento nuevamente. En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: Deje insubsistente la determinación que emitió con motivo del incidente de liquidación en veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral ***. Emita una nueva determinación de liquidación en el expediente laboral *** en la que deberá: a) reiterar las prestaciones condenadas en el laudo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno que cuantificó en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; b) considerar las cantidades que sumó el doce de julio de dos mil veintidós; c) añadir la cuantificación del aguinaldo que deberá realizar respecto a la parte proporcional de dos mil quince, más los cinco años completos que van de dos mil dieciséis al dos mil veinte, más la parte proporcional de dos mil veintiuno, exponiendo de manera explícita en su resolución, los aumentos salariales que hayan existido; y d) añadir la cuantificación de la prima vacacional respecto a la parte proporcional de dos mil quince, más los cinco años completos que van de dos mil dieciséis al dos mil veinte, más la parte proporcional de dos mil veintiuno, exponiendo de manera explícita en su resolución, los aumentos salariales que se hayan dado durante los periodos laborados antes del disfrute de esta prestación. De tal suerte que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla debe cuantificar el aguinaldo y la prima vacacional, cada uno con base en los incrementos salariales que haya habido en el periodo inmediato anterior que corresponde a cada rubro. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Aunado a ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Informa gestiones. Con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, mediante el cual informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Sin que en el caso haya lugar a requerir mayor información respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo concedido en el requerimiento de veintitrés de febrero actual. Notifíquese.
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