Daniela Alejandra Velázquez
Expediente 45/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Daniela Alejandra Velázquez
- Representante Local del Instituto Nacional de Migración
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el escrito signado por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, capital, agréguese sin mayor proveído, toda vez que con fecha quince de febrero del año en curso, se sobreseyó, y el nueve de marzo se ordenó su archivo, el presente juicio de garantías. CÚMPLASE. Así, lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra del acuerdo que sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Ahora bien, atendiendo que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que en el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Por otra parte, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el correo electrónico y oficio que remite el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, capital, agréguese sin mayor proveído, toda vez que con fecha quince de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de su Secretario, licenciado Félix Santillanes Cruz, que autoriza las actuaciones y da fe. Doy Fe.
- Principal
.isto lo de cuenta, como se advierte del escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa licenciada Ana Karen Maldonado, en el sentido de que hizo del conocimiento de este Juzgado que la directa quejosa Daniela Alejandra Velázquez, fue puesta en libertad, circunstancia que se corrobora con la constancia levantada por el Actuario de la adscripción a través de la cual se evidencia tal cuestión. En efecto, por auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, y anexos, consistentes en auto de incompetencia del diecisiete de enero de dos mil veintidós, con firmas electrónicas de esa misma fecha, los autos originales del juicio de amparo indirecto 82/2022, de su índice, promovido por la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, en representación de la quejosa Daniela Alejandra Velázquez, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, así como el exhorto electrónico de ratificación de la quejosa. Por proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós, la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, declinándola a favor del Juzgado de Distrito con residencia en esta ciudad y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, por tanto, se registró con el número de expediente 45/2022-III-B. En dicho asunto medularmente lo que se reclama, es el inminente traslado a diversa estación migratoria dentro o fuera de esta entidad, con fines de deportación, privación de la liberad personal y estar detenida como asegurada en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria, con sede en esta ciudad, la negativa de visa humanitaria, así como su registro en la COMAR como refugiada, con la consecuente orden de deportación inmediata, según se advierte de la lectura del auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictado por la autoridad declinante, en el Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad. De tal manera, estimándose correctas las razones esgrimidas por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se aceptó la competencia para conocer de la demanda interpuesta por la licenciada Ana Karen Maldonado Vera, en representación de la quejosa Daniela Alejandra Velázquez, contra actos del Encargado de la Estancia Provisional Juárez, del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Ahora, a juicio del suscrito, en el caso la presente vía resulta improcedente ante la actualización, oficiosa, de la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, tal precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". De la lectura de ese numeral obliga a estimar improcedente el juicio de amparo cuando cesan los efectos del acto reclamado en la vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis de jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Con lo anterior se puede apreciar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la detención, posible deportación y la incomunicación y privación de la libertad por virtud del alojamiento en una estación migratoria de que fueron objeto, así como la falta de instauración de un procedimiento migratorio. En relación con lo anterior, como se advierte del escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa licenciada Ana Karen Maldonado, en el sentido de que hizo del conocimiento de este Juzgado que la directa quejosa Daniela Alejandra Velázquez, fue puesta en libertad, circunstancia que se corrobora con la constancia levantada por el Actuario de la adscripción a través de la cual se evidencia tal cuestión. Con esto no queda duda que con el actuar de la autoridad responsable se destruyeron los actos reclamados en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos. De ahí, que es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados en este juicio, porque con esa actuación se destruyeron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, opera la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En congruencia con lo anterior, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de garantías. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, para que tuviera verificativo a las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, por las razones expresadas en párrafos precedentes.
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