Daniela Alcala Sanchez

Expediente 1686/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1686/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Daniela Alcala Sanchez
  • Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de octubre de dos mil veintiuno. Firme resolución. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, y así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho, en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Orden de destrucción. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese pedimento. Agréguese sin mayor acuerdo substancial el alegato ministerial signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, toda vez que, mediante proveído de once de agosto de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; lo anterior de conformidad con el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. II. Solicitud copias. Por otro lado, y en atención a su solicitud, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, indíquesele que una vez que se dicte la resolución correspondiente se le expedirán las copias que indica. III. Información relativa a la expedición de copias. Asimismo, se informa al aludido agente que en atención a las medidas de prevención para evitar la propagación del virus del SARS-CoV-2, acorde a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 361 del citado acuerdo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Finalmente, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se le exhorta a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por el secretario Héctor Hugo Ordaz Arredondo, que autoriza y da fe. RAAG/HHOA/mrvl

  3. Principal

    Tengase por recibido el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Pruebas. Por otra parte, se tiene como prueba de su parte las copias certificadas que remiten en apoyo a su informe justificado, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, vistas las constancias exhibidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado, se advierte que sobreviene un motivo de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la porción normativa trascrita se advierte que establece dos supuestos específicos que constituyen causas de sobreseimiento del juicio de amparo; a saber: Cuando con las constancias que obran en los autos del juicio, es suficiente para tener plenamente demostrado que no existe el acto que se reclama, o bien; Cuando la existencia del acto reclamado no se acredita en la audiencia constitucional. Además, debe precisarse que la existencia del acto reclamado debe analizarse, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, en tanto que, de otra manera, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, número 79, julio de 1994, página 15, registro 206346, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En el mismo sentido se pronunció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, agosto de 1992, octava época, página 145, registro 206800, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EN RELACIÓN A LA FECHA EN QUE SE IMPUGNA. La existencia del acto reclamado, debe estimarse, en general, con relación a la fecha en que se presente la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previsiblemente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la queja, lo que además de ser contrario a la técnica que rige en el juicio de garantías, sería violatorio de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, que establece: "el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable". En el caso, la quejosa reclamó la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veinte, dentro del expediente 1332/2018-B, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Ahora, del informe justificado, así como de las constancias que a éste se anexó al oficio de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, la junta responsable proveyó el ocurso reprochado de veintisiete del citado mes y año. En tales condiciones, se arriba a la convicción de que en el expediente 1332/2018-B, del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, no se omitió acordar el escrito descrito en líneas pretéritas. Luego, de las actuaciones que integran el presente expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, resulta inconcuso, seguir con la secuela procedimental en el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que como ya se dijo, la omisión de la que se duele la parte quejosa, es inexistente. En consecuencia, dicha circunstancia es suficiente para actualizar de manera manifiesta e indudable, la hipótesis normativa contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, puesto que, de las constancias que obran en el sumario constitucional está acreditado plenamente que no existe la dilación reclamada. Importa destacar que, si bien, por regla general, atento a la jurisprudencia en materia común 1a./J. 49/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, diciembre de 2017, tomo I, libro 49, página 386, registro 2015699, y con el fin de respetar el derecho de defensa de la parte quejosa, la negativa del acto reclamado no constituye una causa, manifiesta e indudable, que motive sobreseer el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, que para mayor claridad se transcribe dicha tesis: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones; tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo; para ello se requiere que el juicio se agote en todas sus etapas y que por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales; de manera que, por regla general, sobreseer en el juicio antes de que esa actuación ocurra, implica contrariar las reglas del procedimiento, pero sobre todo dejar en completo estado de indefensión a la parte quejosa, lo que indefectiblemente llevará a reponer el procedimiento respectivo, porque no constituye generalmente una justificación válida, el argumento de que se actúa así en aras de una impartición de justicia pronta y expedita conforme a lo que dispone el artículo 17 Constitucional, puesto que está por encima el derecho de defensa del actor constitucional que le otorga la posibilidad de contar con un recurso efectivo, como lo previene el propio numeral constitucional invocado y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos." Criterio que, si bien es cierto establece que por regla general la negativa del acto reclamado no constituye una causa notoria, manifiesta indudable de improcedencia para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, lo cierto es que, se estima, en el caso no opera tal "regla general", pues aquí se está en un supuesto donde el acto reclamado lo constituye una "omisión" o falta del "quehacer" por parte de la autoridad responsable, "omisión" que queda desvirtuada no solo por la negativa por parte de la responsable, sino también por las constancias del juicio de origen que allegó, con las cuales se pone de patente que, indudablemente, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, sí existía el acuerdo en el cual se señaló fecha de audiencia, por ende, de igual manera es indudable y manifiesto que no existió, a la fecha de presentación de la demanda, la omisión reclamada a la autoridad responsable; negativa que, aun y cuando se le dé oportunidad al quejoso de probar en la audiencia constitucional, no lograría desvirtuar, pues, se insiste, ya existe la actuación procesal en la cual se proveyó su ocurso; de ahí que si resulte viable decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No está por demás agregar que la improcedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y estudio preferente, por lo que el juez de Distrito está obligado a decretar el sobreseimiento en cuanto aparezca, durante su trámite, alguna causal de improcedencia o de sobreseimiento, incluso sin necesidad de dar vista previamente a la parte quejosa. Consecuentemente, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado que guarda el presente asunto, así como la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el lapso que tenía la parte quejosa, para que diera cumplimiento a la prevención contenida en el auto de dos de junio de dos mil veintiuno; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito y con fundamento en el segundo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, es decir se admite la demanda únicamente por el acto reclamado la omisión de acordar el escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veinte, dentro del expediente 1332/2018-B. Se admite a trámite la demanda de amparo. Se señalan las CATORCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, lo cual deberá realizarse por medio de oficio, atendiendo al estado de contingencia por el fenómeno de salud pública derivada del virus COVID-19. Con independencia de lo anterior, se requiere a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación, para que de ser posible, proporcionen un correo electrónico, para estar en posibilidad de establecer el contacto respectivo en caso de ser necesario, en términos de la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVD-19. Acorde con lo establecido en la cuenta del secretario del juzgado, al no solicitar la suspensión del acto reclamado, no se tramita el incidente respectivo.

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