Daniela Abigail García Echavarría

Expediente 724/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
724/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Daniela Abigail García Echavarría

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de quince de octubre del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; personalidad que se le reconoce en términos del numeral 13 de la Ley de Amparo, con la copia certificada de la actuación dictada en el expediente laboral 27/2014/M-5 que acompaña, de la cual manifestó es reproducción de su original; regístrese en el Libro de Gobierno con el consecutivo 724/2020-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de ExpedientesTomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión del acto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la parte quejosa reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 27/2014/M-5. Calificación e hipótesis. En el presente caso, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Marco Normativo Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [...]". La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. El segundo numeral establece la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta contra actos judiciales emitidos dentro de juicio que tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, en el entendido de que se considerarán de imposible reparación aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica forma o adjetiva. De ahí que de la interpretación de ambos artículos, el segundo en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre los derechos de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación. En la contradicción de tesis 325/2015, la Segunda Sala del máximo Tribunal del País, destacó que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, como lo es por ejemplo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° Constitucional. En tanto que debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. En ese contexto, por regla general, el amparo indirecto solo procede contra omisiones en materia laboral que provoquen una dilación procesal excesiva en el procedimiento de origen, esto es, cuando la autoridad laboral dicte proveídos, laudos o realizar cualquier diligencia, después de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que debió pronunciarse, o bien, diligenciar los actos procesales correspondientes. Del criterio jurisprudencial anterior, se advierte, en lo que aquí interesa, que si bien la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, dicho criterio encuentra su excepción cuando el Juez de Distrito advierta del escrito de demanda que existe una abierta demora del procedimiento, o bien, su paralización total, pues en ese sentido el juicio de derechos será procedente, por lo que estableció, que tratándose de materia laboral el juicio de amparo será procedente cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que haya concluido el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse los actos procesales, es decir, el gobernado podrá instar la instancia constitucional y reclamar la dilación procesal que impera en un juicio laboral cuando haya transcurrido el término de ley con el que contaba la autoridad para realizar determinada actuación procesal más cuarenta y cinco días naturales, pues solo en ese supuesto será procedente el referido juicio. Lo anterior es así, en razón de que en la Jurisprudencia en análisis se estableció que dicho término (cuarenta y cinco días naturales) es el periodo máximo de tiempo que prevé la Ley Federal del Trabajo para que un juicio laboral permanezca inmóvil, y, por ende, éste podía utilizarse como estándar mínimo objetivo a fin de ofrecer seguridad jurídica a las partes en el juicio. Sobre este tema, es necesario tener presente el contenido de la norma que prevé el plazo que tiene la responsable para dictar el laudo correspondiente. Al respecto, los artículos 885, 886, 887, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Burocrática del Estado, disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.]". "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes". En los artículos trascritos, se establece que diez días posteriores al cierre de instrucción del juicio laboral, el secretario correspondiente debe proceder a la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo; dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, señalándose en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días. Transcurrido el término anterior, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente del órgano laboral citará a los miembros del mismo, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, y si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la referida Junta. Además cabe destacar que el artículo 750 del mismo cuerpo normativo establece: "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario". Del dispositivo legal transcrito se advierte que las notificaciones deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha. En resumen, la lectura de las normas transcritas ponen de manifiesto los diversos plazos, los cuales sumados arrojan un término de treinta y ocho días hábiles para que la autoridad dicte y notifique el laudo que resuelva una controversia de índole laboral. Caso concreto. Sobre tales bases, si en el presente caso, como afirma la parte quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad, se dictó acuerdo de cierre de instrucción, turnándose a proyecto el nueve de julio de dos mil veinte, en el juicio laboral 27/2014/M-5 el plazo de treinta y ocho días que le otorga la Ley Federal del Trabajo a la autoridad responsable para su dictado y notificación transcurrió del diez de julio al uno de septiembre del presente año. Sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis de julio, uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto del año en curso, por ser inhábiles. Ahora bien, como se dijo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la transcrita jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Posteriormente, en diverso criterio jurisprudencial 2a/J. 33/2019 (10a), la referida Segunda Sala del máximo Tribunal del País, estableció un estándar mínimo objetivo para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, y determinó que para efectos de la promoción de éste contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. De lo cual se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la omisión combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de sus derechos sustantivos. Lo anterior es así, pues como se dijo, el plazo de treinta y ocho días que le otorga la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria a la ley burocrática estatal, a la autoridad responsable para su dictado y notificación transcurrió del diez de julio al uno de septiembre del presente año. Luego, el periodo de cuarenta y cinco días naturales establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzó a computarse a partir del día siguiente de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente se debió emitir el laudo en el juicio laboral de origen, -uno de septiembre del año en curso -. Por lo que, el plazo de cuarenta y cinco días empezó a computarse el dos de septiembre de este año y fenece el próximo dieciséis de octubre del año en que se actúa. De manera que la dilación excesiva que facultaría a la quejosa a concurrir al juicio de amparo indirecto a impugnarla, no transcurre aún. De ahí que la demanda de amparo de que se tata, conforme al criterio jurisprudencial últimamente invocado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. Decisión En consecuencia, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y los criterios jurisprudenciales mencionados en el cuerpo de esta determinación, por lo que, en términos del artículo 113 de la norma en mención, se desecha la demanda de amparo de que se trata. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de la Amparo, se autoriza a los usuarios "sts73", "ARMIJO" y "armandoabogados", la consulta del expediente electrónico. Datos Oficiales de Contacto electrónico y telefónico. Téngase a la parte quejosa por proporcionando cuenta de correos: ariana_torresarmijo@autlook.com y armando.net@live.com.mx; y contactos telefónicos: 4442025042 y 4441711702. Notificaciones vía electrónica Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte, se ordena que las notificaciones se le realicen por vía electrónica. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Notifíquese personalmente.

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