Daniel Villegas Flores
Expediente 367/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Villegas Flores
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de mayo de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) así como en la carátula del expediente y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Analizada la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 367/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO CAUSALES DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional para que, previo análisis de la demanda de amparo, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda, la deseche de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, y fracción V, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos invocados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.)IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los preceptos transcritos, se deduce que por regla general, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, pues sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por "última resolución", ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento, así como aquélla que ordene el archivo definitivo del expediente, las cuales serán entonces impugnables en amparo, no así las que le precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, pues el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada, por lo que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de orden público. HECHOS En el caso, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El acto de ejecución en el que ordena el desalojo de la casa ubicada en *********, en esta ciudad, dictado en el expediente ********. Al respecto, en los antecedentes que narra la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se observa que es parte demandada en el juicio de origen en el cual intervino, en el que se le reclamó la inmediata devolución y desalojo del inmueble antes mencionado, y el veintinueve de abril de dos mil veintitrés se dictó sentencia condenatoria, la cual causó ejecutoria y se requirió su ejecución. CONCLUSIÓN Se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia del juicio civil ********del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de este Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, ya que dicha resolución únicamente corresponde a la ejecución de la sentencia, en la que se ordena desocupar el inmueble correspondiente. Máxime que el auto que reclama, no constituye el proveído en el que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por lo que la parte interesada puede promover el juicio de amparo hasta el dictado de la resolución que así declare el cumplimiento y únicamente en la misma demanda impugnar las violaciones procesales cometidas en esa etapa. Tiene sustento a la anterior consideración, la jurisprudencia con número de registro 167981, de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Lo anterior, máxime que no se configura la excepción a la regla general para la procedencia del juicio, en este caso, que se le afecten directamente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, toda vez que el acto reclamado no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, ya que su finalidad es hacer cumplir la sentencia. Tienen aplicación a lo anterior, las jurisprudencias de rubro y textos siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." En ese sentido, es evidente que en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61; en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, y fracción V de la Ley de Amparo con motivo que el acto reclamado no constituye la última resolución en la etapa de ejecución y en consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTRE QUEJOSA Asimismo, se autoriza en términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, debido a que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y con las restricciones que impone dicho numeral a las restantes personas, por así haberlo solicitado la parte quejosa. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a *********, con clave de usuario "*********" el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo y recibir notificaciones electrónicas; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlo, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Lo anterior, sin que implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en el entendido que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3 de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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