Daniel Velazquez Paz
Expediente 277/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Velazquez Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA II A ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, atento a su contenido, acúsese recibo del 1) original del expediente 484/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca, el 2) original del recurso de revisión 3/2018 y el 3) original del recurso de revisión 20/2018, estos dos últimos de la estadística del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; que fueran recibidos en este Juzgado con la boleta de turno 002281/2019 de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. CÚMPLASE.
- Principal
MESA II A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo origen de este expediente; con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de garantías origen de este juicio se desechó, el presente expediente es destruible, después de cinco años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto en el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase al Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, tres cuadernos de pruebas que remitió con su informe justificado, consistentes en 1) el original del expediente 484/2016 del índice de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca, 2) el original del recurso de revisión 3/2018 y 3) el original del recurso de revisión 20/2018, estos dos últimos de la estadística del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca; pues carece de objeto que continúen en este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II A "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito; lo anterior, toda vez que en proveído de veintinueve de marzo pasado, se acordó lo conducente, al haberse recibido el comunicado de cuenta y su anexo, vía correo electrónico. CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta con registro 5739, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite copia certificada del acuerdo dictado en relación a la incompetencia declinada con fecha veintidós de marzo de dos mil diecinueve en el amparo directo 154/2019 de esa estadística. Al respecto, del referido acuerdo se aprecia dicho órgano colegiado declinó competencia al Juez de Distrito en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, toda vez que el quejoso reclama la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en los recursos de revisión 3/2018 y 20/2018, por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, sin embargo, no se trata de una sentencia definitiva, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no decidió el juicio en lo principal, declarando la validez o nulidad del acto impugnado, como lo dispone el artículo 177, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ni se trata de aquellas resoluciones que sin decidirlo en lo principal lo hayan dado por concluido anticipadamente, como lo exige el ordinal citado en primer término. Lo anterior, pues en la referida resolución solo se tuvo a la autoridad demandada contestando la ampliación de demanda en la forma y términos en que lo hizo y objetando pruebas. Por tanto, téngase por recibidos los autos y provéase a continuación respecto del escrito inicial de demanda. Así, se advierte que en el caso concreto el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto, que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Así, a efecto de tener una clara comprensión del caso concreto, es preciso señalar, en esencia, los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante escrito recibido el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes Común de las Salas Unitarias de Primera Instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, DANIEL VELÁZQUEZ PAZ demandó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el Órgano Interno de Control del referido Instituto y el Coordinador General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, la nulidad de la resolución negativa ficta a sus escritos de veinticinco de agosto de dos mil quince y cuatro de julio de dos mil dieciséis (fojas 2 a 18 del juicio de nulidad 484/2016); 2. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca admitió a trámite la aludida demanda quedando registrada con el número 484/2016 y ordenó correr traslado con la misma y sus anexos a la parte demandada, con los requerimientos y apercibimientos conducentes (fojas 1 y 35 del juicio de nulidad 484/2016); 3. En auto de siete de febrero de dos mil diecisiete, se tuvo al Coordinador General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, contestando en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, por lo que se ordenó dar vista con la misma a la parte actora (fojas 41 y 42 del juicio de nulidad 484/2016); 4. Mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo al actor DANIEL VELÁZQUEZ PAZ ampliando la demanda de nulidad y objetando las documentales ofrecidas por la parte demandada citada en el párrafo que antecede; con la ampliación de demanda se ordenó correr traslado al Coordinador General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología, a fin de que emitiera su contestación (foja 59 del juicio de nulidad 484/2016); 5. En acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, en lo atinente al presente asunto: a) Se tuvo al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y al Órgano Interno de Control del referido Instituto, contestando la demanda instaurada en su contra; b) Se requirió al Titular del aludido Instituto para que proporcionara el domicilio y nombre del tercero afectado que señaló como Universidad Regional del Sureste; c) Tuvo al Director de Servicios Jurídicos en representación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, contestando la ampliación de la demanda instruida en su contra, por lo que se ordenó dar vista a la parte actora; d) Tuvo por no acreditado el cargo con que se ostentó Manuel Francisco Márquez Méndez, como Coordinador General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología; declaró precluido su derecho para acreditar esa personalidad y, en consecuencia, por contestada la ampliación de la demanda en sentido afirmativo; e) Se tuvo por precluido el derecho del Órgano Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para contestar la ampliación de la demanda entablada en su contra y, en consecuencia, por contestada en sentido afirmativo (fojas 95 vuelta, 114 y 124 del juicio de nulidad 484/2016). 6. Contra la parte relativa de esta última determinación, el Coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (autoridad demandada) y DANIEL VELÁZQUEZ PAZ (parte actora), interpusieron cada uno y por separado recurso de revisión, por lo que mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se ordenó formar por cuerda separada los cuadernos respectivos (foja 131 del juicio de nulidad 484/2016); 7. Al efecto los aludidos cuadernos quedaron registrados con los números 0003/2018 y 0020/2018, emitiéndose su resolución con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en la parte conducente, modificó el auto recurrido, tuvo por acreditada y reconocida la personalidad del Coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, al dar contestación a la ampliación de la demanda; por otra parte, declaró fundado lo relativo a tener al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca por contestada la demanda en sentido afirmativo, no así la ampliación de la demanda, siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado en este asunto. Bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu, que refieren que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos que son de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" En ese orden, la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho que, como se apuntó supralíneas, declara infundado el recurso de revisión interpuesto por la parte actora, aquí promovente, contra el proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete emitido en el juicio de nulidad en cita, atinente a tener por contestada la ampliación de demanda por el Director de Servicios Jurídicos en representación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, sólo tiene efectos intraprocesales, pues tal determinación no producen una afectación irreparable de algún derecho sustantivo en perjuicio de la parte disconforme; y existe la posibilidad de que al resolverse el juicio, la determinación final le sea favorable a sus pretensiones, y en el evento de que esa resolución definitiva le resultare adversa a sus intereses, puede inconformarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se instaure contra la sentencia definitiva que llegue a pronunciarse, impugnando, de cubrirse las condiciones legales, tal resolución intraprocesal, en la medida que trascienda al fallo final del juicio. Al respecto, se invoca la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil sesenta y nueve, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, con registro 2009477, materias Constitucional y Común, correspondiente a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en los siguientes términos: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales." Por tanto, se concluye que es improcedente el juicio de amparo que contra el acto ya mencionado promueve DANIEL VELÁZQUEZ PAZ, en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. En otro contexto, incorpórese a estos autos el segundo de los comunicados de cuenta con registro 5668, a través del cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remite el comunicado firmado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, al que éste anexa un escrito del tercero interesado Coordinador General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología. Por tanto, visto este último escrito, mediante el cual dicha parte hace diversas manifestaciones tendentes al desechamiento de la demanda que dio origen a este asunto, dígasele que se esté a lo acordado supralíneas, no obstante, téngasele señalando domicilio para recibir notificaciones y como autorizados para ello a las personas que refiere. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
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