Daniel Velázquez Huerta

Expediente 139/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
139/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • Daniel Velázquez Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO el auto que desechó la demanda de garantías; por tanto se ordena el archivo del expediente.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO, DEL AUTO DE UNO DE FEBRRERO DEL AÑO EN CURSO, POR ASÍ HABERLO SEÑALADO EN SU DEMANDA: Colima, Colima, uno de febrero de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso DANIEL VELÁZQUEZ HUERTA, con el que dice dar cumplimiento con el requerimiento formulado en auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral de la demanda de garantías, es dable concluir que la parte quejosa reclama, en esencia, el auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis pronunciado en el expediente laboral radicado con el número 130/2015, mediante el cual se desechan las pruebas pericial en psicología y testimonial ofrecidas a cargo del quejoso y parte actora en el juicio laboral de origen, del cual exhibe copia con su escrito de cuenta. Actuación contra la cual, a criterio del suscrito, opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), debido a que la misma no es un acto de imposible reparación que pueda combatirse en la vía constitucional. A fin de evidenciar la causa de inejercibilidad del juicio de garantías, que el suscrito estima actualizada, se considera pertinente tener a la vista los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que estatuyen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como puede apreciarse del arábigo trascrito en primer término (61, fracción XXIII), señala que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la causa de inejercibilidad resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO .- Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Por su parte, el segundo de los numerales (artículo 107, fracción V), prevé que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Por estos debe entenderse aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directa e inminentemente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; así a guisa de ejemplo, se tiene que el tiempo en que una persona permanezca privada de su libertad o de alguna de sus posesiones; piénsese el caso de una persona que se vea privada del uso de un vehículo que es su medio de trabajo, o de la convivencia que un padre pierda al no tener relación con su hijo en caso de una limitación de custodia, o aquel al que se irrumpe en su derecho a la privacidad al abrirle su correspondencia, son derechos que no podrán ser resarcidos, ni aún con que pudiera llegar a obtener un fallo favorable, ya que la afectación o sus efectos a tales derechos de que todo ser humano goza, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia que satisfaga sus pretensiones en el juicio; esta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, esa es la nota distintiva que el legislador toma en cuenta para orientar el criterio del juzgador para denotar qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención del juez federal para remediar el agravio padecido. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL . De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Sobre ese tenor, los altos tribunales de la Nación han creado una doctrina alrededor de los actos ocurridos dentro de juicio que causen a la persona una afectación de imposible reparación, en principio debe tratarse de actos judiciales, luego, estos deben darse dentro de una contienda, que dicho sea de paso, para efectos del juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoriada. Ahora bien, hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio, en cambio existen otros, que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que desde luego desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. Del líbelo constitucional, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis pronunciado en el expediente laboral radicado con el número 130/2015, mediante el cual se desechan las pruebas pericial en psicología y testimonial ofrecidas a cargo del quejoso, misma que no reviste las características que deben contener los actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que en el caso, sus efectos son meramente procesales, pues sólo trae como consecuencia que continúe el juicio por las demás etapas legales y se dicte el laudo que ponga fin al juicio laboral, circunstancia que no incide en los derechos sustantivos del quejoso, tutelados por las garantías individuales, puesto que no se le priva de sus propiedades, posesiones o derechos, ni se le afecta en su patrimonio; por tanto, la violación que reclama puede tener remedio si obtiene laudo (resolución final del citado juicio) favorable a sus intereses, y de no ser así, podrá alegarla a través del amparo directo como violación procesal en términos de los artículos 170, 171, 172, fracción III y XII de la Ley de Amparo. Por tanto, de manera indudable se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V (interpretada en sentido contrario), todos de la Ley de Amparo. Por analogía, tiene sustento en la jurisprudencia 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Así como la diversa tesis publicada en la página sesenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Sexta Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, Séptima Época, que a la letra dice: "PRUEBAS. ADMISIÓN O RECHAZAMIENTO DE LAS. NO CAUSAN UN GRAVAMEN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando al formular una demanda de garantías se señala como acto reclamado la admisión o rechazamiento ilegal de pruebas en un procedimiento civil, tal acto no configura la hipótesis del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de garantías indirecto por causarse un gravamen de imposible reparación, ya que dichos actos están comprendidos dentro de las violaciones al procedimiento a que se refieren los artículos 158, 159, 160 y 161 de la ya invocada Ley de Amparo, y que por lo mismo sólo pueden ser impugnadas a través del juicio de garantías, cuando se promueva la demanda en contra de la sentencia definitiva que llegare a pronunciarse. El anterior razonamiento no implica violación ni contradicción alguna entre el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo y el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Carta Magna, pues en este último se establece la procedencia del amparo directo, respecto de las violaciones a las leyes del procedimiento cometidas durante la secuela del mismo, siempre que afecten a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, presupuesto dentro del que quedan comprendidas los citados resultados actos reclamados". Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgador, que dentro del capítulo de hechos de la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó, "que la autoridad responsable omitió acordar en el auto que se combate la prueba testimonial señalada como prueba número 9 que el quejoso y/o parte actora ofreció como prueba testimonial a cargo de los C.C. Sergio Cruz Hernández y Alma Ofelia Hernández Aguilar, esto como se demuestra con el auto que se combate y que fue omitido por la autoridad responsable, por lo que se trata de un acto ilegal perpetrado en mi agravio"; empero, de las constancias allegadas por el quejoso en su escrito de cuenta, se advierte que, la autoridad responsable acordó la prueba testimonial de la que se duele en proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, de tal forma que no constituye una omisión por parte de la misma. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, respecto del acto reclamado a la Junta responsable, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe considerarse como notoriamente improcedente la demanda de garantías; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se regularizara el procedimiento del juicio mercantil como la quejosa lo pretende, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo, dado que sólo producen ejecución irreparable aquellos actos dentro del juicio cuando afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que consagra la Constitución o tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no así contra aquellos actos de autoridad que afectan derechos adjetivos o procesales, como sucede en la especie. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

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