Daniel Velazquez Corona

Expediente 1109/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 28 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1109/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • Daniel Velazquez Corona
  • Segunda Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al veinticuatro de mayo del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad responsable 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió en apoyo a su informe justificado rendido en esta instancia, consistente en copias certificadas de las constancias que integran el toca de apelación 701/2017 (anexo I), y las que integran la causa penal 154/2014 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla (anexos II y III) de sus correspondientes estadísticas, devuélvanse las misma a las autoridades responsables. No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas a la autoridad responsable 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de la documental descrita. Por otra parte, se solicita a la autoridad responsable 2. Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla a efecto de que acuse el recibo correspondiente respecto a la recepción las constancias que se le devuelven y que corresponden a copia certificada de las constancias que integran la causa penal 154/2014 del su índice. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA C.V.V. Y L.M.V. EL PROVEÍDO DE 25 DE ABRIL DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veintisiete de marzo y nueve de abril pasados, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ordenadora ha dado al fallo protector, desahogando dicha vista únicamente el quejoso Daniel Velázquez Corona, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el dos de abril de la presente anualidad, turnado al siguiente día a este juzgado. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y tomando en cuenta lo aportado en el desahogo de la vista indicada. ° Antecedentes. 1. Mediante sentencia dictada el quince de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso Daniel Velázquez Corona, contra la resolución emitida en su contra el seis de junio de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación 701/2017 del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. 2. El siete de marzo de dos mil diecinueve, se hizo constar que las partes no recurrieron la sentencia de amparo, por lo que mediante proveído de la misma fecha, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento. 3. Así las cosas, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el veinticinco de marzo de marzo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 701/2017, así como de las constancias de notificación a las partes. 4. Así mismo, el Agente del Ministerio Público, en representación de la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que dejó sin efectos el cumplimiento a la orden de reaprehensión decretada en contra del ahora quejoso, dentro de la causa penal 154/2014 del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, derivada de la diversa resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, emitida en el referido toca de apelación -acto reclamado-. 5. En ese tenor, en acuerdos de veintisiete de marzo y nueve de abril, ambos de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. ° Estudio del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 6. Mediante determinación dictada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en aras de cumplir con la ejecutoria de amparo, dejaron sin efectos la resolución reclamada de seis de junio de dos mil dieciocho, revocaron nuevamente el auto de libertad decretado en favor del quejoso en la causa penal de origen y, en su lugar, dictaron auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado. 7. Ahora bien, procede analizar si dicha determinación cumple cabalmente con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, tomando en consideración los elementos aportados y lo expuesto por el quejoso en su escrito por el cual desahogó la vista que se concedió en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. I. Análisis de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 8. En la sentencia de amparo se identificaron cuatro vicios de forma que adolecían el acto reclamado, los cuales la responsable debía subsanar para cumplir con el fallo protector. Primer vicio formal. 9. El primer vicio consistió en que la Sala responsable, en el apartado del cuerpo del delito, al considerar lo dicho por la jueza de origen, omitió identificar todos los elementos constitutivos del delito de secuestro y los medios de prueba, con su valoración, para acreditar cada uno de ellos -una vez precisados-; lo que se tradujo en una indebida motivación. 10. Ciertamente, se señaló que en el acto reclamado debió fijar concretamente los elementos constitutivos del delito de secuestro que se indicaron en la sentencia, y los medios de prueba, debidamente valorados, para acreditar cada uno de ellos, pues -se consideró- ello era de suma importancia para la instrucción del proceso y para que el procesado estuviera en condiciones de aportar pruebas para su defensa. 11. Ahora bien, la Sala de origen, en observancia a este vicio formal, señaló que el delito que se imputaba al ahora quejoso era el de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracciones I, incisos b) y c), y II, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, en relación con los diversos 9 y 13 del Código Penal Federal, por su probable responsabilidad en su comisión en agravio de V.V.V y L.M.V. 12. Luego, indicó que los elementos del cuerpo del delito radicaban en: a) Una acción: consistente en la detención arbitraria de una persona privándola de la libertad; y, b) Un elemento subjetivo diferente del dolo: que reside en el propósito de tratar de obtener un rescate o cualquier beneficio. 13. Así mismo, precisó que tales elementos del cuerpo del delito, se acreditaban con los siguientes medios de convicción: i) La denuncia formulada por José Alberto Vélez Torres -cónyuge de la víctima V.V.V.- el catorce de enero de dos mil catorce y su declaración ante el agente del ministerio público de treinta y uno de enero de ese año, las cuales fueron valoradas en términos de los artículos 209 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales -en lo sucesivo código procesal- y de las que obtuvo: ( Que la víctima V.V.V. fue privada ilegalmente de su libertad, pues -consideró- que aun y cuando no le constaba el suceso de manera directa, los datos proporcionados por el denunciante permitían deducir la ejecución de la acción típica, por haber referido que fue notificado por su progenitora, por su cuñada y por su sobrina de los hechos que consistieron en la privación de la libertad de la indicada víctima, cuando en vía pública varias personas a bordo de una camioneta descendieron de su vehículo para forzarla a subirse al mismo. ( La intención de los activos en privarla de su libertad, pues se relataron las comunicaciones entabladas entre los captores y el denunciante, en las que los primeros solicitaron en diversas ocasiones el pago de un rescate para liberarla, bajo la amenaza que de no hacerlo, matarían a la víctima. ii) La declaración de Yolanda Varela Velázquez -hermana de la víctima V.V.V.- de veinte de enero de dos mil catorce, de la cual, una vez valorada en términos del artículo 289 del código procesal, se obtuvo: ( El plagio del que su hermana fue víctima. ( Que José Alberto Vélez Torres -cónyuge de la víctima V.V.V.- le refirió que los plagiarios le exigían una determinada cantidad de dinero como rescate y que el catorce de enero de dos mil catorce, recibió una llamada de un Hospital de Tlaxcala, en la que le comunicaron que su esposa se encontraba en sus instalaciones. ( Que una vez que pudo entablar conversación con su hermana -víctima- después de salir de cirugía, ésta le manifestó que, en efecto, había sido privada de su libertad por un grupo de individuos cuando se encontraba en el parque de la rotonda de la ciudad de Atlixco, Puebla. ( Que éstos la golpearon y la llevaron hasta una casa de seguridad y, después de varias horas, le indicaron que la liberarían; sin embargo, -le refirió- que en lugar de dejarla en libertad, le dispararon con armas de fuego, siendo auxiliada por la diversa víctima L.M.V. iii) Las declaraciones de las víctimas V.V.V. y L.M.V., rendidas ante el agente del ministerio público el catorce de enero de dos mil catorce, de las cuales, una vez valoradas en términos de los artículos 289 y 290 del código procesal, se obtuvo: ( Que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil catorce, los deponentes fueron privados de su libertad por personas que arribaron al lugar a bordo de un vehículo Camioneta, tipo Van, color azul claro. ( Que estos sujetos descendieron del vehículo y usando la fuerza, obligaron a los pasivos a subirse al automotor, quienes pusieron resistencia. ( Que los activos, aprovechando su pluralidad, la sorpresa y las condiciones del lugar, amagaron con armas de fuego y golpearon a los pasivos para privarlos de su libertad. ( Que una vez que los pasivos abordaron el vehículo, los ojos les fueron cubiertos y fueron atados de sus extremidades superiores e inferiores. ( Que los pasivos fueron intimidados y que para su sometimiento, los agentes criminales emplearon armas de fuego al momento de su detención e instrumentos para violentarlos física y moralmente. ( Que los activos exigieron determinada cantidad de dinero para su liberación; sin embargo, cuando no fue pagado por sus familiares, los pasivos fueron abandonados por sus captores en un lugar despoblado y desconocido para ellos, donde fueron lesionados con diversos disparos provenientes de arma de fuego. ( Que con tales declaraciones, se destacaban con exactitud cada uno de los elemento integradores del delito de secuestro, pues por una parte -señaló la Sala- se aludía a la privación de la libertad de unas personas y, por otra, a la solicitud de dinero a cambio de la liberación de las víctimas. iv) Inspección ocular practicada por el agente del ministerio púbico el veinticinco de marzo de dos mil catorce, de la cual, una vez valorada en términos de los artículos 208, 210 y 211 del código procesal, se obtuvo: ( La descripción y reconocimiento del escenario en donde los pasivos fueron privados de su libertad. v) El a) informe de investigación P.M. 46/2014, signado por Rafael Muñoz Martínez, César Zamora Delgadillo, Agentes de la Policía Ministerial, y Víctor Flores Meneses, Comandante de Grupo; el b) informe parcial FGM/DGADAI/056/C.M./2014 de catorce de enero de dos mil catorce; el c) informe parcial FGM/DGADAI/0132/C.M./2014 de veintiuno de enero de dos mil catorce; el d) informe final FGM/DGICDS/582/C.M./2014 de veinticinco de marzo de dos mil catorce; la e) diligencia de fe de disco compacto y contenido; y la f) diligencia ministerial de inspección ocular y fe del lugar de catorce de enero de dos mil catorce; de los cuales, una vez valorados en términos de los artículos 208, 210, 211, 280, 281 y 284 del código procesal, se obtuvo: ( El ingreso de las víctimas V.V.V. y L.M.V. al Hospital General SESA de Tlaxcala, Tlaxcala el día catorce de enero de dos mil catorce. ( Que aproximadamente a las cuatro horas con quince minutos del catorce de enero de dos mil catorce, Rafael Muñoz Martínez, César Zamora Delgadillo, Agentes de la Policía Ministerial, y Víctor Flores Meneses, Comandante de Grupo, recibieron el reporte de que dos personas lesionadas con proyectil de arma de fuego era trasladas el referido nosocomio. ( Que los referidos pasivos fueron lesionados momentos antes de su hallazgo. ( Que -a inferencia de la Sala- los pasivos estuvieron privados de su libertad aproximadamente seis horas con treinta minutos, de las veintiún horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil catorce a las cuatro horas del catorce de enero siguiente. ( Las conversaciones y la comunicación que los activos mantuvieron con el fin de obtener un rescate a través de la privación de la libertad de las víctimas. ( El reconocimiento y ubicación del terreno en donde fueron abandonadas las víctimas: Panteón Municipal de San Lorenzo Axocomanitla perteneciente al Municipio de Zacatelco, Tlaxcala; lugar en el que -a decir de la responsable- los activos lesionaros a las víctimas con disparos de armas de fuego, provocando diversas lesiones, y en donde fueron localizados casquillos metálicos de diversos calibres, vestigios de líquido hemático y otros indicios. Segundo vicio formal. 14. Por su parte, el segundo vicio formal radicó en que la Sala responsable, en el apartado del cuerpo del delito, al considerar lo señalado por la jueza de origen, omitió motivar debidamente las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, lo que se tradujo en una indebida motivación. 15. Se sostuvo lo anterior, porque fue omisa en motivar debidamente las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, ya que no se motivó lo relativo a la ubicación de la casa de seguridad donde los agraviados estuvieron privados de su libertad y el tiempo que permanecieron en el mismo, así como tampoco en qué consistieron las amenazas, maltratos y tormentos, de que fueron objeto, la fecha, hora y lugar donde fueron abandonados, y las lesiones que los activos les ocasionaron con armas de fuego. 16. En observancia a este vicio formal, señaló que con los medios de prueba desahogados en el proceso penal, se acreditaba que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil catorce, los pasivos V.V.V. y L.M.V. se encontraban sentados en una banca del parque de la rotonda de la ciudad de Atlixco, Puebla, ubicado en la Calle 13 poniente, a la altura del número 308 de la Colonia Álvaro Obregón, esperando a que llegaran sus respectivos familiares. 17. Cuando observaron que se estacionó una camioneta, tipo panel de color azul, enfrente de ellos, de la cual descendieron de seis a ocho individuos; quienes, enseguida, amagaron a los pasivos con armas de fuego y los jalaron con la intención de introducirlos al vehículo, pero ante la resistencia que opusieron, fueron golpeados por los activos con las armas de fuego, con sus puños y extremidades inferiores. 18. En efecto, la Sala señaló que la víctima V.V.V. fue golpeada por los activos con patadas en la espalda y en el estómago, al mismo tiempo en el que la jalaban del cabello y, cuando estaba en la puerta de la camioneta, le asestaron patadas en la espalda y en los glúteos; sin embargo, -la Sala refirió- la víctima continuó poniendo resistencia, por lo que le pegaron varias veces en la cabeza con las cachas del arma de fuego. 19. Mientras que al diverso pasivo L.M.V., la responsable señaló que también fue golpeado y jalado para conseguir que abordara el vehículo. 20. La Sala precisó que, con independencia de la violencia física y moral que sufrieron los agraviados al ser golpeados y amagados con armas de fuego para lograr subirlos al vehículo, una de las víctimas refirió que uno de los plagiarios le ordenó que no hiciera ruido porque de lo contrario la matarían, además, indicó que a la víctima V.V.V. le asestaron diversos golpes en la nariz con puño cerrado durante el trayecto. 21. La Sala señaló que entre las veintitrés horas con quince minutos del trece de enero de dos mil catorce y las cero horas con treinta minutos del catorce de enero siguiente, las víctimas fueron colocadas en una casa de seguridad ubicada en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala, lugar en el que las mantuvieron hasta momentos posteriores de las tres horas del catorce de enero de dos mil catorce y en cautiverio mientras sus captores realizaron llamadas al esposo de la agraviada con el fin de solicitarle determinada cantidad de dinero a cambio de la libertad de aquélla. 22. Indicó que durante el lapso en el que estuvieron privadas de su libertad, las víctimas fueron objeto de amenazas, maltrato y tormentos y que ante la imposibilidad de sus captores de obtener la cantidad que exigían como rescate, momentos posteriores a las tres horas del catorce de enero de dos mil catorce -última llamada efectuada por los plagiarios al denunciante José Alberto Vélez Torres- la víctima V.V.V. escuchó que dijeron que se recogiera todo porque ya se iban, después de un momento, ordenaron a los pasivos que caminaran para subirlos a la cajuela de un vehículo, por el cual los sustrajeron del domicilio. 23. Que -aproximadamente- hasta momentos previos de las cuatro horas con quince minutos del catorce de enero de dos mil catorce, los activos al detener su marcha, bajaron a los agraviados en el Panteón Municipal de San Lorenzo Axocomanitla perteneciente al Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, donde les indicaron que se arrodillaran y, enseguida, efectuaron disparos con armas de fuego contra su corporeidad, ocasionándoles lesiones que pusieron en peligro su vida. 24. Que una vez que las víctimas quedaron inmóviles, los activos se retiraron del lugar a bordo de un vehículo; luego, el pasivo L.M.V. solicitó ayuda y llegó una ambulancia que los trasladó a un nosocomio para su atención médica. 25. Por otro lado, la Sala indicó que, a través de los dictámenes médicos 264/2014 y 265/2014, se demostró que los pasivos presentaron diversas lesiones durante el tiempo en que estuvieron privadas de su libertad, mismas que relacionó a fojas 68 y 69 de la resolución en análisis. Tercer vicio formal. 26. Dicho vicio consistió en que la responsable, en el apartado del cuerpo del delito, al considerar lo expuesto por la jueza de origen, omitió precisar y razonar todas las agravantes del delito de secuestro agravado que consideró se actualizaron y los medios de prueba con los que, en su caso, las tuvo por acreditadas, lo que también se tradujo en una indebida motivación. 27. Lo anterior, porque al revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar de diez de julio de dos mil diecisiete, emitido por la Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en el proceso penal 154/2014 y, en su lugar, decretar auto de formal prisión en contra del quejoso Daniel Velázquez Corona, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, fundó las agravantes que consideró se actualizaron en el numeral 10, fracciones I, incisos b) y c), y II, inciso c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de fracción XXI, del Artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28. Artículo y fracciones que hacen referencia a diversas agravantes del delito de secuestro; sin embargo, en la resolución reclamada, sólo se hizo alusión a la agravante de violencia. 29. Además, respecto de dicha agravante, se detectó que no se especificó en qué consistió dicha violencia al momento en que los pasivos fueron privados de su libertad y que fue indebida la motivación en la parte en que sustentó que en momentos posteriores también existió violencia, ya que tal argumento encuadraba en una diversa agravante. 30. Por cuanto a las diversas agravantes, relativas a que quienes lleven a cabo la privación de la libertad obren en grupo de dos o más personas y que durante el cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, no se advirtió que expresamente haya motivado su actualización ni los medios de prueba que las tuviera por acreditadas. 31. Lo anterior, -se consideró- dejó al procesado, aquí quejoso, en incertidumbre jurídica, pues ignoraba los argumentos y los medios de prueba que tomó en consideración la Sala responsable a efecto de tener por acreditadas las agravantes indicadas, derivadas de los hechos que se le imputan. 32. En observancia a este vicio formal, la Sala de origen primero precisó que las agravantes del delito de secuestro que se imputaba al quejoso consistían en: a) Que quienes lleven a cabo la privación de la libertad obren en grupo de dos o más personas; b) Que se realice con violencia; y, c) Que durante el cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 y 293 del Código Penal Federal. 33. Así mismo, señaló que tales agravantes, se acreditaban con los siguientes medios de prueba: i) La diligencia ministerial de fe de lesiones practicada el catorce de enero de dos mil catorce, de la cual, una vez valorada en términos de los artículos 169 y 284 del código procesal, se obtuvo: ( Que los activos actuaron con violencia al momento de privar de la libertad a las víctimas, así como momentos posteriores a dicha acción. ii) Los dictámenes médicos 264/2014 y 265/2014 signados por Patricia Pérez Gómez, Médico Legista y Forense, de los cuales, una vez valorados en términos de los artículos 169 y 288 del código procesal, se obtuvo: ( Que las víctimas resultaron lesionadas durante el tiempo que permanecieron en cautiverio. ( Que las lesiones provocadas son de las que ponen en peligro la vida. ( La descripción de lesiones de ambos agraviados. iii) Las declaraciones de las víctimas V.V.V. y L.M.V., rendidas ante el agente del ministerio público el catorce de enero de dos mil catorce, de las cuales, una vez valoradas en términos de los artículos 289 y 290 del código procesal, se obtuvo: ( La intervención de diversas personas en la comisión de la conducta ilícita, pues los agraviados indicaron que al momento de su privación de la libertad, participaron diversos individuos. iv) También señaló que con todos los medios de prueba desahogados, se obtenía: ( Que al momento de privar de la libertad a la víctima V.V.V. fue golpeada por los activos con patadas en la espalda y en el estómago, al mismo tiempo en el que la jalaban del cabello y, cuando estaba en la puerta de la camioneta, le asestaron patadas en la espalda y en los glúteos; sin embargo, -la Sala refirió- la víctima continuó poniendo resistencia, por lo que le pegaron varias veces en la cabeza con las cachas del arma de fuego. Mientras que al diverso pasivo L.M.V., la responsable señaló que también fue golpeado y jalado para conseguir que abordara el vehículo. ( Que con independencia de la violencia física y moral que sufrieron los agraviados al ser golpeados y amagados con armas de fuego para lograr subirlos al vehículo, una de las víctimas refirió que uno de los plagiarios le ordenó que no hiciera ruido porque de lo contrario la matarían, además, indicó que a la víctima V.V.V. le asestaron diversos golpes en la nariz con puño cerrado durante el trayecto. Cuarto vicio formal. 34. Por último, tal vicio formal radicó en que la Sala, en el apartado de la probable responsabilidad, no motivó debidamente lo relativo a la valoración de la declaración ministerial del procesado, aquí quejoso, la cual tomó en cuenta para acreditar la misma. 35. Se sostuvo lo anterior, porque el Ministerio Público obtuvo la ratificación de la confesión del inculpado en la comisión del delito que se le imputa, debido a que compareció ante él por estar arraigado con motivo de la diversa averiguación previa 22/2014/AEHOM. 36. Entonces, se estimó que no acudió libre y espontáneamente a rendir su declaración en relación con los hechos delictivos que se investigaban, sino que lo hizo restringido de su libertad, con motivo de diversa averiguación previa de que era objeto. 37. Por ello, se consideró que la Sala responsable debió motivar lo relativo a la existencia de las constancias que avalaran la legalidad de la detención, puesta a disposición y la orden de arraigo correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron sus derechos humanos y, así, determinar la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación, como lo fue la ratificación de la confesión ministerial, la cual tomó en cuenta a efecto de determinar la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de secuestro agravado. 38. En observancia a este vicio formal, la Sala motivó en el sentido de que dentro del proceso penal de origen, se advertía que el agente del ministerio público omitió recabar las constancias relativas a la detención de Daniel Velázquez Corona -quejoso-, a su puesta a disposición ante el representante social, a la solicitud de la medida cautelar de arraigo y a la orden de arraigo. 39. Ciertamente, la responsable indicó que el cinco de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público investigador, dentro de la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/04/2014, ordenó glosar copia certificada de diversas diligencias que obraban en la diversa indagatoria AP-22/2014/AEHOM, de las que se destacó la declaración ministerial del citado inculpado y un oficio en el que se informaba que aquél se encontraba bajo los efectos de un arraigo decretado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en el inmueble denominado "Hotel Kyoto". 40. Así mismo, se recalcó que el siete de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público obtuvo la ratificación de la confesión del referido quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado, debido a que compareció ante él por estar arraigado con motivo de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, por lo que la Sala determinó que el quejoso no acudió libre ni espontáneamente a rendir su declaración en relación con los hechos que se investigaban, sino lo había hecho restringido de su libertad, con motivo de la diversa indagatoria de la que era objeto. 41. Enseguida, estimó que dicha declaración debía ser excluida del caudal probatorio que integraba la causa penal, ante la inexistencia de constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. II. Análisis del desahogo de la vista otorgada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 42. Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día a este órgano jurisdiccional, el quejoso Daniel Velázquez Corona formuló diversas manifestaciones en desahogo a las vistas concedidas en términos del artículo 196 de la ley de la materia. 43. En resumen, expresó que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en razón de que la Sala Penal de origen no subsanó los vicios de forma detectados en el fallo protector. En esencia, señala lo siguiente: 1. Respecto del Primer Vicio Formal. 1.1. Que la responsable omitió nuevamente expresar de forma clara y precisa la relación entre los medios de prueba analizados y su correlación con la acreditación de los elementos constitutivos del delito de secuestro; lo anterior, porque -sostiene- si bien realiza un análisis de los medios probatorios y una valoración de los mismos, no señala de forma clara y precisa qué elementos del cuerpo del delito se obtienen de cada uno de los medios probatorios de forma concreta, sino lo hace de forma genérica. 1.2. Que la valoración de las pruebas la realiza de atestes, que -refiere- de ninguna forma presenciaron el evento delictivo y que -a su criterio- no se les puede otorgar eficacia probatoria. 1.3. Que no basta el copiado de una deposición y su posterior análisis, pues -indica- es necesario que se pormenorice el hecho que se destaca de cada declaración. 2. Por cuanto al Segundo Vicio Formal. 2.1. Que la responsable es omisa en señalar con precisión la ubicación de la casa de seguridad donde los agraviados estuvieron privados de su libertad, tomando en cuenta que existe un sinfín de casas posibles y que no señala un rasgo que haga la diferencia del resto. 2.2. Que si bien es cierto a través de las declaraciones de los co-imputados se obtuvo que dicha casa de seguridad se ubicaba en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala, tales declaraciones se rindieron mientras aquéllos y el quejoso se encontraban detenidos con motivo de la diversa averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, sin que la responsable recabara las constancias que avalaran la legalidad de su detención y la de sus co-imputados. 2.3. Sobre el punto anterior, destaca que en el cuarto vicio de formal detectado en la sentencia de amparo, se dijo que la Sala no había motivado respecto a la existencia de las constancias que avalaran la legalidad de la detención, puesta a disposición y la orden de arraigo correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron sus derechos humanos y, así, determinar la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación, como lo fue la ratificación de la confesión ministerial, la cual tomó en cuenta a efecto de determinar la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de secuestro agravado. 2.4. Razón por la cual, considera que tomar en cuenta las declaraciones ilícitas de sus co-imputados vulnera sus derechos humanos. 2.5. Que sobre el tiempo que señaló la responsable en el que las víctimas estuvieron privadas de su libertad, se basa en meras afirmaciones de atestes indirectos, de ahí que -considera- no se tiene la certeza clara de la veracidad de sus testimonios. 2.6. Que la responsable hizo caso omiso a la ejecutoria de amparo, porque no señaló en qué consistieron las amenazas, maltratos y tormentos de los que fueron objeto las víctimas. 2.7. Que no señaló el lugar específico en el que fueron abandonadas las víctimas. 2.8. Que no indicó de forma concreta el tipo de lesiones de forma que pudiera comprenderlas, pues -refiere- solo se limitó a transcribir un extracto de un dictamen que está formulado en lenguaje científico y que el quejoso dice no comprender. 3. Tocante al Tercer Vicio Formal. 3.1. Que las agravantes consistentes en: 1) que fueron dos o más sujetos que participaron en la comisión del delito y 2) que el mismo se perpetró con violencia; señala que para tenerlas por acreditadas, la responsable se basa en testimonios de los que no se tiene la certeza de su autenticidad y que no se encuentran robustecidos con diversos medios de prueba. 3.2. Aunado a lo anterior, indica que ninguna de las pruebas con las que se prueban dichas agravantes, lo vinculan, por ser genéricas y al no existir un señalamiento expreso en contra de su persona. 4. Tocante al Cuarto Vicio Formal. 4.1. Que el efecto protector no consistía en únicamente excluir del material probatorio su declaración ratificada que se realizó dentro de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM -en la que supuestamente admitió su participación en la comisión del delito de secuestro agravado-, sino -sostiene- debió recabar las constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. 4.2. Que se vinculó a la responsable a motivar lo relativo a la existencia de tales constancias; sin embargo, -insiste- para tal fin, debió recabarlas para que, una vez teniéndolas, verificar si no se violaron sus derechos humanos y la eficacia probatoria de las mismas. 4.3. Que el hecho de desestimarlas sin algún sustento legal -afirma- le conlleva un perjuicio, pues refiere que la parte agraviada estará en aptitud de reclamar el porqué se excluyeron sin ese sustento, además, de que al no recabar las aludidas constancias generaría una reposición del procedimiento. 4.4. Que la falta de esas constancias cobraba tal relevancia no sólo por la obtención de su supuesta confesión, pues indica que no fue el único detenido y/o arraigado dentro de la indagatoria AP-22/2014/AEHOM, tomando en consideración que la Sala uso las supuestas confesiones de sus co-imputados para perfeccionar el auto de formal prisión dictado en su contra sin tener a la vista las constancias que avalaran su legal detención. 4.5. De ahí que -considera- esas declaraciones también deben ser desestimadas, por no contar con las constancias relativas a la legal detención de sus co-imputados. 4.6. Por otro lado, -afirma- que a las declaraciones de sus co-imputados no se les debió otorgar el valor de testimonio, como lo hizo la Sala; ya que fueron obtenidas de la copia certificada de diversa averiguación previa (AP-22/2014/AEHOM); para lo cual, sustenta su dicho en la jurisprudencia 1a./J. 51/2018 (10a.) establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 16 DE JUNIO DE 2016.". III. Opinión jurisdiccional sobre si se acató o no la ejecutoria de amparo. 44. Una vez analizados los elementos aportados en autos, así como las manifestaciones formuladas por el quejoso, las cuales se consideran infundadas, se estima que la ejecutoria de amparo está cabalmente cumplida sin excesos ni defectos. 45. Se explica. 46. Ciertamente, este órgano jurisdiccional considera que los vicios formales destacados en la sentencia se encuentran subsanados; por tanto, son infundadas las alegaciones del quejoso en las que sostiene lo contrario. 47. Respecto del primer vicio de forma, como se reseñó en los párrafos 12 y 13 de la presente resolución, la Sala de origen identificó los elementos constitutivos del cuerpo del delito de secuestro; asimismo, relató y valoró el caudal probatorio con los cuales se acreditaban tales elementos. 48. Se sostiene lo anterior, porque la responsable sí fue precisa en señalar qué hechos se obtenían de cada prueba que obraba en la causa penal, pues después de transcribir su contenido y otorgarle valor probatorio, expuso los datos que las mismas arrojaban. 49. Además, de la redacción de la responsable, se advierte la congruencia y coherencia en la relación de las pruebas y los hechos obtenidos que permiten entender que con ellos se comprobó que las víctimas fueron privadas de su libertad con el fin de conseguir determinada cantidad de dinero a cambio de liberarlas (solicitud de rescate). 50. De ahí que no le asista razón al quejoso, cuando afirma que la responsable omitió nuevamente expresar de forma clara y precisa la relación entre los medios de prueba analizados y su correlación con la acreditación de los elementos constitutivos del delito de secuestro y que no bastaba el copiado de una deposición y su posterior análisis para subsanar el referido vicio de forma. 51. Así mismo, deben desestimarse aquellas alegaciones en las que se sostiene que la valoración de las pruebas deviene de atestes, que no presenciaron el evento delictivo y que por esa razón no se les puede otorgar eficacia probatoria. 52. Lo anterior, porque que las mismas combaten el fondo del auto de formal prisión dictado en su contra, habida cuenta que se encuentran relacionadas con el acreditamiento del cuerpo del delito y sobre las cuales en la sentencia de amparo se prescindió su análisis debido a que en el acto reclamado se encontraron vicios de forma, mismos que se privilegiaron estudiar para no sustituir a la autoridad responsable y no perjudicar al ahora quejoso. 53. Por otro lado, tocante al segundo vicio de forma, de lo reseñado en los párrafos 16 a 25 de la presente resolución, se observa que la Sala de origen: a) Señaló que la casa de seguridad en la que las víctimas se encontraban privadas de su libertad, se ubicaba en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala; b) Indicó que aquéllas estuvieron privadas de su libertad en dicho lugar, aproximadamente de las veintitrés horas con quince minutos del trece de enero de dos mil catorce hasta momentos posteriores de las tres horas del catorce de enero del mismo año, cuando los captores se vieron en la imposibilidad de obtener la cantidad que exigían como rescate y, momentos después, ordenaron a los pasivos que caminaran para subirlos a la cajuela de un vehículo, por el cual los sustrajeron del domicilio; c) Precisó que la violencia, amenazas y maltratos consistieron en los golpes que asestaron a las víctimas (patadas, cachazos, golpes a puño cerrado, etcétera) y en las advertencias de que las matarían si no guardaban silencio y no obtenían el rescate requerido a sus familiares; d) Señaló que -aproximadamente- hasta momentos previos de las cuatro horas con quince minutos del catorce de enero de dos mil catorce, los activos abandonaron a los agraviados en el Panteón Municipal de San Lorenzo Axocomanitla perteneciente al Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, donde fueron lesionados con disparos de arma de fuego; y, e) Reseñó a fojas 68 y 69 de su resolución, las lesiones que presentaron los agraviados, mismas que se obtuvieron de los dictámenes médicos rendidos. 54. Por tanto, se estima que se cumplieron con las consideraciones que detectaron el segundo vicio de forma. 55. Ahora bien, el quejoso se duele de que la responsable es omisa en señalar con precisión la ubicación de la casa de seguridad donde los agraviados estuvieron privados de su libertad, tomando en cuenta que existe un sinfín de casas posibles y que no señala un rasgo que haga la diferencia del resto. 56. Al respecto, dígasele que con los medios de prueba reseñados por la responsable, únicamente se pudo extraer que la casa de seguridad se ubicaba en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala y en la sentencia de amparo se pidió que se motivara lo relativo a la ubicación de dicho inmueble, por lo que si el quejoso estima que no es correcta la motivación que plasmó la autoridad en este aspecto, deberá combatirla a través de medio de defensa legal que estime idóneo, pues se cumplió con el deber de motivar la ubicación de tal casa de seguridad. 57. En diverso punto, señala que tomando en consideración que la ubicación de la casa de seguridad se obtuvo de las declaraciones de sus co-imputados rindieron en la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, las mismas no se deben tomar en consideración porque que en el cuarto vicio de formal detectado en la sentencia de amparo, se dijo que la Sala no había motivado respecto a la existencia de las constancias que avalaran la legalidad de la detención, puesta a disposición y la orden de arraigo correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron los derechos humanos de los detenidos con motivo de esa indagatoria. 58. Razón por la cual, considera que tomar en cuenta las declaraciones ilícitas de sus co-imputados vulnera sus derechos humanos. 59. En ese sentido, tampoco le asiste razón al inconforme, ya que únicamente se constriñó a la responsable para que motivara lo relativo a la ubicación de la casa de seguridad. De manera que, si considera que fue incorrecto que obtuviera ese dato de las declaraciones de sus co-imputados, eso será materia de estudio al revisar si se subsanó el cuarto vicio formal que refiere. 60. Es decir, si se estima que la responsable incurrió en un defecto o exceso al incluir esas declaraciones para fortalecer el auto de formal prisión decretado en su contra, además, de requerirle que las excluya, se pedirá motivar nuevamente respecto a la ubicación de la casa de seguridad, lo que no implica necesariamente que los diversos datos de prueba no sean suficientes para considerar que se encuentran acreditados los elementos constitutivos del delito que se le imputa, así como de sus agravantes. 61. Por otra parte, el quejoso afirma que sobre el tiempo que señaló la responsable en el que las víctimas estuvieron privadas de su libertad, se basa en meras afirmaciones de atestes indirectos, de ahí que -considera- no se tiene la certeza clara de la veracidad de sus testimonios. 62. En contestación a dicha afirmación, hágasele saber que la misma combate el fondo del auto de formal prisión dictado en su contra, toda vez que se encuentra relacionada con la valoración de pruebas que sirvieron para probar el cuerpo del delito y sobre la cual en la sentencia de amparo se prescindió su análisis debido a que en el acto reclamado se encontraron vicios de forma, mismos que se privilegiaron estudiar para no sustituir a la autoridad responsable y no perjudicar al ahora quejoso. 63. Que la responsable hizo caso omiso a la ejecutoria de amparo, porque no señaló en qué consistieron las amenazas, maltratos y tormentos de los que fueron objeto las víctimas; el lugar específico en el que fueron abandonadas las víctimas; ni el tipo de lesiones de forma que pudiera comprenderlas, pues -refiere- sólo se limitó a transcribir un extracto de un dictamen que está formulado en lenguaje científico y que el quejoso dice no comprender. 64. Es infundado dicho argumento, pues como se advierte en los incisos c), d) y e) del párrafo 53 de esta determinación, la Sala sí motivo tales circunstancias, además, tocante a las lesiones, el juez las describió en las fojas 68 a 70 de su resolución, sin que en la sentencia de amparo se le vinculara para que explicara en qué consistía cada lesión, como lo pretende el demandante constitucional. 65. En otro aspecto, tocante al tercer vicio de forma, como se reseñó en los párrafos 32 y 33 de la presente resolución, la Sala de origen precisó que las agravantes del delito de secuestro agravado consistían en: a) que quienes lleven a cabo la privación de la libertad obren en grupo de dos o más personas; b) que se realice con violencia; y, c) que durante el cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 y 293 del Código Penal Federal. Asimismo, señaló cada uno de los medios de prueba con los que las tuvo por acreditadas. 66. Además, en el inciso iv) del citado párrafo 33, se destacó que la autoridad responsable especificó en qué consistió la violencia al momento en que las víctimas fueron privadas de su libertad. 67. Ahora bien, el quejoso expresa que para tener por acreditadas las primeras dos agravantes referidas, la responsable se basó en testimonios de los que no se tiene la certeza de su autenticidad y que no se encuentran robustecidos con diversos medios de prueba, aunado a que -señala- ninguna de las pruebas con las que se prueban dichas agravantes, lo vinculan, por ser genéricas y al no existir un señalamiento expreso en contra de su persona. 68. En ese tenor, se desestiman tales alegaciones, porque que las mismas combaten el fondo del auto de formal prisión dictado en su contra, habida cuenta que se encuentran relacionadas con el acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sobre las cuales en la sentencia de amparo se prescindió su análisis debido a que en el acto reclamado se encontraron vicios de forma, mismos que se privilegiaron estudiar para no sustituir a la autoridad responsable y no perjudicar al ahora quejoso. 69. Finalmente, respecto al cuarto vicio de forma, como se reseñó en los párrafos 38 a 41 de la presente resolución, la Sala de origen motivó en el sentido de que dentro del proceso penal de origen, se advertía que el agente del ministerio público omitió recabar las constancias relativas a la detención de Daniel Velázquez Corona -quejoso-, a su puesta a disposición ante el representante social, a la solicitud de la medida cautelar de arraigo y a la orden de arraigo. 70. Ciertamente, la responsable indicó que el cinco de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público investigador, dentro de la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/04/2014, ordenó glosar copia certificada de diversas diligencias que obraban en la diversa indagatoria AP-22/2014/AEHOM, de las que se destacó la declaración ministerial del citado inculpado y un oficio en el que se informaba que aquél se encontraba bajo los efectos de un arraigo decretado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en el inmueble denominado "Hotel Kyoto". 71. Así mismo, se recalcó que el siete de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público obtuvo la ratificación de la confesión del referido quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado, debido a que compareció ante él por estar arraigado con motivo de la mencionada averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, por lo que la Sala determinó que el quejoso no acudió libre ni espontáneamente a rendir su declaración en relación con los hechos que se investigaban, sino lo había hecho restringido de su libertad, con motivo de la diversa indagatoria de la que era objeto. 72. Ante ello, estimó que dicha declaración debía ser excluida del caudal probatorio que integraba la causa penal, ante la inexistencia de constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. 73. Por lo que en ese aspecto, se considera que la Sala sí cumplió con las consideraciones del fallo protector. 74. Por tanto, no le asiste razón al quejoso cuando señala que el efecto protector no consistía en únicamente excluir del material probatorio su declaración (ratificada) que se rindió dentro de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM -en la que supuestamente admitió su participación en la comisión del delito de secuestro agravado-, sino en recabar las constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servirían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. 75. Lo anterior, porque lo cierto es que tanto la acción de excluir dicha declaración como la de recabar las constancias respectivas, no formaron propiamente parte de los efectos de la sentencia de amparo. 76. En cambio, motivar respecto a la existencia de esas constancias, sí constituyó un efecto amparador de la sentencia, por lo que si la Sala decidió motivar en el sentido de excluir tal elemento por considerar que el agente del ministerio público no se allegó de las constancias que avalaran la legalidad de la detención del quejoso, entre otras, ello se debió a la libertad de jurisdicción concedida. 77. De ahí que si el quejoso, lo estima conveniente, deberá combatir esa consideración a través del medio de defensa legal que estime idóneo. 78. También es infundado cuando afirma que el hecho de desestimar tales constancias sin algún sustento legal le conlleva un perjuicio, pues refiere que la parte agraviada estará en aptitud de reclamar por qué se excluyeron sin ese sustento, además, de que al no recabar las aludidas constancias generaría una reposición del procedimiento. 79. Se sostiene lo anterior, -se insiste- porque se concedió a la responsable libertad de jurisdicción; de modo que se encontraba facultada para motivar sobre la existencia de esas constancias en el sentido que estimara ajustado a derecho, por lo que la circunstancia de que esa motivación pueda ser impugnada por alguna de las partes, no tiene relación con los efectos amparadores. 80. En efecto, las partes se encuentran en aptitud de cuestionar a través de un nuevo juicio de amparo -verificados los requisitos de procedencia-, la exclusión probatoria realizada por la responsable o, incluso, una eventual reposición de procedimiento en caso de que así lo hubiere determinado, en tanto que en la sentencia se concedió ese margen decisorio. 81. Así mismo, es incorrecto que el quejoso cuestione la inclusión probatoria de las declaraciones que sus co-inculpados rindieron dentro de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, ya que la libertad de decisión que fue concedida a la Sala responsable, no implicó que estuviera impedida de tomar en cuenta medios de prueba que obraran dentro de la averiguación que dio origen a la causa penal y que, por tanto, tuvo a la vista al momento de emitir el acto reclamado. 82. En efecto, mediante registro de actuación de veintiocho de febrero de dos mil catorce, emitido en la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/04/2014, el agente del ministerio público ordenó glosar copia certificada de diversas actuaciones de la diversa indagatoria AP-22/2014/AEHOM, entre las que se encuentran el arraigo decretado en contra de los co-imputados 1. Óscar Torres Gómez o José Luis Gómez Reyna, 2. Filemón Silva o Filomeno Silva y 3. Arturo Aguilar Rodríguez y sus declaraciones. 83. Declaraciones con las que la Sala robusteció la probable la participación del aquí quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado y otros datos que sirvieron para complementar el auto de formal prisión. 84. Entonces, si la sala completó su resolución con tales declaraciones, no se les puede aplicar el mismo efecto tendente a purgar el cuarto vicio de forma detectado, en el sentido de motivar sobre la existencia de constancias que avalaran la legalidad de la detención de sus co-inculpados. 85. Lo anterior, debido a que la consideración de la sentencia que destacó tal vicio de forma, derivó de un análisis constitucional que únicamente se puede realizar en sentencia y no en la resolución que declare o no cumplida la ejecutoria. 86. De manera que si el quejoso no está conforme con la inclusión de las declaraciones de su co-imputados, deberá hacerlo valer en un nuevo juicio de protección de derechos fundamentales, para que en aquél se pueda analizar la ausencia o indebida motivación en la existencia de las constancias que respaldaran la legal detención de estos sujetos. 87. En otras palabras, en la resolución que examina si la responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, no se puede introducir un estudio en el que se establezca que se cumplió o no con el mandato constitucional de fundar y motivar debidamente un acto de autoridad (artículo 16 Constitucional), como ahora lo pretende el quejoso al solicitar que la Sala motive la existencia de las aludidas constancias, o bien, excluya dicho material, por supuestamente contener el mismo vicio que su confesión. 88. Finalmente, se desestiman las alegaciones que afirman que a las declaraciones de sus co-imputados no se les debió otorgar el valor de testimonio, porque al ser aspectos novedosos, en la sentencia no se incluyó el estudio relativo a su valor probatorio. 89. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo sin excesos ni defectos, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y a los terceros interesados C.V.V. y L.M.V. de identidad reservada, por conducto de la Asesora jurídica María Janet de la Cruz García, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; mediante oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveídos de veintisiete de marzo y nueve de abril pasados, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ordenadora ha dado al fallo protector, desahogando dicha vista únicamente el quejoso Daniel Velázquez Corona, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el dos de abril de la presente anualidad, turnado al siguiente día a este juzgado. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por las autoridades responsables encargadas del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos y tomando en cuenta lo aportado en el desahogo de la vista indicada. ° Antecedentes. 1. Mediante sentencia dictada el quince de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso Daniel Velázquez Corona, contra la resolución emitida en su contra el seis de junio de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación 701/2017 del índice de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; para los efectos precisados en el propio fallo protector. 2. El siete de marzo de dos mil diecinueve, se hizo constar que las partes no recurrieron la sentencia de amparo, por lo que mediante proveído de la misma fecha, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento. 3. Así las cosas, la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el veinticinco de marzo de marzo de dos mil diecinueve, en el toca de apelación 701/2017, así como de las constancias de notificación a las partes. 4. Así mismo, el Agente del Ministerio Público, en representación de la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, informó que dejó sin efectos el cumplimiento a la orden de reaprehensión decretada en contra del ahora quejoso, dentro de la causa penal 154/2014 del índice del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, derivada de la diversa resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, emitida en el referido toca de apelación -acto reclamado-. 5. En ese tenor, en acuerdos de veintisiete de marzo y nueve de abril, ambos de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. ° Estudio del cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 6. Mediante determinación dictada el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, los Magistrados integrantes de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en aras de cumplir con la ejecutoria de amparo, dejaron sin efectos la resolución reclamada de seis de junio de dos mil dieciocho, revocaron nuevamente el auto de libertad decretado en favor del quejoso en la causa penal de origen y, en su lugar, dictaron auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado. 7. Ahora bien, procede analizar si dicha determinación cumple cabalmente con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, tomando en consideración los elementos aportados y lo expuesto por el quejoso en su escrito por el cual desahogó la vista que se concedió en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. I. Análisis de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 8. En la sentencia de amparo se identificaron cuatro vicios de forma que adolecían el acto reclamado, los cuales la responsable debía subsanar para cumplir con el fallo protector. Primer vicio formal. 9. El primer vicio consistió en que la Sala responsable, en el apartado del cuerpo del delito, al considerar lo dicho por la jueza de origen, omitió identificar todos los elementos constitutivos del delito de secuestro y los medios de prueba, con su valoración, para acreditar cada uno de ellos -una vez precisados-; lo que se tradujo en una indebida motivación. 10. Ciertamente, se señaló que en el acto reclamado debió fijar concretamente los elementos constitutivos del delito de secuestro que se indicaron en la sentencia, y los medios de prueba, debidamente valorados, para acreditar cada uno de ellos, pues -se consideró- ello era de suma importancia para la instrucción del proceso y para que el procesado estuviera en condiciones de aportar pruebas para su defensa. 11. Ahora bien, la Sala de origen, en observancia a este vicio formal, señaló que el delito que se imputaba al ahora quejoso era el de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso a), y 10, fracciones I, incisos b) y c), y II, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 Constitucional, en relación con los diversos 9 y 13 del Código Penal Federal, por su probable responsabilidad en su comisión en agravio de V.V.V y L.M.V. 12. Luego, indicó que los elementos del cuerpo del delito radicaban en: a) Una acción: consistente en la detención arbitraria de una persona privándola de la libertad; y, b) Un elemento subjetivo diferente del dolo: que reside en el propósito de tratar de obtener un rescate o cualquier beneficio. 13. Así mismo, precisó que tales elementos del cuerpo del delito, se acreditaban con los siguientes medios de convicción: i) La denuncia formulada por José Alberto Vélez Torres -cónyuge de la víctima V.V.V.- el catorce de enero de dos mil catorce y su declaración ante el agente del ministerio público de treinta y uno de enero de ese año, las cuales fueron valoradas en términos de los artículos 209 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales -en lo sucesivo código procesal- y de las que obtuvo: ( Que la víctima V.V.V. fue privada ilegalmente de su libertad, pues -consideró- que aun y cuando no le constaba el suceso de manera directa, los datos proporcionados por el denunciante permitían deducir la ejecución de la acción típica, por haber referido que fue notificado por su progenitora, por su cuñada y por su sobrina de los hechos que consistieron en la privación de la libertad de la indicada víctima, cuando en vía pública varias personas a bordo de una camioneta descendieron de su vehículo para forzarla a subirse al mismo. ( La intención de los activos en privarla de su libertad, pues se relataron las comunicaciones entabladas entre los captores y el denunciante, en las que los primeros solicitaron en diversas ocasiones el pago de un rescate para liberarla, bajo la amenaza que de no hacerlo, matarían a la víctima. ii) La declaración de Yolanda Varela Velázquez -hermana de la víctima V.V.V.- de veinte de enero de dos mil catorce, de la cual, una vez valorada en términos del artículo 289 del código procesal, se obtuvo: ( El plagio del que su hermana fue víctima. ( Que José Alberto Vélez Torres -cónyuge de la víctima V.V.V.- le refirió que los plagiarios le exigían una determinada cantidad de dinero como rescate y que el catorce de enero de dos mil catorce, recibió una llamada de un Hospital de Tlaxcala, en la que le comunicaron que su esposa se encontraba en sus instalaciones. ( Que una vez que pudo entablar conversación con su hermana -víctima- después de salir de cirugía, ésta le manifestó que, en efecto, había sido privada de su libertad por un grupo de individuos cuando se encontraba en el parque de la rotonda de la ciudad de Atlixco, Puebla. ( Que éstos la golpearon y la llevaron hasta una casa de seguridad y, después de varias horas, le indicaron que la liberarían; sin embargo, -le refirió- que en lugar de dejarla en libertad, le dispararon con armas de fuego, siendo auxiliada por la diversa víctima L.M.V. iii) Las declaraciones de las víctimas V.V.V. y L.M.V., rendidas ante el agente del ministerio público el catorce de enero de dos mil catorce, de las cuales, una vez valoradas en términos de los artículos 289 y 290 del código procesal, se obtuvo: ( Que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil catorce, los deponentes fueron privados de su libertad por personas que arribaron al lugar a bordo de un vehículo Camioneta, tipo Van, color azul claro. ( Que estos sujetos descendieron del vehículo y usando la fuerza, obligaron a los pasivos a subirse al automotor, quienes pusieron resistencia. ( Que los activos, aprovechando su pluralidad, la sorpresa y las condiciones del lugar, amagaron con armas de fuego y golpearon a los pasivos para privarlos de su libertad. ( Que una vez que los pasivos abordaron el vehículo, los ojos les fueron cubiertos y fueron atados de sus extremidades superiores e inferiores. ( Que los pasivos fueron intimidados y que para su sometimiento, los agentes criminales emplearon armas de fuego al momento de su detención e instrumentos para violentarlos física y moralmente. ( Que los activos exigieron determinada cantidad de dinero para su liberación; sin embargo, cuando no fue pagado por sus familiares, los pasivos fueron abandonados por sus captores en un lugar despoblado y desconocido para ellos, donde fueron lesionados con diversos disparos provenientes de arma de fuego. ( Que con tales declaraciones, se destacaban con exactitud cada uno de los elemento integradores del delito de secuestro, pues por una parte -señaló la Sala- se aludía a la privación de la libertad de unas personas y, por otra, a la solicitud de dinero a cambio de la liberación de las víctimas. iv) Inspección ocular practicada por el agente del ministerio púbico el veinticinco de marzo de dos mil catorce, de la cual, una vez valorada en términos de los artículos 208, 210 y 211 del código procesal, se obtuvo: ( La descripción y reconocimiento del escenario en donde los pasivos fueron privados de su libertad. v) El a) informe de investigación P.M. 46/2014, signado por Rafael Muñoz Martínez, César Zamora Delgadillo, Agentes de la Policía Ministerial, y Víctor Flores Meneses, Comandante de Grupo; el b) informe parcial FGM/DGADAI/056/C.M./2014 de catorce de enero de dos mil catorce; el c) informe parcial FGM/DGADAI/0132/C.M./2014 de veintiuno de enero de dos mil catorce; el d) informe final FGM/DGICDS/582/C.M./2014 de veinticinco de marzo de dos mil catorce; la e) diligencia de fe de disco compacto y contenido; y la f) diligencia ministerial de inspección ocular y fe del lugar de catorce de enero de dos mil catorce; de los cuales, una vez valorados en términos de los artículos 208, 210, 211, 280, 281 y 284 del código procesal, se obtuvo: ( El ingreso de las víctimas V.V.V. y L.M.V. al Hospital General SESA de Tlaxcala, Tlaxcala el día catorce de enero de dos mil catorce. ( Que aproximadamente a las cuatro horas con quince minutos del catorce de enero de dos mil catorce, Rafael Muñoz Martínez, César Zamora Delgadillo, Agentes de la Policía Ministerial, y Víctor Flores Meneses, Comandante de Grupo, recibieron el reporte de que dos personas lesionadas con proyectil de arma de fuego era trasladas el referido nosocomio. ( Que los referidos pasivos fueron lesionados momentos antes de su hallazgo. ( Que -a inferencia de la Sala- los pasivos estuvieron privados de su libertad aproximadamente seis horas con treinta minutos, de las veintiún horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil catorce a las cuatro horas del catorce de enero siguiente. ( Las conversaciones y la comunicación que los activos mantuvieron con el fin de obtener un rescate a través de la privación de la libertad de las víctimas. ( El reconocimiento y ubicación del terreno en donde fueron abandonadas las víctimas: Panteón Municipal de San Lorenzo Axocomanitla perteneciente al Municipio de Zacatelco, Tlaxcala; lugar en el que -a decir de la responsable- los activos lesionaros a las víctimas con disparos de armas de fuego, provocando diversas lesiones, y en donde fueron localizados casquillos metálicos de diversos calibres, vestigios de líquido hemático y otros indicios. Segundo vicio formal. 14. Por su parte, el segundo vicio formal radicó en que la Sala responsable, en el apartado del cuerpo del delito, al considerar lo señalado por la jueza de origen, omitió motivar debidamente las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, lo que se tradujo en una indebida motivación. 15. Se sostuvo lo anterior, porque fue omisa en motivar debidamente las circunstancias de tiempo y lugar de ejecución del delito de secuestro agravado, ya que no se motivó lo relativo a la ubicación de la casa de seguridad donde los agraviados estuvieron privados de su libertad y el tiempo que permanecieron en el mismo, así como tampoco en qué consistieron las amenazas, maltratos y tormentos, de que fueron objeto, la fecha, hora y lugar donde fueron abandonados, y las lesiones que los activos les ocasionaron con armas de fuego. 16. En observancia a este vicio formal, señaló que con los medios de prueba desahogados en el proceso penal, se acreditaba que aproximadamente a las veintiún horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil catorce, los pasivos V.V.V. y L.M.V. se encontraban sentados en una banca del parque de la rotonda de la ciudad de Atlixco, Puebla, ubicado en la Calle 13 poniente, a la altura del número 308 de la Colonia Álvaro Obregón, esperando a que llegaran sus respectivos familiares. 17. Cuando observaron que se estacionó una camioneta, tipo panel de color azul, enfrente de ellos, de la cual descendieron de seis a ocho individuos; quienes, enseguida, amagaron a los pasivos con armas de fuego y los jalaron con la intención de introducirlos al vehículo, pero ante la resistencia que opusieron, fueron golpeados por los activos con las armas de fuego, con sus puños y extremidades inferiores. 18. En efecto, la Sala señaló que la víctima V.V.V. fue golpeada por los activos con patadas en la espalda y en el estómago, al mismo tiempo en el que la jalaban del cabello y, cuando estaba en la puerta de la camioneta, le asestaron patadas en la espalda y en los glúteos; sin embargo, -la Sala refirió- la víctima continuó poniendo resistencia, por lo que le pegaron varias veces en la cabeza con las cachas del arma de fuego. 19. Mientras que al diverso pasivo L.M.V., la responsable señaló que también fue golpeado y jalado para conseguir que abordara el vehículo. 20. La Sala precisó que, con independencia de la violencia física y moral que sufrieron los agraviados al ser golpeados y amagados con armas de fuego para lograr subirlos al vehículo, una de las víctimas refirió que uno de los plagiarios le ordenó que no hiciera ruido porque de lo contrario la matarían, además, indicó que a la víctima V.V.V. le asestaron diversos golpes en la nariz con puño cerrado durante el trayecto. 21. La Sala señaló que entre las veintitrés horas con quince minutos del trece de enero de dos mil catorce y las cero horas con treinta minutos del catorce de enero siguiente, las víctimas fueron colocadas en una casa de seguridad ubicada en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala, lugar en el que las mantuvieron hasta momentos posteriores de las tres horas del catorce de enero de dos mil catorce y en cautiverio mientras sus captores realizaron llamadas al esposo de la agraviada con el fin de solicitarle determinada cantidad de dinero a cambio de la libertad de aquélla. 22. Indicó que durante el lapso en el que estuvieron privadas de su libertad, las víctimas fueron objeto de amenazas, maltrato y tormentos y que ante la imposibilidad de sus captores de obtener la cantidad que exigían como rescate, momentos posteriores a las tres horas del catorce de enero de dos mil catorce -última llamada efectuada por los plagiarios al denunciante José Alberto Vélez Torres- la víctima V.V.V. escuchó que dijeron que se recogiera todo porque ya se iban, después de un momento, ordenaron a los pasivos que caminaran para subirlos a la cajuela de un vehículo, por el cual los sustrajeron del domicilio. 23. Que -aproximadamente- hasta momentos previos de las cuatro horas con quince minutos del catorce de enero de dos mil catorce, los activos al detener su marcha, bajaron a los agraviados en el Panteón Municipal de San Lorenzo Axocomanitla perteneciente al Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, donde les indicaron que se arrodillaran y, enseguida, efectuaron disparos con armas de fuego contra su corporeidad, ocasionándoles lesiones que pusieron en peligro su vida. 24. Que una vez que las víctimas quedaron inmóviles, los activos se retiraron del lugar a bordo de un vehículo; luego, el pasivo L.M.V. solicitó ayuda y llegó una ambulancia que los trasladó a un nosocomio para su atención médica. 25. Por otro lado, la Sala indicó que, a través de los dictámenes médicos 264/2014 y 265/2014, se demostró que los pasivos presentaron diversas lesiones durante el tiempo en que estuvieron privadas de su libertad, mismas que relacionó a fojas 68 y 69 de la resolución en análisis. Tercer vicio formal. 26. Dicho vicio consistió en que la responsable, en el apartado del cuerpo del delito, al considerar lo expuesto por la jueza de origen, omitió precisar y razonar todas las agravantes del delito de secuestro agravado que consideró se actualizaron y los medios de prueba con los que, en su caso, las tuvo por acreditadas, lo que también se tradujo en una indebida motivación. 27. Lo anterior, porque al revocar el auto de libertad por falta de elementos para procesar de diez de julio de dos mil diecisiete, emitido por la Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en el proceso penal 154/2014 y, en su lugar, decretar auto de formal prisión en contra del quejoso Daniel Velázquez Corona, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, fundó las agravantes que consideró se actualizaron en el numeral 10, fracciones I, incisos b) y c), y II, inciso c) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de fracción XXI, del Artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28. Artículo y fracciones que hacen referencia a diversas agravantes del delito de secuestro; sin embargo, en la resolución reclamada, sólo se hizo alusión a la agravante de violencia. 29. Además, respecto de dicha agravante, se detectó que no se especificó en qué consistió dicha violencia al momento en que los pasivos fueron privados de su libertad y que fue indebida la motivación en la parte en que sustentó que en momentos posteriores también existió violencia, ya que tal argumento encuadraba en una diversa agravante. 30. Por cuanto a las diversas agravantes, relativas a que quienes lleven a cabo la privación de la libertad obren en grupo de dos o más personas y que durante el cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, no se advirtió que expresamente haya motivado su actualización ni los medios de prueba que las tuviera por acreditadas. 31. Lo anterior, -se consideró- dejó al procesado, aquí quejoso, en incertidumbre jurídica, pues ignoraba los argumentos y los medios de prueba que tomó en consideración la Sala responsable a efecto de tener por acreditadas las agravantes indicadas, derivadas de los hechos que se le imputan. 32. En observancia a este vicio formal, la Sala de origen primero precisó que las agravantes del delito de secuestro que se imputaba al quejoso consistían en: a) Que quienes lleven a cabo la privación de la libertad obren en grupo de dos o más personas; b) Que se realice con violencia; y, c) Que durante el cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 y 293 del Código Penal Federal. 33. Así mismo, señaló que tales agravantes, se acreditaban con los siguientes medios de prueba: i) La diligencia ministerial de fe de lesiones practicada el catorce de enero de dos mil catorce, de la cual, una vez valorada en términos de los artículos 169 y 284 del código procesal, se obtuvo: ( Que los activos actuaron con violencia al momento de privar de la libertad a las víctimas, así como momentos posteriores a dicha acción. ii) Los dictámenes médicos 264/2014 y 265/2014 signados por Patricia Pérez Gómez, Médico Legista y Forense, de los cuales, una vez valorados en términos de los artículos 169 y 288 del código procesal, se obtuvo: ( Que las víctimas resultaron lesionadas durante el tiempo que permanecieron en cautiverio. ( Que las lesiones provocadas son de las que ponen en peligro la vida. ( La descripción de lesiones de ambos agraviados. iii) Las declaraciones de las víctimas V.V.V. y L.M.V., rendidas ante el agente del ministerio público el catorce de enero de dos mil catorce, de las cuales, una vez valoradas en términos de los artículos 289 y 290 del código procesal, se obtuvo: ( La intervención de diversas personas en la comisión de la conducta ilícita, pues los agraviados indicaron que al momento de su privación de la libertad, participaron diversos individuos. iv) También señaló que con todos los medios de prueba desahogados, se obtenía: ( Que al momento de privar de la libertad a la víctima V.V.V. fue golpeada por los activos con patadas en la espalda y en el estómago, al mismo tiempo en el que la jalaban del cabello y, cuando estaba en la puerta de la camioneta, le asestaron patadas en la espalda y en los glúteos; sin embargo, -la Sala refirió- la víctima continuó poniendo resistencia, por lo que le pegaron varias veces en la cabeza con las cachas del arma de fuego. Mientras que al diverso pasivo L.M.V., la responsable señaló que también fue golpeado y jalado para conseguir que abordara el vehículo. ( Que con independencia de la violencia física y moral que sufrieron los agraviados al ser golpeados y amagados con armas de fuego para lograr subirlos al vehículo, una de las víctimas refirió que uno de los plagiarios le ordenó que no hiciera ruido porque de lo contrario la matarían, además, indicó que a la víctima V.V.V. le asestaron diversos golpes en la nariz con puño cerrado durante el trayecto. Cuarto vicio formal. 34. Por último, tal vicio formal radicó en que la Sala, en el apartado de la probable responsabilidad, no motivó debidamente lo relativo a la valoración de la declaración ministerial del procesado, aquí quejoso, la cual tomó en cuenta para acreditar la misma. 35. Se sostuvo lo anterior, porque el Ministerio Público obtuvo la ratificación de la confesión del inculpado en la comisión del delito que se le imputa, debido a que compareció ante él por estar arraigado con motivo de la diversa averiguación previa 22/2014/AEHOM. 36. Entonces, se estimó que no acudió libre y espontáneamente a rendir su declaración en relación con los hechos delictivos que se investigaban, sino que lo hizo restringido de su libertad, con motivo de diversa averiguación previa de que era objeto. 37. Por ello, se consideró que la Sala responsable debió motivar lo relativo a la existencia de las constancias que avalaran la legalidad de la detención, puesta a disposición y la orden de arraigo correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron sus derechos humanos y, así, determinar la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación, como lo fue la ratificación de la confesión ministerial, la cual tomó en cuenta a efecto de determinar la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de secuestro agravado. 38. En observancia a este vicio formal, la Sala motivó en el sentido de que dentro del proceso penal de origen, se advertía que el agente del ministerio público omitió recabar las constancias relativas a la detención de Daniel Velázquez Corona -quejoso-, a su puesta a disposición ante el representante social, a la solicitud de la medida cautelar de arraigo y a la orden de arraigo. 39. Ciertamente, la responsable indicó que el cinco de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público investigador, dentro de la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/04/2014, ordenó glosar copia certificada de diversas diligencias que obraban en la diversa indagatoria AP-22/2014/AEHOM, de las que se destacó la declaración ministerial del citado inculpado y un oficio en el que se informaba que aquél se encontraba bajo los efectos de un arraigo decretado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en el inmueble denominado "Hotel Kyoto". 40. Así mismo, se recalcó que el siete de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público obtuvo la ratificación de la confesión del referido quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado, debido a que compareció ante él por estar arraigado con motivo de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, por lo que la Sala determinó que el quejoso no acudió libre ni espontáneamente a rendir su declaración en relación con los hechos que se investigaban, sino lo había hecho restringido de su libertad, con motivo de la diversa indagatoria de la que era objeto. 41. Enseguida, estimó que dicha declaración debía ser excluida del caudal probatorio que integraba la causa penal, ante la inexistencia de constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. II. Análisis del desahogo de la vista otorgada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 42. Mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al siguiente día a este órgano jurisdiccional, el quejoso Daniel Velázquez Corona formuló diversas manifestaciones en desahogo a las vistas concedidas en términos del artículo 196 de la ley de la materia. 43. En resumen, expresó que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en razón de que la Sala Penal de origen no subsanó los vicios de forma detectados en el fallo protector. En esencia, señala lo siguiente: 1. Respecto del Primer Vicio Formal. 1.1. Que la responsable omitió nuevamente expresar de forma clara y precisa la relación entre los medios de prueba analizados y su correlación con la acreditación de los elementos constitutivos del delito de secuestro; lo anterior, porque -sostiene- si bien realiza un análisis de los medios probatorios y una valoración de los mismos, no señala de forma clara y precisa qué elementos del cuerpo del delito se obtienen de cada uno de los medios probatorios de forma concreta, sino lo hace de forma genérica. 1.2. Que la valoración de las pruebas la realiza de atestes, que -refiere- de ninguna forma presenciaron el evento delictivo y que -a su criterio- no se les puede otorgar eficacia probatoria. 1.3. Que no basta el copiado de una deposición y su posterior análisis, pues -indica- es necesario que se pormenorice el hecho que se destaca de cada declaración. 2. Por cuanto al Segundo Vicio Formal. 2.1. Que la responsable es omisa en señalar con precisión la ubicación de la casa de seguridad donde los agraviados estuvieron privados de su libertad, tomando en cuenta que existe un sinfín de casas posibles y que no señala un rasgo que haga la diferencia del resto. 2.2. Que si bien es cierto a través de las declaraciones de los co-imputados se obtuvo que dicha casa de seguridad se ubicaba en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala, tales declaraciones se rindieron mientras aquéllos y el quejoso se encontraban detenidos con motivo de la diversa averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, sin que la responsable recabara las constancias que avalaran la legalidad de su detención y la de sus co-imputados. 2.3. Sobre el punto anterior, destaca que en el cuarto vicio de formal detectado en la sentencia de amparo, se dijo que la Sala no había motivado respecto a la existencia de las constancias que avalaran la legalidad de la detención, puesta a disposición y la orden de arraigo correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron sus derechos humanos y, así, determinar la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación, como lo fue la ratificación de la confesión ministerial, la cual tomó en cuenta a efecto de determinar la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de secuestro agravado. 2.4. Razón por la cual, considera que tomar en cuenta las declaraciones ilícitas de sus co-imputados vulnera sus derechos humanos. 2.5. Que sobre el tiempo que señaló la responsable en el que las víctimas estuvieron privadas de su libertad, se basa en meras afirmaciones de atestes indirectos, de ahí que -considera- no se tiene la certeza clara de la veracidad de sus testimonios. 2.6. Que la responsable hizo caso omiso a la ejecutoria de amparo, porque no señaló en qué consistieron las amenazas, maltratos y tormentos de los que fueron objeto las víctimas. 2.7. Que no señaló el lugar específico en el que fueron abandonadas las víctimas. 2.8. Que no indicó de forma concreta el tipo de lesiones de forma que pudiera comprenderlas, pues -refiere- solo se limitó a transcribir un extracto de un dictamen que está formulado en lenguaje científico y que el quejoso dice no comprender. 3. Tocante al Tercer Vicio Formal. 3.1. Que las agravantes consistentes en: 1) que fueron dos o más sujetos que participaron en la comisión del delito y 2) que el mismo se perpetró con violencia; señala que para tenerlas por acreditadas, la responsable se basa en testimonios de los que no se tiene la certeza de su autenticidad y que no se encuentran robustecidos con diversos medios de prueba. 3.2. Aunado a lo anterior, indica que ninguna de las pruebas con las que se prueban dichas agravantes, lo vinculan, por ser genéricas y al no existir un señalamiento expreso en contra de su persona. 4. Tocante al Cuarto Vicio Formal. 4.1. Que el efecto protector no consistía en únicamente excluir del material probatorio su declaración ratificada que se realizó dentro de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM -en la que supuestamente admitió su participación en la comisión del delito de secuestro agravado-, sino -sostiene- debió recabar las constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. 4.2. Que se vinculó a la responsable a motivar lo relativo a la existencia de tales constancias; sin embargo, -insiste- para tal fin, debió recabarlas para que, una vez teniéndolas, verificar si no se violaron sus derechos humanos y la eficacia probatoria de las mismas. 4.3. Que el hecho de desestimarlas sin algún sustento legal -afirma- le conlleva un perjuicio, pues refiere que la parte agraviada estará en aptitud de reclamar el porqué se excluyeron sin ese sustento, además, de que al no recabar las aludidas constancias generaría una reposición del procedimiento. 4.4. Que la falta de esas constancias cobraba tal relevancia no sólo por la obtención de su supuesta confesión, pues indica que no fue el único detenido y/o arraigado dentro de la indagatoria AP-22/2014/AEHOM, tomando en consideración que la Sala uso las supuestas confesiones de sus co-imputados para perfeccionar el auto de formal prisión dictado en su contra sin tener a la vista las constancias que avalaran su legal detención. 4.5. De ahí que -considera- esas declaraciones también deben ser desestimadas, por no contar con las constancias relativas a la legal detención de sus co-imputados. 4.6. Por otro lado, -afirma- que a las declaraciones de sus co-imputados no se les debió otorgar el valor de testimonio, como lo hizo la Sala; ya que fueron obtenidas de la copia certificada de diversa averiguación previa (AP-22/2014/AEHOM); para lo cual, sustenta su dicho en la jurisprudencia 1a./J. 51/2018 (10a.) establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 41, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EL 16 DE JUNIO DE 2016.". III. Opinión jurisdiccional sobre si se acató o no la ejecutoria de amparo. 44. Una vez analizados los elementos aportados en autos, así como las manifestaciones formuladas por el quejoso, las cuales se consideran infundadas, se estima que la ejecutoria de amparo está cabalmente cumplida sin excesos ni defectos. 45. Se explica. 46. Ciertamente, este órgano jurisdiccional considera que los vicios formales destacados en la sentencia se encuentran subsanados; por tanto, son infundadas las alegaciones del quejoso en las que sostiene lo contrario. 47. Respecto del primer vicio de forma, como se reseñó en los párrafos 12 y 13 de la presente resolución, la Sala de origen identificó los elementos constitutivos del cuerpo del delito de secuestro; asimismo, relató y valoró el caudal probatorio con los cuales se acreditaban tales elementos. 48. Se sostiene lo anterior, porque la responsable sí fue precisa en señalar qué hechos se obtenían de cada prueba que obraba en la causa penal, pues después de transcribir su contenido y otorgarle valor probatorio, expuso los datos que las mismas arrojaban. 49. Además, de la redacción de la responsable, se advierte la congruencia y coherencia en la relación de las pruebas y los hechos obtenidos que permiten entender que con ellos se comprobó que las víctimas fueron privadas de su libertad con el fin de conseguir determinada cantidad de dinero a cambio de liberarlas (solicitud de rescate). 50. De ahí que no le asista razón al quejoso, cuando afirma que la responsable omitió nuevamente expresar de forma clara y precisa la relación entre los medios de prueba analizados y su correlación con la acreditación de los elementos constitutivos del delito de secuestro y que no bastaba el copiado de una deposición y su posterior análisis para subsanar el referido vicio de forma. 51. Así mismo, deben desestimarse aquellas alegaciones en las que se sostiene que la valoración de las pruebas deviene de atestes, que no presenciaron el evento delictivo y que por esa razón no se les puede otorgar eficacia probatoria. 52. Lo anterior, porque que las mismas combaten el fondo del auto de formal prisión dictado en su contra, habida cuenta que se encuentran relacionadas con el acreditamiento del cuerpo del delito y sobre las cuales en la sentencia de amparo se prescindió su análisis debido a que en el acto reclamado se encontraron vicios de forma, mismos que se privilegiaron estudiar para no sustituir a la autoridad responsable y no perjudicar al ahora quejoso. 53. Por otro lado, tocante al segundo vicio de forma, de lo reseñado en los párrafos 16 a 25 de la presente resolución, se observa que la Sala de origen: a) Señaló que la casa de seguridad en la que las víctimas se encontraban privadas de su libertad, se ubicaba en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala; b) Indicó que aquéllas estuvieron privadas de su libertad en dicho lugar, aproximadamente de las veintitrés horas con quince minutos del trece de enero de dos mil catorce hasta momentos posteriores de las tres horas del catorce de enero del mismo año, cuando los captores se vieron en la imposibilidad de obtener la cantidad que exigían como rescate y, momentos después, ordenaron a los pasivos que caminaran para subirlos a la cajuela de un vehículo, por el cual los sustrajeron del domicilio; c) Precisó que la violencia, amenazas y maltratos consistieron en los golpes que asestaron a las víctimas (patadas, cachazos, golpes a puño cerrado, etcétera) y en las advertencias de que las matarían si no guardaban silencio y no obtenían el rescate requerido a sus familiares; d) Señaló que -aproximadamente- hasta momentos previos de las cuatro horas con quince minutos del catorce de enero de dos mil catorce, los activos abandonaron a los agraviados en el Panteón Municipal de San Lorenzo Axocomanitla perteneciente al Municipio de Zacatelco, Tlaxcala, donde fueron lesionados con disparos de arma de fuego; y, e) Reseñó a fojas 68 y 69 de su resolución, las lesiones que presentaron los agraviados, mismas que se obtuvieron de los dictámenes médicos rendidos. 54. Por tanto, se estima que se cumplieron con las consideraciones que detectaron el segundo vicio de forma. 55. Ahora bien, el quejoso se duele de que la responsable es omisa en señalar con precisión la ubicación de la casa de seguridad donde los agraviados estuvieron privados de su libertad, tomando en cuenta que existe un sinfín de casas posibles y que no señala un rasgo que haga la diferencia del resto. 56. Al respecto, dígasele que con los medios de prueba reseñados por la responsable, únicamente se pudo extraer que la casa de seguridad se ubicaba en La Trinidad Panzacola, Tlaxcala y en la sentencia de amparo se pidió que se motivara lo relativo a la ubicación de dicho inmueble, por lo que si el quejoso estima que no es correcta la motivación que plasmó la autoridad en este aspecto, deberá combatirla a través de medio de defensa legal que estime idóneo, pues se cumplió con el deber de motivar la ubicación de tal casa de seguridad. 57. En diverso punto, señala que tomando en consideración que la ubicación de la casa de seguridad se obtuvo de las declaraciones de sus co-imputados rindieron en la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, las mismas no se deben tomar en consideración porque que en el cuarto vicio de formal detectado en la sentencia de amparo, se dijo que la Sala no había motivado respecto a la existencia de las constancias que avalaran la legalidad de la detención, puesta a disposición y la orden de arraigo correspondiente, con el objeto de verificar que no se violaron los derechos humanos de los detenidos con motivo de esa indagatoria. 58. Razón por la cual, considera que tomar en cuenta las declaraciones ilícitas de sus co-imputados vulnera sus derechos humanos. 59. En ese sentido, tampoco le asiste razón al inconforme, ya que únicamente se constriñó a la responsable para que motivara lo relativo a la ubicación de la casa de seguridad. De manera que, si considera que fue incorrecto que obtuviera ese dato de las declaraciones de sus co-imputados, eso será materia de estudio al revisar si se subsanó el cuarto vicio formal que refiere. 60. Es decir, si se estima que la responsable incurrió en un defecto o exceso al incluir esas declaraciones para fortalecer el auto de formal prisión decretado en su contra, además, de requerirle que las excluya, se pedirá motivar nuevamente respecto a la ubicación de la casa de seguridad, lo que no implica necesariamente que los diversos datos de prueba no sean suficientes para considerar que se encuentran acreditados los elementos constitutivos del delito que se le imputa, así como de sus agravantes. 61. Por otra parte, el quejoso afirma que sobre el tiempo que señaló la responsable en el que las víctimas estuvieron privadas de su libertad, se basa en meras afirmaciones de atestes indirectos, de ahí que -considera- no se tiene la certeza clara de la veracidad de sus testimonios. 62. En contestación a dicha afirmación, hágasele saber que la misma combate el fondo del auto de formal prisión dictado en su contra, toda vez que se encuentra relacionada con la valoración de pruebas que sirvieron para probar el cuerpo del delito y sobre la cual en la sentencia de amparo se prescindió su análisis debido a que en el acto reclamado se encontraron vicios de forma, mismos que se privilegiaron estudiar para no sustituir a la autoridad responsable y no perjudicar al ahora quejoso. 63. Que la responsable hizo caso omiso a la ejecutoria de amparo, porque no señaló en qué consistieron las amenazas, maltratos y tormentos de los que fueron objeto las víctimas; el lugar específico en el que fueron abandonadas las víctimas; ni el tipo de lesiones de forma que pudiera comprenderlas, pues -refiere- sólo se limitó a transcribir un extracto de un dictamen que está formulado en lenguaje científico y que el quejoso dice no comprender. 64. Es infundado dicho argumento, pues como se advierte en los incisos c), d) y e) del párrafo 53 de esta determinación, la Sala sí motivo tales circunstancias, además, tocante a las lesiones, el juez las describió en las fojas 68 a 70 de su resolución, sin que en la sentencia de amparo se le vinculara para que explicara en qué consistía cada lesión, como lo pretende el demandante constitucional. 65. En otro aspecto, tocante al tercer vicio de forma, como se reseñó en los párrafos 32 y 33 de la presente resolución, la Sala de origen precisó que las agravantes del delito de secuestro agravado consistían en: a) que quienes lleven a cabo la privación de la libertad obren en grupo de dos o más personas; b) que se realice con violencia; y, c) que durante el cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en los artículos 291 y 293 del Código Penal Federal. Asimismo, señaló cada uno de los medios de prueba con los que las tuvo por acreditadas. 66. Además, en el inciso iv) del citado párrafo 33, se destacó que la autoridad responsable especificó en qué consistió la violencia al momento en que las víctimas fueron privadas de su libertad. 67. Ahora bien, el quejoso expresa que para tener por acreditadas las primeras dos agravantes referidas, la responsable se basó en testimonios de los que no se tiene la certeza de su autenticidad y que no se encuentran robustecidos con diversos medios de prueba, aunado a que -señala- ninguna de las pruebas con las que se prueban dichas agravantes, lo vinculan, por ser genéricas y al no existir un señalamiento expreso en contra de su persona. 68. En ese tenor, se desestiman tales alegaciones, porque que las mismas combaten el fondo del auto de formal prisión dictado en su contra, habida cuenta que se encuentran relacionadas con el acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, sobre las cuales en la sentencia de amparo se prescindió su análisis debido a que en el acto reclamado se encontraron vicios de forma, mismos que se privilegiaron estudiar para no sustituir a la autoridad responsable y no perjudicar al ahora quejoso. 69. Finalmente, respecto al cuarto vicio de forma, como se reseñó en los párrafos 38 a 41 de la presente resolución, la Sala de origen motivó en el sentido de que dentro del proceso penal de origen, se advertía que el agente del ministerio público omitió recabar las constancias relativas a la detención de Daniel Velázquez Corona -quejoso-, a su puesta a disposición ante el representante social, a la solicitud de la medida cautelar de arraigo y a la orden de arraigo. 70. Ciertamente, la responsable indicó que el cinco de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público investigador, dentro de la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/04/2014, ordenó glosar copia certificada de diversas diligencias que obraban en la diversa indagatoria AP-22/2014/AEHOM, de las que se destacó la declaración ministerial del citado inculpado y un oficio en el que se informaba que aquél se encontraba bajo los efectos de un arraigo decretado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en el inmueble denominado "Hotel Kyoto". 71. Así mismo, se recalcó que el siete de marzo de dos mil catorce, el agente del ministerio público obtuvo la ratificación de la confesión del referido quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado, debido a que compareció ante él por estar arraigado con motivo de la mencionada averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, por lo que la Sala determinó que el quejoso no acudió libre ni espontáneamente a rendir su declaración en relación con los hechos que se investigaban, sino lo había hecho restringido de su libertad, con motivo de la diversa indagatoria de la que era objeto. 72. Ante ello, estimó que dicha declaración debía ser excluida del caudal probatorio que integraba la causa penal, ante la inexistencia de constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. 73. Por lo que en ese aspecto, se considera que la Sala sí cumplió con las consideraciones del fallo protector. 74. Por tanto, no le asiste razón al quejoso cuando señala que el efecto protector no consistía en únicamente excluir del material probatorio su declaración (ratificada) que se rindió dentro de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM -en la que supuestamente admitió su participación en la comisión del delito de secuestro agravado-, sino en recabar las constancias que avalaran la legalidad de la detención, la puesta a disposición ante la representación social, la solicitud y la orden de arraigo correspondiente, que servirían para verificar que no se hubieren violado sus derechos humanos y establecer la eficacia probatoria de los medios de convicción obtenidos a partir de esa presentación. 75. Lo anterior, porque lo cierto es que tanto la acción de excluir dicha declaración como la de recabar las constancias respectivas, no formaron propiamente parte de los efectos de la sentencia de amparo. 76. En cambio, motivar respecto a la existencia de esas constancias, sí constituyó un efecto amparador de la sentencia, por lo que si la Sala decidió motivar en el sentido de excluir tal elemento por considerar que el agente del ministerio público no se allegó de las constancias que avalaran la legalidad de la detención del quejoso, entre otras, ello se debió a la libertad de jurisdicción concedida. 77. De ahí que si el quejoso, lo estima conveniente, deberá combatir esa consideración a través del medio de defensa legal que estime idóneo. 78. También es infundado cuando afirma que el hecho de desestimar tales constancias sin algún sustento legal le conlleva un perjuicio, pues refiere que la parte agraviada estará en aptitud de reclamar por qué se excluyeron sin ese sustento, además, de que al no recabar las aludidas constancias generaría una reposición del procedimiento. 79. Se sostiene lo anterior, -se insiste- porque se concedió a la responsable libertad de jurisdicción; de modo que se encontraba facultada para motivar sobre la existencia de esas constancias en el sentido que estimara ajustado a derecho, por lo que la circunstancia de que esa motivación pueda ser impugnada por alguna de las partes, no tiene relación con los efectos amparadores. 80. En efecto, las partes se encuentran en aptitud de cuestionar a través de un nuevo juicio de amparo -verificados los requisitos de procedencia-, la exclusión probatoria realizada por la responsable o, incluso, una eventual reposición de procedimiento en caso de que así lo hubiere determinado, en tanto que en la sentencia se concedió ese margen decisorio. 81. Así mismo, es incorrecto que el quejoso cuestione la inclusión probatoria de las declaraciones que sus co-inculpados rindieron dentro de la averiguación previa AP-22/2014/AEHOM, ya que la libertad de decisión que fue concedida a la Sala responsable, no implicó que estuviera impedida de tomar en cuenta medios de prueba que obraran dentro de la averiguación que dio origen a la causa penal y que, por tanto, tuvo a la vista al momento de emitir el acto reclamado. 82. En efecto, mediante registro de actuación de veintiocho de febrero de dos mil catorce, emitido en la averiguación previa PGJP/DGICDS/AP/04/2014, el agente del ministerio público ordenó glosar copia certificada de diversas actuaciones de la diversa indagatoria AP-22/2014/AEHOM, entre las que se encuentran el arraigo decretado en contra de los co-imputados 1. Óscar Torres Gómez o José Luis Gómez Reyna, 2. Filemón Silva o Filomeno Silva y 3. Arturo Aguilar Rodríguez y sus declaraciones. 83. Declaraciones con las que la Sala robusteció la probable la participación del aquí quejoso en la comisión del delito de secuestro agravado y otros datos que sirvieron para complementar el auto de formal prisión. 84. Entonces, si la sala completó su resolución con tales declaraciones, no se les puede aplicar el mismo efecto tendente a purgar el cuarto vicio de forma detectado, en el sentido de motivar sobre la existencia de constancias que avalaran la legalidad de la detención de sus co-inculpados. 85. Lo anterior, debido a que la consideración de la sentencia que destacó tal vicio de forma, derivó de un análisis constitucional que únicamente se puede realizar en sentencia y no en la resolución que declare o no cumplida la ejecutoria. 86. De manera que si el quejoso no está conforme con la inclusión de las declaraciones de su co-imputados, deberá hacerlo valer en un nuevo juicio de protección de derechos fundamentales, para que en aquél se pueda analizar la ausencia o indebida motivación en la existencia de las constancias que respaldaran la legal detención de estos sujetos. 87. En otras palabras, en la resolución que examina si la responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, no se puede introducir un estudio en el que se establezca que se cumplió o no con el mandato constitucional de fundar y motivar debidamente un acto de autoridad (artículo 16 Constitucional), como ahora lo pretende el quejoso al solicitar que la Sala motive la existencia de las aludidas constancias, o bien, excluya dicho material, por supuestamente contener el mismo vicio que su confesión. 88. Finalmente, se desestiman las alegaciones que afirman que a las declaraciones de sus co-imputados no se les debió otorgar el valor de testimonio, porque al ser aspectos novedosos, en la sentencia no se incluyó el estudio relativo a su valor probatorio. 89. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo sin excesos ni defectos, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra recluido y a los terceros interesados C.V.V. y L.M.V. de identidad reservada, por conducto de la Asesora jurídica María Janet de la Cruz García, adscrita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; mediante oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA A TRAVÉS DE LA ASESORA JURÍDICO FEDERAL LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el oficio del Presidente de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y anexo que acompaña, visto su contenido, téngase a la citada autoridad responsable, remitiendo copia certificada de la constancia de notificación a la parte quejosa de la resolución emitida el veinticinco de marzo de esta anualidad, en autos del toca 701/2017 de su estadística, por lo que téngase a la autoridad responsable dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos del presente juicio de amparo. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga en relación con dicha notificación. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por las autoridades oficiantes.

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