Daniel Velazquez Arandia

Expediente 537/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
537/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Daniel Velazquez Arandia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial de cuenta, el proveído de veintitrés de los actuales, pronunciado dentro del presente asunto no se publicó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por lo que se hace en esta data. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitres de mayo de dos mil veintidos. Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso en cita, contra actos del del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región de Morelia, y otras autoridades. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número III-537/2022-L. Ahora, como de la misma se aprecia que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: JUEZ DE CONTROL, reclamo de este haber librado en mi contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, reclamo de este haber librado en mi contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. FISCAL DE LA UNIDAD DE ATENCION DE TRATA DE PERSONAS DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, reclamo de este haber librado en mi contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. FISCAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESION, reclamo de este haber librado en mi contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESION, reclamo de este haber librado en mi contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD DE ATENCION DE TRATA DE PERSONAS DEPENDIENTE DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, reclamo de este haber librado en mi contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITOS A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD DE EXPRESION, reclamo de este haber librado en mi contra alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO, reclamo de este intentar cumplir la ilegal orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación y/o citación (citatorio) y/o entrevista en mi perjuicio. DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ATENCION A DELITOS DE ALTO IMPACTO, reclamo del mismo que a través de alguno de los elementos que este dirige en sus diversas áreas pretendan ejecutar en mi perjuicio alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación. DIRECTOR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A DELITOS DE ALTO IMPACTO, reclamo del mismo que a través de alguno de los elementos que este dirige en sus diversas áreas pretendan ejecutar en mi perjuicio alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación. COORDINADOR GENERAL DE LA POLICIA DE INVESTIGACION, reclamo del mismo que a través de alguno de los elementos que este dirige en sus diversas áreas pretendan ejecutar en mi perjuicio alguna orden de aprehensión, comparecencia, arresto, localización y/o presentación. En ese tenor, dado que los actos señalados supralíneas tienen naturaleza distinta y podrían generar implicaciones diversas para cada uno de ellos, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable la jurisprudencia consultable en la página 354, Pleno, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro es el siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA." De igual manera, es sustentable a lo anterior la jurisprudencia 77/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS." Criterios que resultan aplicables, en virtud de que no se contraponen con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su artículo sexto transitorio. Por tanto, el presente expediente de amparo se resolverá únicamente respecto de las autoridades Fiscal General del Estado de Michoacán, Fiscal de la Unidad de Atención de Trata de Personas dependiente de la Fiscalía General del Estado, Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Director de Carpetas de Investigación de la Unidad de Atención de Trata de Personas Dependiente de la Fiscalía General del Estado y Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con residencia en esta ciudad, los actos relativos a la citación (citatorio) y/o entrevista. Por tanto, se ordena obtener copia certificada de la totalidad de constancias que integran el juicio en que se actúa, a fin de que en un juicio separado se resuelva respecto del diverso acto consistente en la orden de aprehensión y su ejecución. En consecuencia, se ordena remitir lo anterior a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la presente separación de autos, y realice el turno correspondiente, respecto de las restantes autoridades responsables, y orden de aprehensión reclamada. En otra parte, respecto de los actos que se dijo serían materia de estudio en el presente asunto, relativos al (citatorio) y/o entrevista el suscrito advierte que procede su desechamiento al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que a continuación se analiza, explica. En efecto, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV, del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Así, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]". Atento al contenido de las disposiciones citadas se advierten las hipótesis de procedencia del amparo promovido contra actos realizados fuera de juicio o después de haber concluido; en el caso concreto como se precisó el acto reclamado consiste en el citatorio y/o entrevista que reclama el quejoso. Respecto a lo anterior, los artículos 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 215, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.]" "Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. [.] El Ministerio Público podrá, con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia del Defensor, solicitar la comparecencia del imputado y/u ordenar su declaración, cuando considere que es relevante para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e [.]" "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 215. Obligación de suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables." Los preceptos transcritos indican que la investigación de los delitos está a cargo del Ministerio Público, el cual en la etapa de indagación inicial, deberá reunir los datos de prueba necesarios para determinar sobre el ejercicio de la acción penal, todo esto previo a la apertura del juicio correspondiente. Además, que la representación social está facultada para solicitar la comparecencia del indiciado y requerir su declaración si lo considera necesario para esclarecer la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Actividad que debe realizar con apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. En ese tenor, la citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación inicial de ningún modo causa una afectación, pues no transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia fuera de juicio en una diligencia necesaria para dilucidar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención. Pues la mera citación a la parte quejosa durante la sustanciación de la investigación en la Fiscalía responsable de ninguna manera causa una afectación a algún derecho sustantivo, pues en modo alguno transgrede su libertad personal, al constituir un medio de comunicación mediante el cual se requiere su presencia fuera de juicio en una diligencia. Es decir, la citación únicamente se concreta para investigar los hechos reportados. Sirve de apoyo por las razones que informa la jurisprudencia del siguiente rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Asimismo, cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1844, LIBRO 53 tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada en Abril 2018, registro 2016536, que al rubro señala: "MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. EL CITATORIO EMITIDO DENTRO DEL PROCESO DE JUSTICIA RESTAURATIVA PARA COMPARECER A LA ETAPA CONCILIATORIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El juicio de amparo indirecto es improcedente, entre otros supuestos, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5o., de la Ley de Amparo. En ese sentido, de los artículos 4, fracción I, 7, fracción IV, 10, último párrafo, 31 y 32 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Con-troversias en Materia Penal, se advierte el principio rector de voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido a asistir y participar en el mecanismo alternativo respectivo; asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a él. En consecuencia, cuando alguno de los requeridos no asiste a la cita o comparecencia, o no cumpla con los citatorios realizados por la autoridad ministerial, en más de una ocasión, debe darse por concluido, de forma anticipada, ese mecanismo alternativo de solución, y dejarse a salvo los derechos de los intervinientes para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan. En esas condiciones, el citatorio emitido dentro del proceso de justicia restaurativa, para comparecer a la etapa conciliatoria, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse ante la emisora con la finalidad de realizar la diligencia correspondiente; actualizándose por ende, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, primer párrafo, ambos de la ley primeramente citada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia estudiada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la parte quejosa autorizando en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se advierte de la constancia secretarial tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la diversa profesionista, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en dicho sistema; asimismo, como lo solicita se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta al promovente con su nombre de usuario -, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio tenga el acceso al expediente electrónico y se le realicen las notificaciones personales por dicho medio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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