Daniel Vargas Meza

Expediente 108/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
108/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Daniel Vargas Meza
  • Santiago Borbolla Feregrino
  • Legislatura del Estado de Queretaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    ÚNICO. Se declara fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, promovida por ********************, por su propio derecho, contra la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por las consideraciones y para los efectos precisados en los considerandos TERCERO y CUARTO, de la presente resolución.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. I. Manifestaciones. Agréguese a los autos, el oficio presentado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en suplencia de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, mediante el cual desahoga la vista otorgada el doce de septiembre de dos mil veintitrés y vierte diversas manifestaciones en relación la denuncia presentada por ******************** En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones de la autoridad denunciada, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, en atención a su manifestación respecto a no recibir notificaciones de manera electrónica; hágase del conocimiento que las subsecuentes, se practicarán de conformidad con el artículo 26, fracción II de la Ley de Amparo, para lo cual, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de septiembre de dos mil veintitrés. I. Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte promovente, mediante el que desahoga la prevención formulada en autos, la que se tiene por cumplida; atento a ello, se provee: II. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210 de la Ley de Amparo; SE ADMITE a trámite la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, promovida por Santiago Borbolla Feregrino, por propio derecho, contra actos atribuidos a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), por cumplir con los requisitos legales. III. Autoridad y acto denunciados. En el caso concreto, del análisis integral de la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, se desprende que el promovente denuncia los siguientes actos y autoridades: [...] IV. Pruebas. De conformidad con el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la denunciante las documentales que anexó a su denuncia, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza. V. Se da vista a las partes. Con fundamento en el artículo 210, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, SE DA VISTA A LAS PARTES para que dentro del plazo de tres días hábiles expongan lo que a su derecho convenga. Lo anterior, en el entendido de que una vez transcurrida la vista a que se refiere el párrafo que antecede, este órgano jurisdiccional dictará la resolución que corresponda dentro de los tres días hábiles siguientes. Sin que en el caso sea necesario requerir las constancias que integran el expediente de solicitud de autorización sanitaria, en atención a que la parte quejosa los exhibió con su escrito de cuenta. VI. Se informa a las autoridades denunciadas. Hágase del conocimiento a la autoridad denunciada que el artículo 268 de la Ley de Amparo prevé la imposición de una pena de uno a tres años de prisión o una multa de treinta a trescientos días y, en ambos casos, destitución e inhabilitación de uno a tres años para desempeñar cualquier cargo público, a las autoridades que dolosamente apliquen una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad. VII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VIII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de agosto de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por ********************, por propio derecho, contra actos atribuidos al 1) Comisionado de Autorización Sanitaria y 2) Delegada de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 108/2023. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. IV. Prevención. Ahora previo a proveer respecto a la admisión o no de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este auto, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Con fundamento en en el 108, fracción III, en relación con el artículo 114, fracción I y 210 de la Ley de Amparo, aclare la o las autoridades denunciadas. Lo anterior, toda vez que de la lectura de su escrito inicial, se advierte que reclama del 1) Comisionado de Autorización Sanitaria y 2) Delegada de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en esencia: La negativa de otorgarle la autorización sanitaria para el consumo lúdico de cannabis, contenida en el oficio ******************** de seis de julio de dos mil veintitrés, en incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018 del índice del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el aludido oficio fue emitido por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Por ende, se requiere a la parte promovente a efecto de que precise a qué autoridad señala como denunciada en el presente asunto. Encuentra puntual aplicación, por las razones que contiene, la tesis XI.2o.36 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 1556, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita." SEGUNDO. Exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, a fin de correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Hágase saber a la parte promovente, que la prevención contenida en el presente proveído, únicamente puede ser desahogada por ella misma o por quien acredite su representación, lo anterior atendiendo al principio de instancia de parte agraviada, ya que solo dicha parte puede alegar sufrir el agravio por parte de las autoridades que en su caso denuncie; máxime que la manifestación bajo protesta de decir verdad referida en su escrito inicial de demanda, así como su aclaración no pueden desvincularse, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio jurisprudencial 1a./J50/2014 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Agosto de 2014, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2007285, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." V. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que, de no cumplir con lo solicitado, se tendrá por no presentada la denuncia que nos ocupa, en términos del artículo 114 de la ley que rige el juicio constitucional. VI. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que la atención presencial en las instalaciones que ocupa el órgano jurisdiccional, así como la presentación de promociones en formato físico, deberá verificarse conforme a las disposiciones establecidas en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Domicilio y autorizados. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

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