Daniel Vallejo Rosales
Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 87/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Daniel Vallejo Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obstante encontrarse legalmente notificada de dicha determinación. En consecuencia, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 442/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al proveído cinco de abril de dos mil veintidós, remite copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada relativa al proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral de origen 597/4/2020, en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, (acto que en esta vía se reclama). Por otra parte, es pertinente destacar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, es respecto a que se reservó sobre la calificación y/o admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento laboral número 597/4/2020, sin embargo, del análisis de las constancias que anexó la responsable al oficio de cuenta, así como las diversas remitidas con el oficio 397/2022, recibido el cinco de abril del año en curso, se advierte que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la responsable dictó acuerdo de calificación de pruebas. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y, ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa se duele básicamente de que la responsable se haya reservado sobre la calificación y/o admisión de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del procedimiento laboral número 597/4/2020. Dentro de ese contexto, se advierte que la autoridad responsable, allegó a este órgano constitucional copia certificada del acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral de origen 597/4/2020, por el cual calificó las pruebas ofrecidas por las partes, así copias certificadas de las notificaciones realizadas respecto dicho auto; constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de lo anterior, se advierte que dicho acuerdo de calificación de pruebas se dictó con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diecisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda de amparo [diecisiete de enero de dos mil veintidós ], la autoridad responsable había sido omisa en la calificación y/o admisión de pruebas ofrecidas por las partes y la debida notificación a las mismas; también es verdad, como quedó asentado en el párrafo precedente, que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, acordó de conformidad lo solicitado y el veintinueve de marzo del año en curso, realizó las notificaciones correspondientes, por lo que es procedente determinar que en el caso, han cesado los efectos de la omisión reclamada. Además, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la autoridad responsable que en cumplimiento a la misma, dictará el acuerdo respectivo, y ordenará su notificación a las partes. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, cancélese la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Erika Berenice Chaverri Avalos, Secretaria quien autoriza y da fe.CVM
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 397/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite copia certificada del citatorio de veintidós de febrero de dos mil veintidós a la parte demandada, dentro del juicio laboral 597/4/2020, en relación a las pruebas ofrecidas por las partes, (acto que en esta vía se reclama). Sobre ese contexto, es pertinente destacar que la responsable omitió remitir la comparecencia de la parte demanda o bien, la notificación por lista recaída al citatorio en mención; por lo tanto, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita la notificación al demandado recaída al proveído de dieciséis de febrero del presente año, toda vez que resulta necesaria para estar en posibilidad de resolver el presente juicio de amparo. ... Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña al informe justificado la autoridad responsable, consistente en copia certificada del proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en el expediente laboral de origen 597/4/2020, por el cual provee respecto a las pruebas reservadas en auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, y escritos de pruebas de las partes en dicho juicio laboral, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto. Sobre ese contexto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita las notificaciones personales recaídas al citado proveído de dieciséis de febrero del presente año, toda vez que resultan necesarias para estar en posibilidad de resolver el presente juicio de amparo. Se apercibe al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, que de no cumplir con la encomienda impuesta, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Notifíquese. ...
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