Daniel Tuk Yam

Expediente 3/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Daniel Tuk Yam

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que a la parte quejosa le transcurrió el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado de cuatro de enero de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, Secretario del Comisariado Ejidal de X-PICHIL, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, sin que haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En esa tesitura, toda vez que de la segunda certificación de cuenta se advierte que el presente expediente se encuentra concluido y no existen documentos originales por devolver, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ***, Secretario del Comisariado Ejidal de ****, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuye al Delegado del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo y otras autoridades; se manda formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo número 3/2019. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda, atento a las siguientes consideraciones. El promovente demandó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y autoridades siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados A) Delegado y Jefe de Residencia en José María Morelos, Quintana Roo, ambos de la Procuraduría Agraria. a) La determinación dictada fuera de todo procedimiento por el cual nos desconocieron a los órganos de representación del ejido ****elegidos para el periodo 2017-2020 mediante asamblea de fecha 20 de agosto de 2017. b) La orden para que el día 16.de diciembre de 2018 se celebre la asamblea en el ejido ****para elegir órganos de representación que sustituyan al Comisariado Ejidal que fue elegido para el periodo 2017-2020 mediante asamblea de fecha 20 de agosto de 2017. c) La orden para que el Visitador Agrario intervenga y dirija la asamblea de fecha 16 de diciembre de 2018, para efectos de que ese Visitador Agrario verifique y de fe que la votación de remoción y elección de órganos representación ejidal se realice de manera pública y sin el uso de mamparas o bastidores, es decir que la votación sea no secreta. d) La orden para que se convoque y celebre el día 15 de enero del año 2019 la asamblea en el ejido ****con el objetivo de que se obligue al suscrito y órganos de representación de ese ejido para que entreguemos los bienes y recursos económicos que son patrimonio del ejido****a manos del Visitador Agrario de la Delegación de la Procuraduría Agraria para efectos de que ese visitador posteriormente se lo entregue a los Ciudadanos****, ***y ****. B) Visitador Especial Agrario de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, asignado para la atención al núcleo agrario ejidal de ****. a) La intervención por la cual dirigió la asamblea del ejido ***de fecha 16 de diciembre de 2018. b) La ejecución de la orden de remoción del suscrito y demás integrantes del comisariado ejidal que fuimos elegidos representantes del Ejido ***mediante asamblea de fecha 20 de agosto de 2017. c) La intervención en la elaboración de ¡a convocatoria y acta de la asamblea de fecha 16 de diciembre de 2018. d) La promoción, participación y empuje del trámite para forzar que la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo inscriba el Acta de Asamblea de fecha 16 de diciembre de 2018 relativa al ejido ****. e) La ejecución de la orden de elaboración de la convocatoria para la celebración de la asamblea para celebrarse el día 15 de enero de 2019 en el Ejido ****, misma asamblea en la cual ese visitador tendrá injerencia con el objetivo de cumplir a los órganos de representación del ejido **** para que entregue la administración, bienes y recursos económicos que son propiedad del ejido **** a manos del Visitador agrario para que éste a su vez lo entregue a otros ejidatarios. C) Delegado y Registrador, ambos del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo. a) El Procedimiento de calificación de validez del Acta de Asamblea de fecha 16 de diciembre del año 2018 del Ejido ****, Municipio Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. b) El trámite de calificación de remoción de los órganos de representación del ejido**** elegidos para el periodo 2017-2020 mediante asamblea de fecha 20 de agosto de 2017. Atento a lo anterior, se considera que en atención a los actos reclamados, éstos no provienen de autoridades para efectos del juicio de amparo, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: "******" Conforme a los preceptos transcritos la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio P. XXVII/97, sustentando por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: V, Febrero de 1997, página 118, del texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se pone de manifiesto que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; asimismo, quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Luego entonces, a fin de advertir si, en el caso, es dable atribuir al Delegado, Jefe de Residencia y Visitador, todos de la Procuraduría Agraria, así como al Delegado y Registrador, ambos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, conviene tener en cuenta lo siguiente: La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en los artículos 1, 3, fracción I y 45: "****" Así, por lo que hace a la Procuraduría Agraria, se trata de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria, que tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la ley y su reglamento, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de la ley (artículos 134 y 135 de la Ley Agraria). La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la administración pública centralizada está formada por las Secretarías de Estado y por los Departamentos Administrativos y que la Administración Pública Paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados. Por ende, la aludida Procuraduría es parte integrante de la administración pública paraestatal, como un organismo descentralizado, la cual, si bien no forma parte del Poder Ejecutivo, sí constituye un órgano auxiliar de éste. Independientemente de lo anterior, se puntualiza que no todos los actos de los organismos descentralizados son, necesariamente, actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectan la esfera jurídica de los particulares mediante el ejercicio del Poder, sea que lo hagan dentro de las atribuciones jurídicas que las disposiciones le otorgan, o fuera de ellas, de forma unilateral y coercitiva. Es así, porque si bien es cierto la administración pública descentralizada se expresa en una estructura de organismos desvinculados en diverso grado de la administración central, a los que se encomienda el desempeño de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región, estos no necesariamente van a ocasionar perjuicio, legalmente hablando, en la esfera jurídica de los gobernados, pues como ocurre con la Procuraduría Agraria, sus atribuciones, facultades y funciones, debidamente precisadas en la ley, en específico, en los artículos 134, 135 y 136 de la Ley Agraria, así como en los diversos 2, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria, no establecen facultades decisorias que tengan algún carácter de coercitivas, así como tampoco se advierte que dispongan del uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones. Por el contrario, la función básica de la institución agraria es la de asesorar, apoyar, coadyuvar, auxiliar, contribuir, ayudar, representar, conciliar, estudiar y proponer todo aquello que sea en beneficio de la clase campesina, además de que su actuación se ve, por regla general, supeditada a la solicitud que de sus servicios hagan los diversos ejidatarios, comuneros o campesinos, que requieran de ellos. Consecuentemente, a la Procuraduría Agraria así como a las oficinas que dependan de ésta, como pueden ser las residencias dependientes de las delegaciones estatales, entre otras, no se les puede considerar como autoridades para efectos del juicio de derechos fundamentales, ya que sus actos no tienen la característica de unilateralidad y de coercitividad esencial para ello, ni los atributos que la propia Ley de Amparo señala para considerarlos como coercibles y decisorios. Corrobora lo anterior la exposición de motivos de la Ley Agraria, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y dos, que, refiriéndose al artículo 27 constitucional reformado, en la parte relativa indica: "[.] El precepto constitucional ordena proteger la tierra de los ejidatarios, lo que debe comenzar por hacer propios y definitivos los derechos ejidales. En la tarea de regulación, el núcleo de población adquiere el papel preponderante. La autoridad actúa como auxiliar técnico y sanciona los actos en esta materia, para darles congruencia y validez oficial. Por su parte, la Procuraduría Agraria vigila y previene abusos, mientras los tribunales agrarios garantizan la legalidad de lo actuado. [.]" La anterior transcripción pone de manifiesto la intención del legislador de patentizar la protección, tanto de las organizaciones agrarias como de sus integrantes, donde se evidencia la creación de la Procuraduría Agraria como organismo protector de la clase campesina, que coadyuvará en su defensa ante los tribunales agrarios, que también surgen como salvaguarda de legalidad. Por tanto, se concluye que en la especie, que lo reclamado al Delegado, Jefe de Residencia y Visitador, todos de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, no reúnen las características a las que se hizo mención en este auto, para que sean catalogados como actos de autoridad a que refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Bajo esas premisas, si los actos reclamados derivados de autoridades que, como ha quedado expuesto en párrafos precedentes, no les reviste el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, entonces la misma suerte corren los actos que se atribuyeron en vía de consecuencia al Delegado y Registrador, ambos del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, pues únicamente se les atribuyeron las consecuencias de los actos emanados por aquéllas, esto es, la calificación de 1) la validez del acta de asamblea de dieciséis de diciembre de dos mil dieciocho y 2) remoción de los órganos de representación ejidal correspondientes al periodo de 2017-2020, derivado de la diversa asamblea de veinte de agosto de dos mil diecisiete. A mayor abundamiento, debe señalarse que la calidad de autoridad para efectos del amparo, no deriva de la función natural de un órgano público del Estado, sino, que esa función se haya ejercido con imperio y coherción. En el caso, de la lectura de la demanda, aparece que la participación de las autoridades agrarias a quien el quejoso atribuye los actos que reclama, obedeció a la solicitud de la representación ejidal [véase fojas 3 y 4 de la demanda], de modo que ello evidencia que su participación en los actos, no revisten de imperio, sino de apoyo y de auxilio para dirigir, verificar y dar validez a los acuerdos tomados en la asamblea, por ello se insiste, su carácter de autoridad coadyuvante, conforme a los arábigos citados supralíneas, no son decisorios no cohercitivos, por el contrario, conforme al texto del numeral 136 de la Ley Campesina, son de asesoría, representación, conciliación, estudio y proposición de medidas encaminadas a la seguridad jurídica de los núcleos agrarios. Por todo lo anterior, es indudable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por Daniel Tuk Yam, Secretario del Comisariado Ejidal de X-PICHIL, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en comento. Ahora bien, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 929, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor literal siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Sin embargo, es inaplicable al presente asunto, porque en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que la Sala en cita, pronunció en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, aclaró su rubro, para quedar de la manera siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA", con el mismo texto transcrito con antelación. En cuya ejecutoria de la solicitud de sustitución, la Segunda Sala precisó que esa jurisprudencia se acota al caso concreto que refiere, esto es, cuando en las demandas de amparo se señale como acto reclamado el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año; y no de manera generalizada para todos los casos, en los que tenga que determinarse, si el acto reclamado proviene o no, de una autoridad para los efectos del juicio de amparo; de ahí que sea inaplicable en el particular y por ende, el Juez de Distrito está en aptitud de realizar esa determinación desde el auto inicial de trámite de la demanda de amparo. Cabe señalar que el desechamiento de la demanda de amparo no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues con fundamento en el artículo 163 de la Ley Agraria, los actos suscitados con motivo de la aplicación de las disposiciones agrarias, pueden ser objeto de controversia ante el Tribunal Unitario Agrario, esto es, tiene expeditos sus derechos para impugnar a través del juicio agrario los actos que en esta vía de amparo hizo valer. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, toda vez que éste cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se accede a la solicitud, consistente en la autorización de la consulta electrónica del expediente por parte del autorizado señalado en el párrafo anterior, así como para recibir las notificaciones respectivas por ese mismo medio, quien cuenta con nombre de usuario "****"; en consecuencia se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.

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