Daniel Torres Ruiz
Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Torres Ruiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo a que se refiere el numeral 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, transcurrió sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja contra el auto de once de enero de dos mil veintidós; en consecuencia, se declara que el proveído en el que se desechó la demanda de amparo ha causado estado... Realícense las anotaciones en el libro respectivo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido... Notifíquese.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Del análisis de la demanda se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo, es decir, es manifiesto e indudable; que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. De la literalidad de la demanda de amparo, se advierte que se señala como acto reclamado el traslado del quejoso del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (CEVARESO ZONA DIAMANTE) a cualquier otro centro de reclusión dentro o fuera de la Ciudad de México; sin que contra el mismo, hubiera agotado algún medio ordinario de defensa. Debe decirse que en los artículos 5, 9, fracciones IV y IX, 30, 50 a 52, 57, 116, 117, 120 a 125, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo; además contempla el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado), combata dicho acto, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. Toda vez que de la demanda de amparo no se advierte que la autoridad judicial competente haya realizado pronunciamiento al respecto y que el quejoso manifiesta que se transgredirán sus derechos fundamentales con la ejecución del traslado combatido, previo acudir al amparo, debe agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con los artículos 52, 116, fracción I, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevé la suspensión del acto combatido, cuya resolución, en su caso, derivaría en la confirmación, modificación o revocación de la referida orden de traslado. Derivado de lo anterior, se concluye que la controversia judicial, prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un medio de defensa legal que en su tramitación prevé la posibilidad de que el Juez de Ejecución ordene de inmediato la suspensión de la orden de traslado atribuida a la autoridad administrativa, sin que para ello se advierta la exigencia de mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la aludida medida cautelar. Así, se reitera, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió agotar la controversia judicial, en aras de observar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional. El traslado previsto en el referido artículo 52, no se materializa como una violación indirecta a la libertad personal fuera de procedimiento; ya que cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa su excepcionalidad y la obligación de la autoridad administrativa para notificar, dentro de un plazo determinado, la decisión de traslado a un Juez con el fin de que se efectúe un control sobre su legalidad. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el citado acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por tal motivo, lo procedente es desechar de plano la demanda.
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