Daniel Torres Cárdenas

Expediente 870/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
870/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
13/01/2021

Partes del expediente

  • Daniel Torres Cárdenas

Actuaciones

  1. Principal

    ...Agréguese el oficio 324, remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo número 870/2020-V, formado con motivo de la demanda promovida por... Ahora bien, en virtud de que el Juzgado oficiante, admitió la demanda de amparo de la cual este órgano jurisdiccional declaró que carecía de competencia legal para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la demandada de amparo promovida por ..., contra actos del Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal de la Ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Guanajuato y otras autoridades; se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 870/2020-V. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: " La ilegal orden de detención y/o privación de la libertad del quejoso fuera de todo procedimiento, así como todo ataque que atente en contra de la vida y/o la integridad física del quejoso, según lo contemplado por el artículo 15 y 20 de la ley de la materia, así como el artículo 22 constitucional. Así como actos de molestia y/o privativos en el domicilio de la parte quejosa. En ese sentido, el impetrante bajo protesta de decir verdad manifiesta: ". el día 7 de diciembre de la presente anualidad, a eso de las 9:00 horas aproximadamente, yo me encontraba en mi domicilio, ubicado en la calle Luis Pasteur s/n sin número, de la localidad loma de buena vista perteneciente al municipio de Doctor Mora en el estado de Guanajuato, México, en compañía de mi esposa, mi señora madre y demás familiares. Y de repente escuche un fuerte golpe en la puerta de la entrada, como si alguien estuviera pateando la puerta de manera insistente, y una voz perteneciente al sexo masculino gritaba alas fueras de mi domicilio "Daniel Torres Cárdenas, te estamos buscando, sal o entramos por ti, no te escondas ni intentes escapar o ya sabes lo que te va a pasar. " ". me percate, desde el lugar donde me encontraba oculto, que dos camionetas con luces y torreta aparentemente de la policía estaban a las afueras de la puerta de mi domicilio así como varios sujetos armados, sin poder precisar cuántos, y de entre esos, escuché a dos personas del sexo masculino que hablaron con el familiar que salió a atender la puerta, estaban gritando mi nombre como ya lo mencione, y escuché que se identificaron como policías, pertenecientes a la fiscalía general del estado de Guanajuato, específicamente, a la fiscalía regional ubicada en la ciudad de San Luis De La Paz en el Estado de Guanajuato, preguntando por mi persona, manifestando que tenían que presentarme de manera inmediata ante el ministerio público de esa ciudad de San Luis de La Paz, Guanajuato, que tienen órdenes de detenerme en el lugar donde me encuentren, ya que estaba involucrado en un homicidio.". De lo anterior, se advierte que los actos reclamados, consisten de manera esencial en una orden de aprehensión emitida en contra el quejoso, ello es así, ya que el solicitante del amparo señala como autoridades responsables ordenadoras a autoridades jurisdiccionales, esto es, al Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal de la Ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Guanajuato, y al Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal en la Ciudad de San José Iturbide Guanajuato, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Guanajuato; así como la ejecución de dicha orden, misma que refiere se ha tratado de ejecutar en su domicilio ubicado en calle Luis Pasteur s/n sin número, de la localidad Loma de Buena Vista perteneciente al municipio de Doctor Mora, Guanajuato. Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el Estado Guanajuato con sede en Guanajuato, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tendrá materialización en Doctor Mora, perteneciente a San José Iturbide Guanajuato, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Resulta aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004166, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 234084, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo y copias relativas, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, para que previos los trámites y registros administrativos correspondientes, remita la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado Guanajuato con sede la referida ciudad, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Por otro lado, no es procedente proveer sobre la suspensión de oficio y de plano que solicita, toda vez que ésta sólo procede cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y del análisis del escrito de la demanda los actos aquí reclamados no encuadran en ninguno de los supuestos a que refieren el número 15 de la Ley de Amparo y 22 Constitucional, porque como ya se dijo, el acto reclamado consiste de manera esencial en una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, la cual se trata de ejecutar en su domicilio ubicado en la calle Luis Pasteur s/n sin número, de la localidad Loma de Buena Vista perteneciente al municipio de Doctor Mora en el Estado de Guanajuato y que quienes emitieron esa orden se trata de autoridades jurisdiccionales, aunado a que de los antecedentes que se narran en la demanda, se desprende que el quejoso no se encuentra detenido, sino que se encuentra libre, pues refirió que en el lugar en donde se encontraba oculto se percató de la presencia de quienes se identificaron como policías y que el día siete de diciembre de dos mil veinte, a eso de las trece horas con veinticinco minutos (sic), salió a preguntar a vecinos de la zona, a unas cuadras de su domicilio, si alguien se había dado cuenta de lo sucedido. Ahora, si bien la parte quejosa fue omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante tomando en consideración que este órgano jurisdiccional estima carecer de competencia, aunado a que que la parte quejosa tiene la carga de señalar domicilio procesal en esta ciudad y vigilar la prosecución del juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que del presente juicio deriven, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio procesal cierto y actual. Por otro lado, se tiene al promovente del amparo, autorizando para oír y recibir notificaciones a Gilberto Sandino Paredes Calderón, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 7066243, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho. Por lo que respecta a la solicitud del promovente de que se le tenga como medio de notificación el correo electrónico elabogadosandino@gmail.com, que proporciona se tendrá únicamente como un medio de contacto, en los casos en que este órgano jurisdiccional llegue a considerarlo necesario, en términos del artículo 22 fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; lo anterior es así, toda vez que dichos medios de comunicación es únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 25/2020, respecto de su vigencia, se invita a la parte promovente a efecto de que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Fernando Arreola Villa, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Jorge Francisco Bañales Camberos, Secretario con quien actúa y da fe.-

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