Daniel Tirado Mendieta
Expediente 669/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Tirado Mendieta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese en autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Registrador Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de uno de los actuales, toda vez que el trece de septiembre del presente año se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE TERCERA INTERESADA: Agréguese en autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informa que el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, realizó la inscripción de la escritura pública ********************pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de esta ciudad -cuya negativa en hacerlo constituyó uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo-, y lo acredita con la boleta de solicitud inscrita que anexa. En ese sentido, de las constancias que remitió el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, así como las que adjuntó el autorizado de la parte quejosa, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: a. Del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente señaló como actos reclamados: La inmovilización del folio real ********************, relativo al inmueble ubicado en calle ********************, con motivo de la medida preparatoria a juicio de mantención de hechos decretada dentro del expediente ******************** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato y su ejecución. La negativa por parte del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Salvatierra, de inscribir en esa dependencia, dentro del folio real ********************, la escritura pública ********************pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de esta ciudad. b. De las constancias que remitió la autoridad responsable y la parte quejosa se advierte que: Dentro de las medidas preparatorias a juicio ********************, el ********************, se tuvo al promovente ******************** desistiendo únicamente respecto de la medida consistente en la inmovilización del folio real ********************, relativo al inmueble ubicado en calle ********************. El Juez responsable ordenó al Encargado del Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, realizara la cancelación de dicha inmovilización; y, El ********************, el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, llevó a cabo la inscripción de la escritura pública ******************** en el folio real ********************. De lo anterior se constata que cesaron los efectos de los actos reclamados, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que el Juez responsable, con motivo del desistimiento del promovente de las medadas, ordenó la cancelación de la inmovilización del folio real ********************, correspondiente al inmueble ubicado en calle ******************** (acto reclamado 1) y, como consecuencia, el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, llevó a cabo la inscripción de la escritura pública ******************** (acto reclamado 2), lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por ********************, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, informa que el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, realizó la inscripción de la escritura pública ********************pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de esta ciudad -cuya negativa en hacerlo constituyó uno de los actos reclamados en el presente juicio de amparo-, y lo acredita con la boleta de solicitud inscrita que anexa. En ese sentido, de las constancias que remitió el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, así como las que adjuntó el autorizado de la parte quejosa, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: a. Del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente señaló como actos reclamados: La inmovilización del folio real ********************, relativo al inmueble ubicado en calle ********************, con motivo de la medida preparatoria a juicio de mantención de hechos decretada dentro del expediente ******************** de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato y su ejecución. La negativa por parte del Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de Salvatierra, de inscribir en esa dependencia, dentro del folio real ********************, la escritura pública ********************pasada ante la fe del Notario Público Número Dos de esta ciudad. b. De las constancias que remitió la autoridad responsable y la parte quejosa se advierte que: Dentro de las medidas preparatorias a juicio ********************, el ********************, se tuvo al promovente ******************** desistiendo únicamente respecto de la medida consistente en la inmovilización del folio real ********************, relativo al inmueble ubicado en calle ********************. El Juez responsable ordenó al Encargado del Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, realizara la cancelación de dicha inmovilización; y, El ********************, el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, llevó a cabo la inscripción de la escritura pública ******************** en el folio real ********************. De lo anterior se constata que cesaron los efectos de los actos reclamados, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que el Juez responsable, con motivo del desistimiento del promovente de las medadas, ordenó la cancelación de la inmovilización del folio real ********************, correspondiente al inmueble ubicado en calle ******************** (acto reclamado 1) y, como consecuencia, el Registro Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato, llevó a cabo la inscripción de la escritura pública ******************** (acto reclamado 2), lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora señalada en esta data para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Registrador Público de la Propiedad de Salvatierra, Guanajuato; por tanto, se difiere la misma y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración.
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