Daniel Tapia Zamora

Expediente 451/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
451/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2021

Partes del expediente

  • Daniel Tapia Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes. En consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por recibido el oficio signado por el Titular del Hospital General Regional con Medicina Familiar número 1 de Cuernavaca, Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda; y en atención a su contenido dígasele que se esté a lo anteriormente acoerdado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veinte, por conducto del secretario de guardia de este juzgado federal, Daniel Tapia Zamora solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Director de Prestaciones Médicas, titular de la Coordinación de Bienes y Contratación de Servicios, titular de la Coordinación de Control de Abastos, estos del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud de la Ciudad de México, Director General de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Oncología, Encargado de Farmacia de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Oncología, estos del Centro Médico Nacional XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Ciudad de México, Director General de la Unidad Médica, Hospital General de Zona Número 1, Delegación Morelos, Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MD) 1, Unidad Médica Familiar número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos, Encargado de Farmacia del Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MD) 1, Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe Delegacional del Servicio de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, estos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".La no inclusión oportuna en el cuadro básico de los medicamentos necesarios, generando desorden interinstitucional toda vez que en algunas instituciones si suministran el medicamento y en otras existe desabasto perjudicando la salud de los usuarios, sin apego alguno a los numerales 224 bis y 224 bis uno de la Ley General de salud. La omisión de no considerar oportunamente las medidas adecuadas para adquirir los fármacos que la atención multidisciplinaria en los pacientes con mi enfermedad diagnosticada como SARCOMA DE EWING, a pesar de haberse diagnosticado en la institución y que ya les fue informado oportunamente que existen en México los fármacos conocidos como Ifosfamida, Etoposito, Ciclofasmida, Vincristin y Filgrastin, para tratar este padecimiento." SEGUNDO. El veintidós de julio de dos mil veinte, esta autoridad radicó el asunto con el número de expediente 451/2020, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama las autoridades responsables la falta de atención médica a la enfermedad que padece diagnosticada como SARCOMA DE EWING, mediante tratamiento por quimioterapia (Ifosfamida, Etoposido, Ciclofasmida, Vincristin y Filgrastin). TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El encargado de la jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operaciones Administrativas Desconcentrada Estatal Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (denominación correcta), negó el acto reclamado, refiriendo que en términos del artículo 4º del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social para otorgar las prestaciones médicas a la población derechohabiente el Instituto dispondrá de tres niveles de atención, que constituyen las unidades médicas familiares, los hospitales de zona o regionales y las unidades médicas especializadas, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Director de Prestaciones Médicas, titular de la Coordinación de bienes y Contratación de Servicios, titular de la Coordinación de Control de Abastos, estos del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, Director General de la Unidad Médica de alta Especialidad del Hospital de Oncología, Encargado de Farmacia de la Unidad Médica de alta Especialidad del Hospital de Oncología, estos del Centro Médico Nacional XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Ciudad de México, Director General de la Unidad Médica, Hospital General de Zona Número 1, Delegación Morelos, Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MD) 1, Unidad Médica Familiar número Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Morelos, Encargado de Farmacia del Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MD) 1, Instituto Mexicano del Seguro Social estos con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado; sin embargo, señalaron, que al quejoso le fue proporcionada atención médica en el Hospital de Oncología Centro Médico Nacional XXI, de la Ciudad de México, con ingreso hospitalario de veinticinco de julio y egreso el cuatro de agosto de dos mil veinte, lo cual constituye una manifestación que evidencia su certeza, de ahí que se tenga por cierto dicho acto, aunado a que el quejoso es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ilustra, la tesis sin número, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, del tomo XIV, julio de 1994, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que anexó a su informe la responsable Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, atendiendo a su naturaleza de documental pública. Es de invocarse, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por otra parte la autoridad responsable Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, de la Ciudad de México, fue omisa en rendir el informe justificado no obstante de haberse girado el oficio 8949/2020, en ese tenor se le tiene por cierto el acto reclamado. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con el acto reclamado en el juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que, durante la tramitación del sumario, cesaron sus efectos. El citado precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por razón de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia 59/99, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia 9/98, de la sala referida, consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis CL/97, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 71, del tomo VI, noviembre de 1997, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En el caso, el quejoso reclama de las autoridades responsables la falta de atención medica al padecimiento que cursa, consistente en enfermedad diagnosticada como sarcoma de Ewing, tratada mediante quimioterapia con medicamentos (Ifosfamida, Etoposipo, Ciclofasmida, Vincristin y Filgrastin), que refiere, las responsables no cuentan con el medicamento para el tratamiento. Al respecto, la responsable Hospital Regional con Medicina Familiar Número 1, del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuernavaca, Morelos, en su informe justificado precisó que actualmente cuenta con los medicamentos que el quejoso requiere para tratar el padecimiento que le aqueja a su disposición para su suministro; además el Director de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional XXI, de la Ciudad de México, informó que el quejoso de acuerdo al cuadro clínico que presenta fue ingresado en ese nosocomio el veinticinco de julio de dos mil veinte, a cargo del servicio de radioterapia por síndrome medular subagudo incompleto, ameritando tratamiento de radicación 20gy/5 fracciones con intensión paliativa sin obtención respuesta a la función motora por el tratamiento, solo sensibilidad parcialmente recuperada, así como también cursaba tratamiento con radioterapia a holocraneo 30Gy y 10 fracciones, suspendiendo por el evento del síndrome de comprensión medular y recibiendo solo 8 fracciones, y fue egresado el cuatro de agosto de dos mil veinte, tras finalizar esquema de tratamiento de radiaciones con mejoría parcial de la sensibilidad pero no de la fuerza, y se otorgó consulta externa de radioterapia para vigilancia con la Dra. Astrid Martínez médico tratante. Además, en su informe médico, se refirió lo siguiente: ".Actualmente el paciente se encuentra con estado funcional deteriorado, lo cual conlleva alto riesgo de toxicidad asociados a tratamiento con quimioterapia.además se considera enfermedad rápidamente progresiva a pesar de haberse encontrado bajo quimioterapia, lo cual conlleva incluso peor pronóstico para el paciente. En este momento se encuentra en manejo con radioterapia en contexto paliativo y no se considera candidato a inicio de tratamiento sistémico por las razones previamente comentadas e incluso ante estado actual del paciente se sugiere continuar manejo sintomático, paliativo y cuidados de mejor soporte médico. Se está proporcionando adecuado manejo del dolor por Clínica del Dolor y atención en salud mental". Para apoyar su informe anexó seguimiento del caso de radioterapia, prueba que tiene valor probatorio de indicio, en términos de lo dispuesto por los numerales 79, 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su arábigo 2, en el que se detalla el seguimiento médico al padecimiento que cursa el quejoso, que en ese momento se encuentra con manejo de radioterapia en contexto paliativo y no considera candidato a inicio de tratamiento sistémico por las razones antes expuestas, y continuar con radioterapia en contexto paliativo y cuidados de mejor soporte médico. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de fondo, atento al contenido de la jurisprudencia 58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, octubre de 1993, del volumen 70, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy seis de octubre de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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