Daniel Tapia Flores

Expediente 1734/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1734/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Daniel Tapia Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, la Secretaria da cuenta con el número de folio 36134 del índice del libro de correspondencia de este órgano jurisdiccional.- Conste. Cuernavaca, Morelos, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE DEMANDA. Se tiene por recibido el oficio 1656/2019 proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual remite el diverso oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, en el que decreta la separación de juicios dentro del amparo 1635/2019 de su índice, promovido por Salvador Doroteo Sotelo y otros. Luego, de acuerdo con la boleta de turno 015090/2019, que acompaña a su oficio la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se tiene que el presente juicio se substanciará únicamente por cuanto a los actos reclamados por Salvador Doroteo Sotelo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente e infórmese lo anterior al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO. Visto el escrito de demanda presentado por SALVADOR DOROTEO SOTELO por su propio derecho contra actos del Capacitador Oficial del Programa JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN MORELOS; fórmese el expediente 1734/2019-ll. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Para efectuar el examen a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Amparo, deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la demanda y sus anexos; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de suerte que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables. Es orientadora la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, puesto que sería ocioso admitir a trámite una demanda pese a tener la plena convicción de que no será procedente. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudable de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: ACTO RECLAMADO. Al respecto, ha de precisarse que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: a) "Nuestra desvinculación a las empresas donde recibíamos CAPACITACION en el municipio de Jiutepec, en fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve del Programa federal JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, sin que se nos diera derecho de AUDIENCIA. b) La suspensión del cuarto pago y subsecuentes pagos monetarios de la beca correspondiente al programa "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO". c) La desvinculación del programa "Jóvenes Construyendo el futuro", notificada con fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve. d) La instrucción obligatoria de las Autoridades responsables de afiliarnos al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y en caso de no hacerlo, despojarnos de nuestro legítimo derecho a contar con una BECA del Programa." CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DEL ACTO MARCADO CON EL INCISO A). En primer término se analizará el acto reclamado consistente en: a) "Nuestra desvinculación a las empresas donde recibíamos CAPACITACION en el municipio de Jiutepec, en fecha cinco de septiembre del año dos mil diecinueve del Programa federal JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, sin que se nos diera derecho de AUDIENCIA." A manera de antecedentes, de lo narrado por el quejoso se desprende lo siguiente: 1. El uno de julio de dos mil diecinueve, el quejoso integró su expediente dentro del Programa "JOVENES CONTRUYENDO EL FUTURO". 2. La parte quejosa solicitó se vinculara como becario de la empresa CONSTRUCTORA D&C JIMENEZ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la que fue aceptado como aprendiz, por lo que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, inició su capacitación dentro de dicha empresa. 3. Sin embargo, el cinco de septiembre del presente año, recibió un aviso por parte de la autoridad responsable, en el que se le informó la desvinculación con dicha empresa; lo cual es precisamente lo que se duele en esta presente contienda constitucional. Al respecto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama se estima consentido tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones legales: El quejoso SALVADOR DOROTEO SOTELO al presentar su demanda refirió que fue notificado del acto reclamado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve; aunado a ello, en el capítulo de antecedentes manifestó bajo protesta de decir verdad que el cinco de septiembre del presente año, fue notificado a través de su cuenta en la Plataforma de referencia, que se le desvinculó de la empresa en la que se encontraba realizando su capacitación, debido a que dicho centro de trabajo había sido suspendido derivado de la comisión de diversas irregularidades. Tal circunstancia constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Ahora bien, el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que existen tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A aquél en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Siendo así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, se suscite a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el artículo 18 de la ley de la materia, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por lo tanto, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ello constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio constitucional, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Lo anterior por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Precisado lo anterior, como quedó apuntado, el cinco de septiembre del año en curso, la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la desvinculación de la empresa en la que recibía capacitación, por parte del Programa Federal "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO". En ese orden de ideas es factible concluir que si el quejoso tuvo conocimiento desde el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, y la respectiva demanda de amparo se presentó hasta el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ellos. Por lo que resulta indudable que la presentación de la demanda en contra de dicha afectación resulta extemporánea, toda vez que no se promovió dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de ésta. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. Finalmente, es aplicable por similitud jurídica la tesis número 216152, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 235, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.". CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LOS INCISOS B), C) y D). En segundo término se analizarán los actos reclamados consistentes en: b) La suspensión del cuarto pago y subsecuentes pagos monetarios de la beca correspondiente al programa "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO". c) La desvinculación del programa "Jóvenes Construyendo el futuro", notificada con fecha catorce de noviembre del año dos mil diecinueve. d) La instrucción obligatoria de las Autoridades responsables de afiliarnos al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y en caso de no hacerlo, despojarnos de nuestro legítimo derecho a contar con una BECA del Programa." Respecto de dichos actos, se advierte diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5o, fracción I y 6o, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley...) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. En ese tenor, de lo narrado con anterioridad, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama la posible baja dentro del Programa "JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO" y como consecuencia la suspensión de la beca. Por lo que se estima que tal acto no causa un perjuicio directo e inmediato en la esfera jurídica del impetrante de garantías, puesto que para que un acto de autoridad pueda ser reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar perjuicio a una persona mediante una lesión directa de sus intereses jurídicos, en su persona, en sus bienes o en su patrimonio y, sólo es hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de iniciar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada mediante la instauración del juicio de garantías, pero de ninguna forma, como acontece en la especie, el juicio de amparo es procedente antes de que se presente dicha afectación. Por tanto, resulta inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda no ha surgido el derecho al ejercicio constitucional del amparo, puesto que como quedó establecido, se requiere de la certeza y afectación actual del acto en la esfera jurídica del gobernado, lo que en la técnica del juicio de amparo se conoce como el principio de agravio personal y directo, que encuentra su fundamento en la parte inicial del precepto 6o de la Ley de Amparo, que como se evidencia en el caso, no se actualiza al no observarse que con dicha información se restringa o menoscabe de manera real y actual derecho del peticionario; por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5o, fracción I y 6o, de la Ley de Amparo, en sentido contario. Lo anterior es así, ya que en la Ley de Amparo, en sus artículos 6o y 61, fracción XII, se obtiene de una interpretación armónica y sistemática, que para la procedencia del juicio de garantías se requiere, como presupuesto indispensable, que el peticionario de amparo acredite el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, actual y real para que se encuentre debidamente facultado para acudir ante el órgano de control constitucional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. En el caso, el peticionario de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que el catorce de noviembre del presente año, recibió un correo electrónico por parte de la autoridad responsable, en el que se le informó que la vinculación con la empresa "Delegación del Bienestar, Morelos" fue declinada; asimismo, se le conminó a seleccionar una nueva vacante, puesto que es su última oportunidad para ser ubicado en diverso centro de capacitación; sin embargo, ello no se sigue de manera ineludible que a consecuencia de esto se generen los efectos que supone el impetrante, ya que como se indicó, no se aprecia una afectación real ni actual a su esfera jurídica, por lo que los actos que se combaten en esta vía constitucional resultan ser futuros de realización incierta, toda vez que no existe la certeza de que la autoridad que señala como responsable efectivamente lo desvincule de forma permanente con diversa empresa y por ende, deje de recibir la beca "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO", puesto que depende del quejoso, seleccionar o no, diversa vacante en la que pueda realizar su capacitación, para que la autoridad haga efectivo el apercibimiento, consistente en darlo de baja dentro del programa, por ser la última oportunidad para vincularlo a diversa empresa. En dicho sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la jurisprudencia que señala que el agravio necesario para justificar la acción de amparo, debe ser actual, como se corrobora con la siguiente trascripción del referido criterio jurisprudencial con registro 232192, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, volumen 199-204, primera parte, página 135, que a la letra dice "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL." De lo anterior, es válido reiterar que tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización, no procede el juicio de amparo indirecto, puesto que éstos no producen ningún efecto de derecho, al ser precisamente de realización incierta. Por tanto, es inconcuso que los actos reclamados, son actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues la actualización de dichos actos dependen de diversos factores futuros de realización incierta, ya que se insiste que la autoridad responsable mediante correo electrónico de catorce de noviembre del presente año, informó que la vinculación a la empresa "Delegación del Bienestar, Morelos", fue declinada, y lo exhortó a seleccionar nueva vacante, recordándole que es su última oportunidad para ubicarlo en un centro de capacitación. Circunstancias que no se actualizan, pues de la demanda no se advierte acuerdo, decreto u ordenamiento legal alguno del que se pueda desprender la materialización de los actos reclamados, lo cual, hasta este momento, los torna futuros e inciertos. Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), con registro 2010813, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2321, libro 26, enero de 2016, Tomo III, Décima Época, de rubro siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, los actos futuros de inminente realización son los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, así como todos aquellos actos que en forma razonable puedan estimarse como consecuencia lógica del acto existente o que se trate de actos derivados de éste en forma tal que la realización de aquéllos se halle condicionada a la existencia legal de éste. Mientras que por actos futuros e inciertos deben entenderse aquellos actos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones distintas a las que originó el acto reclamado. Máxime que la presentación de la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa aduzca que se le pretende afiliar obligatoriamente a la agrupación política denominada, "MORENA"; sin embargo, no se trata de un acto destacado sino un argumento que califica de ilegal la desvinculación al programa JOVENES CONTRUYENDO EL FUTURO EN MORELOS, al referir que se condiciona su permanencia en dicho programa a que se incorpore a dicho grupo político. Por ende, se insiste, se trata de un calificativo, una manifestación para destacar los aspectos circunstanciales del acto que combate y que no participa de la naturaleza propia del acto, sino razonamientos formulados para alcanzar una conclusión respecto su antijuridicidad. Este criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia de la octava época, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VII, Enero de 1991, Tesis: I. 3o. A. J/26, Página: 69, con el rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION.". Por consiguiente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo, y la prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los artículos 5o, fracción I y 6o, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por SALVADOR DOROTEO SOTELO por su propio derecho contra actos del Capacitador Oficial del Programa JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN MORELOS. Máxime, que la parte quejosa en su escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que sus derechos se encuentran actualmente garantizados por el propio Programa "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO EN MORELOS", pues únicamente dio de baja al Centro de Capacitación y aún se le reconoce como becario por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; además refiere, que se le da la oportunidad de poder elegir diversa empresa en donde realizar su capacitación e incluso le asignan otra a fin de que se le continúe pagando. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Tomando en consideración que el promovente de amparo señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia oficial de este juzgado; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal. Asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido de la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe. CHANT*

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