Daniel Tamayo Patiño

Expediente 843/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
843/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Daniel Tamayo Patiño

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de que dispuso la parte quejosa para interponer recurso de queja en contra de la determinación en la que se desechó la demanda que motivó el presente cuaderno, sin que se haya hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no existen documentos originales por devolver.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, que establece: "Vista la demanda de amparo presentada por **********, en su carácter de apoderado legal de *************, en contra de actos del Magistrado Presidente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 16 y 17 constitucionales. Sin que pase desapercibido que el promovente del amparo no exhibió documento idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta; no obstante, se le reconoce tal carácter, ya que en el diverso juicio de amparo 713/2021, del índice de este juzgado, acreditó esa representación con copia certificada de la escritura pública 6887 que contiene el poder general para pleitos y cobranzas, de trece de enero de dos mil quince, pasado ante la fe del notario público número 2, con residencia en Guanajuato. Lo anterior se invoca válidamente como un hecho notorio. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia de registro digital 2017123, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 55, junio 2018, tomo I, página 10, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de apoderado legal a Juan Francisco Zúñiga García, para efectos del presente juicio. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., bajo el registro número 843/2022-3. Desechamiento. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que reconoce el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En tales condiciones, esta potestad estima que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si este se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: 1. La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; 2. Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De los datos que constan en el libro de gobierno de registro de juicios de amparo, se desprende que ante este mismo órgano de control constitucional, el veintiocho de los actuales, se recibió la demanda de amparo promovida por **********, en su carácter de apoderado legal de **********, la cual fue registrada con el número 842/2022-I, en contra de la misma autoridad responsable magistrado presidente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con residencia en esta ciudad, y por el mismo acto que señala en la demanda del presente juicio de amparo, lo que al constituir un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece la facultad del suscrito para invocar de oficio dicha circunstancia, se ordena anexar como medio probatorio al expediente en que se actúa copia certificada de la demanda y auto por el cual se admitió, que obran en el aludido juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón jurídica la Jurisprudencia XXII. J/12, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". En efecto, de los datos precisados en el juicio de amparo 842/2022-1 del índice de este juzgado, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: "La orden de remitir los originales del expediente 55/2018, de los índices del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 al Juzgado Octavo de Distrito de la Ciudad de México." Por otra parte, de la demanda de amparo en estudio, se desprende que el acto reclamado y la autoridad responsable, son esencialmente los mismos, pues se refiere como tal La orden de remitir los originales del expediente 55/2018, de los índices del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 al Juzgado Octavo de Distrito de la Ciudad de México, atribuido al magistrado presidente del citado tribunal. De ahí que, este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, ya que tal cuestión podrá ser motivo de análisis en el diverso asunto 842/2022-1 a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar aquél tema, pues de hacerlo así, implicaría que el quejoso ********** pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." Lo que hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia, en virtud de que la constitucionalidad del acto que reclama **********, es materia de análisis en el diverso juicio constitucional 842/2022-1 del índice de este Juzgado y, por ende, en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior por analogía, la tesis VI.2.121K, visible en la página 655, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Asimismo, por mayoría de razón, la tesis VII.P.83K, visible en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ************* de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Juan Francisco Zúñiga García, en su carácter de apoderado legal de *************, en contra de actos del Magistrado Presidente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 16 y 17 constitucionales. Sin que pase desapercibido que el promovente del amparo no exhibió documento idóneo para acreditar la personalidad con la que se ostenta; no obstante, se le reconoce tal carácter, ya que en el diverso juicio de amparo 713/2021, del índice de este juzgado, acreditó esa representación con copia certificada de la escritura pública 6887 que contiene el poder general para pleitos y cobranzas, de trece de enero de dos mil quince, pasado ante la fe del notario público número 2, con residencia en Guanajuato. Lo anterior se invoca válidamente como un hecho notorio. Es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia de registro digital 2017123, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 55, junio 2018, tomo I, página 10, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." En ese sentido, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de apoderado legal a Juan Francisco Zúñiga García, para efectos del presente juicio. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 843/2022-3. Desechamiento. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que reconoce el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En tales condiciones, esta potestad estima que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El precepto legal invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, si este se promueve por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y el propio acto reclamado. Es decir, la disposición anterior señala que son necesarios los siguientes elementos para que la causa de improcedencia de la acción constitucional que ocupa la atención quede debidamente demostrada: 1. La existencia de un acto reclamado que haya sido materia de un juicio de amparo pendiente de resolución en definitiva; 2. Que exista identidad entre el promovente del amparo, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De los datos que constan en el libro de gobierno de registro de juicios de amparo, se desprende que ante este mismo órgano de control constitucional, el veintiocho de los actuales, se recibió la demanda de amparo promovida por Juan Francisco Zúñiga García, en su carácter de apoderado legal de Daniel Tamayo Patiño, la cual fue registrada con el número 842/2022-I, en contra de la misma autoridad responsable magistrado presidente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con residencia en esta ciudad, y por el mismo acto que señala en la demanda del presente juicio de amparo, lo que al constituir un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establece la facultad del suscrito para invocar de oficio dicha circunstancia, se ordena anexar como medio probatorio al expediente en que se actúa copia certificada de la demanda y auto por el cual se admitió, que obran en el aludido juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón jurídica la Jurisprudencia XXII. J/12, visible en la página 295, Tomo V, Enero de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, con el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN.". En efecto, de los datos precisados en el juicio de amparo 842/2022-1 del índice de este juzgado, se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: "La orden de remitir los originales del expediente 55/2018, de los índices del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 al Juzgado Octavo de Distrito de la Ciudad de México." Por otra parte, de la demanda de amparo en estudio, se desprende que el acto reclamado y la autoridad responsable, son esencialmente los mismos, pues se refiere como tal La orden de remitir los originales del expediente 55/2018, de los índices del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 al Juzgado Octavo de Distrito de la Ciudad de México, atribuido al magistrado presidente del citado tribunal. De ahí que, este tribunal no pueda realizar estudio alguno respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, ya que tal cuestión podrá ser motivo de análisis en el diverso asunto 842/2022-1 a que se ha hecho alusión, lo que imposibilita abordar aquél tema, pues de hacerlo así, implicaría que el quejoso Daniel Tamayo Patiño pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la impartición de justicia, ya que implicaría emplear más recursos materiales y humanos en analizar algo que será resuelto por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio establecido en la tesis III.2º.P.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2791, Tomo XXVII, Enero de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN." Lo que hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional que se estudia, en virtud de que la constitucionalidad del acto que reclama Daniel Tamayo Patiño, es materia de análisis en el diverso juicio constitucional 842/2022-1 del índice de este Juzgado y, por ende, en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio, lo que se traduce en litispendencia. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Apoya lo anterior por analogía, la tesis VI.2º.121K, visible en la página 655, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional." Asimismo, por mayoría de razón, la tesis VII.P.83K, visible en la página 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra reza: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ************* de esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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