Daniel Suárez Lara

Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
372/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • H. Congreso de la Unión
  • Daniel Suárez Lara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que el promovente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa. I. En razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó la demanda de amparo ha causado estado. II. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. III. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. IV. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se desechó la demanda de amparo, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. En primer término, en atención a que mediante oficio ***/***/****, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción hizo del conocimiento del titular de éste órgano jurisdiccional, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, acordó la comisión temporal del Juez *******, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, en sustitución del Juez ****** con efectos a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, y mientras subsistan las condiciones o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal así lo determine. Precisado lo anterior, agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual Daniel Suarez Lara, da cumplimiento al requerimiento efectuado el pasado catorce de abril de dos mil veintitrés; en consecuencia, se provee: Aspectos preliminares. Primeramente es necesario establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme Daniel Suarez Lara, impugna los actos siguientes: "III. Autoridades responsables; Señalamos con ese carácter; al Honorable Congreso de la Unión por la expedición del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversos Ordenamientos en Materia Electoral, entre los cuales se encuentra, la Ley General de Procedimientos Electorales; el cual hoy se combate mediante este procedimiento, a través de quien legalmente lo represente; así como al Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por la promulgación de la Reforma a la citada ley, que hoy impugnamos, mediante este Juicio de Amparo; al Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación por el cumplimiento a la publicación de la Reforma Legal mencionada, todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables con domicilio oficialmente conocido. IV. Ley o acto reclamado; Reclamo los siguientes actos: a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. En este sentido, los actos que se atribuyen a las autoridades responsables citadas, constituyen conductas violatorias de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4º, 5°, 14, 16, 25, 35, 41 y 73 fracción XXIX-U de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a los Tratados Internacionales de los cuales México es parte y son Ley Suprema de conformidad con el artículo 133 de la Constitución como lo son: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la EOA y la OIT". En ese sentido, asevera que la terminación de la liga contractual indicada en ejecución del precepto que combate materializará los efectos jurídicos de este último, por lo que aun cuando el disidente alude en los antecedentes de los actos reclamados al inicio de la vigencia del referido Decreto no ataca tal dispositivo como una norma de individualización incondicionada, sino que decidió impugnarlo con motivo de un acto de aplicación concreto. En esa línea, la presente resolución judicial atiende a la forma en la que el titular de la acción de amparo centró su combate en contra de la norma de observancia general precisada. Enseguida es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo1 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y su aclaración se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la demanda. De manera previa es necesario destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de un juicio de amparo contra una ley o un reglamento con motivo de su aplicación específica el Juzgador debe analizar en principio si el juicio constitucional resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete la hipótesis jurídica combatida en perjuicio del quejoso y si en relación con él no se actualiza una diversa causal de improcedencia. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , que informa: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Precisado lo anterior debe recordarse que en la especie el justiciable ataca del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, la aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Ahora, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por **********, porque en relación con el acto reclamado descrito se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del propio ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los preceptos legales citados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El normativo inserto en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley que rige al juicio constitucional. Por su parte, el segundo precepto dispone que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en cuyo caso, el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. Ahora, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La norma constitucional inserta instituye uno de los principios rectores del juicio de amparo, a saber, el principio de agravio personal y directo; por otro lado, en cuanto a las características del agravio para la procedencia del juicio constitucional debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual o que por estar una situación próxima a suceder exista la seguridad de que le causará dicha afectación. El Alto Tribunal del país ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicando con el acto reclamado y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona, porque en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio de amparo ante el agravio personal y directo existente. Lo expuesto tiene sustento en la jurisprudencia P./J. 1/2002 emitida por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación4 , que informa: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". En esa línea, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir. El agravio es presente cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido, e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de los efectos del acto reclamado. En ese sentido, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad con su actuar cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éstos sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, porque el artículo 6 de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique o afecte a la parte quejosa. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el amparo. Con base en lo expuesto, se puede afirmar que existen actos futuros e inciertos porque su realización está sujeta a meras eventualidades y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica al promovente del amparo o que existe una cercanía en la realización del perjuicio, que el artículo 5 de la ley de la materia exige como condición para que pueda promoverse el medio extraordinario de defensa. Es ilustrativa la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que indica: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. El amparo es improcedente contra esa clase de actos, y debe sobreseerse respecto de ellos."6 En el caso concreto, el justiciable ********* reclama del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, la aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Ahora, este órgano jurisdiccional estima que la actuación impugnada es un acto futuro de realización incierta, porque hasta este momento no se tiene la certeza jurídica que las autoridades responsables Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, con la sola aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hayan despedido al quejoso de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Además, el justiciable no demuestra esa situación, sino que infiere tal circunstancia a partir de una lectura que realiza a la norma de tránsito que combate, sin que esa interpretación sea suficiente para considerar que la terminación de la liga laboral que lo une con su patrón equiparado exista y tampoco da pauta a estimar que el acto de aplicación de la norma atacada ha tenido materialización, sino que se insiste que se está ante un acto futuro de realización incierta. En cambio, de las constancias que integran la demanda de amparo se advierte que el disidente desde el dieciséis de octubre de dos mil veinte, está adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y que su relación laboral se encuentra vigente en la actualidad, incluso aporta como prueba copia fotostática simple de la ficha técnica, con la que trata de demostrar el interés jurídico que le asiste para someter a escrutinio constitucional a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, porque estima que se trata de un sujeto a quien se encuentra dirigido ese dispositivo al tener la calidad de trabajador del Instituto Nacional Electoral y que ostenta ese carácter actualmente que lo legitima para ejercer la acción constitucional. Luego, si la aprobación a las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, fue publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés, entonces inició su vigencia el tres de marzo de dos mil veintitrés, y al menos con el medio de convicción que el disidente exhibió puede desprenderse que presta sus servicios como ************ .***.***, lo cual revela que continua prestando su servicio personal y subordinado a su patrón equiparado cuando ya se encontraba vigente tal Decreto. Aún más, del contenido de los artículos 30, 31, 44, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 125 QUATER y 125 SEPTIES, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, no se desprende que se prevea un despido que acaecerá de manera automática con la expedición y la publicación de los citados artículos, como el justiciable trata de hacerlo notar, sino que expresamente señalan lo siguiente. "artículo 30. 1. Son fines del Instituto: (.) 4. Derogado." "Artículo 31. (.) .3. El Instituto debe ejercer sus recursos presupuestarios conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad de Hacendaria. No puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación. Si al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del Instituto, se presentarán subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales, éstos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Queda prohibido al Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este párrafo. El Consejo General debe crear, anualmente al inicio del segundo trimestre del ejercicio fiscal que corresponda, una comisión temporal de presupuesto que deberá explicar abierta y ampliamente la forma en que se integrará su anteproyecto de presupuesto, los rubros de gasto y las proyecciones de su ejercicio." "Artículo 61. 1. El Instituto contará en su estructura con los siguientes órganos de carácter permanente: a) A nivel local, un órgano local, integrado por tres vocales: de Organización y Capacitación; del Registro Federal de Electores, y Ejecutivo, que se coordinará con los dos anteriores, y b) A nivel distrital, una Oficina Auxiliar a cargo de un Vocal Operativo. 2. Durante los procesos electorales, el Instituto contará también con los siguientes órganos de carácter temporal: a) Un consejo local por entidad federativa, y b) Un consejo distrital por cada distrito electoral. 3. En cada una de las Entidades Federativas, el Instituto contará con un órgano local de forma permanente. 4. Las oficinas auxiliares permanentes se instalarán conforme a las siguientes reglas: a) En los municipios o demarcaciones territoriales que contengan dos o más distritos electorales en su ámbito territorial, habrá una Oficina Auxiliar; b) En las zonas metropolitanas que abarquen más de un distrito, habrá una Oficina Auxiliar; c) En casos distintos a los dos anteriores, se instalará una Oficina Auxiliar por cada distrito electoral federal, y d) Para determinar la ubicación de las oficinas auxiliares, el Consejo General privilegiará las condiciones de accesibilidad y tiempos de traslado, tanto en el ámbito municipal como en las zonas metropolitanas de una misma entidad federativa. 5. Los vocales operativos supervisarán las funciones de las oficinas auxiliares, atenderán los asuntos relacionados con el Registro Federal de Electores y desarrollarán, en general, las tareas que le encomiende el Consejo General. Durante los procesos electorales presidirán los Consejos Distritales. 6. Durante los procesos electorales el Instituto contará de manera temporal con Consejos Locales que se instalarán el 30 de noviembre del año previo de la elección. 7. Durante los procesos electorales, el Instituto contará de manera temporal con un Consejo Distrital por cada distrito electoral federal que tendrá como funciones las que se determinen en esta Ley y se instalará en la última semana del mes de diciembre del año de la elección. 8. Los órganos locales tendrán su sede en la capital de cada entidad federativa, las oficinas auxiliares se instalarán dentro la cabecera Distrital que corresponda y los Consejos Locales y Distritales tendrán su sede en las oficinas de los órganos locales u oficinas auxiliares que correspondan, según sea el caso. Los Vocales Ejecutivos informarán al Consejo General sobre la instalación y funcionamientos de las oficinas auxiliares y Consejos, conforme corresponda. 9. Los vocales ejecutivos y operativos deberán ser personas que formen parte del Servicio Profesional Electoral Nacional. El Consejo General desarrollará un mecanismo de evaluación permanente que asegure la imparcialidad y objetividad en el desempeño de sus labores respecto de las personas que ocupen los puestos de vocalía antes referido. 10. Los módulos de atención ciudadana que instale el Registro Federal de Electores se deben ubicarse, preferentemente, en bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la Federación". "Artículo 71. 1. En cada uno de los 300 distritos electorales el Instituto contará con los siguientes órganos: a) Derogado. b) Vocal operativo, y c) El consejo distrital. 2. Las oficinas auxiliares tendrán su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales, en los términos señalados en esta Ley". "Artículo 72. 1. Las oficinas auxiliares apoyan a los órganos locales en el cumplimiento de sus atribuciones. 2. Derogado. 3. Derogado. 4. Derogado. 5. En apoyo a los órganos locales, los vocales operativos de las oficinas auxiliares se instalarán al criterio municipal o de zona conurbada de las entidades federativas y previa aprobación del Consejo General a Propuesta de la Comisión de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional". "Artículo 73. 1. Las oficinas auxiliares, dentro del ámbito de su competencia y en lo que corresponda durante los procesos electorales, tendrán las siguientes funciones: a) Evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica; b) Proponer al consejo distrital correspondiente el número y ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito de conformidad con el artículo 256 de esta Ley; c) Capacitar a los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla, en los términos de este Libro; d) Presentar al consejo distrital para su aprobación, las propuestas de quienes fungirán como asistentes electorales el día de la jornada electoral, y e) Las demás que les confiera esta Ley". "Artículo 74. 1. Los vocales operativos tendrán a su cargo las actividades siguientes: a) Apoyar en el ámbito que corresponda a la Oficina Auxiliar en el ejercicio de las atribuciones que tengan a su cargo los órganos locales; b) Apoyar al Instituto en sus tareas en materia de fiscalización, conforme al ámbito de actuación de las oficinas auxiliares; c) Colaborar con el Instituto con el monitoreo de la radio y televisión, conforme al ámbito de actuación de las oficinas auxiliares; d) Coadyuvar con los órganos locales en la operación y supervisión de los módulos de atención ciudadana donde se tramite la credencial para votar, dentro del ámbito que corresponda; e) Acordar con los órganos locales los asuntos de su competencia; f) Preparar, dentro del ámbito distrital, municipal o conurbado estatal que corresponda, las actividades previas al inicio del proceso electoral de que se trate, y g) Las demás que determine esta Ley. 2. Son atribuciones de las y los Vocales Operativos de las oficinas auxiliares, en sus respectivos ámbitos de competencia, las siguientes: a) Presidir el Consejo Distrital; b) Coordinar el personal administrativo a su cargo y distribuir entre éste los asuntos de su competencia; c) Someter a la aprobación del consejo distrital los asuntos de su competencia; d) Cumplir los programas relativos al Registro Federal de Electores; e) Expedir las certificaciones que le soliciten los partidos políticos; f) Proveer al personal administrativo y, en su caso, a las oficinas municipales los elementos necesarios para el cumplimiento de sus tareas; g) Ejecutar los programas de capacitación electoral, educación cívica, paridad de género y cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; h) Proveer lo necesario para que se publiquen las listas de integración de las mesas directivas de casilla y su ubicación, en los términos de esta Ley; i) Informar a la persona Vocal Ejecutiva del Órgano Local correspondiente sobre el desarrollo de sus actividades, y j) Las demás que le señale esta Ley. 3. En cada distrito electoral se integrará un Órgano Distrital de Vigilancia, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral. 4. Las mismas funciones realizarán las vocalías operativas cuyo ámbito territorial corresponda a más de un distrito o zona conurbada". "Artículo 125 Ter. 1. El Servicio Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales. 2. Para su adecuado funcionamiento el Instituto regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V del artículo 41 constitucional. 3. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán el personal para cubrir los cargos con atribuciones de dirección, de mando y de supervisión. 4. Los cuerpos de la función técnica proveerán el personal para cubrir los puestos y realizar las actividades especializadas. 5. Los cuerpos se estructurarán por niveles o rangos propios, diferenciados de los cargos y puestos de la estructura orgánica del Instituto y de los Organismos Públicos Locales. Los niveles o rangos permitirán la promoción de personas integrantes titulares de los cuerpos. En estos últimos, se desarrollará la carrera de personas integrantes permanentes del servicio, de manera que puedan colaborar en el Instituto o en el Organismo Público Local, según corresponda al sistema de que se trate, en su conjunto y no exclusivamente en un cargo o puesto. 6. El ingreso a los cuerpos y sistemas procederá cuando la persona aspirante acredite los requisitos personales, académicos y de experiencia profesional que para cada cargo o puesto señale el Estatuto. Será vía de ingreso el concurso público y el examen de incorporación temporal, conforme a las normas estatutarias. 7. La permanencia de personas servidoras públicas en el Instituto y en los Organismos Públicos Locales estará sujeta a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, así como al resultado de la evaluación anual que se realicen en términos de lo que establezca el Estatuto. 8. Los cuerpos de la función ejecutiva proveerán de sus rangos o niveles a las personas funcionarias que cubrirán los cargos establecidos por esta Ley para las direcciones y órganos del Instituto en los siguientes términos: a) La Comisión de Administración, los cargos inmediatamente inferiores a Dirección Ejecutiva así como las plazas de otras áreas que determine el Estatuto; b) En los órganos locales y oficinas auxiliares, los cargos de las vocalías, así como las demás plazas que establezca el Estatuto; c) En los Organismos Públicos Locales, las plazas que expresamente determine el Estatuto, y d) Los demás cargos que se determinen en el Estatuto. 9. Las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución, conforme a lo establecido en el Libro Octavo de esta Ley". "Artículo 125 Septies. 1. Todo el personal del Instituto será considerado de confianza y quedará sujeto al régimen establecido en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución. 2. Los tabuladores salariales del personal del Instituto deberán ser razonables y proporcionales, conforme a los principios consignados en el artículo 127, párrafo segundo, fracción II de la Constitución. El personal del Instituto no podrá ganar mayor remuneración que las de un Director Ejecutivo. 3. El personal del Instituto será incorporado al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. Las diferencias o conflictos entre el Instituto y sus servidores serán resueltas por el Tribunal Electoral conforme al procedimiento previsto en la ley de la materia. 5. Las relaciones laborales entre los órganos públicos locales y las personas trabajadoras se regirán por la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución. Igualmente, su personal y estructura en ningún caso será considerado dentro de la excepción de especialización y trabajo técnico calificado que justifique que su remuneración rebase el límite establecido en la fracción II del párrafo segundo del artículo 127 de la Constitución". ". Transitorios. .Décimo Segundo. Entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomará opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas de los vocales operativos, con el fin de que, a más tardar el 1o. de junio siguiente, se tenga concluido el diseño del proceso de evaluación de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quiénes ocuparán el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalarán con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto. El mismo mecanismo se seguirá respecto de las actuales Juntas Locales para diseñar el proceso de evaluación y determinar la integración de los órganos locales. A más tardar el 15 de agosto de 2023, deberán quedar instalados los órganos locales y las oficinas auxiliares de conformidad con el presente Decreto, para operar en los siguientes procesos electorales. Décimo Tercero. La Secretaría Ejecutiva revisará con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegacionales del Instituto las estructuras orgánicas no incluidas en la reestructuración prevista en el presente Decreto, con el fin de compactarlas al mínimo indispensable para su operación". En ese contexto, se colige que la aplicación del segmento normativo que el titular de la acción de amparo combate se trata de un acto futuro de realización incierta y esa catalogación tiene sustento en las propias manifestaciones del justiciable, en el sentido de que promueve este juicio de amparo porque considera que probablemente será despedido de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde se encuentra adscrito actualmente, como **********.**.***, en razón de la aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque infiere esa situación de la lectura que realiza a la norma de tránsito inserta y eventualmente considera que la liga contractual que lo une con su patrón equiparado se extinguirá, sin que acepte que ya fue despedido ni demuestra que la conclusión de su relación laboral se haya materializado, por lo que el alegado despido que se indica como el que materializara los efectos de la disposición transitoria reclamada en realidad es una actuación futura de realización incierta. Tal situación revela que el solicitante del amparo no aduce la certeza de la extinción de su relación laboral, por lo que la mera suposición de que esa circunstancia acaecerá es insuficiente para estimar que en el futuro inmediato será despedido de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde se encuentra adscrito actualmente, como ************.**.***, y tampoco puede considerarse que se ejecutará la terminación de la liga laboral que sostiene con su patrón equiparado con la sola aprobación de los referidos artículos; además, no está probada la existencia de algún mandato de su empleador en donde haya determinado el despido de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde labora actualmente, porque lo aseverado por el justiciable no arroja elementos objetivos para advertir la existencia actual de algún mandamiento de esa naturaleza. Además, no puede sostenerse que el despido alegado existe en automático por el hecho de que la aludida aprobación fue expedida y publicada o porque se tenga la sospecha de esa situación, como el disconforme lo hace notar, ya que la norma de tránsito reclamada no prevé esa situación, como se precisó. Lo que evidencia que, por el momento no existe un acto de aplicación posterior a la vigencia del decreto reclamado que, desde su inicio, cree, transforme o extinga situaciones concretas en la esfera jurídica de la quejosa. En ese contexto, es válido sostener que el acto de aplicación del segmento normativo reclamado es de carácter futuro e incierto, basta la sola lectura de la demanda de amparo para saber con exactitud que no puede concretarse en agravio del justiciable esa actuación con meras aseveraciones de un probable despido para deducir que el disconforme será objeto de un acto de esa naturaleza y tampoco puede desprenderse la terminación de la relación laboral que lo une con su patrón equiparado con la sola aprobación de la disposición reclamada. En esa línea, es inconcuso que la actuación combatida se trata de un acto cuya realización resulta ser futura e incierta y, por ende, hasta la data en la que se presentó la demanda de amparo no pueden ocasionar al promovente algún agravio personal y directo que lo legitime para ejercer la acción de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y por el diverso 6 de la Ley de Amparo. No escapa a la consideración de este órgano jurisdiccional la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 25/2003 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 , que señala: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral". Sin embargo, ese criterio jurisprudencial derivó de una ejecutoria emitida por el Alto Tribunal del país en una contradicción de tesis en donde los actos reclamados que se examinaron en los criterios que contendieron fueron actuaciones provenientes de órganos jurisdiccionales en los que con la sola presentación de la demanda de amparo no podía saberse con exactitud si eran inminentes, o bien, si llegarán o no a materializarse, sino que era necesario contar con elementos de prueba que permitieran una correcta conclusión, por lo que en ese supuesto la Superioridad sostuvo que no debía considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para desechar de plano el escrito inicial, pero en el caso, no se está ante un acto de una autoridad judicial, sino de un ente administrativo y con los elementos objetivos que se tienen hasta el momento derivados de la demanda de amparo, la documental que el justiciable aportó y el contenido de la norma de tránsito reclamada es factible advertir que la aplicación de ese precepto que el justiciable combate se trata de un acto futuro de realización incierta, sin que se requiera de mayores elementos de prueba para deducir esa situación; por tanto, la presente resolución judicial no desatiende la jurisprudencia citada ni se opone a su contenido, dado que en la especie, se está ante un acto de naturaleza y características diversas a los examinados en los criterios divergentes, cuya unificación se trata de lograr con la emisión del criterio jurisprudencial vinculante trascrito en términos de lo estatuido por el arábigo 217 de la Ley de Amparo. De la misma forma, no se soslaya la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital 178541), de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUELLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA"; puesto que en el análisis realizado para la conclusión alcanzada, no se requirió de un análisis exhaustivo que se relacione con el fondo de la litis, pues únicamente se verificaron las circunstancias propias del caso expuestas por el quejoso en los actos reclamados y antecedentes de los mismos, para la procedencia del juicio constitucional, donde refirió que por la vigencia de la norma general impugnada, se afectaba su situación laboral, empero, como se demostró, con la vigencia de la misma no se ven concretadas las circunstancias que hecho que mencionan." Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta atendiendo a la naturaleza jurídica de la norma; empero, el estudio realizado en la presente determinación no aborda ese tópico, sino, la realización futura e incierta de la misma, puesto que en este momento no es posible estimar que en el futuro inmediato el impetrante será despedido de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde se encuentra adscrito actualmente, como **********.**.***, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.- Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo.". En esos términos, al actualizarse la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del propio ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ***********, en contra del acto reclamado al Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistente en la aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, patentizado en el probable despido del quejoso de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Luego, si en el caso particular el juicio constitucional resulta improcedente en relación con el acto de aplicación señalado también debe decirse que la improcedencia examinada se actualiza de manera indudable y manifiesta respecto de la norma de tránsito atacada que el quejoso señaló que probablemente materializará sus efectos en su esfera jurídica. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 221 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." En ese contexto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del propio ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la norma de observancia general reclamada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por *********** contra los actos reprochados al Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la aprobación de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Autorizado. Finalmente como lo solicita el disidente, se tiene como su autorizado en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo a *********** es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos por así solicitarlo expresamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de abril de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano